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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06793-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06793-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 27 de noviembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06793-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06793-01
Accionante: Napoleón Chacón Cardona
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 28 de octubre de 2025, Napoleón Chacón Cardona instauró acción de tutela en

busca de que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 5 de junio de ese mismo
año por la autoridad accionada, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho1 que promovió contra el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral durante el periodo en que se
desempeñó como instructor.

2. A través de la providencia cuestionada, la Sección Segunda, Subsección A del

Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia2 que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda. El ad quem consideró que no logró
probar la subordinación.

3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que la autoridad

enjuiciada incurrió en los siguientes defectos:

4. Fáctico, por cuanto omitió valorar el documento denominado “HORARIOS
NAPOLEON CHACON SENA.7Z” aportado con la demanda, el cual, en conjunto con
las pruebas testimoniales recaudadas en el proceso, permitía acreditar la imposición
de un horario para la prestación del servicio, circunstancia que daba cuenta de la

1 Con radicado número 63001-33-33-006-2021-00125-01.
2 El fallo dictado el 6 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06793-01
Accionante: Napoleón Chacón Cardona
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

subordinación. A su vez, cuestionó que se hubiese restado mérito probatorio a los
testimonios de la parte demandante, bajo el argumento de que no se acreditó con
total certeza la imposición de un horario a partir de sus afirmaciones.

5. Desconocimiento del precedente, al ignorar “las sentencias (sic) previas sobre

casos, mayormente, cuando está probado la relación prolongada en el tiempo”. Al
respecto, argumentó que, de haberse valorado integralmente las pruebas, en
armonía con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, referenciada en la
providencia cuestionada, se habría podido concluir que la labor que desarrolló como
instructor bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, se efectuó en
las mismas condiciones analizadas en dicho precedente.

B. Sentencia de primera instancia

6. Mediante fallo del 27 de noviembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de

Estado declaró improcedente la acción de tutela, tras estimar que no satisfacía el
requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que la parte actora
pretendía emplear el mecanismo de amparo como una instancia adicional.

C. Impugnación

7. La parte accionante sostuvo que el presente asunto reviste relevancia
constitucional, por cuanto su objeto no es la reapertura de una discusión ya zanjada
por el juez natural, sino obtener la protección de sus derechos fundamentales, los
cuales fueron vulnerados por la autoridad accionada al dejar de valorar una prueba
que fue aportada oportunamente en el proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

8. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su

contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

9. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo carece de relevancia constitucional.

10. Aunque la parte actora atribuyó la configuración tanto de un defecto fáctico como

de un desconocimiento del precedente, se advierte que sus reproches, en realidad,
se subsumen en un yerro de tipo fáctico, en la medida en que se orientan a
cuestionar la valoración probatoria efectuada por la autoridad accionada,
particularmente, la supuesta omisión en el análisis del documento denominado

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06793-01
Accionante: Napoleón Chacón Cardona
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
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““HORARIOS NAPOLEON CHACON SENA.7Z”, el cual, según afirma, permitía
acreditar la imposición de un horario y, por ende, la existencia del elemento de la
subordinación en la prestación del servicio contratado por el SENA.

11.
Según la jurisprudencia constitucional, la ocurrencia de un vicio fáctico se
presenta cuando la providencia cuestionada carece de un sustento probatorio
suficiente que permita fundamentar la decisión adoptada, bien sea porque se omitió
el decreto o el análisis de una prueba que resultaba esencial para decidir el asunto
o porque, habiéndose valorado, dicha apreciación resulta ser equivocada, arbitraria,
irracional o caprichosa3.

12.
Sobre el particular, la Corte ha precisado que “El error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto”4.

13. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala los argumentos que fundamentaron la

solicitud de amparo no cumplen con una carga argumentativa suficiente para revelar
la existencia de una verdadera deficiencia probatoria que amerite protección
constitucional.

14. En ese punto, resulta pertinente traer a colación el análisis realizado por la
autoridad judicial accionada en relación con la alegada imposición de horarios, de
cara a los elementos probatorios recaudados en el trámite contencioso
administrativo.

15. En primer lugar, en la providencia cuestionada se hizo alusión al testimonio
rendido por Jaime Alberto Ángel Londoño, quien manifestó que los instructores
debían cumplir una carga de 160 horas mensuales, distribuida en jornadas que
podían oscilar entre las 7:00 am y las 2:00 pm, o en franjas horarias variables, tales
como 7:00 am a 10:00 AM, 2:00 pm a 6:00 pm o de 6:00 pm a 10:00 pm. Además,
indicó que en algunas ocasiones el actor ejecutó sus actividades el sábado y que los
horarios podían corresponder a jornadas de 7:00 am a 2:00 pm o de 2:00 pm a 6:00
pm. Precisó que si bien desde la coordinación académica se fijaban los horarios, en
el caso de la formación complementaria estos eran concertados entre instructores y
aprendices, para luego ser remitidos a la coordinación a efectos de su aval.

16. Asimismo, la autoridad accionada reseñó el testimonio de Jorge Mario Burbano

Martínez, quien afirmó que en algunas oportunidades los instructores prestaban sus
servicios los sábados y que el horario se fijaba desde la coordinación académica,
debiendo cumplirse la carga de 160 horas mensuales. De igual modo, destacó el
testimonio de Carlos Fernando Cuartas Gómez, quien señaló que los horarios se

3 Al respecto, ver sentencias SU-172 de 2015, SU-453 de 2019 y SU-245 de 2025, entre otras.
4 Sentencia T-590 de 2009.

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Accionante: Napoleón Chacón Cardona
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

asignaban de manera trimestral y variaban de acuerdo con las necesidades del
servicio, siendo establecidos por la coordinación académica.

17. A su vez, mencionó la declaración rendida por el testigo de la parte demandada,

quien explicó que la carga de 160 horas podía ejecutarse de la forma que lo
dispusiera el instructor, en tanto los equipos ejecutores, junto con mesas de trabajo,
proponían los horarios, los cuales, una vez concertados con la coordinación
académica, debían ser registrados en una plataforma.

18. Bajo ese escenario, la autoridad enjuiciada concluyó que las declaraciones
rendidas no resultaban suficientes para establecer la imposición de horario al
demandante. Ello, por cuanto, aunque algunos testigos señalaron que el horario se
fijaba desde la coordinación académica, también se evidenció que, en determinados
casos, este era concertado entre instructores y aprendices o definido de manera
conjunta entre los instructores y la coordinación académica, lo cual desvirtuaba la
existencia de una imposición unilateral y estricta de horarios.

19. Además, el fallador precisó que si bien algunos deponentes afirmaron que los

instructores debían cumplir mensualmente con una carga de 160 horas, de los
contratos de prestación de servicios se desprendía que dicha obligación consistía en
el registro de actividades académicas adicionales, cuyo tiempo, sumado a las horas
de formación, no podía exceder ese límite mensual, sin que ello permitiera inferir la
existencia de un horario determinado o de una jornada laboral previamente
establecida.

20. De esta manera, la autoridad accionada consideró que las declaraciones rendidas

se referían, en términos generales, a las condiciones en que desarrollaban sus
actividades tanto los instructores contratistas como los de planta, sin detallar de
manera específica la situación particular del accionante, ni precisar un horario
concreto al que estuviera sujeto en el desarrollo de sus labores.

21. Con todo, recalcó que el cumplimiento de un horario no podía ser entendido de

manera aislada como un aspecto constitutivo de subordinación propio de una
relación laboral encubierta. Por el contrario, sostuvo que, en el marco de los
contratos de prestación de servicios, la observancia de determinados horarios
obedece a criterios de coordinación razonables entre contratista y contratante,
orientados a garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

22. En tales condiciones, no se vislumbra algún ejercicio arbitrario o caprichoso por

parte de la autoridad accionada que permita inferir, a primera vista, la configuración
de un defecto fáctico por la supuesta omisión en la valoración del documento que
reprocha el accionante.

23. Si bien en el desarrollo de las consideraciones no se hizo referencia expresa a

dicha prueba documental, ello no significa que la misma hubiese sido ignorada o
excluida del juicio probatorio. Además, tampoco se demostró que la valoración de

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dicho elemento tuviera la potencialidad de incidir de manera directa y determinante
en el sentido de la decisión adoptada, pues la autoridad accionada precisó que la
sola existencia de un horario no resultaba suficiente, por sí mismo, para estructurar
el elemento de la subordinación.

24. Así,incluso en el evento en que existiera un documento que relacionara los
horarios cumplidos por el demandante, como aquel lo afirma, tal circunstancia,
apreciada en conjunto con los testimonios, no habría sido relevante para la que
autoridad judicial cambiara la conclusión a la que se arribó en la sentencia
censurada.

25. Por consiguiente,
no se advierte de qué manera el análisis expreso de dicha
prueba documental habría podido conducir a una decisión distinta, máxime cuando
la valoración conjunta de los demás elementos de juicio llevó a concluir
razonablemente que no se acreditó la existencia de una relación subordinada.

26. Además de lo expuesto en relación con los horarios, la autoridad accionada
consideró que el acervo probatorio tampoco permitía acreditar que el demandante
hubiera prestado sus servicios bajo una influencia decisiva o sujeción subordinada
por parte del SENA.

27. Sostuvo que de los objetos contractuales se desprendía que el actor fue vinculado

para prestar servicios personales como instructor en el área de construcción e
infraestructura, específicamente en topografía, en razón de sus conocimientos
especializados, lo que le permitía impartir módulos, cursos y materias propias de
dicha área.

28. En cuanto a los testimonios, destacó que varios declarantes señalaron que el
coordinador académico era el referente institucional para los instructores, en tanto
asignaba actividades, recibía informes y coordinaba aspectos académicos y
disciplinarios. Sin embargo, también se acreditó que, tratándose de instructores
contratistas, la supervisión contractual recaía en un funcionario distinto, ante quien
el señor Chacón Cardona rendía los informes de actividades, lo cual fue corroborado
con los informes obrantes en el plenario.

29. A partir de esos elementos, la autoridad judicial consideró que dichas
interacciones correspondían al ejercicio normal de la coordinación entre contratante
y contratista, encaminada a verificar el cumplimiento del objeto contractual, sin que
de ellas pudiera inferir la existencia de una subordinación.

30. Asimismo, estimó que las afirmaciones de los testigos relativas a lo que
denominaron “llamados de atención” y direccionamientos por parte de la
coordinación académica, resultaban generales y ambiguas, pues no exponían
situaciones concretas ocurridas al accionante.

31. De igual forma, precisó que el hecho de que el programa académico o pénsum

fuera definido por la entidad no implicaba, por sí solo, la imposición de subordinación,

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en tanto no se demostró que el SENA determinara al actor la metodología, contenido
o desarrollo específico de sus actividades. Adujo que la asistencia a reuniones
institucionales y el suministro de insumos para la ejecución del servicio tampoco
constituían indicios suficientes de subordinación, sino que se trataban de
mecanismos propios de la coordinación contractual y de herramientas necesarias
para la adecuada prestación del servicio.

32. A juicio de la autoridad enjuiciada, la documentación aportada al proceso, como

los contratos, actas, informes de actividades, pólizas, registros presupuestales y
soportes de seguridad social, analizada en conjunto con la prueba testimonial, no
evidenciaba la inserción del demandante en el círculo organizativo, rector o
disciplinario de la entidad, como aspecto clave de la subordinación.

33. También resaltó que el SENA, en desarrollo de su oferta académica, ejecuta

programas de formación técnica, tecnológica y otros de carácter temporal o
específico, cuya atención puede gestionarse tanto mediante vínculos legales y
reglamentarios como a través de contratos de prestación de servicios, modalidad
permitida por el Estatuto General de Contratación y la normativa interna de la
entidad.

34. Bajo esa premisa, destacó que el ejercicio de la actividad de los docentes de

planta no era equiparable a las labores realizadas por el demandante, pues,
conforme a los objetos contractuales suscritos con el SENA, las tareas que
desarrolló no se encontraban sometidas a los múltiples estamentos normativos que
regulan y determinan, de manera imperativa, las condiciones de tiempo, modo y
lugar en la prestación del servicio.

35. Por último, aunque reconoció que la relación contractual se extendió por un
periodo aproximado de cinco años, precisó que la sola duración del vínculo no
resultaba suficiente para acreditar la existencia de subordinación ni para desvirtuar
la naturaleza contractual de la relación.

36. Del contenido de la decisión que viene de citarse, el análisis probatorio
desplegado por la autoridad accionada no se muestra caprichoso o irracional. En
ejercicio de la sana crítica, el fallador valoró conjuntamente el material probatorio
obrante en el expediente, tanto las pruebas documentales como las testimoniales,
incluso trajo a colación varios extractos relevantes de cada uno de los testimonios.
Otra cosa es que dichos elementos no otorgaran la suficiente certeza para demostrar
la existencia del vínculo laboral reclamado, lo que no significa que hayan dejado de
ser apreciados o que se hubiesen valorado indebidamente.

37.Así las cosas, la parte actora no desplegó un ejercicio argumentativo suficiente

para demostrar que la autoridad accionada hubiese realizado una valoración
probatoria manifiestamente contraevidente. Por el contrario, lo que se advierte es su
intención de reabrir un debate ya zanjado por el juez de la causa, con el fin de

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Accionante: Napoleón Chacón Cardona
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

imponer su tesis bajo simples discrepancias valorativas que no justifican la
intervención del juez de tutela.

38.
Esa insuficiencia argumentativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta
que la providencia cuestionada fue proferida por una alta corte, cuyas decisiones
gozan de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones
y valoraciones probatorias, incluso cuando el juez de tutela discrepe con ellas, lo
que, a su vez, impone al actor una carga argumentativa aún más exigente,
encaminada a demostrar la ocurrencia de un vicio de tal magnitud que resulte
abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico. Sin embargo, ese deber fue
desatendido por la parte actora.

39. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 27 de noviembre de 2025

proferida por la Sección Primera de esta Corporación.

40. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 27 de noviembre de 2025 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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