Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06796-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06796-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06796-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06796-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: ROBERTO FABIO CANO BUELVAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente porque no se reúnen los
requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia de
5 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Roberto Fabio Cano Buelvas, a través de demanda presentada el 28 de
octubre de 2025, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Cesar.
Pretensiones
2. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia
del 24 de abril de 2025, dictado dentro del medio de control bajo radicado 20-
001-33-33-008-2023-00315-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor
ROBERTO FABIO CANO BUELVAS, al haber adoptado una decisión que se
aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y
del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual (sic) el fin de lograr el
1
El asunto ingresó al despacho el 9 de marzo de 2026. Índice 3 de Samai.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
esclarecimiento de la situación fáctica del accionante Roberto Fabio Cano
Buelvas y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las
competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes
del Fomag.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. El señor Roberto Fabio Cano Buelvas instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, con el fin de que
se declarara la nulidad de la Resolución CES2022ER028370 – CES2022EE000941
de 19 de enero de 2023, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria a favor del demandante, por el pago tardío de las cesantías. A
título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara el reconocimiento de
la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
debidamente actualizadas, más los intereses de mora que se causaran a partir de la
ejecutoria de la sentencia. El proceso se identificó con el radicado 20001-33-33-008-
2023-00315-00/01.
4. En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, a través de
sentencia de 26 de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. Para ello, tuvo en cuenta que el demandante solicitó el reconocimiento
y pago de sus cesantías, el 11 de octubre de 2019, y la autoridad territorial en
Resolución 7027 de 21 de octubre de 2019 la reconoció, de forma parcial; sin
embargo, el dinero se puso a disposición del interesado el 6 de febrero de 2020.
Adicionalmente, señaló que el 28 diciembre de 2022, el accionante pidió a la
Secretaría de Educación Territorial y al FOMAG el pago de la sanción moratoria
prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, ante lo cual la Secretaría otorgó
respuesta mediante el Oficio demandado, y el FOMAG no contestó por lo que se
configuró el acto ficto, el 28 de marzo de 2023. Estimó que se incurrió en mora de 9
días, e impuso la condena al FOMAG, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de
la Ley 962 de 2005 y el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1272 de 2018.
5. El demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión. Solicitó
ordenar el pago de la sanción con cargo a los recursos de la Nación y reconocer que
la mora se prolongó durante 15 días.
6. En sentencia de 24 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó
la decisión de primera instancia. Aclaró que la entidad territorial solo sería
responsable, si el incumplimiento en los plazos establecidos le fuera imputable a su
omisión o retardo en la actuación administrativa subsiguiente a la solicitud de
reconocimiento del auxilio de cesantía, lo que no ocurrió en el caso analizado.
7. El accionante considera que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, por la falta de
correspondencia entre los hechos probados y la norma legal aplicable al caso, según
el siguiente razonamiento:
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Del contenido de la argumentación expuesta por el Tribunal Administrativo del
Cesar se desprende que la decisión se adoptó aplicando la regla de los 70 días
hábiles prevista en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-012-18, que define
los supuestos en los cuales procede la sanción moratoria. No obstante, dicha
regla solo resulta procedente en dos escenarios expresamente definidos por el
Consejo de Estado: (i) cuando la administración guarda silencio frente a la
solicitud presentada y, (ii) cuando el acto de reconocimiento se expide de forma
extemporánea, hipótesis que no se ajustan a la situación fáctica acreditada
dentro del proceso del señor Roberto Fabio Cano Buelvas.
En efecto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la solicitud
de cesantías fue tramitada y resuelta dentro de los plazos legales, por lo que
no se configuraba las condiciones que sustentaban la hipótesis aplicada por el
tribunal.
(…)
De esta manera, la regla jurisprudencial de los 70 días no resultaba procedente
al caso concreto como erróneamente lo consideró el ad quem. (…)
Las documentales allegadas al proceso evidenciaban que la controversia debía
examinarse bajo la hipótesis que contemplara la expedición y notificación en
tiempo del acto de reconocimiento de la prestación económica, pues eso fue,
precisamente, lo ocurrido en la actuación administrativa originada con la
petición radicada el 11 de octubre de 2019.
Bajo este panorama, la sentencia de unificación citada establece que, en casos
donde existe acto escrito que reconoce las cesantías y se acredite su
notificación personal oportuna, deberá aplicarse la regla de los 55 días hábiles.
Trámite en primera instancia
8. A través de auto de 31 de octubre de 20252, el despacho sustanciador admitió
la demanda, ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial accionada y, en calidad
de terceros con interés, al Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, al Ministerio
de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y al Departamento del Cesar. Además, tuvo como pruebas las documentales
aportadas al plenario.
Intervenciones
9. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar3 señaló que todas las
actuaciones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho respetaron los
derechos y garantías de las partes, con base en el principio de legalidad; además,
las decisiones fueron motivadas y atendieron la normativa aplicable. En el mismo
memorial envió enlace de acceso al expediente en la plataforma SAMAI.
2
Índice 5 de Samai.
3
Índice 9 de Samai. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar también remitió el enlace de
acceso al expediente (Índice 10 de Samai).
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
10. El Ministerio de Educación Nacional4 solicitó que «se valore y declare la
improcedencia de la presente acción constitucional como mecanismo de
controversia frente a decisiones adoptadas por jueces de la República en ejercicio
legítimo y autónomo de sus funciones jurisdiccionales». Señaló que la controversia
es de naturaleza estrictamente económica e involucra intereses privados; además,
no se evidencia vulneración de derechos fundamentales, por lo que la acción carece
de relevancia constitucional. Por último, indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva.
11. La Fiduprevisora S.A.5, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó su
desvinculación del asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Adicionalmente, indicó que la autoridad judicial accionada actuó conforme a derecho.
Sentencia de primera instancia
12. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
de 5 de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Expuso que el accionante podía
interponer el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal
establecida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, para hacer valer sus
derechos frente a una presunta incongruencia en la sentencia cuestionada.
13. Adicionalmente, expuso que si lo que se pretende censurar es la indebida o
incorrecta aplicación de una regla fijada en una sentencia de unificación, el
demandante tenía la opción de instaurar el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, conforme a lo previsto en los artículos 256 y 268 del CPACA.
Impugnación
14. El accionante adujo que el análisis de la subsidiariedad debe hacerse a la luz
de las circunstancias concretas del caso, no como una verificación abstracta de los
mecanismos procesales disponibles. Agregó que el defecto alegado no versa sobre
una incongruencia entre lo pedido y lo decidido, sino sobre la indebida valoración de
las pruebas relevantes y conducentes para dirimir el asunto. Añadió que el requisito
de subsidiariedad se satisfizo con la interposición del recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, en el proceso ordinario. Por lo demás, reiteró los
argumentos de la demanda.
CONSIDERACIONES
Competencia
15. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
4
Índice 11 de Samai.
5
Índice 14 de Samai.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de
la Constitución y 32 Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del
reglamento interno de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
Legitimación en la causa
16. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
17. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
18. En el caso concreto, el señor Roberto Fabio Cano Buelvas se encuentra
legitimado en la causa por activa, en su condición de demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia cuestionada.
19. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo del Cesar fue la autoridad judicial que profirió la providencia
a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
20. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de encontrar superados los requisitos generales
de procedibilidad, se analizará si la autoridad judicial demandada vulneró los
derechos fundamentales del accionante, como se afirmó en la demanda.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20056, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
22. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
6
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
7
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 9 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Inmediatez
23. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales10.
24. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido11, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.
25. En el caso que se analiza, la sentencia cuestionada fue proferida el 24 de abril
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y se notificó el 29 del mismo mes y
8
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
11
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
año, según constancia expedida por la secretaria de ese Tribunal12. La demanda de
tutela se radicó el 28 de octubre 2025, esto es, dentro de un plazo que se considera
razonable para el ejercicio de la acción constitucional.
Subsidiariedad y relevancia constitucional
26. El requisito de subsidiariedad exige que se hayan agotado todos los medios
disponibles para garantizar la protección de los derechos que se estiman vulnerados,
de modo que la tutela solo será procedente cuando el interesado no disponga de otro
medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio
irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
27. La subsidiariedad busca impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
28. El presupuesto de relevancia constitucional, por su parte, exige que la
cuestión debatida tenga una clara y marcada importancia constitucional, a fin de
evitar que el juez constitucional se adentre en asuntos confiados a otras
jurisdicciones.
29. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.
30. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente13 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
31. En el caso que se analiza se observa que la discusión planteada, aunque se
encuadró en un supuesto defecto fáctico, en realidad versa sobre la indebida
12
Índice 15 de SAMAI, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
aplicación de una regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-012-18 de 18 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, puntualmente, frente a los días que debían contabilizarse para iniciar el
computo de la mora. En criterio del accionante, esa sanción debía contabilizarse
desde el 23 de enero de 2020; sin embargo, el Tribunal lo hizo desde el 28 de enero
de la misma anualidad.
32. El error cometido, según el accionante, obedeció a la aplicación equivocada
de la sentencia de unificación aludida, porque no se tuvo en cuenta la hipótesis
contemplada para los casos en los que el acto administrativo de reconocimiento de
las cesantías se hubiera realizado en tiempo, sino el escenario en el que dicho
reconocimiento se efectuó por fuera del plazo, lo que no ocurrió en el presente
asunto.
33. Como se observa, la inconformidad del demandante, en realidad, reside en
una aplicación equivocada de las reglas de unificación sentadas por el Consejo de
Estado. Ese reproche podía ser planteado a través del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, como se señaló en el fallo de primera instancia.
34. En efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 256 y siguientes del
CPACA, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede, entre
otros, contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral, sin consideración a la cuantía, «cuando la sentencia impugnada contraríe o
se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado», que es
precisamente el supuesto que se cuestiona en esta acción de tutela.
35. Esta Sala considera; sin embargo, que el recurso extraordinario de revisión
no resultaba procedente, en tanto, la causal quinta de revisión, por falta de
congruencia, tiene cabida en los eventos de ausencia de correspondencia entre la
parte considerativa y resolutiva de la sentencia (congruencia interna) o cuando no
existe coherencia entre las razones de la demanda o del recurso y lo resuelto en la
sentencia (congruencia externa)14, lo cual no es, concretamente, lo que se alega en
este proceso.
36. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o cuando la situación
amerita la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción
como mecanismo transitorio.
14
Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
rad. 76001-23-24-000-1997-4345-01 (12668), M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; Sección Segunda
• Subsección B, sentencia de 28 de febrero de 2018, rad. 11001-03-25-000-2013-00838-00, M.P.
Cesar Palomino Cortés, y Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de octubre de 2022, rad.
11001-03-15-000-2016-02271-00, M.P. María Adriana Marín. Ver, igualmente, Corte Constitucional,
sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la sentencia T-079 de 2018, M.P.
Carlos Bernal Pulido.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
37. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de
la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación,
es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o
a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.
38. En el caso que se analiza, no se está ante un perjuicio irremediable o una
situación que requiera la intervención inmediata del juez constitucional para
salvaguardar derechos de raigambre constitucional. Además, la decisión
cuestionada le fue favorable al accionante y, en verdad, el asunto versa sobre la
cuantía de la sanción moratoria, por un presunto cálculo equivocado al momento de
liquidarla.
39. Por lo anterior, no aparece satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez
que no se agotó la vía judicial dispuesta para debatir la supuesta desatención de
ciertas reglas establecidas por esta Corporación, en una sentencia de unificación.
40. En adición a lo expuesto, debe colegirse que el asunto también carece de
relevancia constitucional15, porque la discusión tiene un tinte netamente económico,
si se repara en que la supuesta desatención de la regla de unificación impidió que
se calculara la sanción a partir de 15 días de mora, y no de 9, como se hizo en la
sentencia cuestionada. Así las cosas, como la solicitud de amparo no involucra, en
estricto sentido, un debate jurídico sobre el contenido, alcance o goce de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, la acción de tutela resulta improcedente.
41. Sumado a lo anterior, es claro que los reparos aducidos por el accionante
fueron, igualmente, expuestos en el recurso de apelación que interpuso contra la
sentencia de primera instancia, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, pero no fueron acogidos por el Tribunal, no precisamente porque se
hubiera tomado el criterio de los 70 días para calcular el inicio del cómputo de la
sanción por mora, como sugiere el accionante, sino porque la autoridad judicial
estimó que debían tenerse en cuenta los plazos máximos estipulados por la ley para
la expedición del acto administrativo de reconocimiento, su firmeza y el pago, y no la
fecha desde la cual se notificó dicha decisión, como pretende el demandante.
15
En sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que la acción de tutela no es
procedente cuando el asunto gira en torno a un debate fundamentalmente económico, y no jurídico
sobre el contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, o
cuando se utiliza para reabrir un debate legal decidido al interior de un trámite ordinario. Recordó,
además, que «no toda incorrección en la aplicación de normas legales o en la valoración de los
hechos envuelve una violación del debido proceso susceptible de ser planteada mediante la acción
de tutela. Es imprescindible que dicha incorrección pueda ser traducida en un debate iusfundamental
concreto -no genérico o inespecífico- de manera tal que la intervención de la Corte sea indispensable
para precisar el alcance de la carta de derechos».
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-01
Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
42. En realidad, los 70 días que consideró el Tribunal incluyeron los 15 días con
que contaba la administración para pronunciase frente a la solicitud de
reconocimiento de las cesantías; luego, el cómputo de los 55 días que alega el
demandante sí se hizo, pero partiendo de un momento diferente al señalado, al
parecer, en la sentencia de unificación.
43. Esa controversia legal escapa a la órbita de conocimiento del juez
constitucional, lo que refuerza la improcedencia de la acción de tutela. Por todo lo
anterior, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 5 de
diciembre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley
2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.