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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06799-00

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06799-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Ana Constancia Rojas de Reyes. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 12 de julio de 2024, proferida por la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del radicado 13001-33-33-004-2017-00081-01. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 003 que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, emita un auto en el que interrogue a la parte accionante sobre las barreras de acceso que enfrentó. Después de ello, debe proferir sentencia de reemplazo, atendiendo a las reglas jurisprudenciales vigentes, especialmente, las establecidas en las sentencias SU-429 de 2024 y la T-014 de 2025. CUARTO: INFORMAR a las partes del contenido de la providencia por el medio más expedito. QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06799-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: ANA CONSTANCIA1 ROJAS DE REYES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia que declaró la caducidad del derecho de acción
en reparación directa en caso de soldado conscripto // requisitos de procedencia de
la acción de tutela //.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela promovida por Ana
Constancia Rojas de Reyes contra la providencia proferida el 12 de julio de 2024,
notificada el 8 de agosto de 2025, en la que se resolvió la segunda instancia de un
proceso de reparación directa. Con el fin de facilitar la exposición de los
antecedentes, en primer lugar, se explicará el desarrollo del proceso contencioso
administrativo, y en segundo lugar, se expondrán los fundamentos del escrito de
amparo.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 13-001-33-
33-004-2017-00081-01

2. Según se lee en la sentencia atacada, durante los años 1997 y 1999, miembros
de estructuras de grupos paramilitares, conocidos como Autodefensas Unidas de
Colombia, hicieron permanente presencia en el corregimiento de las Palmas, en el
municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. Ejecutaron varios homicidios
selectivos sobre pobladores del corregimiento, todo ello, a pesar de que los
habitantes solicitaron protección de las autoridades públicas y de las fuerzas
militares y policiales. Sin embargo, cuando miembros de las organizaciones
criminales hacían presencia en el casco urbano del corregimiento nunca estaban
miembros de la fuerza pública.

3. Lo anterior causó que, en septiembre de 1999, se produjo el desplazamiento
forzado de los residentes del corregimiento hacia el municipio de San Jacinto y
zonas aledañas. En el año 2005, las personas en condición de desplazamiento
forzado intentaron regresar al corregimiento de las Palmas, pero en febrero de
2005, se produjo otro homicidio selectivo por parte del mismo actor armado, con el
mismo resultado, el desplazamiento forzado de los pobladores.

1 En la carátula del expediente figura el nombre “Constanza” en el escrito de tutela y en la firma de

la demanda la accionante escribe su nombre como Ana Constancia Rojas de Reyes.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

4. Lo anterior produjo que el 27 de marzo de 2017, la tutelante y otras personas
iniciaran demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa-
Armada Nacional-Ejército Nacional-Policía Nacional y el Ministerio de San Jacinto.
El proceso fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena
e identificado con el número 13001-33-33-004-2017-00081-00.

5. Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Cartagena, en providencia de 6 de noviembre de 2020, dando aplicación
al precedente de 29 de enero de 2020, proferido por el Pleno de la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro del radicado 61033 declaró la caducidad de la
demanda, pues, incluso acudiendo al precedente de la SU-254 de 2013, la
demanda de reparación directa debía presentarse, a más tardar el 23 de mayo de
2015, sin embargo fue radicada el 27 de marzo de 2017.

6. En decisión de 12 de julio de 2024, notificado el 8 de agosto de 2025, el Tribunal
Administrativo de Bolívar confirmó la decisión de primera instancia por idénticas
razones que la primera instancia. Se indicó que conforme el precedente unificado
de 29 de enero de 2020, el derecho de acción caduca incluso en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, y en el caso concreto, el término debía
contabilizarse siguiendo el precedente de la Sentencia SU-254 de 2013, motivo por
el cual, según el término de ejecutoria de la providencia de unificación, el cómputo
de la caducidad corrió entre el 22 de mayo de 2013 y el 22 de mayo de 2015, pero
la demanda se radicó el 29 de marzo de 2017.

Fundamentos del escrito de tutela

7. La tutelante sostiene que la decisión judicial del tribunal administrativo censurado
incurrió en los defectos procedimental y sustantivo e incumplió el precedente
constitucional fijado en las providencias T-044 de 2022 y de la SU-163 de 2023,
pues la autoridad judicial accionada no requirió a la parte actora para que explicara
las razones concretas por las cuales acudió hasta el año 2017 a la administración
de justicia.

8. En criterio de la actora, el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un
defecto procedimental absoluto pues no permitió a las víctimas del conflicto armado
del corregimiento de las palmas, municipio de san jacinto, la oportunidad de
presentar y actualizar el planteamiento en los alegatos de conclusión, conforme las
reglas establecidas en la sentencia de unificación. A juicio de la tutelante, el tribunal
debió readecuar la fase de alegatos y permitir a las partes presentar nuevamente
sus argumentos de conclusión, en donde habría podido exponer los motivos que
impidieron su acceso inmediato a la administración de justicia.

9. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales alegados, y en consecuencia
dejar sin efecto la providencia de 12 de julio de 2024, pero notificada el 8 de agosto
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Trámite de la tutela

10. Admitida la demanda, se vinculó como parte accionada al Tribunal
Administrativo de Bolívar y al Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena. Como

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

tercero con interés legítimo se vinculó a Jaime Manuel Reyes Rivera, Carmen
Cecilia Reyes Barreto, Stalyn Luis Reyes Barreto, Alcira Barreto Caro, Ana Isabel
Díaz Meléndez, Aníbal Gustavo Arroyo Díaz, Estefany Arroyo Díaz, Lorenzo Tapia
Caro, Mildred Arrieta Caro, Lorenzo Antonio Tapia Arrieta, Rafael Caro Torres,
Aldair Alfonso Caro Benavidez, Emilse Regina Lora Herrera, Jaider José Ardila
Lora, Ana Mercedes Cortezano Arroyo, Martha Liliana Cortezano Arroyo, María
Arroyo Vásquez, Enilda Sofía Caro Tapia, Gregorio Segundo Ortega Tapia, Carmen
Cortezano Arroyo, Roger José Arroyo Meza, Ernesto Tapia Peñaloza, Leda del
Carmen Vásquez de Meza, Bernardo Meza Barreto, Pedro Manuel Romero Reyes,
Carmen Cortezano Arroyo, Norelys Del Carmen Romero Cortezano, Noralba
Romero Cortezano, Perfecto Ismael Arroyo Arroyo, Ramiro Tapia Arroyo, Blanca
Zunilda Herrera de Lora, Elia María Reyes Caro, María Fernanda Polo Reyes,
Clemente Antonio Sierra Barreto y Marlys Cecilia Meza Vásquez y a los demás
intervinientes dentro del proceso de reparación directa con radicado número 13001-
33-33-004-2017-00081-00/01 y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional, al Municipio de San Jacinto –
Bolívar, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, al Ministerio
Público.

11. La apoderada de la Policía Nacional2 intervino con el fin de solicitar que se
declare improcedente pues no se está ante un perjuicio irremediable que haga
procedente el amparo, ni se vislumbra una vulneración a los derechos
fundamentales. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena3 solicitó que se
niegue el amparo pues, las “decisiones de primera y segunda instancia se adoptar
bajos los parámetros jurisprudenciales vigentes, y los demandantes contaron con
las garantías procesales para acreditar y alegar las circunstancias que ahora
pretende volver a discutir por vía de esta acción constitucional.”4 Concluyó que no
se ha vulnerado ningún derecho de la parte actora. El apoderado de la Armada
Nacional y del Ejército Nacional5 indicó que las providencias atacadas no
vulneraron derecho fundamental alguno, motivo por el cual, solicitó declarar
improcedente la acción.

CONSIDERACIONES
Competencia

12. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en sede
de primera instancia conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, y el artículo
13 del acuerdo 080 de 2019, reglamento interno de la Corporación.

Problema jurídico

13. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface
los requisitos de procedencia formal, teniendo en cuenta que se trata de una tutela
contra providencia judicial. En caso de que se determine que la acción es
formalmente procedente, como segundo problema jurídico, la sala debe determinar
si la providencia atacada incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente

2 Índice Samai 9.
3 Índice samai 10.
4 Índice samai 10.
5 Índice Samai 11.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

al no aplicar la regla judicial fijada en las Sentencias T-044 de 2022, SU-163 de
2023 y posteriores, respecto de la contabilización del término de caducidad en
casos de demandas de reparación directa por desplazamiento forzado.

14. Por lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, se reiterará el
precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencias y el precedente
judicial respecto de la contabilización del término de caducidad en casos de
desplazamientos forzados ocurridos en el marco del conflicto armado.

Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.

15. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20056, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

16. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-11; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

6 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
7 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
8 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,

SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
12
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

17. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales13.

18. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;

iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.

v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;

vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un
caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución,
le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

19. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite del caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas

13 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos,
concretamente, las reglas jurisprudenciales respecto de casos de desplazamiento
forzado.

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos

20. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de
caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.
En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen
conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de
caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i)14 de la Ley
1437 de 2011. Posteriormente, en la Sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de
la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e
indicó que el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata de los
punibles antes anotados.

21. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de caducidad
comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que
las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin
embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron
objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los
casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que
la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida
presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

22. Posteriormente, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias 15 en
las que ha precisado la manera en que debe contabilizarse el término de caducidad
en casos relacionados con desplazamiento forzado. Si bien, se ha reiterado que el
derecho de acción caduca también ha señalado que este requisito debe ser
evaluado desde una perspectiva de flexibilidad y ponderación de principios, con el
fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia. La Corte ha
enfatizado que el estudió del cumplimiento del término de caducidad constituye una
carga relevante del juez administrativo que no puede ser evaluada de forma
mecánica o como la simple confrontación de dos fechas en un calendario, sino que,
por el contrario, debe verificar, caso a caso, si la parte actora enfrentó barreras de
acceso a la administración de justicia16.

14 Radicado 61.033
15 Cfr. T-024 de 2024 y T-450 de 2024, T-001 de 2025, T-004 de 2025, SU-167 de 2023, SU-429

de 2024
16 En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el cómputo

del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad
jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas de
reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado, de otro lado”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

23. En la Sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional estableció las reglas
interpretativas que deben observarse para computar el término de caducidad en
estos casos:

“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el
plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia
debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla
y subrayado fuera del texto)

24. Más recientemente, la Sentencia SU-429 de 10 de octubre de 2024 precisó
estas reglas jurisprudenciales sobre casos de desplazamiento forzado. Al respecto,
indicó que el juez administrativo debe verificar que los demandantes que sufrieron
el desplazamiento forzado hayan superado la vulneración masiva y generalizada
de todos los derechos fundamentales que afecta la situación del desplazamiento.
En el fundamento jurídico No. 253 de dicha providencia se explicó:

“(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento
y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra y genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el
momento en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas
conocieron o debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que
podían atribuirle responsabilidad patrimonial.

(ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de
reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de
justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.

Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable
para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su
análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo
enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que
se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes
son víctimas de ese fenómeno. (negrilla y subrayado fuera del texto)

(iii) Para la aplicación del fallo de unificación de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, el juez competente
debe readecuar el proceso a su cargo de manera tal que se cerciore que las
partes tengan o tuvieron la oportunidad de ajustar sus planteamientos para
argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la justicia”.

25. De igual manera, en la Sentencia T-001 de 2025, la Sala Séptima de Revisión
reiteró que el análisis del término de caducidad debe realizarse desde una óptica
constitucional y flexible, especialmente cuando las víctimas pertenecen a
poblaciones vulnerables o han enfrentado barreras de acceso a la justicia. Advirtió
que se incurre en defecto fáctico si el juez omite investigar, de manera oficiosa, las
razones por las cuales las víctimas presentaron la demanda de forma tardía:

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

“120. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena debió
decretar las pruebas de oficio necesarias para dilucidar las circunstancias
de inseguridad y temor de los demandantes, así estas hubieren sido
brevemente mencionadas. Además de tratarse de un caso relacionado con
graves violaciones a los derechos humanos, la Sala considera necesario tener
en cuenta que en el caso en particular, los accionantes son sujetos de especial
protección puesto que (i) se trata de víctimas del conflicto armado interno que
han sufrido durante décadas las consecuencias directas del enfrentamiento
militar". (negrillas fuera del texto)

26. Resulta relevante, la T-004 de 202517, providencia en la que se reiteran las
reglas jurisprudenciales antes indicadas. En la decisión, se resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial ordinaria, proferida por un tribunal
administrativo, y en la que se declaró la caducidad del derecho de acción en un
caso de desplazamiento forzado. Reiteró que en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado respecto a las posibles interpretaciones
sobre el término. En la providencia también se explicó que, en todo caso, el juez
administrativo debe verificar que las personas demandantes hayan superado la
situación de vulnerabilidad propia del desplazamiento forzado y hayan logrado la
estabilidad socioeconómica que les permita acceder a la administración de justicia.
Argumentó:

“En ese contexto, reiteró que los procesos de retorno o de reubicación tienen
como finalidad la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas desplazadas. De tal manera que «la anotada
vulnerabilidad sólo se ve superada cuando se consolida la estabilización
socioeconómica de la población afectada al retornar a su lugar de origen o se
reubican en un lugar en donde pueden habitar en unas condiciones de dignas
que garantizan su subsistencia»18.

27. Finalmente, se debe mencionar la Sentencia T-014 de 2025, providencia de
especial relevancia por guardar cercanía fáctica con la demanda de tutela de la
referencia. En esa oportunidad se estudió una tutela presentada por un grupo de
víctimas de desplazamiento forzado ocurrido en los meses de junio y septiembre
de 1999 en el corregimiento de Las Palmas, ubicado en el Municipio de San
Jacinto19. En esa ocasión, el Tribunal Administrativo de Bolívar había negado la
ocurrencia del daño antijurídico. Por ello, la parte demandante ejerció una acción
de tutela contra la providencia judicial de reparación directa que negó las
pretensiones. En sede de amparo se dejó sin efecto la sentencia de reparación
directa y se ordenó proferir una sentencia de reemplazo. La sentencia de reemplazo
volvió a negar las pretensiones, motivo por el cual, se ejerció una segunda acción
de tutela que llevó nuevamente a una decisión de protección de derechos
fundamentales y a que se volviera a dejar sin efecto la sentencia atacada.

17 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-429 de 2024. Sobre el particular, la Corte destacó que esta

afirmación es coherente con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el artículo 18 de la Ley
387 de 1997, a efectos de determinar en qué momento se pierde la condición de desplazado, es
decir, en qué momento cesa el daño del desplazamiento forzado.
19 En la sentencia se resumen los hechos de la siguiente manera: “en el año 1999, varios miembros

de la comunidad que habitaba el corregimiento Las Palmas fueron víctimas de una serie de
masacres cuya responsabilidad se le atribuye a las Autodefensas Unidas de Colombia. Afirmaron
que, por las amenazas de ese grupo armado ilegal y el contexto de masacres, se vieron forzados a
evacuar sus viviendas y a abandonar el Municipio de San Jacinto”, fundamento jurídico No. 3.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

28. En la providencia T-014 de 2025 la Corte Constitucional precisó que, respecto
de los hechos de desplazamiento forzado que vivió la comunidad del corregimiento
de las Palmas, del municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar, sí se
presentó el desplazamiento forzado y el mismo resulta atribuible a las autoridades
públicas demandadas. Por lo anterior, la Corte ordenó al Tribunal Administrativo de
Bolívar proferir una nueva decisión de reemplazo siguiendo varios criterios
explicitados en la parte resolutiva de la sentencia. Entre ellos que: está probada la
condición de desplazados forzosos de los demandantes del proceso contencioso
administrativo en el que se soportó la presente acción de tutela. También está
demostrado el daño antijurídico que padecieron, el cual se concretó en el anotado
desplazamiento forzado, además, que está probado que el daño antijurídico
advertido es atribuible a las autoridades públicas demandadas en el proceso
contencioso administrativo.

29. En esa medida, como se observa existe precedente judicial directo respecto de
los hechos que son objeto de examen en la sentencia judicial atacada, además
existen reglas jurisprudenciales precisas respecto de la contabilización del término
de caducidad en caso del daño antijurídico que se alega es el desplazamiento
forzado ocurrido en el contexto del conflicto armado. En efecto, a partir de este
precedente, la Corte ha establecido que los jueces administrativos pueden incurrir
en errores que afectan la validez de sus decisiones cuando: (i) no permiten a los
demandantes justificar su tardanza en acudir a la jurisdicción, en desconocimiento
de la SU-167 de 2023; y (ii) omiten el decreto y práctica de oficio de pruebas
orientadas a establecer la existencia de barreras de acceso a la justicia.
Especialmente, cuando en casos de denuncias de desplazamiento forzado no
atienden todas las barreras que enfrentaron las víctimas de dicha conducta, y su
especial vulnerabilidad socioeconómica, y el miedo y la zozobra que atravesaron
por huir de sus domicilios.

30. La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que el término de caducidad,
aplicado irreflexivamente en casos de graves violaciones a los derechos humanos,
concretamente, en eventos de desplazamiento forzado de personas, puede
constituir una barrera injustificada al acceso a la justicia. En ese sentido, la
jurisprudencia constitucional ha exigido a los jueces realizar un ejercicio de
ponderación entre principios constitucionales y evitar una aplicación meramente
cronológica del término que desconozca las condiciones materiales de los
demandantes. Así, el juez debe (i) interrogar directamente a la parte demandante
sobre las dificultades enfrentadas y (ii) emplear sus facultades oficiosas para
verificar la existencia de obstáculos reales20. En los casos del desplazamiento

20 Cfr. SU- 439 de 2024: “…la Corte reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un enfoque flexible

y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren
presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos.
En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas
de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan
las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las dificultades para obtener
información veraz y desvirtuar, al menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos.” En el
mismo sentido: “(…) para la Corte Constitucional el defecto fáctico que concurre en el caso objeto
de análisis se configura, también, ante la ausencia de una valoración contextual de los hechos, al
momento de determinar si la demanda de reparación directa fue promovida oportunamente. La
omisión en valorar adecuadamente estas circunstancias constituye, de nuevo, una violación del
derecho al acceso a la administración de justicia y perpetúa la situación de indefensión en la que se

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Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
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Referencia: Primera instancia acción de tutela

forzado, cobra mayor importancia dicha obligación en cabeza de los jueces, pues,
conforme el precedente en vigor debe verificar que la parte demandante logró la
estabilidad socioeconómica y el goce efectivo de derechos para que empiece a
contarse el término de caducidad del derecho de acción.

31. Lo anterior guarda armonía con el precedente de esta corporación 21 que ha
señalado que, en procesos de reparación directa y en los que el daño antijurídico
es el desplazamiento forzado, el término de caducidad debe empezar a estudiarse
desde el momento en que, dentro del expediente contencioso administrativo existe
prueba de que la parte demandante logró retornar al lugar del cual fue desplazada
forzadamente o logró la estabilización socioeconómica. El precedente de esta
corporación ha indicado que el desplazamiento forzado es un daño continuado,
motivo por el cual, en armonía con lo fijado en la SU-429 de 2024, el término
empieza a contabilizarse desde el momento en que las víctimas logran la
estabilización socioeconómica que les permita superar la situación de
vulnerabilidad derivada de la grave violación a sus derechos humanos.

32. Con base en el anterior precedente se resolverá el caso concreto.

Caso concreto.

33. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se examina, si la acción de
tutela de la referencia satisface los requisitos de procedencia formal.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

34. Examinado el escrito de demanda, se verifica que, la tutela la presenta Ana
Constancia Rojas de Reyes, parte demandante dentro del proceso de reparación
directa identificado con el número 13-001-33-33-004-2017-00081-01 y que llevó a
la providencia de 12 de julio de 2014, y que fue finalmente notificada el 8 de agosto
de 2025. En esa medida, quién ejerce la acción de tutela es a quien le negaron sus
pretensiones dentro de la providencia cuestionada. De igual forma, se satisface el
requisito de legitimación en la causa por pasiva, pues el medio de amparo se ejerció
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, autoridad judicial que, profirió la
decisión cuestionada.

Requisito de inmediatez.

35. Frente a la exigencia de inmediatez, el mismo se satisface pues examinado el
índice samai del proceso contencioso administrativo 13-001-33-33-004-2017-
00081-01 se observa que, si bien la decisión cuestionada está fechada el 12 de
julio de 2024, también es acertado lo que indica la tutelante respecto de que la
decisión sólo fue comunicada a las partes más de un año después, esto es el 8 de
agosto de 2025, tal como se corrobora en el índice samai 18 del proceso
contencioso administrativo. Por ello, en atención a que la parte actora tuvo

encontrarían las presuntas víctimas de hechos vinculados a una posible grave violación de derechos
humanos."
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

Sentencia de 11 de agosto de 2025, Rad. 70411 C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de
mayo de 2025, exp. 64872. C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 65967

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Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
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conocimiento de la decisión el 8 de agosto de 2025, y la acción de amparo se
formuló el 29 de octubre del mismo año, se hizo dentro del plazo razonable indicado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

36. Se debe precisar que, si bien la decisión tiene como fecha de suscripción el 12
de julio de 2024, de manera no justificada por la entidad accionada, la providencia
solo se notificó hasta el 8 de agosto de 2025. Es decir, más de un año después de
la fecha que está suscrita. De esta manera surge el interrogante respecto del
precedente judicial que resulta aplicable. Ello es fundamental, puesto que el yerro
que la parte actora endilga tiene que ver con el supuesto desconocimiento del
precedente.

37. Según la ley estatutaria de la administración de justicia, Ley 270 de 1996,
modificada por la Ley 2430 de 2024, en su artículo 56 señala que, las sentencias
tendrán como ejecutoria desde la fecha en que se surte la notificación 22. Si bien el
artículo mencionado regula la notificación de las providencias proferidas por las
altas cortes, en la Sentencia C-134 de 2023 se indicó que la misma regla de
publicidad de las decisiones de los tribunales y juzgados está regulada en los
códigos de procedimiento específicos:

“Por último, el proyecto de norma bajo examen incluye una facultad para que
las corporaciones judiciales, en sus reglamentos internos, fijen un plazo
máximo para publicar el texto íntegro de las sentencias. La Sala concluye que
se respeta la Constitución, dado que es una norma respetuosa de la autonomía
de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado
y el organismo jurisdiccional disciplinario dentro de la Rama Judicial. No era
necesario extender esa competencia a los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial o Contencioso Administrativo, como solicitó el Colegio de Jueces y
Fiscales de Antioquia, dado que esta disposición del PLEAJ se circunscribe
exclusivamente a regular lo concerniente a las providencias que emitan las
cúpulas de las jurisdicciones. Eso significa que la regulación no puede
entenderse, a contrario sensu, en el sentido de que esas otras autoridades no
tienen tal competencia. Por el contrario, esa materia fue regulada por la
legislación ordinaria, especialmente, en los artículos 42 numeral 8 y 120 del
Código General del Proceso. En esa medida, no se evidencia una omisión
legislativa relativa, dado que sí existe una regulación específica que abarque a
los Tribunales y jueces del país en cuanto al plazo máximo para proferir una
decisión.”(subrayado fuera del texto)

38. En consecuencia, conforme la ley estatutaria de la administración de justicia y
la sentencia C-134 de 2023, una providencia judicial tiene como fecha aquella en
que se aprueba, incluso, si como en el caso actual, la notificación se produjo un
año después. La misma regla existe para las altas cortes y para los tribunales de
distrito o administrativos, y jueces de la república. En esa medida, la subsección
toma como fecha de la providencia el 12 de julio de 2024, y no la de su notificación,
la cual, solo resulta relevante a propósito, como ya se indicó, para concluir que la
tutela se presentó respetando el principio de inmediatez.

22 Ello es reiterado en el artículo 289 del Código General del Proceso conforme al cual: “ninguna

providencia producirá efectos antes de haberse notificado”. La anterior norma es aplicable por la
regla de reenvío prevista en el artículo 196 de la Ley 1437 de 2011.

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Requisito de subsidiariedad

39. La parte actora satisface el requisito, puesto que no cuenta con un mecanismo
judicial, ordinario o extraordinario pendiente de agotar. En primer lugar, puesto que
se está censurando una sentencia de segunda instancia proferida dentro de un
proceso de reparación directa. Además, los recursos extraordinarios de revisión 23,
o de unificación24 no son idóneos para estudiar los defectos alegados. En
consecuencia, no les resulta exigible acreditar la interposición o el agotamiento de
recursos extraordinarios En esa medida, la acción de tutela satisface el requisito de
subsidiariedad.

Relevancia constitucional

40. La jurisprudencia constitucional25 ha señalado que las acciones de tutela en las
que se discute la aplicación del término de caducidad, en eventos donde el daño
constituye una grave violación a los derechos humanos, por ejemplo, el
desplazamiento forzado causado por el actuar un grupo armado ilegal, reviste
relevancia constitucional, pues se discute la posibilidad concreta del ejercicio del
derecho al acceso a la administración de justicia por parte de víctimas del conflicto
armado.

41. Esta subsección26 ha indicado que reviste relevancia constitucional la petición
de amparo formulada por una víctima del conflicto armado con el fin de cuestionar
una decisión judicial que declaró la caducidad del derecho de acción en una
demanda de reparación directa iniciada antes de la aprobación del precedente
unificado de 29 de enero de 2020, proferido por el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, tal como ocurre en el caso concreto, puesto que la demanda
de reparación directa fue ejercida en el año 2017, cuando no se había unificado el
precedente en materia de caducidad en casos de graves violaciones a los derechos
humanos.

Que no se trate de una acción de tutela contra una sentencia de tutela o de
control abstracto de constitucionalidad o una sentencia interpretativa
proferida por la Sección de Apelación de la JEP

42. En cuanto a este requisito, la jurisprudencia constitucional ha establecido que
la demanda de tutela no procede para impugnar providencias de tutela ni

23 Este recurso extraordinario, se encuentra previsto en los artículos 250 y subsiguientes de la Ley

1437 de 2011
24 Este recurso se encuentra consagrado en el artículo 258 de la Ley 1437 de 2011.
25 Corte Constitucional. SU-241 de 2024. SU-429 de 2024
26Cfr. Radicado 11001-03-15-000-2024-01017-07. Sentencia de 19 de mayo de 2025. C.P.

Fernando Alexei Pardo Flórez. Radicado 11001-03-15-000-2024-04244-01. Sentencia de 25 de
noviembre de 2024. C.P. Fernando Pardo Flórez. En esta última se indicó: “En criterio de esta sala
se satisface el requisito, pues como lo ha indicado ampliamente la Corte Constitucional, en
Sentencias como la SU-163 de 2023, la SU-241 de 2024 o la T-269 y T-376, ambas de 2024, en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, tales como homicidios en persona protegida
cuya responsabilidad es de agentes Estatales, si bien opera el fenómeno procesal de la caducidad,
está debe ser examinada desde una perspectiva constitucional que no tenga efectos nugatorios de
los derechos de las víctimas. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el cómputo del
término de caducidad, en los especiales casos mencionados, reviste relevancia constitucional pues
implica el ejercicio de derechos constitucionales y el respeto de estándares interamericanos sobre
verdad, justicia y reparación integral.” En igual sentido, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01.
Sentencia de 16 de mayo de 2025. C.P. María Adriana Marín.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
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Referencia: Primera instancia acción de tutela

sentencias de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte
Constitucional o por el Consejo de Estado, al resolver, respectivamente, acciones
públicas de inconstitucionalidad o medios de control de nulidad por
inconstitucionalidad27. Tampoco es procedente contra sentencias interpretativas de
carácter exclusivamente general, impersonal y abstracto proferidas por la Sección
de Apelación del Tribunal Especial para la Paz28. La presente acción de tutela se
dirige contra una providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en
la que se confirmó una decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena,
todo ello dentro de un proceso de reparación directa. En esa medida, no se trata de
una tutela contra otra acción de tutela ni de las providencias mencionadas de control
abstracto.

Que se hayan identificado los hechos constitutivos de la violación a los
derechos fundamentales

43. En el escrito de tutela, la parte actora identifica adecuadamente los hechos que,
en su criterio, constituyen la vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Señaló que, durante el desarrollo
de las dos instancias del proceso ordinario, solicitó que las autoridades judiciales
examinaran las razones por las cuales, los demandantes acudieron tardíamente a
la administración de justicia y que se verificara que se trataba de un caso de
desplazamiento forzado ocurrido en el contexto del conflicto armado entre los años
1997, 1998 y septiembre de 1999.

44. En este punto debe recordarse que, la demanda de reparación directa se
promovió en el año 201729 antes del precedente unificado de 29 de enero de 2020,
y el fallo de primera instancia se profirió el 6 de noviembre de 2020, motivo por el
cual, la primera instancia se completo sin que se hayan discutido los efectos de la
sentencia de unificación de esta corporación, esto pues, los alegatos de conclusión
se presentaron entre el 7 y 20 de noviembre de 2019. Por ello, solo hasta el escrito
de apelación la parte indicó que la sentencia de unificación citada no era aplicable
al caso concreto, toda vez que, en casos de desplazamiento forzado el término se
empieza a contabilizar “cuando cesa/termina la condición de desaparecido; de igual
forma, en el caso del desplazamiento forzado esta condición cesa/termina cuando
se acredita que el desplazado tiene consolidada su condición socio-económica, es
decir, cuando cesa la condición de desplazado, de esa forma lo establece el artículo
18 de la Ley 387 de 1997” 30. En consecuencia, se concluye que la parte actora
alegó el error dentro de la oportunidad procesal con la que contó en el proceso
judicial ordinario.

45. Por lo anterior, a juicio de esta subsección la acción de tutela es formalmente
procedente. Se continúa examinando el contenido de la providencia cuestionada
con el fin de verificar si incurrió en un yerro que afecte su validez.

27 Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de 2020, SU-388 de

2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
28 Sentencia SU-388 de 2023.
29 Folio 4 del recurso de apelación. Índice samai 14.
30 Folio 13 de la sentencia de primera instancia. Allegada al trámite de tutela por el Juzgado cuarto

Administrativo de Cartagena. Índice samai 14.

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Examen constitucional de la decisión atacada

46. En atención al defecto invocado por la actora, resulta necesario reiterar el
desarrollo del proceso ordinario.

47. La demanda de reparación directa fue promovida el 29 de marzo de 2017.
Quiere decir esto que, la primera instancia inició antes de la sentencia de 29 de
enero de 2020 del pleno de la sección tercera de la corporación31. La demanda fue
admitida el 31 de mayo de 2017, se notificó a la entidad pública demandada el 15
de junio de 2017. En auto de 30 de mayo de 2018 se fija fecha para celebración de
audiencia inicial. En abril de 2019 se continúa con la audiencia de pruebas, y los
alegatos de conclusión de las partes se presentaron el 7 y 20 de noviembre de
2019. La sentencia se profirió el 6 de noviembre de 2020. En relación con la primera
instancia, el trámite de impulso se desarrolló antes de que se profiriera la sentencia
de 29 de enero de 2020, al punto que los alegatos finales se presentaron en
noviembre de 2019, motivo por el cual, respecto de la primera instancia, la parte
actora no tuvo la oportunidad de readecuar sus alegatos y pretensiones sobre el
nuevo precedente unificado.

48. En el recurso de apelación de 16 de noviembre de 2020, la parte actora
explícitamente atacó la tesis del precedente unificado de 29 de enero de 2020 y
estimó que no era aplicable al caso concreto, no solo por, en su criterio, resultar
regresiva y contraria a estándares internacionales en materia de derechos
humanos, sino porque, se trataba de un daño continuado. En el recurso de
apelación la parte actora sostuvo que el precedente de unificación no se relaciona
directamente con el carácter de daño continuado del desplazamiento forzado,
motivo por el cual, la unificación de 29 de enero de 2020 no cambió la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado que ha abordado el desplazamiento forzado
como un daño de ejecución permanente.

49. En auto de 25 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió
el recurso de apelación. Las partes presentaron alegatos de conclusión. La parte
actora reiteró sus argumentos del recurso de apelación, la Policía Nacional insistió
en que no existió falla en el servicio pues conocieron del daño antijurídico el mismo
día del desplazamiento forzado. Solicitó confirmar la sentencia de caducidad a la
luz del precedente unificado de 29 de enero de 2020.

50. En la sentencia calendada el 12 de julio de 2024, pero notificada el 8 de agosto
de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar, sala de decisión No. 3, sostuvo que,
“operó la caducidad del medio de control de reparación directa, dado que, a la luz
de la sentencia SU – 254 de 2013, los demandantes tenían oportunidad hasta el 22
de mayo de 2015 para presentar la demanda, sin embargo, fue interpuesta el día
29 de marzo de 2017, sin lograr suspensión del término puesto que la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho se radicó después de que operara la
caducidad”32.

31 Índice samai 14.
32 Folio 6 de la sentencia atacada. Dentro del índice samai 14.

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51. Reiteró el contenido de la sentencia de unificación del pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, y el precedente fijado en
la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional, providencias judiciales en las que se
indicó que el derecho de acción caduca, incluso en casos de graves violaciones a
los derechos humanos. Además, se explicó que en posteriores sentencias
proferidas por el Consejo de Estado de fecha 7 de diciembre de 2021, 4 de mayo
de 2022, 10 de octubre de 2022, y 3 de febrero de 2023, se puntualizó que la
aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 tiene un carácter
inmediato y retrospectivo, por lo cual, resulta pertinente para resolver todos los
casos pendientes de resolución judicial.

52. Inmediatamente después recordó la regla fijada en la SU-254 de 2013 de la
Corte Constitucional en la que se precisó que el término de caducidad en caso de
desplazamiento forzado debía contarse desde la notificación de aquella providencia
de unificación. Es decir, desde el 19 de mayo de 2013. Por ello se concluyó:

“Pues bien, la ejecutoria de la sentencia SU- 254 de 2013 tuvo lugar el día
miércoles 22 de mayo de 2013, por lo que el término para presentar la
demanda consagrado en el artículo 162, numeral 2, literal i) (2 años), fenecía
el día 22 de mayo de 2015. Dicho término no se suspendió con la radicación
de la conciliación, por cuanto esta se dio ante la Procuraduría 21 Judicial II Para
Asuntos Administrativos el 29 de noviembre de 2016, es decir, cuando ya había
fenecido el plazo y operado la caducidad; por obvias razones, la demanda
tampoco tuvo efecto interruptor alguno porque fue presentada con posterioridad
(el 29 de marzo de 2017).”33

53. En esa medida confirmó la sentencia de primera instancia que ya había
declarado la caducidad del derecho de acción y se abstuvo de condenar en costas
a la parte demandante.

54. Descendiendo al caso concreto, se verifica que se produjo el defecto de
desconocimiento de precedente constitucional, toda vez que, ya en julio de 2024,
fecha en la que se profirió la decisión cuestionada, la Corte Constitucional había
proferido sentencias de unificación que: (i) había indicado que, el juez de la
reparación, al momento de proferir una sentencia relacionada con una grave
violación a los derechos humanos presentada antes de la sentencia de 29 de enero
de 2020, debía indagar explícita y oficiosamente a los demandantes sobre las
barreras de acceso a la administración de justicia que enfrentaron (SU-167 de 2023
y SU-241 de 2024) y, además, (ii) en armonía con el precedente del Consejo de
Estado, la Corte Constitucional había precisado explícitamente que, en el caso que
se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual de una entidad
pública y el daño antijurídico es el desplazamiento forzado, el mismo debe ser
examinado como un daño continuado el cual cesa desde que se logra la
estabilización socioeconómica.

55. Como se indicó en el acápite considerativo de esta providencia, la Sentencia
SU-429 de octubre de 2024, en su fundamento jurídico No. 253 explícitamente
precisó que, en casos de desplazamiento forzado, el término de caducidad se
contabiliza cuando las víctimas superan las condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica. Si bien esa providencia de unificación es posterior a la sentencia

33 Folio 16 de la sentencia atacada.

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atacada, lo cierto es que, como lo planteó la parte actora dentro del proceso de
reparación directa, esa regla normativa está prevista tanto en la Ley 1448 de 2011
y en la jurisprudencia de esta Corporación. En consecuencia, en esta ocasión no
se reprocha que la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar haya
desconocido la Sentencia SU-429 de 2024, por la situación evidente que la
providencia de unificación no existía al momento en que se adoptó la sentencia de
12 de julio de 2024, sin embargo, sí desconoció el precedente judicial de la Corte
Constitucional contenido en las sentencias SU-167 de 2023 y SU-241 de 2024
respecto del deber oficioso del juez administrativo de interrogar a la parte
demandante de una grave violación a los derechos humanos sobre las barreras de
acceso a la administración de justicia.

56. Respecto al primer defecto por desconocimiento del precedente, puntualmente,
la regla contenida en la providencia SU-167 de 2023 (Fun. Jur 149), la sentencia
precisó:

“149. En suma, a partir del anterior recuento jurisprudencial se advierte
que específicamente, en relación con la reparación de los daños antijurídicos
ocasionados por delitos de lesa humanidad, (…); (ii) la caducidad de la
demanda de reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la
justicia debe ser analizada por el juez contencioso administrativo
competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en
concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de
readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las
nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene.”

57. Respecto de esta regla, la Corte ha entendido que, el juez administrativo debe
interrogar a la parte demandante por las razones que, en el caso concreto,
justifiquen que no se haya producido la caducidad, es decir, si enfrentó barreras de
acceso, tales como miedo, zozobra, amenazas (T-001 de 2025), la imposibilidad de
acceder a medios de prueba (SU-439 de 2024), o incluso la condición del exilio
(SU-241 de 2024). La regla contenida en la SU-167 de 2023 ha sido interpretada
como el deber que tiene el juez administrativo, en este especial tipo de procesos,
de proferir un auto de impulso solicitando información concreta respecto de las
barreras de acceso que enfrentó la parte demandante.

58. En efecto, en la Sentencia SU-241 de 2024 (previa a la sentencia censurada),
la Corte Constitucional precisó que el exilio es una barrera de acceso a la
administración de justicia que, en el caso concreto, impidió a una mujer acudir a los
jueces administrativos. La Corte reprochó, entre otras cosas, que la autoridad
judicial de la jurisdicción contenciosa se abstuvo de utilizar sus facultades oficiosas
para indagar por los obstáculos que enfrentó la parte actora. Se precisó:

“(...) 4.9.10. De manera más reciente, la sentencia SU 167 de 2023 analizó
el caso de una accionante que solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia que consideró transgredidos por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado porque confirmó la decisión
de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control de reparación directa contra el Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional por la ejecución extrajudicial de su hijo.
(…)

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4.9.12. Como se ve, es importante valorar específicamente la
imposibilidad material en la que se encuentra la parte actora para acudir
al juez dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño objeto
de la demanda de reparación directa, especialmente cuando se trata de
sujetos de especial protección.

4.9.13. El anterior análisis da cuenta de que la jurisprudencia constitucional
flexibiliza la aplicación del término de caducidad ante graves
vulneraciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad,
puesto que ha considerado que una interpretación rígida del artículo 164
de la Ley 1437 del 2011, puede vulnerar los derechos al acceso a la justicia, a
la garantía de reparación integral, así como a la seguridad jurídica de las
víctimas.

4.9.14. Las reglas jurisprudenciales aplicadas por la Corte dan cuenta de que
la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo del
término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución jurídico
procesal, sino que es necesario que el juez realice una valoración de las
circunstancias particulares de cada caso para determinar desde cuándo se
debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse aspectos relacionados
con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de especial protección
constitucional al haber sufrido graves violaciones a los derechos
humanos; (ii) el momento en el que las víctimas tuvieron la posibilidad real de
advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente de
acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de
las víctimas de acudir a la justicia debido a la situación de extrema
vulnerabilidad en la que se encuentran. (negrilla y subrayado fuera del texto)

59. La Sentencia SU-167 de 2023, y la SU-241 de 2024, ambas previas a la
providencia cuestionada, indicaron que, el juez administrativo tiene el deber de
examinar el término de caducidad caso a caso, desde una perspectiva flexible, e
indagando por las barreras de acceso que los demandantes enfrentaron, teniendo
especial atención en las situaciones de extrema vulnerabilidad en la que se
encuentran. En la Sentencia SU-241 de 2024 se dio especial importancia al hecho
que la demandante en reparación directa era una mujer que vivió el exilio, motivo
por el cual, el juez administrativo tenía el deber de examinar oficiosamente, y desde
una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, la situación del
exilio de la mujer demandante.

60. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos distingue la situación
de exilio o condición de refugiado y desplazamiento forzado en las fronteras del
mismo país34, las dos tiene como consecuencia que, se trata de personas que
huyen de amenazas a sus derechos y por lo tanto deben abandonar sus hogares.
En la Sentencia SU-241 de 2024 se precisó que, en el caso de una mujer exiliada,
de manera concreta y explícita, el juez administrativo debía indagar por las barreras
de acceso a la administración de justicia que enfrentó la demandante.

61. En gracia de discusión, podría sostenerse que, en el recurso de apelación (de
16 de noviembre de 2020) o en los alegatos de cierre de la segunda instancia, la
parte actora podía explicar las barreras de acceso a la administración de justicia
que enfrentó y que explican el motivo por el cual, acudió a la jurisdicción
administrativa solo hasta el año 2017. En esos escritos, especialmente, el recurso
de apelación, la parte actora cuestionó la aplicabilidad de la sentencia de unificación

34 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Principios Rectores de los desplazamientos

internos, de 1998, y Convención sobre el Estatuto de los refugiados de 1951

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

de 29 de enero de 2020, puesto que la providencia, en su criterio, no abordó el tema
del carácter continuado del desplazamiento forzado. No obstante, no explicó lo que
ha exigido la jurisprudencia constitucional respecto a las barreras de acceso que
enfrentó. Esta omisión de la parte actora no remedia que se trata de una obligación
irrenunciable del juez administrativo. Era el tribunal quien, en ejercicio de sus
facultades oficiosas y atendiendo a la gravedad de los hechos y delicado de las
consecuencias jurídicas debía proferir un auto de impulso cuestionando a la parte
actora por las temáticas que ha exigido el precedente constitucional en la materia,
es decir, interrogar por las barreras de acceso a la jurisdicción.

62. A juicio de esta subsección, la jurisprudencia constitucional ha impuesto una
importante obligación en cabeza de los jueces y tribunales administrativos
relacionadas con el examen oficioso de los obstáculos que enfrentan sujetos de
especial protección constitucional como son las víctimas del conflicto armado. Esta
es irrenunciable y exige, no sólo estudiar el requisito de la oportunidad de la
demanda, desde los principios de flexibilidad y balance constitucional, sino además
proferir decisiones oficiosas de impulso dirigidas a estudiar las condiciones
particulares de cada caso. La Sentencia T-001 de 2025 recientemente, reiteró esa
posición en un caso de una demanda de reparación directa por un evento de
desplazamiento forzado ocurrida en el contexto del conflicto armado:

“En suma, si bien los accionantes se limitaron a hacer una alusión abstracta de
la inseguridad y el temor que rodearon la interposición de la demanda, lo cierto
es que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en ejercicio de sus
funciones judiciales, debió actuar de manera proactiva y recaudar de
oficio el material probatorio necesario para indagar al respecto y
determinar si, en el caso en particular, realmente pudo haberse presentado
una situación que acarreara la imposibilidad material para interponer la
demanda de reparación directa de manera oportuna". (negrillas fuera del texto)

63. Se insiste, al Tribunal se le reprocha que no tuvo en cuenta las sentencias SU-
167 de 2023 y SU-241 de 2024, ambas providencias de unificación previas a la
sentencia cuestionada. La T-001 de 2025 solo ilustra y confirma la regla
jurisprudencial que fue soslayada y que está clara desde la SU-167 de 2023 y la
SU-241 de 2024.

64. Un segundo defecto de desconocimiento del precedente se configura debido a
que, como lo indicó parcialmente la tutelante, en el caso del desplazamiento
forzado, la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que se trata de un daño
consumado motivo por el cual, el término de caducidad debe examinarse de
manera especialmente cuidadosa, y desde que se produce el cese de la condición.

65. En las sentencias de 3 de mayo de 2013, radicado número 50 001 23-31-002-
199-2000-392-00 o del 12 de junio de 2008, radicación número 2002-00036, esta
Corporación indicó que el legislador estableció como causa del cese o superación
de la condición de desplazado forzado la consolidación y estabilización
socioeconómica de la persona afectada, esto de acuerdo con lo establecido en los
artículos 60 y 67 de la Ley 1448 de 2011. Esta situación se puede presentar, ya sea
en el lugar de origen, producto de procesos de retorno, o en zonas de
reasentamiento, a partir de planes de reubicación propios o producto de acciones
emprendidas por el Estado. Al examinar estos asuntos, el Consejo de Estado ha

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

concluido que la consolidación y estabilización socioeconómica están en armonía
con la ley, pues este criterio está explícitamente respaldado por el artículo 18 de la
Ley 387 de 1997.

66. Por lo anterior, se amparará los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia y en consecuencia se dejará sin efecto la
sentencia de 12 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión No. 3, y que puso fin al proceso de reparación directa No. 13001-
33-33-004-2017-00081-01. Se ordenará que, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera un auto en el que
interrogue a la parte accionante sobre las barreras de acceso que enfrentó en el
caso concreto. Después de ello debe proferir sentencia de reemplazo atendiendo a
las reglas jurisprudenciales vigentes, especialmente, las Sentencias SU-429 de
2024 y la T-014 de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de Ana Constancia Rojas de Reyes.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 12 de julio de 2024, proferida
por la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del
radicado 13001-33-33-004-2017-00081-01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.
003 que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, emita un auto en el que interrogue a la parte accionante sobre las
barreras de acceso que enfrentó. Después de ello, debe proferir sentencia de
reemplazo, atendiendo a las reglas jurisprudenciales vigentes, especialmente, las
establecidas en las sentencias SU-429 de 2024 y la T-014 de 2025.

CUARTO: INFORMAR a las partes del contenido de la providencia por el medio
más expedito.

QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de Voto

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00
Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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