Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06812-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06812-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06812-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06812-01
Accionante: JAIR ZAPATA MOSQUERA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad simple.
Defecto fáctico. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 13 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de octubre de 2025, el señor Jair Zapata Mosquera pidió al juez constitucional
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, queme han sido vulnerados con la expedición de la
providencia Judicial contenida en el Auto interlocutorio de segunda instancia No. 156 de
fecha treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual REVOCO el auto No.. 304 del 23 de
agosto de 2022 y proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo y en consecuencia
se niego la medida cautelar, dentro del proceso radicada bajo el número 76001-33-33-
017-201800051 01 y 76001-3333-0172018-00316-00,
2. Consecuente con lo anterior, dejar SIN EFECTO alguna providencia Judicial contenida
en el Auto interlocutorio de segunda instancia No. 156 de fecha treinta (30) de abril de
dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante el cual REVOC0 el auto No.. 304 del 23 de agosto de 2022 y proferido por el
Juzgado Diecisiete Administrativo y en consecuencia se negó la medida cautelar, dentro
del proceso radicada bajo el número 76001-33-33-017-201800051 01 y 76001-3333-
0172018-00316-00,
3. Finalmente, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia
que decida de fondo el presente asunto, proceda a proferir Auto interlocutorio de
remplazo en la que se analicen de fondo los hechos, pruebas y pretensiones las
pretensiones formuladas en la demanda, dando el valor probatorio que corresponde”. Sic
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Accionante: Jair Zapata Mosquera
2. Hechos
El accionante relató que presentó demanda en el ejercicio del medio de control de
nulidad simple contra el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios de Santiago de Cali, con la pretensión de que se declarara la nulidad
de los Decretos 411.0.20.0696 de 13 de julio de 2011, “por medio del cual se adopta
el plan parcial desarrollo centro intermodal de transporte regional de pasajeros del
sur localizado en el área de expansión corredor Cali (Jamundi)”; y 411.0.20.0965 de
10 de noviembre de 2011, “por medio del cual se modifica y aclara el decreto núm.
411.0.20.0696 de 13 de julio de 2011”.
Afirmó que solicitó medidas cautelares de urgencia, al considerar que (i) el
Consorcio Patio Sur no contaba con la legitimación para modificar el Plan Parcial
que acogió el distrito de Cali; (ii) no se garantizó el principio de participación
democrática previsto en el numeral 4 del artículo 27 de la Ley 388 de 1997 y el
artículo 8 del Decreto 2181 de 2006; (iii) La Resolución DAP 4132.021.131 del 9 de
febrero de 2010 no fue publicada ni se socializó con la comunidad; (iv) no se
publicaron en el boletín de actos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca el auto de inicio del trámite de concertación ambiental, la Resolución 0100
que adoptó las recomendaciones del competente ambiental del Plan Parcial; (v) se
incumplieron las cuotas de cesiones gratuitas y obligatorias; (vi) la modificación del
Plan Parcial se hizo sin tener en cuenta el procedimiento previsto en el título II del
Decreto 2181 de 2006 y (vii) el plan parcial no era urbanizable, por cuanto
comprende humedal, franja forestal protectora del río Lili, zonas boscosas, entre
otros.
Aseguró que en primera instancia el proceso correspondió al Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cali, que mediante auto de 2022 decretó como medida
provisional la suspensión provisional del plan parcial de desarrollo centro intermodal
de transporte regional de pasajeros del sur y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECRETAR medida cautelar de suspensión provisional de los
efectos de los Actos Administrativos contenidos en los Decretos Nos. 411-0.20-
0696 de fecha 13 de julio de 2011, “mediante el cual se adoptó el Plan Parcial
de Desarrollo Centro Intermodal de transporte Regional de Pasajeros del Sur,
ubicado en el área de expansión corredor Cali – Jamundí” y, 411.0.20.0965 de
fecha 10 de noviembre de 2011 por medio de la cual se modificó y aclaró el
Decreto No. 411-0.20-0696 del 13 de julio de 2011, “mediante el cual se adoptó
el Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de transporte Regional del
Pasajero del Sur, ubicado en el área de expansión corredor Cali – Jamundí”, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
SEGUNDO: Con el propósito de obtener certidumbre técnica en el asunto objeto
de análisis en cuanto al geo-posicionamiento o georreferenciación de las
determinantes ambientales, así como de sus componentes de rondas hídricas
en sus órdenes geomorfológico, hidrológico, y ecosistémico, como de cargas
generales y locales, el Despacho en aplicación del PRINCIPIO DE
PRECAUCIÓN determina:
-EXHORTAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -C.V.C.-
a fin de que garantice la debida protección de las determinantes ambientales
realizando la CARACTERIZACIÓN, ZONIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
respectiva, de tal manera que se definan las medidas para su manejo ambiental,
así como la realización del ACOTAMIENTO de las rondas hídricas y de sus
componentes geomorfológico, hidrológico, y ecosistémico.
-EXHORTAR al Distrito Especial de Santiago de Cali para que defina las áreas
de qué trata el artículo 20 del Decreto Municipal No. 411.0.20.0965 del 10 de
noviembre de 2011 que modificó y aclaró el PLAN PARCIAL tales como:
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i) MITIGACIÓN DEL RIESGO (Dique de contención del Rio Lili)
ii) REDES MATRICES DE SERVICIOS PÚBLICOS, y
iii) REDES SECUNDARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.
TERCERO: EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación Delegada para
las Entidades Territoriales y Dialogo Social (Bogotá), a fin de que efectúe
auditoría de cumplimiento sobre las Cesiones Gratuitas y Obligatorias en las
áreas contenidas en el Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de
Transporte Regional de Pasajeros del Sur, ubicado en el área de expansión
corredor Cali–Jamundí, adoptado mediante Decreto Municipal No. 411-0.20-
0696 del 13 de julio de 2011, y modificado y aclarado por el Decreto No.
411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, es decir, respecto de los predios
identificados con matrículas inmobiliarias No. 370-59938, No. 370-335876 y No.
370-335877 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali
respectivamente”.
Afirmó que contra la anterior decisión Metrocali, el distrito de Cali y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca interpusieron recurso de apelación, los
cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en
proveído de 30 de abril de 2025, revocó la medida provisional decretada por el a
quo.
Lo anterior, al considerar que no se evidenció la ausencia de zonificación o
delimitación del área ambiental, tras considerar que los antecedentes
administrativos contaban con el esquema de localización y las coordenadas de los
componentes ambientales del plan parcial.
De igual modo, indicó que no se acreditaron los presupuestos para invocar el
principio de precaución, debido a que no se demostró el desconocimiento de la
ronda hídrica del humedal y la construcción de un pondaje para gestionar el agua
de escorrentía, por lo que tampoco encontró probada la apariencia de buen derecho
de la demanda.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, toda vez que la
decisión cuestionada es violatoria de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, no cuenta con algún recurso
ordinario o extraordinario contra la decisión objetada, teniendo en cuenta que el auto
objeto de reproche es el de segunda instancia que revocó la medida cautelar
decretada por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali y cumple el
requisito de inmediatez.
Por otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
por la falta de valoración del material probatorio aportado al proceso como los
siguientes:
• Acuerdo 0279 de 2009, “por el cual se reglamentan los usos del suelo para el Plan
Parcial “Centro Intermodal de Transporte Regional De Pasajeros del Sur Localizado en
el Área de Expansión Corredor Cali Jamundi”.
• Convocatoria pública emitida por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, por la cual informa a la comunidad la formulación y radicación del plan Parcial
de Desarrollo “Centro Intermodal de transporte Regional del Sur”.
• Copia Publicación Convocatoria Pública diario Occidente de 27 de noviembre de 2008.
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• Resolución 0100 No. 0710 – 451 – BIS de 13 de junio 2011, por medio de la cual se
adoptan las recomendaciones adoptadas en el Acta de Concertación del componente
ambiental del plan parcial:
• Decreto Municipal No. 411-0.20-0696 de 13 de julio de 2011 expedido por el alcalde de
Santiago de Cali que adoptó el PLAN PARCIAL Centro Intermodal de Transporte
Regional del Pasajeros del Sur.
• Decreto No. 411.0.20.0965 de 10 de noviembre de 2011 expedido por el alcalde de
Santiago de Cali, “mediante el cual se modifica y aclara el Decreto No. 411-0.20-0696
del 13 de julio de 2011.
• Certificado de tradición No. 370-59938 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, correspondiente al predio 1 del área de Planificación del Plan Parcial.
• Además, los demandados no acreditaron la titularidad de los predios que componen el
área de planificación del Plan Parcial, antes de la expedición del Código Nacional de
Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974).
• Acuerdo 069 del año 2000 (Primer POT de Cali).
Sobre las pruebas referenciadas, sostuvo que demostraban que se omitió la
convocatoria pública a los vecinos y propietarios de los predios colindantes para
expedir los decretos que adoptaron el plan parcial.
Por último, sostuvo que se omitió la concertación ambiental, pese a que es
obligatoria, a lo que agregó que tampoco se aplicó el procedimiento previsto para la
modificación de los planes parciales, debido a que se omitió la etapa de
concertación y consulta.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la alcaldía de Santiago de Cali
La profesional especializada de infraestructura manifestó su falta de legitimidad en
la causa por pasiva, teniendo en cuenta que de conformidad con los hechos
expuestos en el escrito de tutela, la parte accionante no hace referencia a alguna
acción u omisión por parte de la alcaldía.
Asimismo, sostuvo que no se cumple con la carga argumentativa para la
procedencia de la acción de tutela y lo que pretende el accionante es reabrir un
debate jurídico que ya fue objeto de estudio por parte del juez natural y reitera su
desacuerdo con la decisión.
4.2. Respuesta de la Corporación Autónoma y Regional del Valle del Cauca
El apoderado de la entidad solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en
tanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional y la utiliza como una
tercera instancia, aunado a que no demostró la configuración del defecto fáctico.
Bajo ese contexto, aseguró que el Tribunal realizó una valoración detallada,
razonada y suficiente de las pruebas obrantes en el expediente, que le permitieron
concluir que dicho material probatorio no era suficiente para poder mantener la
medida cautelar adoptada por el a quo.
De igual modo, sostuvo que el Tribunal estudió la publicidad de Plan Parcial, la
citación a terceros, la inclusión del Humedal El Cortijo y examinó los cambios
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introducidos por el Decreto 411.0.020.0965 de 2011, incluyendo la incorporación de
nuevas áreas ambientales.
Adujo que el proceso de nulidad simple continúa en trámite, por lo que la parte
accionante cuenta con mecanismos suficientes como lo es la defensa dentro del
proceso de nulidad, la posibilidad de solicitar nuevas medidas cautelares si se
aportan nuevas pruebas y la probabilidad de obtener una sentencia favorable a sus
pretensiones.
4.3. Informe del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali
El titular de Despacho informó que el proceso de nulidad simple se ha adelantado
de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y actualmente se encuentra en espera de
asignación de turno para proferir sentencia de primera instancia.
4.4. Informe Metrocali S.A.
La jefa de la Oficina de Defensa Judicial solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en
cuenta que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial y no existe
proporción entre lo solicitado y los derechos fundamentales invocados.
Asimismo, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta
que no ha realizado alguna actuación que permita endilgarle responsabilidad
respecto de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pese a ser debidamente
notificado, guardó silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado en fallo de 13 de noviembre de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
Sostuvo que el consorcio accionante intenta reabrir el debate legal que ya fue
resuelto en sede ordinaria, por lo que pretende utilizar el presente mecanismo
constitucional como una instancia adicional, en tanto busca demostrar la
procedencia de la medida cautelar solicitada.
En ese orden de ideas, consideró que el Tribunal realizó un análisis de la situación
fáctica y jurídica, que le permitió concluir que no existió una vulneración de las
normas que se invocan como transgredidas para poder determinar la ilegalidad de
los actos administrativos demandados.
Agregó que en la decisión cuestionada se analizó el material probatorio aportado al
proceso y se corroboró que “i) el Departamento de Planeación de la entidad territorial
demandada publicó el contenido del plan parcial en el Diario Occidente, por lo que se tuvo
como satisfecho dicho requisito; y ii) no se omitió la etapa de concertación y consulta, pues
consideró que los cambios introducidos consistieron en ajustar el trazado de las vías
necesarias para preservar la franja protectora, lo cual surgió del acuerdo ambiental para
incluir la franja del humedal el Cortijo”.
Bajo ese contexto, advirtió que la autoridad judicial accionada sí se pronunció sobre
los aspectos que el actor manifiesta en la presente acción de tutela y no se evidenció
un actuar arbitrario que desborde los límites del principio de la autonomía judicial.
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Para terminar, sostuvo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad,
teniendo en cuenta que el medio de control donde se profirió la providencia que se
cuestiona se encuentra en curso y aún no se ha proferido el fallo de primera
instancia.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Afirmó que no existe otro medio de defensa judicial para controvertir el auto
interlocutorio de 30 de abril de 2025, en tanto resolvió en segunda instancia, por lo
que se agotaron todos los medios de defensa judicial.
Sostuvo que como el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio en
la contestación de la tutela, se debe dar aplicación al principio de veracidad frente
a lo afirmado en el escrito del presente mecanismo constitucional.
Asimismo, manifestó que el juez constitucional de primera instancia no realizó
ninguna valoración probatoria, en tanto únicamente mencionó la publicación de la
convocatoria pública correspondiente al acto demandando a través del cual se
adoptó el “Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de
Pasajeros del Sur”.
De igual modo, aseguró que se desconocieron diferentes providencias de
unificación emitidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el
defecto fáctico por falta de valoración probatoria.
Para terminar, afirmó que el asunto ostenta relevancia constitucional, pues está de
por medio la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Por lo demás, insistió en los mismos
argumentos presentados en el escrito de tutela relacionados con la falta de
valoración del material probatorio, asegurando que el Tribunal únicamente se
pronunció sobre los reparos de los apelantes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 13 de noviembre de 2025 de la Sección Primera
del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad y, en caso
afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la
autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
parte actora y si se configuraron los defectos alegados.
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3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
1
en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
2
corrección de las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
3
jurídico .
1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
3
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
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En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
4
amparo de dichas garantías dentro del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
5
aquellos diseñados por el Legislador” .
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
en los procesos ordinarios”6.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Jair Zapata Mosquera, quien actúa en nombre propio, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia al incurrir en defecto fáctico por la falta de valoración probatoria, al revocar
la medida cautelar decretada por el a quo.
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 13 de noviembre de
2025 declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el argumento de que
la parte actora no cumplió con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que el asunto
goza de relevancia constitucional, en tanto pretende demostrar la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Descendiendo al caso concreto, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero
únicamente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Con el fin de
respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de las actuaciones del
proceso ordinario, así:
4
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
5
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
6
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Jair Zapata Mosquera
El señora Jair Zapata Mosquera formuló demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad simple contra el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con la pretensión de que se
declarara la nulidad de los Decretos 411.0.20.0696 de 13 de julio de 2011, “por
medio del cual se adopta el plan parcial desarrollo centro intermodal de transporte
regional de pasajeros del sur localizado en el área de expansión corredor Cali
(Jamundi)”; y 411.0.20.0965 de 10 de noviembre de 2011, “por medio del cual se
modifica y aclara el decreto núm. 411.0.20.0696 de 13 de julio de 2011”.
El actor solicitó medidas cautelares de urgencia, al considerar que (i) el Consorcio
Patio Sur no contaba con la legitimación para modificar el Plan Parcial que acogió
el distrito de Cali; (ii) no se garantizó el principio de participación democrática
previsto en el numeral 4 del artículo 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 8 del
Decreto 2181 de 2006; (iii) la Resolución DAP 4132.021.131 del 9 de febrero de
2010 no fue publicada ni se socializó con la comunidad; (iv) no se publicaron en el
boletín de actos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca el auto
de inicio del trámite de concertación ambiental, la Resolución 0100 que adoptó las
recomendaciones del competente ambiental del Plan Parcial; (v) se incumplieron
las cuotas de cesiones gratuitas y obligatorias; (vi) la modificación del Plan Parcial
se hizo sin tener en cuenta el procedimiento previsto en el título II del Decreto 2181
de 2006 y (vii) el plan parcial no era urbanizable, por cuanto comprende humedal,
franja forestal protectora del río Lilí, zonas boscosas, entre otros.
En primera instancia el proceso correspondió al Juzgado Diecisiete Administrativo
del Circuito de Cali, que mediante auto de 23 de agosto 2022, decretó como medida
cautelar la suspensión provisional del Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal
de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, al advertir que se desconocieron las
disposiciones especiales y generales “en las cuales los desarrolladores debían
fundarse para cada uno de los estadios de formulación, adopción y modificación, -
inmiscuidas áreas de “DETERMINANTES AMBIENTALES” como normas de orden público
superior-, en tanto se observó el desconocimiento del procedimiento, entre otros Vgr. de la
debida publicidad, citación o convocatoria de los interesados como los criterios de
modificación que estaban sometidos al mismo procedimiento de formulación y adopción de
un plan parcial”.
Contra la anterior decisión, Metrocali, el distrito de Cali y la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron
resueltos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en proveído de 30 de
abril de 2025, en el sentido de revocar la medida cautelar decretada por el a quo.
Lo anterior, al considerar que no se evidenció la ausencia de zonificación o
delimitación del área ambiental, tras considerar que los antecedentes
administrativos contaban con el esquema de localización y las coordenadas de los
componentes ambientales del plan parcial.
De igual modo, indicó que no se acreditaron los presupuestos para invocar el
principio de precaución, debido a que no se demostró el desconocimiento de la
ronda hídrica del humedal y la construcción de un pondaje para gestionar el agua
de escorrentía, por lo que tampoco encontró probada la apariencia de buen derecho
de la demanda.
La Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, uno de los
supuestos de improcedencia de la acción de tutela se configura en aquellos casos
en los que el interesado acuda a su ejercicio cuando se encuentre un mecanismo
judicial en trámite, salvo que demuestre la configuración o existencia de un perjuicio
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06812-01
Accionante: Jair Zapata Mosquera
irremediable, evento en el que resultaría procedente el análisis como mecanismo
transitorio.
Precisado lo anterior, la Sala observa que la solicitud de amparo constitucional
promovida por el demandante es improcedente, en tanto el proceso de nulidad
simple actualmente se encuentra al despacho del Juzgado Diecisiete Administrativo
del Circuito de Cali, pendiente de proferir el fallo de primera instancia, tal como se
verificó el Sistema de Consulta de la Rama Judicial7.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido en Sentencia SU-263 de
20158 precisó que “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela
como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela9."
Ahora bien, La Corte Constitucional10 ha manifestado que las razones que explican
esta procedencia excepcionalísima, en el caso de los actos interlocutorios cuando
el proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias
judiciales definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de controvertir
las decisiones a través de los mecanismos que disponga la Ley para tal fin; además
(iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.
Bajo ese contexto, se advierte que la acción de tutela puede proceder de manera
excepcionalísima, cuando (i) la protección de los derechos presuntamente
conculcados no se pueda procurar a través de otros medios de defensa y (ii) se
hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes contra la decisión que se
ataca; cuando a pesar de existir otros mecanismos de defensa judicial estos no son
idóneos; y/o cuando la protección constitucional es urgente para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable11.
Si embargo, la Sala advierte que las excepciones referenciadas en precedencia, no
aplican para el caso objeto de estudio, teniendo en cuenta que al tratarse de una
medida cautelar, esta puede ser solicitada desde la presentación de la demanda y
en cualquier etapa del proceso y cuando la medida hay sido negada, puede ser
solicitada nuevamente si se han presentado hechos sobrevivientes, tal y como lo
establece el artículo 233 del CPACA, como se advierte a continuación:
“Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares
La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso.
(…)
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han
presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones
7https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600133330172018000510076
00133 Visto el 23 de enero de 2026, a las 7:23 a.m.
8
Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de
2003.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales.
11 Como lo ha sostenido esta Sala de Sección en la sentencia de 20 de abril de 2023, con radicado 11001-03-
15-000-2023-00361-00, MP Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá
ningún recurso.”
Finalmente, conviene precisar que con la impugnación el demandante solicitó que
se diera aplicación al principio de veracidad pues el Tribunal accionado no rindió
informe. Al respecto, se debe resaltar que la aplicación de la figura en comento
consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, no aplica de manera
automática, sino que el juez constitucional debe hacer una valoración racional del
caso particular para adoptar la decisión que corresponda conforme con las pruebas
allegadas al expediente. Así las cosas, en este asunto no hay lugar a la aplicación
de dicha figura, pues al no superarse el requisito de subsidiariedad, la Sala se
abstiene de hacer valoraciones de fondo.
Por lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la presente acción de tutela, por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de noviembre de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por el señor Jair Zapata Mosquera, pero por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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