Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06820-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06820-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06820-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de noviembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: JESÚS ANTONIO TUMIÑÁ CUCHILLO Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que confirmó la decisión que no
accedió a las pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala
encontró que no se superó el requisito de relevancia constitucional porque dichos reproches
correspondían a una mera inconformidad con la interpretación normativa ya analizada por el
juez natural.
La Sala decide la acción de tutela presentada1, por intermedio de apoderada judicial,
por los señores Neda Tunubalá Chirimuscay y Jesús Antonio Tumiñá Cuchillo en contra
del Tribunal Administrativo del Cauca para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital,
consagrados en los artículos 11, 29 y 25 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por dicha
autoridad judicial, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación no. 19001-33-33-006- 2022-00127-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 29 de octubre de 2025. (índice 00002 del
aplicativo SAMAI)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
1) El joven Fredy Estiven Tumiñá Tunubalá (QEPD), hijo de los señores Neda Tunubalá
y Jesús Antonio Tunubalá, fue incorporado como soldado regular al Batallón de
Infantería No. 7 “José Hilario López”, en cumplimiento del servicio militar obligatorio.
2) El 27 de febrero de 2021, durante el cumplimiento de órdenes militares, el soldado
Tumiñá Tunubalá perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego propinados por
un centinela, quien alegó reacción ante la falta de respuesta al “santo y seña” y se
acercó de forma amenazante.
3) Los señores Neda Tunubalá y Jesús Antonio Tunubalá solicitaron el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes y demás derechos laborales, sin embargo, mediante la
Resolución no. 000529 del 8 de febrero de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional
negó el reconocimiento de la pensión por muerte, porque que no se cumplían los
requisitos legales para ello.
4) Con ocasión de estos hechos, los padres del joven presentaron demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en la que solicitaron que se declarara la nulidad de la
Resolución no. 000529 del 8 de febrero de 2022 y, a título de restablecimiento del
derecho, que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
5) Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Popayán declaró probada la excepción de “legalidad normativa del acto
impugnado” y negó las pretensiones de la demanda tras considerar que, aunque la
jurisprudencia permite aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a soldados
conscriptos fallecidos en simple actividad, esta aplicación está condicionada al
cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos haber cotizado al menos 50 semanas en
los tres años anteriores al fallecimiento, mientras que el soldado solo reunía 5 meses y
26 días.
6) La parte actora apeló la decisión y señaló que se realizó una interpretación restrictiva
al exigir el cumplimiento de semanas mínimas de cotización, puesto que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que, en estos casos, debe
aplicarse el régimen general de la Ley 100 de 1993, según la cual, los beneficiarios de
soldados conscriptos fallecidos en simple actividad pueden acceder a la pensión de
sobrevivientes.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
7) En sentencia de 3 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la
sentencia de primera instancia toda vez que no se cumplió con el tiempo mínimo de
afiliación exigido por la Ley 100 de 1993, ya que el joven Fredy Estiven Tumiñá
Tunubalá prestó su servicio militar obligatorio durante 5 meses y 26 días, lo que
equivale a 25.43 semanas, de ahí que no cumplía las 50 semanas mínimas requeridas.
2. Los fundamentos de la vulneración
Los actores alegaron que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la
Constitución.
Frente al defecto sustantivo indicaron que no se realizó un análisis adecuado del
artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, el cual consagra el derecho a una pensión
vitalicia sin exigencia de cotización; tampoco se valoró a cabalidad la Ley 447 de 1998,
según la cual cuando un miembro de las Fuerzas Militares vinculado por razón de la
prestación del servicio militar obligatorio fallece en combate, por acción del enemigo o
participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus
beneficiarios tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio
mínimo legal mensual vigente.
El tribunal aplicó la Ley 100 de 1993 en su sentido más gravoso, desconociendo el
principio de favorabilidad laboral y pensional, el cual obliga a preferir la interpretación
o el régimen que más favorezca la protección del derecho a la seguridad social,
especialmente cuando el afectado es un soldado conscripto.
Se desconoció el precedente judicial vinculante contenido en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, así como
la doctrina constitucional consolidada por la Corte Constitucional en las sentencias T-
064 de 2022 y SU-082 de 2022, las cuales reafirman la aplicación preferente de la Ley
100 de 1993 en favor de los familiares de soldados conscriptos fallecidos durante el
servicio militar obligatorio.
Respecto al defecto fáctico afirmó que se omitió la valoración integral de las pruebas,
en particular aquellas que acreditaban la dependencia económica de los padres del
soldado fallecido, así como el contexto étnico y sociocultural de la familia, pruebas que
resultaban determinantes para el sentido del fallo, pues, llevaron al tribunal a negar el
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
derecho pensional solicitado sin apreciar la realidad social y constitucionalmente
protegida de los accionantes.
Finalmente, precisaron que hubo una violación directa de la Constitución al desconocer
los artículos 1, 7, 13, 48 y 53 de la Constitución Política, en tanto consagran los
principios estructurales del Estado Social de Derecho, la igualdad material, la
protección a la diversidad étnica, la seguridad social y la favorabilidad laboral y
pensional.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales de los señores NEDA
TUNUBALÁ CHIRIMUSCAY Y JESÚS ANTONIO TUMIÑÁ CUCHILLO,
padres del soldado FREDY ESTIVEN TUMIÑÁ TUNUBALÁ, a la igualdad, a
la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso sustancial y al
reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural, los cuales fueron
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca al proferir la sentencia
del 3 de julio de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado No. 19001-33-33-006-2022-00127-01, por los defectos
sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente judicial y de violación
directa de la Constitución.
SEGUNDO: En consecuencia, se solicita al despacho ordenar al Tribunal
Administrativo del Cauca, adoptar las medidas necesarias para restablecer el
goce efectivo de los derechos fundamentales vulnerados de los señores
NEDA TUNUBALÁ CHIRIMUSCAY Y JESÚS ANTONIO TUMIÑÁ
CUCHILLO, conforme a los principios de favorabilidad, igualdad material y
justicia social, y al precedente unificado del Consejo de Estado (CESUJ2-
010-18 de 2018) y las sentencias T-064 de 2022 y SU-082 de 2022 de la
Corte Constitucional.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal.
Mediante auto del 4 de noviembre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Cauca y se vinculó al titular del Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán, al director del Ejército Nacional y al ministro de Defensa
Nacional, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
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Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
El Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó
que la parte actora pretende subsanar los errores, la carencia de material probatorio y
revivir el escenario jurídico de la segunda instancia para que el asunto se valore
nuevamente y en forma satisfactoria para sus intereses, esto es, intenta considerar la
acción de tutela como tercera instancia para revivir etapas procesales e
interpretaciones y valoraciones probatorias que ya fueron debatidas por los jueces
naturales, razón por la cual solicita negar las pretensiones al devenir en improcedente
la acción constitucional.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán remitió el proceso de la
referencia, sin manifestar respuesta.
Las demás autoridades, a pesar de haber sido notificadas en debida forma no
presentaron escrito de contestación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 3 de julio de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó la
pensión de sobrevivientes.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
2
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales4”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”. 5
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5
Ídem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”6.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
2.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
1) En lo referente a la supuesta configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
violación directa de la Constitución y al presunto desconocimiento de la jurisprudencia
que, a juicio de la parte actora, consagran el derecho a una pensión de sobrevivientes
vitalicia sin una exigencia en cuanto a semanas mínimas de cotización, para la Sala es
6
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Acción de tutela
claro que se trata de una discusión de mera legalidad que ya fue abordada y resuelta
de manera razonable en el proceso ordinario.
2) En efecto, en el recurso de apelación presentado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la parte actora en similares términos a los que ahora
pretende adujo lo siguiente:
“Para efectos de surtir la apelación presento las inconformidades de la
sentencia que hoy se apela en atención a que el Aquo, le ha dado una
interpretación restrictiva a la jurisprudencia de unificación citada
radicada bajo el número: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321- 15)CE-
SUJ2-010-18, indicando que el soldado conscripto no cumplió con los
requisitos establecidos en el numeral 46 de la ley 100 de 1993, puesto
que no cumplió con las 50 semanas establecidas durante los 3 años
anteriores al fallecimiento, olvidando que los soldados Conscriptos son
exceptuados de cotizar al sistema de seguridad social y que ese requisito
solo se predica de la afiliación en el entendido que su pensión so se funda en
el sistema de cotización si no en el de riesgo, sentencia que vulnera los
principios de:
(…).
La prestación del servicio militar obligatorio tiene sustento en el artículo 216
de la constitución Política, fue avalada en sentencia C511 de 1994, y fue
regulada en la ley 48 de 1993, y posteriormente, en la ley 1861 de 4 de agosto
de 2017. Las personas que prestan el servicio militar obligatorio se denomina,
genéricamente, conscriptos.
En la ley 48 de 1993, articulo 10, se prevé que el servicio militar obligatorio
puede prestarse en cuatro modalidades, que se diferencian en su duración a
saber: soldado regular, soldado bachiller, auxiliar de policía y soldado
campesino.
Ante la eventualidad de su fallecimiento, es procedente el reconocimiento de
las prestaciones contempladas en el Decreto 2728 de 1968, que regula el
reconocimiento de estas prestaciones a favor de los soldados, expresión
genérica que incluye a los conscriptos. En efecto, en su artículo 8, dispone el
reconocimiento de prestaciones a favor de los beneficiarios del soldado o
grumete, según la forma de ocurrencia de su fallecimiento:
1. causa de heridas
2. accidente aéreo,
3. en combate o
4. por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en
mantenimiento del orden público.
Se reconocerán las siguientes prestaciones: i) ascenso en forma póstuma al
grado de cabo segundo o Marinero, ii) el reconocimiento y pago de cuarenta
y ocho (48) meses de los haberes correspondiente a dicho grado y iii) el pago
doble de la cesantía.
Si es por accidente en misión del servicio, se reconocerá una compensación
equivalente a treinta y seis (36) meses de sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un cabo Segundo o Marinero.
Si es por causas diferentes a las enunciadas anteriores, es decir, simplemente
en actividad, se reconocerá una compensación igual a veinticuatro (24) meses
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00
Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro
Acción de tutela
de sueldo básico que en todo tiempo corresponda aun Cabo Segundo o
Marinero.
De acuerdo con la normativa transcrita, se puede observar que el régimen
prestacional de las Fuerzas Militares, previsto en el Decreto 2728 de 1968,
estableció que únicamente se reconocía a favor de los ascendientes del Militar
fallecido en misión de trabajo, una prestación indemnizatoria. Así las cosas,
resulta evidente que cualquier prestación pensional, entre ella la reclamada
por el demandante, se encuentra excluida de los beneficiarios reconocidos a
favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios
del servicio.
Posteriormente, la ley 447 de 21 de julio de 1998, previó el reconocimiento
de una pensión vitalicia; cuando la muerte ocurra en combate, como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o
participación en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden púbico; lo que fue reiterando en Decreto 4433 de 21 diciembre de
2004.
De lo que se desprende i) que el Decreto 2728 de 1968, no contempla una
pensión vitalicia; solo contemplada algunas prestaciones; y en caso que
la muerte fuere en simple actividad, la prestación era solo
compensación; y ii) que la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004,
contemplaron la pensión vitalicia, pero cuando la muerte ocurriera en las
causales distintas a la simple actividad. Es decir, que la normatividad
consagró unas prestaciones, pero no una pensión para los beneficiarios de
los soldados que fallecieron simplemente en actividad.
Frente a este panorama normativo, el Consejo de Estado Sección
Segunda en pleno, el 12 de abril de 2018 bajo el radicado 1321-15
SUJ201018, sentó jurisprudencia de Unificacion, en el sentido que ante el
fallecimiento de un conscripto simplemente en actividad, es viable el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente bajo el régimen general de
pensiones, contenido en la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio de
favorabilidad, lo que expuso en los siguientes términos:
(…).
Así las cosas la unificación jurisprudencial trae el principio de integridad
contemplado en la Ley 100 de 1993, por lo que i) el monto de la prestación
se determina según el artículo 48 de esta ley, y no puede ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente., ii) el ingreso base de liquidación se determina
según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y iii) los beneficiarios son los
contemplados en el artículo 47 de dicha Ley, y no los de Decreto 2728 de
1968.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del
aplicativo SAMAI)
3) En efecto, como se explicó con antelación, para determinar si una solicitud de
amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar varios
elementos, entre ellos que la acción de tutela no sea usada para volver sobre lo
discutido en el proceso ordinario, esto es, que no sea empleada como una instancia
adicional, puesto que dicho mecanismo especial constitucional fue diseñado para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o
discrepancia que una de las partes tenga frente a una determinada decisión judicial.
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4) Fue así como, en la decisión cuestionada, el Tribunal Administrativo del Cauca
inclusive reconoció que si bien para las fuerzas militares rige un régimen especial, en
cuanto a la pensión de sobrevivientes tratándose de conscriptos es posible aplicar la
Ley 100 de 1993, en virtud de la jurisprudencia del Consejo de Estado, el artículo 1 de
la Ley 447 de 1998 y la Ley 100 de 1993, de modo que la pensión de sobrevivientes
en estos casos para los causantes tiene lugar siempre que el soldado haya cotizado
mínimo cincuenta (50) semanas al momento de su fallecimiento, así:
“Ahora bien, respecto de las prestaciones a las que habría lugar en caso de
fallecimiento de un soldado o grumete, el Decreto 2728 del 2 de noviembre
de 1968, el cual se expidió en virtud de la Ley 65 de 19676, estableció lo
siguiente:
(…).
Más adelante, el artículo 34 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004
“por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública”, reiteró que el fallecimiento de una
persona vinculada por razón de la prestación del servicio militar obligatorio,
ocurrido en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en
conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público, daría lugar al reconocimiento y pago de
una pensión vitalicia a sus beneficiarios, equivalente a un salario y medio
mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998.
Como se ve, las normas en comento previeron únicamente una pensión
de sobrevivientes cuando el fallecimiento haya ocurrido en combate o
como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional
o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público; pero nada se dijo con relación al fallecimiento en otras
circunstancias.
En atención a ello, el Consejo de Estado mediante Sentencia de
Unificación de 12 de abril de 2018, sentó jurisprudencia con las
siguientes reglas respecto de los soldados conscriptos que fallecieran
en simple actividad:
(…).
De manera que, ante el vacío normativo presentado respecto de la
pensión de sobrevivientes por muerte de soldado conscripto en simple
actividad, el Consejo de Estado estableció que no era posible acudir a
los decretos 2127 de 1958, 1211 de 1990 y 4433 de 2004, pues en ellos
no se contemplaba dicha prestación, sino que debía acudirse a la Ley
100 de 1993, en virtud del principio de favorabilidad.
Se tiene entonces que la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad
Social, en la cual se previeron las prestaciones económicas de pensión de
invalidez, vejez, sobrevivientes. Esta última, tienen la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, como mecanismos de protección a la
familia ante la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el
causante.
(…).
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Como el soldado regular del Ejército Nacional murió en “misión del
servicio”, no procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
según lo establecido en la normativa especial que rige las fuerzas
militares; dado que, el artículo 1 de la Ley 447 de 1998 solo prevé tal
beneficio cuando el deceso haya ocurrido en “combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público”.
Con todo, cabe precisar qué, si bien es cierto, las reglas de unificación
fijadas por el Consejo de Estado enunciadas en líneas atrás solo hacen
referencia a la pensión de sobrevivientes de conscriptos fallecidos en
“simple actividad”; lo cierto es que, también son aplicables al sub
examine por analogía, toda vez que, si el principio de favorabilidad se
garantiza a aquellos, cuanto más a quienes perecen en cumplimiento de
una misión del servicio.
Conforme a las reglas de unificación mencionadas en líneas atrás y al
principio de favorabilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de
1993, debe aplicarse el artículo 46 del mismo cuerpo normativo, según
el cual la pensión de sobrevivientes se causa siempre que el servidor
haya cotizado 50 semanas al momento de su fallecimiento.
Quedó establecido, que el soldado regular falleció el 27 de febrero de 2021.
Así las cosas, como la muerte ocurrió en vigencia del sistema de Seguridad
Social Integral, sus beneficiarios acceden a la pensión de sobrevivientes
prevista en el régimen general contenido los artículos 46, 47 y 48 de la Ley
100 1993, el cual habrá de aplicarse en su integridad para efectos del
reconocimiento de la prestación; esto es, en lo relativo al monto de la
prestación, al ingreso base de liquidación y al orden de beneficiarios.
(…).
Lo anterior no implica, como se sugiere en la apelación, que el soldado
estuviera exento de cumplir con el tiempo mínimo de afiliación exigido
por la Ley 100 de 1993. Lo que realmente aclaró esa Corporación fue que
no era necesario cumplir con el requisito de cotización, lo cual
constituye una distinción fundamental; de ahí que, dentro de las órdenes
emitidas, se dispuso que la autoridad administrativa debía reconocer la
prestación “cuando se acrediten los requisitos exigidos por el régimen general
para efectos del reconocimiento de dicha prestación, esto es, número de
semanas de afiliación y dependencia económica, en los casos que así se
prevea”.
En ese sentido, para efectos del presente análisis, el soldado fallecido
debía estar afiliado al Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas
Militares por un mínimo de 50 semanas, tratándose de situaciones
consolidadas bajo la vigencia de la Ley 797 de 2003, como ocurre en este
caso.
Dado que el joven Fredy Estiven Tumiñá Tunubalá prestó su servicio
militar obligatorio durante 5 meses y 26 días, lo que equivale a 25.43
semanas, no alcanzó a cumplir con el tiempo mínimo de afiliación
exigido por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.”.
(archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo
SAMAI)
5) Como se desprende del anterior extracto, el tribunal agotó el examen normativo,
probatorio y jurisprudencial correspondiente y reconoció expresamente que, como el
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soldado no murió en misión de servicio no le era aplicable la Ley 447 de 1998, sino la
Ley 100 de 1993, no obstante, en todo caso debía estar afiliado al Sistema de
Seguridad Social de las Fuerzas Militares por un mínimo de 50 semanas, mientras que
el causante solo acreditó 25.43 semanas, razón por la cual no cumplía con el requisito
establecido para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
6) En ejercicio de su autonomía judicial, el tribunal concluyó, con base en las pruebas
y en la jurisprudencia del Consejo de Estado que rige la materia, que el actor no acreditó
el mínimo de 50 semanas de cotización.
7) Lo expuesto permite concluir, sin mayores dilaciones, que la parte actora pretendió
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate de mera
legalidad sobre la interpretación y el alcance de esas normas, de la jurisprudencia
pertinente y de las pruebas aportadas al proceso ordinario, pues, si bien bajo la égida
de los supuestos defectos sustantivo, fáctico, violación de la Constitución y de un
presunto desconocimiento del precedente señaló que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales y desconoció las normas y la jurisprudencia
relevante en la materia, lo que en realidad se advierte es su interés de emplear esta
acción constitucional con el único y exclusivo fin de imponer su criterio solamente por
mostrar su desacuerdo con la decisión de los jueces de instancia.
8) El amparo constitucional constituye una herramienta para la protección de los
derechos fundamentales, pero en manera alguna puede constituirse en una patente de
corso para que las partes o incluso el propio juez de tutela impongan su criterio frente
al del juez ordinario, pues como ya se explicó se trata de un juicio de validez y no de
corrección de las decisiones de los jueces de la República, motivo por el cual solo se
habilitará su estudio ante evidentes y flagrantes vulneraciones a los derechos y
garantías constitucionales, lo cual no ocurre en este caso.
9) La discusión sobre el carácter y los requisitos legales que se deben cumplir para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes corresponde a un debate de mera
legalidad sin una genuina trascendencia constitucional que en este caso no impacta
los derechos fundamentales, pues fue propuesta como una inconformidad con el
criterio del juez natural.
10) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
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un debate jurídico y probatorio ya resuelto por el juez natural de la causa y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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