Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06820-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06820-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06820-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-06820-011
Accionantes : Jesús Antonio Tumiñá Cuchillo y Neda Tunubalá Chirimuscay
Accionado : Tribunal Administrativo del Cauca
Vinculados : Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán, Nación - Ejército Nacional de Colombia y Ministerio
de Defensa Nacional
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, pensión de sobrevivientes
por muerte de conscripto
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los actores contra el fallo
de 18 de noviembre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B2, que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
3. Los demandantes interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad
humana, seguridad social, mínimo vital y debido proceso, presuntamente
1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Fredy Ibarra Martínez.
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Accionante: Jesús Antonio Tumiñá Cuchillo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca.
4. Por consiguiente, solicitó «[…] ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca, adoptar las
medidas necesarias para restablecer el goce efectivo de los derechos fundamentales vulnerados de
los señores NEDA TUNUBALÁ CHIRIMUSCAY Y JESÚS ANTONIO TUMIÑÁ CUCHILLO, conforme
a los principios de favorabilidad, igualdad material y justicia social, y al precedente unificado del
Consejo de Estado (CESUJ2-010-18 de 2018) y las sentencias T-064 de 2022 y SU-082 de 2022 de
la Corte Constitucional».
1.3 Hechos3.
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por
los accionantes, se puede evidenciar que, el joven Fredy Estiven Tumiñá Tunubalá
se incorporó como soldado regular al Batallón de Infantería No. 7 - José Hilario
López del Ejército Nacional para cumplir con el servicio militar obligatorio. En
ejercicio de sus funciones como conscripto, el 27 de febrero de 2021, el soldado
falleció en la vereda Mata Redonda del municipio de Morales, Cauca, tras recibir
impactos de arma de fuego por parte de un centinela que alegó una reacción ante
la falta de respuesta al «santo y seña».
6. El Ejército Nacional expidió un informativo administrativo por muerte donde
determinó inicialmente que el deceso ocurrió en «operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público», aunque existió otro documento que calificó el hecho
como «misión de servicio». Ante el fallecimiento, los señores Neda Tunubalá
Chirimuscay y Jesús Antonio Tumiñá Cuchillo, padres del occiso y miembros del
pueblo indígena Misak, solicitaron el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
7. No obstante, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución No.
000529 del 8 de febrero de 2022, negó la prestación bajo el argumento de que el
causante no acreditó las 50 semanas de cotización exigidas por la Ley 100 de
1993, pues solo contaba con 5 meses y 26 días de servicio.
8. En vista de ello, los padres interpusieron una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Popayán, despacho que el 28 de septiembre de 2023
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
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Accionante: Jesús Antonio Tumiñá Cuchillo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
negó las pretensiones al considerar que no se cumplía el requisito de semanas
mínimas. Al estar en contra de dicha decisión, la parte actora apeló el fallo
argumentando la aplicación del principio de favorabilidad y el precedente del
Consejo de Estado sobre soldados conscriptos.
9. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 3 de julio
de 2025, confirmó la negativa de primera instancia tras ratificar que el tiempo de
afiliación era insuficiente según la normativa general.
10. Argumentaron que el Tribunal realizó una interpretación exegética y restrictiva
del ordenamiento jurídico al aplicar de forma aislada el requisito de las 50 semanas
de cotización previsto en la Ley 100 de 1993, por ello sostuvieron que se omitió el
principio de favorabilidad y la naturaleza excepcional del servicio militar
obligatorio, el cual, al ser una carga pública impuesta por el Estado, debería
relevar al conscripto de exigencias propias del régimen común que resultan de
imposible cumplimiento dada la brevedad de su permanencia en la institución al
momento del deceso.
11. Adicionalmente indicaron que existió una valoración irrazonable del material
probatorio respecto a las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento. Señalaron
que el Tribunal no consideró adecuadamente el contexto de la muerte en «misión
del servicio» ni la condición de sujetos de especial protección constitucional de los
accionantes, quienes pertenecen al pueblo indígena Misak.
12. Por último, alegaron que la providencia atacada se apartó de la línea trazada
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18, así
como de los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias T-064
de 2022 y SU-082 de 2022. Según su tesis, estos precedentes obligan a una
interpretación más garantista del derecho a la seguridad social cuando se trata de
soldados regulares, prohibiendo que el vacío normativo del régimen especial sea
llenado con requisitos del régimen general que anulen la eficacia del derecho
fundamental.
1.4 Contestaciones de la acción.
3
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1.4.1 Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional4 intervino a través de su
Dirección de Defensa Jurídica Integral -Sede Popayán, el Batallón de Infantería No.
7 «José Hilario López», la Dirección de Prestaciones Sociales (DIPSO) y la Dirección
de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI), quienes solicitaron de manera
concurrente declarar improcedente o negar el amparo solicitado, fundamentando su
postura en que la negativa del reconocimiento pensional no fue un acto arbitrario,
sino el cumplimiento estricto de la legalidad, toda vez que el causante no acreditó
las 50 semanas de cotización exigidas por el régimen general de pensiones,
aplicable por remisión ante el vacío en el régimen especial para muertes en "misión
del servicio".
Indicaron que la sentencia atacada se encuentra debidamente motivada y se ajusta
al precedente de unificación del Consejo de Estado, por lo que no se configuran los
defectos alegados por los accionantes.
1.5 Providencia impugnada5.
13. Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente el amparo deprecado, al
considerar que «[…] la parte actora pretendió emplear la acción de tutela como un mecanismo
para reabrir un debate de mera legalidad sobre la interpretación y el alcance de esas normas, de la
jurisprudencia pertinente y de las pruebas aportadas al proceso ordinario, pues, si bien bajo la égida
de los supuestos defectos sustantivo, fáctico, violación de la Constitución y de un presunto
desconocimiento del precedente señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales y desconoció las normas y la jurisprudencia relevante en la materia, lo que en realidad
se advierte es su interés de emplear esta acción constitucional con el único y exclusivo fin de imponer
su criterio solamente por mostrar su desacuerdo con la decisión de los jueces de instancia».
1.6 La impugnación6.
14. Inconforme con esa determinación, los tutelantes la impugnaron, tras considerar
que el Consejo de Estado incurrió en un análisis excesivamente restrictivo del
requisito de relevancia constitucional, usándolo como una barrera procesal para
evitar el estudio de fondo sobre la vulneración a sus derechos fundamentales.
Argumentaron que el caso trasciende la mera legalidad, pues no se debate
simplemente la aplicación de una norma pensional, sino la validez constitucional de
4
Índices 9, 15, 16 y 17 del expediente de Samai de primera instancia en Samai.
5
Índice 23 del expediente de Samai de primera instancia en Samai.
6
Índice 00019 del expediente de Samai de primera instancia.
4
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una interpretación judicial que impone a los soldados conscriptos una condición de
imposible cumplimiento: acreditar semanas de cotización cuando, por su propia
naturaleza, no devengan un salario que se los permita.
15. Así las cosas, enfatizaron en que la intervención del juez de amparo es
imperativa para corregir una interpretación que desatiende el enfoque diferencial
requerido por la pertenencia étnica de las víctimas al Pueblo Misak y el carácter
coactivo del servicio militar.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
16. En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201910 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
17. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.
18. El perjuicio se considera irremediable, cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
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sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la
acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho11.
2.3 Problema Jurídico.
19. Se contrae en determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca ha vulnerado
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social de los
accionantes, al confirmar la negativa de la pensión de sobrevivientes exigiendo el
requisito de 50 semanas de cotización de la Ley 100 de 1993, omitiendo la
aplicación del principio de favorabilidad y el precedente judicial unificado en la
sentencia CE-SUJ2-010-18 respecto de soldados conscriptos fallecidos en servicio,
configurándose así un defecto sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
20. La acción de tutela contra providencia judicial es una medida excepcional de
control judicial frente a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, que
posee una serie de requisitos de procedibilidad estrictos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
21. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
11
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
6
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derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
22. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
23. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
24. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
7
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resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales12, pero rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201213, en el sentido de disponer que,
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos14.
2.5 Caso concreto.
25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, seguridad social,
mínimo vital y debido proceso de los actores; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 24 de julio de 202515 y la solicitud de amparo se radicó el 29 de
octubre siguiente, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la determinación acusada
no obedece a una acción de tutela.
2.5.1 Defecto sustantivo.
26. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
12
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
13
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
14
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
15
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 17 de julio de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 24 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
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normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
27. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo: « Esta Corporación ha
caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial,
originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido
al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe
tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales»17.
28. En el asunto sub examine, los accionantes sostuvieron que se configuró un
defecto sustantivo porque el Tribunal realizó una interpretación «exegética y rígida» de
la ley, prefiriendo el requisito de las 50 semanas de cotización de la Ley 100 de
1993 sobre la protección constitucional debida a un soldado conscripto.
Argumentaron que se desconoció el principio de favorabilidad y el precedente
judicial, pues a su juicio, la naturaleza ineludible del servicio militar obligatorio exige
que el Estado garantice la pensión de sobrevivientes sin exigir tiempos mínimos de
cotización, especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección como
los miembros del pueblo indígena Misak, quienes no deberían ser equiparados a
trabajadores ordinarios del régimen común.
29. La Sala debe determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
un defecto al exigir el requisito de semanas de cotización previsto en la Ley 100 de
1993 a un soldado conscripto. Para ello, es imperativo precisar que el régimen
prestacional de los soldados de la fuerza pública no es unívoco y depende
estrictamente de la calificación de las circunstancias en que ocurre el deceso.
30. En el ordenamiento jurídico colombiano, coexisten dos regímenes para la
protección de los beneficiarios de un soldado fallecido, por una parte (i) el régimen
especial de las Fuerzas Militares y por otra (ii) el régimen general de seguridad
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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social. Según la jurisprudencia consolidada, el régimen especial solo consagra el
derecho a la pensión de sobrevivientes de manera automática18 cuando la muerte
ocurre en «combate, por acción directa del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de
mantenimiento del orden público».
31. No obstante, cuando el fallecimiento ocurre en «misión del servicio» o en «simple
actividad», como sucede en el caso del soldado Tumiñá Tunubalá, cuya muerte se
produjo por un incidente de centinela en la vereda Mata Redonda, el régimen
especial presenta un vacío normativo respecto a la pensión de sobrevivientes para
soldados conscriptos. Ante este vacío, opera la figura de la remisión normativa, la
cual traslada el caso al Sistema General de Pensiones regulado por la Ley 100 de
1993.
32. Como bien lo ha señalado el Consejo de Estado en su jurisprudencia, y en
particular esta Sala19, la aplicación de la Ley 100 no es opcional sino obligatoria por
mandato del principio de favorabilidad «[…] luego de advertirse que las normas inicialmente
atendidas en el caso concreto resultaban insuficientes para el ámbito mínimo de protección previsto
para la generalidad de las personas o no regulaban de manera específica» 20. El artículo 46 de
dicha ley, modificado por la Ley 797 de 2003, exige que el causante haya cotizado
al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento o su
equivalente en tiempo de servicio.
33. En el caso concreto, el material probatorio indica que el soldado Fredy Estiven
Tumiñá contaba únicamente con 5 meses y 26 días de servicio, tiempo que
equivale a menos de la mitad del requisito legal exigido. Por lo tanto, al no existir
una norma en el régimen especial que permita otorgar la pensión de sobreviviente
respecto de quienes fallecieron en simple actividad con un tiempo inferior, ni una
regla de excepción que exonere del cumplimiento de las 50 semanas de afiliación
fuera de escenarios de combate, la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca
de confirmar la negativa del derecho no solo se ajusta a la ley, sino que respeta el
precedente vertical vigente21.
18
Es decir, sin requisitos de cotización previa.
19
Por ejemplo, en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Juan Enrique Bedoya
Escobar, sentencia del 18 de julio de 2025. Radicación: 05001-23-33-000-2015-01253-01 (3275-2021) y C.P.: Elizabeth
Becerra Cornejo, sentencia del 1° de septiembre de 2025. Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-01.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 18 de julio de
2025. Radicación: 05001-23-33-000-2015-01253-01 (3275-2021)
21
Plasmado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril del 2018.
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Accionante: Jesús Antonio Tumiñá Cuchillo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
34. Ahora, corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo del Cauca
incurrió en el defecto al no aplicar el principio de favorabilidad para omitir el requisito
de las 50 semanas de cotización, tal y como lo solicitan los accionantes.
35. Sobre este particular, es necesario indicar que el principio de favorabilidad22
tiene una operatividad restringida y técnica, lo que implica que solo es aplicable
cuando existen dos o más normas vigentes que regulan una misma situación de
hecho, o cuando una sola norma admite diversas interpretaciones razonables, en
tal escenario, el operador judicial debe optar por la que más beneficie al trabajador
o al beneficiario.
36. Sin embargo, en el caso de la pensión de sobrevivientes para soldados
regulares fallecidos en circunstancias ajenas al combate, la jurisprudencia del
Consejo de Estado23 ha determinado que no existe tal conflicto normativo, no hay
una norma en el régimen especial de las Fuerzas Militares que otorgue una pensión
de sobrevivientes por muerte en simple actividad bajo requisitos más flexibles que
la Ley 100 de 1993, así lo indicó el Tribunal accionado en su providencia:
Lo anterior no implica, como se sugiere en la apelación, que el soldado estuviera exento
de cumplir con el tiempo mínimo de afiliación exigido por la Ley 100 de 1993. Lo que
realmente aclaró esa Corporación fue que no era necesario cumplir con el requisito de
cotización, lo cual constituye una distinción fundamental; de ahí que, dentro de las
órdenes emitidas, se dispuso que la autoridad administrativa debía reconocer la
prestación “cuando se acrediten los requisitos exigidos por el régimen general para
efectos del reconocimiento de dicha prestación, esto es, número de semanas de
afiliación y dependencia económica, en los casos que así se prevea”.
En ese sentido, para efectos del presente análisis, el soldado fallecido debía estar
afiliado al Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Militares por un mínimo de 50
semanas, tratándose de situaciones consolidadas bajo la vigencia de la Ley 797 de
2003, como ocurre en este caso.
Dado que el joven Fredy Estiven Tumiñá Tunubalá prestó su servicio militar obligatorio
durante 5 meses y 26 días, lo que equivale a 25.43 semanas, no alcanzó a cumplir con
el tiempo mínimo de afiliación exigido por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley
797 de 2003.
[…]
Así, la jurisprudencia ha establecido que, aunque no se exija la cotización para ciertos
beneficiarios, sí debe cumplirse con el tiempo mínimo de afiliación previsto en la ley.
En consecuencia, dado que el soldado Fredy Estiven Tumiñá Tunubalá no alcanzó a
completar las 50 semanas requeridas por la Ley 797 de 2003, no se configura el
cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación solicitada
22
Que nace en el artículo 53 de la Constitución Política.
23
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B ibidem.
11
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37. De acuerdo con lo visto previamente, el régimen especial guarda silencio sobre
esta contingencia específica para soldados conscriptos, lo que obliga a la remisión
directa al régimen general. Por lo tanto, no es posible invocar la favorabilidad para
exonerar al sujeto de un requisito legal sustancial, como el cumplimiento de las 50
semanas mínimas de cotización en los últimos tres años, ya que esto implicaría que
el juez actúe como legislador, desbordando sus competencias.
38. Asimismo, respecto al presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, se observa que el Tribunal accionado se alineó estrictamente con la
sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18, dado que si bien existen sentencias
anteriores que sugerían una protección más amplia, el Consejo de Estado unificó
su postura aclarando que la protección sin el cumplimiento del requisito de las
semanas mínimas se reserva exclusivamente para muertes en combate o
mantenimiento del orden público, categorías en las que no encaja el infortunado
deceso del soldado Tumiñá Tunubalá.
39. En conclusión, el Tribunal Administrativo del Cauca no incurrió en un defecto
sustantivo, pues su decisión se fundamentó en una interpretación razonable y
legalista de la normativa vigente, respetando la jerarquía de las fuentes del derecho
y la seguridad jurídica que emana de los fallos de unificación de las altas cortes.
2.5.2 Defecto fáctico
40. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 24.
41. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra25.
24
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
25
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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42. En el presente caso, los accionantes sugieren que las autoridades judiciales no
valoraron adecuadamente las condiciones en las que falleció el soldado Fredy
Estiven Tumiñá ni la especial protección que merece por su pertenencia al pueblo
indígena Misak. Sobre este punto, la Sala observa que los actores no refirieron
puntualmente las pruebas que se omitieron o malinterpretaron, y se limitaron a
señalar de manera amplia y abstracta los elementos a considerar por el Tribunal
Administrativo. Sin embargo, con el fin de garantizar el derecho al acceso a la
administración de justicia de los actores en consideración a que pertenecen a un
grupo constitucionalmente protegido26, estos estiman que, la autoridad accionada
debió hacer una aplicación más flexible del requisito contemplado en la Ley 100.
43. Esencialmente, el Tribunal Administrativo del Cauca fundamentó su decisión en
el hecho probado de que la muerte ocurrió en simple actividad y no en combate.
Esta calificación no fue producto del capricho judicial, sino que se derivó de las
pruebas recaudadas en el proceso ordinario, donde se estableció que el deceso fue
causado por un incidente con un centinela de la Fuerza Militar y no por un
enfrentamiento directo con grupos armados al margen de la ley. Al no haber prueba
que demuestre una situación de combate o restablecimiento del orden público en
los términos estrictos del régimen especial, el juez no podía variar los hechos
demostrados en el proceso ordinario para otorgar la pensión.
44. Aunque los accionantes pertenecen al pueblo Misak, la jurisprudencia27 ha sido
clara en señalar que la condición étnica, por sí sola, no genera el amparo deseado
por los mismos. Resalta la Sala que esa condición de protección se da en razón a
actuaciones u omisiones que los afecten como etnia, es decir, relacionados con la
permanencia de sus usos, costumbres o cosmovisión; también frente a acciones
relacionadas con el conflicto armado colombiano o su posición vulnerable ante los
conglomerados empresariales y la explotación de recursos naturales, situaciones
que no acontecen en este caso, este planteamiento está conforme a los
lineamientos que sobre la materia ha desarrollado la Corte Constitucional frente a
las comunidades étnicas, en la que dejó claro que su especial consideración se da
«[…] por: “(i) la existencia de patrones aún no superados de discriminación, que afectan a los pueblos
26
Según su relato pertenecen al pueblo Misak, que según la sentencia T 445 del 2022 de la Corte Constitucional, hacen parte
de un grupo de especial protección constitucional.
27
Ello se desprende de las sentencias T 189 del 2025 y T 233 de 2025, que analizan que la condición étnica es relevante
cuándo confluye con otros elementos que sumen en condición de vulnerabilidad o amenaza al individuo, pero esa sola
circunstancia individualmente considerada, como lo pretenden los actores, no constituye un elemento de vulnerabilidad por si
mismo.
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y las personas étnicamente diversas; (ii) la presión que la cultura mayoritaria ejerce sobre sus
costumbres, su percepción sobre el desarrollo y la economía o, en términos amplios, su modo de
vida bueno (usualmente denominado cosmovisión); y (iii) la especial afectación que el conflicto
armado del país ha generado en las comunidades indígenas y otros grupos étnicamente diversos,
entre otros motivos, por el despojo o uso estratégico de sus tierras y territorios, aspecto grave en sí
mismo»28.
45. En ese sentido, el Tribunal no desconoció la calidad de sujetos de especial
protección de los padres; simplemente constató que, no existe una norma que
permita omitir el requisito de las 50 semanas de cotización por el solo hecho de
pertenecer a una comunidad indígena.
46. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional29 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de
tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que
la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
47. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, en la medida que, sus
afirmaciones estuvieron debidamente motivadas, conforme a las pruebas que
fueron aportadas en el proceso ordinario, por lo que, no se encuentra acreditado el
defecto fáctico alegado en la demanda.
III. DECISIÓN
48. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
demandante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en las
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-217 de 2017.
29
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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judiciales invocadas, por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró
improcedente el amparo deprecado y se negará el mismo.
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, seguridad
social, mínimo vital y debido proceso invocados por la señora Mónica Alexandra
Tobón Rodríguez, para en su lugar NEGAR el amparo conforme a la motivación de
esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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