Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06821-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06821-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06821-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00
Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 29 de octubre de 2025 el señor Brayan Camilo Zapata Leal, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra los Juzgados Primero y Octavo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin
de obtener la protección de su derecho fundamental a la libertad, presuntamente
vulnerado con ocasión de las decisiones adoptadas en el trámite del seguimiento de
cumplimiento de condena y en las providencias del 2, 23, y 28 de octubre de 2025
proferidas dentro de dos acciones de habeas corpus2 que ha presentado, en las que
se le ha negado su solicitud de libertad condicional, en aplicación del subrogado penal
consagrado en el artículo 64 del Código Penal.
2.
Solicitó una orden “para aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se
abstenga de hacerlo según el inciso 2° art. 86 de la C.P. siendo únicamente aceptables
como otros medios de defensa judicial, para los fines de exclusión de la acción de
tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no
tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica
para la real garantía del derecho”3.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Radicados 73001- 31-87-001-2025-00105-00 y 73001-33-33-009-2025-00300-00/01.
3 Pretensión del escrito inicial de tutela, índice 2 SAMAI.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00
Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
3.
Refirió que en sentencia del 21 de febrero de 2025 proferida por el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Armenia se le declaró penalmente responsable
por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con fabricación,
tráfico y/o porte de estupefacientes y, en consecuencia, se le impuso una pena
privativa de la libertad de 30 meses. Se encuentra recluido desde el 1 de abril de 2024
en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué – Picaleña – COIBA hasta la
fecha.
4.
El 23 de septiembre de 2025 presentó oficio ante el Juzgado Octavo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, mediante el cual solicitó aplicar a su
favor el subrogado penal contemplado en el artículo 64 del Código Penal, según el
cual, la persona privada de la libertad tiene derecho a obtener libertad condicional
siempre que haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena. Para ese
momento, adujo que había cumplido más de 18 meses de prisión, con lo cual,
acreditaba lo exigido por el legislador para acceder al referido beneficio.
5.
Sin exponer la fecha exacta de respuesta de ese despacho judicial, indicó que su
petición fue negada en razón a que, presuntamente, el 9 de julio de 2025, había
presentado petición de libertad condicional, y dado la alta carga laboral del despacho,
tenía turno de decisión en virtud del cual solo hasta el 28 de febrero de 2026, podría
ser resuelta de fondo.
6.
Inconforme con dicha decisión, el 1 de octubre de 2025, presentó acción
constitucional de habeas corpus4 en la que reiteró que es beneficiario del referido
subrogado penal. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Aseguramiento, en providencia del 2 de octubre del año en curso, negó la solicitud al
constatar que ninguna de las dos causales para su procedencia se había acreditado
(privación ilegal de la libertad y prolongación del encarcelamiento injustificada), pues
la medida de detención intramural que estaba cumpliendo se dictó por una autoridad
judicial competente con el cumplimiento de las normas procesales respectivas,
sumado a que, no había sido beneficiado con una decisión liberatoria y los términos
de la pena impuesta se encontraban objetivamente lejos de cumplirse.
7.
Con todo, aclaró que la libertad que pretendía fuera declarara a su favor debía
discutirse ante la instancia judicial respectiva para que analizara el cumplimiento de
los requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia.
8.
Presentó impugnación el 3 de octubre de 2025 y, al no ser notificado de trámite
alguno, el 10 de octubre siguiente pidió información sobre el particular. En auto de esa
misma fecha, se le informó que tanto el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, como la asistente
administrativa del juzgado, dejaron constancia de que no se había recibido la
impugnación.
4 Radicado: 73001-31-87-001-2025-00105-00
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00
Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
9.
El 14 de octubre de 2025 remitió escrito en el que pidió dar trámite a la impugnación
que adujo haber enviado en término, pues por error en la transcripción del correo del
despacho judicial al que iba dirigido, no se tuvo como recibida. En providencia del 16
de octubre de este año, el referido Juzgado se abstuvo de conceder la impugnación
por interposición extemporánea. Nuevamente, allegó escrito reiterando las razones
por las cuales consideraba que se recurrió en término la decisión que negó el habeas
corpus, pero ese despacho judicial confirmó su decisión, en auto del 17 de octubre de
2025.
10.
El 21 de octubre de 2025 presentó recurso de apelación contra esta última
providencia, petición a la que se dio trámite mediante auto No. 788 del 24 de octubre
del presente año, por medio del cual se le informó que contra esa decisión no procedía
el recurso interpuesto
11.
El 22 de octubre de 2025, el actor presentó otra acción de habeas corpus 5
informando lo ocurrido con las anteriores instancias judiciales. Su conocimiento
correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral de Ibagué que profirió sentencia
el 23 de octubre siguiente, en la que declaró improcedente la acción constitucional
advirtiendo que lo alegado por el demandante tenía que ver con cuestionar
actuaciones en otros procesos judiciales, no siendo esta la vía judicial para ello. Refirió
que el actor contaba con otros mecanismos constitucionales, legales y procesales
para defender sus intereses. El accionante impugnó dicha decisión y, en fallo del 28
de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima descartó sus alegatos, al
considerar que no se demostró ninguna de las causales para decretar a su favor el
habeas corpus y, en todo caso, seguía en trámite la petición de libertad condicional.
12.
La parte actora sostuvo que el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, al haber dispuesto que la petición de libertad condicional
presentada el 9 de julio de 2025 sería objeto de decisión hasta el mes de febrero de
2026, dilató injustificadamente su deber de emitir pronunciamiento de fondo, aunque
está debidamente acreditado que se le debe aplicar el subrogado consagrado en el
artículo 64 del Código Penal. Pidió tener en cuenta lo dispuesto en las sentencias T-
491 de 2014, T-489 de 2019 y T-022 de 2017 sobre la procedencia excepcional de la
tutela contra decisiones de habeas corpus.
13.
Respecto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué expuso que, al negar la primera acción de habeas corpus impetrada, fue
incongruente con su razonamiento, pues se pronunció sobre el cumplimiento total de
la pena, aunque con base en esto no se pidió la libertad condicional, sumado a que,
si bien reconoció que había cumplido más de 18 meses de condena, no accedió a lo
pretendido. Afirmó que este despacho judicial desconoció que no buscaba refutar la
legalidad de ninguna de las actuaciones surtidas dentro del proceso penal adelantado
en su contra, sino que se analizara un elemento extrínseco de la condena, esto es, la
aplicación de un posible subrogado establecido por el legislador.
5 Radicado: 73001-33-33-009-2025-00300-00/01
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00
Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
14.
Finalmente, reprochó que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué,
en sentencia confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver la
segunda acción de habeas corpus también tuviera en consideración si el actor había
cumplido o no la totalidad de la condena, pues reitera, lo pretendido con dicha acción
era obtener la libertad condicional a la que tiene derecho. Ese análisis implica sostener
que el actor de forma injustificada e innecesaria desgasta la justicia con la
interposición de acciones improcedentes.
15.
Pidió tener en cuenta que todos los jueces al contestar y decidir los procesos de
habeas corpus que adelantó, reconocieron que ya cumplió con más de 18 meses de
condena. Sumado a que, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué mediante auto del 7 de noviembre de 2025, profirió readecuación
de las redenciones reconocidas, por lo que, para el 11 de noviembre de 2025 (fecha
de subsanación del escrito de tutela), “corresponden a 22 meses y 20 días siendo para
las 3/3 18 meses de reclusión y para el total de su condena el 74.5%”.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
16.
Mediante auto de 24 de noviembre de 20256, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades demandadas y se requirió a los Juzgados Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y Noveno Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué para que remitieran copia digital de los expedientes con
radicado número 73001-31-87- 001-2025-00105-00 y 73001-33-33-009-2025-00300-
00/01, respectivamente. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué7
17.
Afirmó que el accionante no ha cumplido con la totalidad de la pena que le fue
impuesta, pues acredita haber estado en prisión durante aproximadamente 19 meses
de un periodo total de condena de 30 meses. En todo caso, si lo que discute es la falta
de pronunciamiento sobre su petición de libertad condicional por el turno asignado
para ello, pidió tener en cuenta que en reiteradas ocasiones el actor ha solicitado se
decrete dicha medida a su favor, y a todas se les ha dado trámite o se ha indicado al
accionante la fecha probable de resolución, en atención al turno.
6 La Sala advierte que previamente, en auto del 4 de noviembre de 2025, se inadmitió la solicitud de amparo
dada la falta de claridad respecto a las acciones u omisiones en que incurrieron las autoridades accionadas que
el actor consideraba lesivas del derecho fundamental invocado. Tampoco fue posible inferir dicha información de
los documentos allegados con la demanda, pues aunque aportó una serie de decisiones proferidas en distintas
acciones de habeas corpus en las que se veían involucradas tales autoridades, no había certeza de que se
pretendía censurar dichas actuaciones. Además, se advirtió que el poder allegado por el abogado que interpuso
la tutela a nombre de Brayan Zapata fue conferido para adelantar otro proceso judicial. Por ende, se le
concedieron 3 días a la parte actora para subsanar lo pertinente.
El 11 de noviembre de 2025 el respectivo apoderado allegó poder corregido y escrito de subsanación, por lo que
se procedió a admitir el amparo. (índices 4, 7 y 8, SAMAI).
7 Intervención contenida en 3 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00
Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
18.
En todo caso, no se alegó ni probó ninguna razón para adelantar el turno que se le
asignó a la petición del accionante, siguiendo lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
2430 de 2024. Así, no ha vulnerado en modo alguno los derechos del actor.
(ii) Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué8
19.
Pidió negar el amparo al no estar acreditado que haya vulnerado de forma alguna
los derechos del demandante. Expuso las actuaciones surtidas respecto al habeas
corpus que conoció.
(iii) Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué9
20.
También solicitó negar la tutela en atención a que justificó normativa y
probatoriamente su decisión de no declarar procedente el habeas corpus interpuesto
por el señor Zapata.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
21. El presente trámite constitucional debe declararse improcedente, al no superar el
presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora no despliega una carga
argumentativa suficiente tendiente a demostrar los yerros constitucionales que
motivaron la presentación de esta acción. El actor se limita a mencionar que los jueces
accionados han analizado de forma incongruente y contraria a derecho, su petición
de libertad condicional por aplicación de un subrogado penal, sin explicar cuáles son
las deficiencias en dicho estudio. Se hizo referencia a una jurisprudencia
presuntamente desatendida, pero no se explicó de qué modo aquella se desconoció
en las providencias acusadas y cómo tal omisión se proyecta como una verdadera
afrenta a un derecho fundamental.
22. Lo primero por destacar es que el accionante sustenta la acción de tutela en que
el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué al
informar que la petición de libertad condicional presentada por el señor Zapata el 9
de julio de 2025, sería decidida de fondo a más tardar en febrero de 2026, incumple
su deber de adoptar las decisiones que en derecho corresponden para garantizarle
su derecho a la libertad. Dilación injustificada que en todo caso, desconoce lo dicho
por la Corte Constitucional en sentencias T-491 de 2014, T-022 de 2017 y T-489 de
2019.
23. El
reproche del accionante se considera carente del debido sustento pues,
respecto a la jurisprudencia constitucional que aduce desconocida, no especificó los
hechos, pretensiones, ratio decidendi desatendida en su caso concreto y objeto de
8 Intervención contenida en 2 folios.
9 Intervención contenida en 2 folios.
5
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Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
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decisión en dichas providencias, a fin de denotar que, en efecto, esas decisiones eran
precedente aplicable en su caso concreto. Se limitó a citar fragmentos de cada una
de estas decisiones, de los cuales solo se advierte que las sentencias T-491 de 2014
y T-489 de 2019, hacen énfasis en la procedencia excepcionalísima de la tutela contra
decisiones proferidas en el marco de una acción de habeas corpus, advirtiéndose la
necesidad de argumentar debidamente la irracionabilidad o fraude de dichos fallos,
so pena de que no sea procedente el amparo constitucional.
24. Respecto a la sentencia T-022 de 2017 citó un fragmento referente a que la
inmediatez es uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
sin exponer qué relación tiene con su caso concreto o porqué esa sentencia debió ser
aplicada al resolverse su solicitud de aplicar subrogado penal a su favor.
25. Sumado a lo anterior, el actor ni siquiera señaló con exactitud la fecha de la
providencia proferida por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué en la que no se decidió debidamente la petición formulada el 23
de septiembre de 2025, ni tampoco aportó copia de esta al presentar el escrito de
tutela.
26. No obstante, revisada la copia digital de los procesos de habeas corpus remitidos
por los otros despachos judiciales accionados y la respuesta dada a la solicitud de
amparo por parte del juez de seguimiento de condena, se pudo constatar que: (i) tanto
el señor Zapata como su apoderado, han presentado múltiples solicitudes de libertad
condicional en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal, (ii) una de
estas fue presentada el 9 de julio de 2025, el apoderado dice no conocerla y haber
sido presentada directamente por el demandante, y es frente a esta que el despacho
judicial demandado le informó al actor, en oficio con fecha del 1 de octubre de 2025
que, dada la alta carga laboral y por no haber sido beneficiado con medidas de
descongestión que le permitieran dilucidar con prontitud su petición, esta sería
resuelta a más tardar el 28 de febrero de 2026, dado que le correspondió el turno 894
de decisión, (iii) el 13 de agosto de 2025, mediante auto 386, el juzgado ya había
negado otra solicitud de libertad condicional presentada por el sindicado, la cual fue
negada porque para ese entonces, no había cumplido con las 3/5 partes de la pena
impuesta, y (iv) el 20 de agosto de la misma anualidad, presentó nueva solicitud de
aplicación de subrogado penal la cual entró a despacho para ser fallada de fondo, y
al respecto, en la respuesta a la tutela, manifestó que también estaba pendiente de
decisión, toda vez que, a diaria debe responder un alto número de solicitudes en igual
sentido que son presentadas por personas que también están privadas de la libertad,
además debe atender visitas carcelarias, acciones de tutela, contestaciones de
tutelas, habeas corpus y vigilancias judiciales, libertades por penas cumplidas en
virtud de la Ley 2466 de 2025, además reiteró lo de la falta de medidas de
descongestión y la necesidad que se tuvo de implementar el turno de decisión ante
todos estos asuntos, reiterando que la solicitud del actor será respondida en febrero
de 2026.
6
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27. Teniendo esto en cuenta, es claro para esta Subsección que el actor hace una
afirmación genérica de que al estar involucrado el ejercicio del derecho a la libertad,
su causa debió ser decidida una vez se interpuso la solicitud de aplicación de lo
dispuesto en el artículo 64 del Código Penal. Sin embargo, no esgrimió argumento
alguno tendiente a denotar la posible existencia de causas debidamente alegadas y
acreditadas ante el juez penal accionado que ameritaran adelantar el turno y decidir
de fondo su petición. Tampoco refutó lo dicho por esa instancia judicial referente a la
carga laboral existente que imposibilita materialmente decidir con antelación su
solicitud. Así, es evidente la improcedencia del amparo contra el referido juez de
seguimiento de la medida de aseguramiento.
28. En adición a lo anterior, se denota que fue la propia falta de diligencia del
apoderado del señor Zapata la que impidió que en este proceso se discutiera la
negativa respecto al habeas corpus, pues envío el escrito de impugnación a un correo
electrónico que no correspondía al despacho judicial y, en todo caso, no advirtió dicha
irregularidad hasta que la misma le fue notificada en auto posterior.
29. De otro lado, la parte actora refirió que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Ibagué en sentencia del 2 de octubre de 2025, erró al
negar el habeas corpus solicitado por considerar que la pena de privación de la
libertad dictada contra el accionante fue legalmente adoptada, en desconocimiento
de que en ningún momento se cuestionó el proceso penal surtido así como tampoco
la legalidad de la medida de detención en centro carcelario.
30. La Sala advierte que los reproches del actor no fueron encausados en ninguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de cualquier manera, carecen de fundamento jurídico y fáctico. Acorde a
lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución, esta Subsección ha definido el habeas
corpus como un derecho que puede invocar una persona que se encuentra privada
de la libertad y creyere estarlo ilegalmente con causa en la violación de las garantías
constitucionales o legales.
31. Al definir su núcleo esencial, la Ley 1095 de 2006 señaló que el habeas corpus es
una acción constitucional tutelante de la libertad personal que se activa cuando una
persona es privada de ese derecho con violación de esas garantías o cuando se
prolonga ilegalmente la limitación de ese derecho. Tal normativa reglamentó aspectos
procedimentales atendibles a su trámite y dispuso que debía adelantarse con
obedecimiento a los principios universales de intangibilidad, protección integral y pro
homine.
32. Con arreglo a estos postulados y en consonancia con la postura de la Corte
Constitucional en sede del control abstracto de constitucionalidad 10, el amparo exige
poner inmediatamente en libertad al peticionario cuando se verifique: que fue privado
10 Sentencia C-187 de 2006. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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de ese derecho o se le prolongó la privación con quebranto del orden constitucional y
legal.
33. Para la Corte, el habeas corpus, consagrado como un derecho fundamental y como
una acción constitucional, constituye el mecanismo instituido para proteger el derecho
a la libertad, pero que solo procede en dos específicos supuestos: (i) cuando la
privación de la libertad es arbitraria, es decir, cuando se transgreden las garantías
constitucionales o legales; esto significa que, si a lo largo del procedimiento se han
respetado las garantías que establece el ordenamiento jurídico para la respectiva
detención, la acción de habeas corpus se torna improcedente; y, (ii) cuando la
privación de la libertad se prolonga indebidamente por un lapso superior al permitido
por la Constitución y la ley o se omite resolver dentro de los términos legales la
solicitud de libertad presentada por quien tiene derecho a ello11.
34. Precisa que la violación de la que trata la primera hipótesis se puede evidenciar en
los casos en los que la autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente
al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas 12, o lo hace sin
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento
de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.
La segunda hipótesis se puede considerar en aquellos eventos en los que se detiene
en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad judicial
competente. También puede ocurrir cuando la autoridad mantiene privada de la
libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad
judicial que le sea concedida la libertad o cuando omite resolver dentro de los términos
legales las solicitudes de libertad provisional.
35. Agrega la misma sentencia que el habeas corpus no es un mecanismo alternativo,
supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son propios al trámite de los
procesos en que se investigan y juzgan conductas punibles, sino que, por el contrario,
se trata de una acción excepcional de protección de la libertad y de los eventuales
derechos fundamentales que por conducto de su afectación puedan llegar a
vulnerarse, como la vida, la integridad personal y el no ser sometido a
desaparecimiento o a tratos crueles y torturas.
36. Acorde a la naturaleza jurídica de esa acción constitucional, es claro para esta Sala
que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué al
resolver de fondo la solicitud de libertad del accionante, tenía que analizar si en el
caso particular, se encontraba probada alguna de dos únicas causales por las que es
procedente esta acción: la ilegalidad de la privación de la libertad o su prolongación
injustificada.
11 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de julio de 2025. Rad. 52001-23-33-000-
2025-00159-01. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
12 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 1979 sobre el caso Argentino,
esta Comisión recomendó que para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición, crear un registro
central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en breve plazo, las
detenciones practicadas; ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes debidamente
identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a lugares
específicamente destinados al objeto.
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37. En razón a ello es que, en la sentencia del 2 de octubre de 2025, estudió lo referente
a que la detención del actor se haya dictado por autoridad competente y en respeto
de las normas procesales y sustanciales que le era aplicables. También debía analizar
si es que ya había cumplido la pena impuesta y seguía encarcelado sin razón para
ello, o si, por ejemplo, había sido beneficiario de una decisión liberatoria incumplida;
por lo que, no se advierte que la decisión se pueda calificar como caprichosa o
incongruente.
38. Tras revisar que en efecto el accionante llevaba 18 de los 30 meses de prisión a
los que fue condenado, denotó que ninguna de las causales esgrimidas por el
legislador y la jurisprudencia constitucional se cumplían en su caso, por lo que era
evidente la improcedencia de su solicitud. Luego de esto, advirtió que la libertad que
el actor pretendía tenía como causa la posible aplicación de un subrogado penal,
aspecto que, acorde a la definición, naturaleza y requisitos de procedencia del habeas
corpus, no debía ser decidida de fondo por ese juzgado, pues el competente era el
juez que hacía seguimiento al cumplimiento de la condena, quien tenía además, el
deber de verificar el cumplimiento de los demás requisitos enlistados en el artículo 64
del Código Penal a fin de determinar si el demandante podía beneficiarse de la libertad
condicional.
39. Con lo hasta aquí expuesto, es aclaro que el accionante no expuso argumentos
claros, sustentados y que ataquen en debida forma todo el razonamiento de este
segundo juez accionado. Se limitó a aseverar que el fallo del 2 de octubre de 2025 fue
incongruente por entrar a analizar la legalidad de la medida de encarcelamiento y no
acceder al habeas corpus por no haber cumplido la totalidad de la condena,
desconociendo que en virtud de las dos causales por las cuales procede, ese estudio
era necesario.
40. Además, no tiene sustento jurídico el argumento del actor según el cual, mediante
esa acción debió accederse a la aplicación del subrogado penal, pues como bien se
expuso en el fallo objeto de reproche, dada su naturaleza jurídica, el habeas corpus
no es procedente para ese tipo de peticiones. Por ende, se reitera la improcedencia
del amparo.
41. Por demás, el actor señaló que el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué en sentencia del 23 de octubre de 2025, confirmada
por el Tribunal Administrativo del Tolima en fallo del 28 de octubre siguiente, también
profirió una decisión incongruente respecto al segundo habeas corpus interpuesto.
42. Sobre este reproche, se reitera que dichos argumentos no se encuadraron en
ninguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de cualquier modo, no se indica en forma razonable cómo ese análisis
efectuado por los jueces accionados devino en una vulneración al derecho a la libertad
del señor Zapata. Como se expuso previamente, dado que el habeas corpus procede
de forma excepcional por dos causas definidas legal y jurisprudencialmente, todos los
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00
Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
aspectos que sobre esta versen, deben ser debidamente analizados, tal como se hizo
en los fallos acusados. Además, se reitera, no es la acción procedente para discutir la
solicitud de libertad condicional por subrogado penal, tema respecto del que existe un
proceso en curso ante el juez de seguimiento de la respectiva pena carcelaria.
43. Advierteesta Subsección que la carga argumentativa en el presente asunto
cobraba especial relevancia en atención a la procedencia excepcionalísima de esta
acción contra otra, también de naturaleza constitucional, como lo es el habeas corpus.
La jurisprudencia constitucional13 indica que la tutela solamente procede por vía de la
configuración de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, por lo que, al no haber sido alegada de forma precisa y clara
ninguna de estas, se denota su improcedencia. Más aún si se tiene en cuenta que lo
expuesto, tampoco permite a la Sala encuadrar dichos reproches en las referidas
causales.
44. La razón de esta exigencia, acorde a lo dispuesto por la Corte Constitucional, es
porque con la decisión que concede un habeas corpus se materializa el recurso judicial
específicamente diseñado para lograr el restablecimiento del derecho fundamental a
la libertad. De manera que concebir su utilización para atacar y enervar los efectos de
un recurso judicial que reivindica la libertad, solo sería posible bajo estrictas
condiciones14.
45. Además, esta Subsección quiere denotar que la exigencia en el caso concreto
respecto a la carga argumentativa de la acción de tutela, es más rigurosa dado que,
esta fue presentada por un profesional del derecho al que se le otorgó el respectivo
poder, y de quien se presume, ostenta el conocimiento suficiente respecto a las
causales de procedencia del habeas corpus y la necesidad de que, al interponerse
una tutela que pretenda rebatir una decisión adoptada en ese tipo de proceso, era
indispensable esgrimir una argumentación amplia, clara y en la que quedara evidencia
la vulneración al derecho fundamental invocado. Esa precisión es válida, en tanto si
bien el accionante es una persona privada de la libertad, lo cierto es que cuenta con
un defensor contractual que tiene a cargo su defensa técnica.
46. Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, en la medida en que no se desplegó un ejercicio argumentativo
suficiente para demostrar una trasgresión de derechos fundamentales que ameritara
la intervención del juez de tutela. Por tanto, habrá de declararse su improcedencia.
47. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
13 Sentencia T-518 de 2014 y T-491 de 2014.
14 Sentencia T-315 de 2020.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00
Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
15 VF
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