Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06821-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06821-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06821-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C. 15 de abril de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-01
Demandante: Brayan Camilo Zapata Leal
Demandados: Tribunal Administrativo de Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional –
confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las decisiones que, en el marco de habeas corpus,
negaron su libertad condicional.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
9 de diciembre de 2025, por medio de la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo
por falta de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 29 de octubre de 2025, Brayan Camilo Zapata Leal, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela en contra de los Juzgados 1 y 8
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, el Juzgado 9
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, por la
presunta violación de su derecho fundamental a la libertad, con ocasión de
lo decidido en el trámite de seguimiento de cumplimiento de condena, y las
providencias del 2, 23, y 28 de octubre de 2025 proferidas dentro de los
habeas corpus No. 73001-31-87-001-2025-00105-00 y 73001-33-33-009-2025-
00300-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones
planteadas.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-01
Demandante: Brayan Camilo Zapata Leal
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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“(…) lo que se pretende es que se garantice el derecho fundamental a la
LIBERTAD, toda vez que la petición consiste en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo según el
inciso 2° art. 86 de la C.P. (…)”
3. De los anexos e informes allegados al presente proceso se lograron
extraer los siguientes hechos3:
4. 1) Mediante Sentencia de 21 de febrero de 2025, proferida por el
Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Armenia4, Brayan Camilo
Zapata Leal fue declarado penalmente responsable por el delito de
concierto para delinquir agravado en concurso con el de fabricación,
tráfico y/o porte de estupefacientes. En esa medida, fue condenado con
pena privativa de la libertad por 30 meses en el Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué -COIBA-. Inició el cumplimiento de dicha condena
el 1 de abril de 2024, toda vez que, se le impuso medida de aseguramiento
de detención preventiva en establecimiento carcelario.
5. 2) A través de memorial, radicado el 21 de agosto de 20255, solicitó al
Juzgado 8 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué6
aplicar el artículo 64 del Código Penal7, al considerar que cumplía los
requisitos para acceder a la libertad condicional, en tanto había superado
las tres quintas partes de la pena impuesta, equivalentes a 18 meses de
prisión. El 1 de octubre de 2025, en Oficio 142, el juzgado advirtió que, con
ocasión de la alta carga laboral del despacho, tenía turno de decisión hasta
el 28 de febrero de 2026.
6. 3) El 1 de octubre de 2025, presentó acción constitucional de habeas
corpus, radicada bajo el No. 73001-31-87-001-2025-00105-00, en la que
reiteró que se le debía aplicar el artículo 64 del Código Penal y, en
consecuencia, conceder la libertad condicional. Le correspondió, por
3 Mediante Auto de 4 de noviembre de 2025 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó
requerir a la parte actora en los siguientes términos (se trascribe):
“omitió precisar con claridad la acción u omisión en que incurrieron las demás autoridades accionadas que
considera lesiva del derecho fundamental invocado. Tampoco es posible inferir dicha información de los
documentos allegados con la demanda, pues aunque aportó una serie de decisiones proferidas en distintas
acciones de habeas corpus en las que se ven involucradas tales autoridades, no hay certeza de que se pretendan
censurar dichas actuaciones.
(…)
En caso de tratarse de providencias judiciales, deberá indicar expresamente cuál o cuáles son y señalar el proceso
dentro del cual fueron proferidas.”
4
En el proceso con radicación No. 63130-60-00-000-2024-00005-00 NI-42916.
5 Una vez consultado el expediente del proceso penal No. 2024-00005-00 en la página web de Consulta de
Procesos Nacional unificada de la Rama Judicial no evidenció la presentación de la solicitud mencionada, con lo
cual, no obra prueba de la misma.
6 El cual está encargado de vigilar el cumplimiento de la pena del accionante.
7 “ARTÍCULO 64. LIBERTAD CONDICIONAL. modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el
siguiente) El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona
condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:
1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión
permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.”
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Demandante: Brayan Camilo Zapata Leal
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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reparto, al Juzgado 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué, el cual, mediante Sentencia de 2 de octubre de 2025, consideró
que no había vulneración del derecho fundamental de la libertad del señor
Zapata Leal porque no existía una privación ilegal de la libertad ni una
prolongación del encarcelamiento injustificada, es más tampoco se había
ordenado su liberación y el tiempo de la pena impuesta aún no se había
cumplido. Adicionalmente, consideró que la concesión de la libertad
condicional debía ser analizada por el juez natural (Juzgado 8 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué) y, por lo expuesto, declaró
improcedente la acción de habeas corpus.
7. 4) El 14 de octubre de 2025, presentó escrito de impugnación en el
que señaló que, si bien el recurso fue radicado por fuera del término legal,
ello obedeció a que previamente lo había remitido dentro del plazo
correspondiente, pero a una dirección de correo electrónico equivocado
como consecuencia de un error en la digitación del correo del despacho
judicial, por eso nunca llegó al juzgado el primer escrito. En el escrito, reiteró
la aplicación del artículo 64 del Código Penal, en lo atinente a que cumplió
de manera efectiva tres quintas partes de la pena impuesta y, en esa
medida, debía concedérsele libertad condicional.
8. 5) Mediante Auto de 16 de octubre de 2025, se rechazó el recurso de
impugnación por haberse presentado de forma extemporánea.
9. 6) El 22 de octubre de 2025, el señor Zapata Leal presentó una nueva
acción de habeas corpus, bajo el radicado No. 73001-33-33-009-2025-00300-
00. En aquella, cuestionó la Sentencia de 2 de octubre de 2025 en la que se
negó conceder la libertad condicional. Correspondió para su conocimiento
al Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, el cual, a través de Sentencia de 23
de octubre de 2025, declaró improcedente la acción constitucional, al
considerar que lo alegado por el accionante estaba dirigido a cuestionar
actuaciones en otros procesos judiciales, como el primer habeas corpus,
con lo cual, aclaró que contaba con otros mecanismos constitucionales,
como la acción de tutela, para reprochar dichas decisiones.
10. 7) El accionante impugnó dicha decisión y, mediante Sentencia de 28
de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Tolima la confirmó. Expuso
que no se logró demostrar alguna de las causales de procedencia para
decretar a su favor el habeas corpus y que, en todo caso, seguía en trámite
la petición de libertad condicional.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental a la
libertad, en el marco de las acciones de habeas corpus, al negar su libertad
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Demandante: Brayan Camilo Zapata Leal
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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condicional, pues, a su juicio, cumplía con los requisitos previstos en el
artículo 64 del Código Penal y, como respaldo de dicha tesis, citó las
Sentencias T-491 de 2014, T-022 de 2017 y T-489 de 2019, proferidas por la
Corte Constitucional.
1.2. Sentencia de primera instancia8 e impugnación
12. Mediante Sentencia de 9 de diciembre de 2025, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional. Para
ello, señaló que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
necesaria para demostrar la necesidad de la intervención del juez de tutela,
en tanto el accionante se limitó a indicar que las autoridades judiciales
accionadas han analizado de forma incongruente y contraria a derecho su
petición de libertad condicional, por una indebida interpretación del
artículo 64 del Código Penal, sin explicar cuáles fueron las deficiencias en
dicho estudio.
13. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación en la que reiteró los argumentos de la acción de tutela, e
indicó (se trascribe) “Otra aseveración que atañe, a los principios de
imparcialidad de la justicia, que no conlleva sino al abrumador
congestionamiento de los Despachos judiciales, al eludir su responsabilidad
que le atañe, para este tipo de acciones de velar por los derechos
fundamentales de los ciudadanos”. En consecuencia, solicitó que se
revocara la sentencia de tutela de primera instancia y se le concediera la
libertad condicional.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1 Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
14. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo,
deberá determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si los
Juzgados 1 y 8 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima
8 Mediante Auto de 24 de noviembre de 2025, el despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera
dispuso: (1) admitir la acción de tutela interpuesta por Brayan Camilo Zapata Leal, a través de apoderado; (2)
tener como accionados los Juzgado 1 y 8 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, el Juzgado
9 Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima y (3) reconoció personería jurídica al abogado
Milton Reyes Reyes.
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vulneraron el derecho fundamental a la libertad de la parte actora. Como
consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de primera instancia.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
15. La Sala confirmará la sentencia de tutela impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela, por no superar el requisito de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
16. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter
legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han
sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.
17. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto10; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.
18. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202313,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
13 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima
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Decisión: Confirma
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criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
19. Bajo este entendido, la Sala considera que en el presente caso no se
acreditó el requisito de relevancia constitucional, ya que la parte actora
reiteró en esta acción los mismos fundamentos fácticos y jurídicos
que sustentaron las pretensiones de los habeas corpus No. 73001-31-87-001-
2025-00105-0014 y 73001-33-33-009-2025-00300-00/0115 y la impugnación
presentada en este último16.
20. En particular, insistió en que tenía derecho a la libertad condicional
por haber cumplido los requisitos previstos en el artículo 64 del Código Penal.
Estos argumentos ya fueron revisados por el Tribunal Administrativo de Tolima
en el habeas corpus No. 2025-00300-00/01, el cual determinó lo siguiente (se
trascribe):
“Ahora bien, del informe presentado por el Juzgado Octavo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, así como de las piezas documentales
que obran en el proceso, se concluye que no se configura la primera hipótesis,
como quiera que el encartado se encuentra privado de la libertad en virtud de
orden judicial, es decir, la privación de la libertad fue dispuesta de manera
legal, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Armenia –
Quindío, quien lo condenó mediante sentencia del 21 de febrero de 2021 a la
pena de 30 meses de prisión al hallarlo penalmente responsable del delito de
Concierto para Delinquir agravado en concurso con Fabricación, Tráfico o
Porte de Estupefacientes, pena que descuenta desde el 1o de abril de 2024, sin
que se observe la violación a garantías constitucionales o legales.
(…)
advierte la Sala Unitaria que no se presenta la segunda de las hipótesis que
permitiría la procedencia de esta acción constitucional, según la cual el
interesado a pesar de haber cumplido la totalidad de la pena, permaneciera
privado de la libertad, ya que claramente lo ha indicado el Despacho
accionado y se advierte de la prueba documental que reposa en el plenario,
el señor Brayan Camilo Zapata Leal apenas ha purgado, a la fecha, 18 meses y
29 días de los 30 meses de prisión que le fueron ordenados.
(…)
Ahora bien, lo relativo al beneficio de libertad condicional corresponde a la
esfera propia y exclusiva del Juez Natural, esto es, el Juzgado Octavo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué; sin que se puede
pretender a través de la acción de habeas corpus eludir el trámite ordinario
dispuesto para lograr tal prerrogativa.
14 “Fundamento mi petición de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 30 de nuestra Carta Política,
reglamentado por la Ley 1095 de 2006, que lo define como una acción constitucional, cuando estamos ante la
presunción de la violación de las garantías constitucionales, al estar siendo prolongada su libertad arbitrariamente.
Lo anterior teniendo en cuenta que mi prohijado cumple con los parámetros establecidos en el artículo 64 del
Código Penal y demás normas concordantes y jurisprudenciales para obtener el beneficio impetrado”
15 “De acuerdo con lo actuado en las diferentes comunicaciones ante el Juzgado 8° y 1° de EPMS de Ibagué-
Tolima, en pro de la libertad de mi prohijado y teniendo en cuenta que se cumplen con los presupuestos del
artículo, 64 del C.P., de la manera más comedida, solicito al Honorable Tribunal, su pronunciamiento a la mayor
brevedad, con el fin de atenuar las condiciones en que se encuentra mi prohijado.
Y se ordene su libertad en forma inmediata.”
16 “Mi prohijado se encuentra privado de la libertad, de acuerdo con decisión ajustada al cumplimiento de una
condena de treinta (30) meses, de los cuáles ya ha cumplido las 3/5 partes de esta, como lo contempla el artículo
64 del código penal donde depara que siempre y cuando el condenado haya cumplido con los siguientes
requisitos, se hace acreedor la libertad condicional.”
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21. En esa misma línea se pronunció el Juzgado 1 de Ejecución de Penas
y medidas de seguridad en el habeas corpus No. 2025-00105-00 (se
trascribe):
“Así las cosas, verificado el tiempo físico de descuento y de redención de pena,
en pro de constatar la totalidad que le ha descontado a su sanción punitiva,
nos arroja un total de 1 año, 6 meses y 4 días, esto es, 18 meses y 4 días, lo cual
diáfanamente indica que el tiempo total de privación de la libertad a la cual
fue sentenciado no se ha cumplido, por el contrario, le falta un tiempo
ampliamente considerable para hacerse acreedor a la liberación definitiva por
su cumplimiento.
Bajo ese escenario, refulge nítidamente que BRAYAN CAMILO se encuentra
legalmente privado de la libertad por orden de autoridad competente, bajo las
formalidades legales y en atención a la pena impuesta como producto de
haber sido hallado penalmente responsable de los punibles a los cuales ya se
hicieron alusión, lo que desvirtúa la primera de las razones por las que procede
la acción pública de Hábeas Corpus (privación ilegal de la libertad).
(…)
En lo que respecta a la libertad condicional pretendida por el accionante, se
advierte que, en la referida causa el apoderado el pasado 9 de julio, elevó la
acotada solicitud, adicionalmente se observa que el Juzgado Octavo
Homólogo de esta ciudad, informó que actualmente se encuentra resolviendo
peticiones ingresadas en el mes de marzo de 2025, a las cuales se les ha
asignado un turno en estricto orden de llegada, conforme a lo establecido en
la Ley 2430 de 2024, por tanto, espera poder resolver la precitada solicitud el
último día hábil del mes de febrero de 2026.
En tales condiciones, la presente acción superlativa no resulta procedente,
máxime si se tiene en cuenta que la libertad pretendida por ZAPATA LEAL, es
con ocasión de la concesión de un sustituto, que no por pena cumplida, lo cual
es sustancialmente distinto, por lo que tal aspecto debe discutirse ante la
instancia respectiva y no a través de esta acción constitucional.
(…)
De manera que, que en asuntos como el presente, donde en ningún momento
la persona privada de la libertad ha sido beneficiada con alguna decisión
liberatoria, o que los términos de la pena impuesta se encuentran
objetivamente lejos de cumplirse, al activar este tipo de acciones
constitucionales, resulta deformada la garantía constitucional empleada, la
que no debe ser utilizada para descomponer el funcionamiento ordinario de las
competencias asignadas a las diferentes autoridades judiciales, además,
porqué al resolverse sobre ese asunto deviene como improcedente el amparo
constitucional, por cuanto el sentenciado debe realizar las peticiones y discutir
jurídicamente su libertad al interior de su proceso, sin que de ninguna manera
esta acción pública deba ser considerada por los usuarios como un medio de
persuasión para lograr la resolución de sus solicitudes, ya que cada Despacho
Judicial cuenta con una carga laboral abrumadora que no se puede ver
afectada por actos como los aquí advertidos.”
22. Con base en lo anterior, se tiene que la parte actora se limitó a
reproducir hechos que ya había puesto de presente en las acciones de
habeas corpus, y razones, por las que, a su juicio, debía concedérsele la
libertad condicional en aplicación del artículo 64 del Código Penal.
23. Adicionalmente, revisado el escrito de tutela, se observa que los
motivos expresados por la parte actora para enjuiciar las providencias del 1,
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2, 23, y 28 de octubre de 2025 proferidas por los Juzgados 8 y 1 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, el Juzgado 9 Administrativo
de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, respectivamente, apuntan
a cuestionar de forma directa la conclusión a la que las autoridades
judiciales accionadas arribaron y su inconformidad con la negativa o la
improcedencia de los habeas corpus.
24. En esa medida, esta Sala recuerda que las diferencias interpretativas
que existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para la intervención del juez de
tutela, por lo que la presentación simple de discrepancias entre lo decidido
por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por
cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es constitucionalmente
relevante. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional17.
2.3. Conclusión
25. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia,
mediante cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 9 de diciembre de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
la cual declaró improcedente la tutela presentada por Brayan Camilo
Zapata Leal, en los términos y por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.
17 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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Demandante: Brayan Camilo Zapata Leal
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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