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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06827-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06827-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06827-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: PURA QUINTERO CASTILLA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS FÁCTICO,
SUSTANTIVO Y POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL. SE CONFIRMA LA
SENTENCIA QUE NEGÓ LAS PRETENSIONES.

Síntesis del caso: la Sala confirmará la decisión que negó las pretensiones de la acción de
tutela presentada contra la sentencia proferida en un proceso ejecutivo, por cuanto no se
acreditó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo ni por desconocimiento del
precedente judicial, invocados por la actora para discutir la verificación del cumplimiento de
las sentencias que ordenaron la reliquidación de su pensión y aplicaron el tope máximo
pensional de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 4 de diciembre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en la que se decidió:

“1. Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, de acceso a la administración de justicia, seguridad social y
seguridad jurídica de la señora Pura Quintero Castilla (...)”. (negrillas del
original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00017 del
aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 30 de octubre de 20251, la parte actora promovió
proceso de acción de tutela, por conducto de apoderado judicial, en contra del
Tribunal Administrativo de Caldas para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,

1
Índice 00001 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

seguridad social y seguridad jurídica consagrados en los artículos 29, 13, 229 y 48
de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 29 de mayo de 2025 proferida por la autoridad judicial demandada en el proceso
ejecutivo con radicación no. 17001-33-39-008-2019-00027-02.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Es beneficiaria del régimen pensional especial de la Rama Judicial, debido a su
trayectoria laboral en el sector público y por haber ocupado como último cargo el de
procuradora judicial II, con fundamento en lo cual promovió un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho para obtener la reliquidación de su pensión, de
conformidad con el Decreto 546 de 1971 y con las reglas propias del régimen
especial aplicable a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

2) En dicho proceso, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Manizales profirió sentencia el 28 de septiembre de 2012,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó la reliquidación
de la pensión de la demandante con base en el 75 % de la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicios, con inclusión de los factores
salariales correspondientes.

3) Esa decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
sentencia del 18 de julio de 2013; sin embargo, dicha providencia fue dejada sin
efectos en virtud de un fallo de acción de tutela por la Sección Primera del Consejo
de Estado, el 19 de junio de 2014, por considerar que incurrió en desconocimiento
del precedente judicial.

4) En cumplimiento de la orden de amparo, el Tribunal Administrativo de Caldas
profirió una nueva sentencia de segunda instancia el 14 de agosto de 2014, en la
cual definió la manera en que debía liquidarse la pensión de la actora, con base en
el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 y ordenó su reliquidación
con la inclusión de los factores salariales percibidos durante el último año de
servicios y de la doceava parte de la bonificación por servicios prestados.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

5) Con ocasión de esa decisión, la Administradora Colombiana de Pensiones (en
adelante Colpensiones) expidió la Resolución GNR 380339 de 14 de diciembre de
2016, mediante la cual reliquidó la pensión; posteriormente, ante nuevas solicitudes
de la pensionada, profirió la Resolución SUB-43308 del 20 de febrero de 2018, en
la cual consideró aplicable el tope máximo de 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 y concluyó que, a la luz de dicho límite, el valor
resultante de la pensión era inferior al ya reconocido, razón por la cual declaró
cumplidas las órdenes judiciales.

6) Inconforme con esa determinación, la señora Pura Quintero Castilla promovió
proceso ejecutivo con fundamento en la sentencia proferida el 14 de agosto de 2014
en el proceso ordinario.

7) Mediante sentencia del 17 de agosto de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Manizales ordenó seguir adelante con la ejecución por
considerar que la entidad demandada no había cumplido integralmente la obligación
contenida en el título judicial, por cuanto la liquidación efectuada por Colpensiones
no se ajustaba plenamente a los parámetros fijados en la sentencia que ordenó la
reliquidación pensional.

8) Colpensiones apeló esa decisión2 y con sentencia del 29 de mayo de 2025, el
Tribunal Administrativo de Caldas la revocó, se abstuvo de continuar adelante con
la ejecución y negó las pretensiones de la demanda ejecutiva por considerar que la
entidad cumplió las obligaciones que se derivaban del título ejecutivo, en tanto
reliquidó la pensión de la demandante de acuerdo con los parámetros allí fijados y

2
Esa autoridad alegó que cumplió con el fallo con la expedición de las resoluciones que reliquidaron
la pensión de la actora, en las cuales aplicó los parámetros fijados en la condena; sostuvo que la
liquidación se ajustó con lo ordenado y que el monto final de la prestación debía observar el tope
máximo de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, previsto en el artículo 18
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, por tratarse de una regla
de carácter general aplicable en el sistema pensional.
En ese sentido, Colpensiones argumentó que la aplicación del referido tope no implicaba desconocer
las sentencias judiciales ni alterar el contenido del título ejecutivo, sino dar cumplimiento a las
órdenes allí contenidas dentro del marco normativo vigente, razón por la cual consideró que no
existía obligación pendiente de pago susceptible de ejecución. Con base en ello, solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia y que se declarara probada la excepción de
cumplimiento de la obligación, al estimar que las decisiones judiciales habían sido satisfechas con
la reliquidación efectuada y que la ejecución resultaba improcedente.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

aplicó el tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, previsto
en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora alegó que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico, un
defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente judicial

En relación con el defecto fáctico afirmó que la autoridad judicial demandada valoró
de manera irrazonable el dictamen pericial practicado en el proceso ejecutivo, en el
cual se determinaron de manera detallada las diferencias pensionales
presuntamente adeudadas y el monto que, a su juicio, debía reconocerse como
mesada.

El tribunal valoró de forma selectiva los elementos probatorios que favorecían la
postura de la entidad ejecutada, lo cual lo condujo a concluir, sin fundamento
suficiente, que la obligación contenida en el título judicial se encontraba cumplida.

Respecto del defecto sustantivo alegó que la providencia se fundamentó en la
aplicación del tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 la Ley
797 de 2003, disposición que, en su criterio, no resultaba aplicable a su situación
pensional, por tratarse de una pensionada cobijada por el régimen especial de la
Rama Judicial.

Finalmente, afirmó que la decisión incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, en la medida en que el tribunal aplicó de manera retroactiva la sentencia C-
078 de 2017 de la Corte Constitucional a una situación jurídica que ya se encontraba
consolidada con anterioridad.

La decisión cuestionada se apoyó en ese precedente para justificar la aplicación del
tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la reliquidación
de su pensión, a pesar de que la sentencia que conformaba el título ejecutivo y las
actuaciones previas habían definido el régimen aplicable a su caso.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“(...) Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 29 de Mayo de 2025,
Notificada de manera electrónica con fecha 05 de Junio de 2025, ley 2213
de 2022. del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS -SALA
PRIMERA DE DECISION M.P. CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES
radicado 17001-33-33-008-2019-0027-02 Proceso EJECUTIVO
promovido por la DRA PURA QUINTERO CASTILLA contra LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS- SALA PRIMERA DE DECISION M.P.
CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES, proferir una nueva sentencia en
que se tomen en cuenta las consideraciones expuestas en esta demanda
(...)”. (mayúsculas del original –índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación en primer grado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto del 4 de noviembre de 20253
admitió la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Caldas con el fin de que presentaran un informe sobre los hechos
que dieron lugar a la presente acción y vinculó al titular del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y al director de Colpensiones, como
terceros interesados en el resultado del proceso.

5. Sentencia de primera instancia

El 4 de diciembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia en la cual negó las pretensiones de la acción de tutela4.

Al examinar el defecto fáctico alegado, consideró que no se evidenciaba una
omisión probatoria relevante ni una valoración arbitraria del material allegado al
proceso ejecutivo; por el contrario, destacó que el tribunal examinó el conjunto de
pruebas obrantes en el expediente y explicó las razones por las cuales concluyó
que la reliquidación efectuada por Colpensiones se ajustaba con los parámetros
fijados en las sentencias que conformaban el título ejecutivo.

3
Índice 00005 del aplicativo SAMAI.
4
Índice 00017 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

En particular, señaló que la providencia cuestionada confrontó el dictamen pericial
practicado en primera instancia con la información aportada por la entidad
demandada, a partir de lo cual concluyó que no existía divergencia sustancial en
torno a los factores salariales empleados en la liquidación, sino una discrepancia
jurídica relacionada con la procedencia del límite máximo pensional.

En relación con el defecto sustantivo, estimó que la autoridad judicial demandada
ofreció una fundamentación jurídica razonable para considerar aplicable el límite de
los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Al examinar el contenido de las sentencias que sirvieron de título ejecutivo y la
actuación desplegada por Colpensiones en su cumplimiento, consideró que la
obligación consistía en reliquidar la pensión conforme con los parámetros fijados en
tales providencias y dentro del marco normativo vigente, lo cual comprendía la
observancia del tope pensional previsto en la legislación aplicable.

La ejecutada efectuó la reliquidación según esos parámetros y, por tanto, no hubo
una aplicación caprichosa o arbitraria de normas jurídicas ni la utilización de
disposiciones manifiestamente inaplicables que permitieran estructurar el defecto
sustantivo alegado.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, la providencia cuestionada se
limitó a interpretar el alcance de las decisiones judiciales que conformaban el título
ejecutivo y a verificar si la entidad había dado cumplimiento a lo ordenado en ellas,
para lo cual acudió a las normas y criterios jurisprudenciales que consideró
pertinentes dentro de su autonomía funcional; en esa medida, no se acreditó un
apartamiento arbitrario o injustificado de un precedente obligatorio ni la aplicación
retroactiva de un criterio jurisprudencial en los términos planteados por la actora.

6. Impugnación

La demandante impugnó la sentencia de primera instancia5 y esta le fue concedida
mediante auto del 14 de enero de 20266.

5
Índice 00023 del aplicativo SAMAI
6
Índice 00026 del aplicativo SAMAI

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Sostuvo que la decisión del a quo negó el amparo sin una justificación válida y
desestimó los elementos probatorios que, a su juicio, evidenciaban la configuración
de los defectos alegados en la acción de tutela.

La sentencia de primera instancia avaló una interpretación del Tribunal
Administrativo de Caldas que desnaturalizó el alcance de las decisiones judiciales
que conformaban el título ejecutivo y validó la aplicación del tope máximo de 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes en la reliquidación de su pensión,
pese a tratarse de una prestación reconocida con el régimen especial de la Rama
Judicial.

En lo demás, reiteró los fundamentos de la acción de tutela, según los cuales la
providencia cuestionada incurrió en una valoración irrazonable del material
probatorio, en particular, del dictamen pericial practicado en el proceso ejecutivo, el
cual, en su criterio, demostraba la existencia de diferencias pensionales a su favor.
Asimismo, reiteró que la aplicación del límite máximo pensional desconoció el
contenido de las sentencias que ordenaron la reliquidación de su prestación e
invocó la indebida aplicación de la sentencia C-078 de 2017 de la Corte
Constitucional porque se acudió a ella de manera retroactiva, a pesar de que su
situación jurídica se encontraba consolidada con anterioridad.

7. Actuación en segundo grado

Encontrándose el asunto para proferir sentencia de segunda instancia, con auto del
2 de febrero de 2026, el magistrado ponente manifestó estar impedido para conocer
del proceso con base en lo dispuesto en los artículos 130 numerales 3 y 4 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 56 numeral 1
del Código de Procedimiento Penal78.

Mediante auto del 11 de febrero de 2026 se declaró infundado el impedimento
manifestado9.

7
Con fundamento en que la cónyuge del magistrado ponente se desempeñó durante varios años en
calidad de asesora de la Procuraduría General de la Nación y, actualmente, sin solución de
continuidad de esa vinculación laboral, funge como procuradora judicial II, mismo cargo que en su
momento ocupaba la demandante en el proceso de acción de tutela de la referencia.
8
Índice 0004 del aplicativo SAMAI en segunda instancia.
9
Índice 00010 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

El 24 de febrero de 2026, el expediente regresó al despacho para ser proferida
sentencia de segunda instancia10.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Caldas con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,

10
Índice 00017 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

seguridad social y seguridad jurídica, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 29 de mayo de 2025 en el proceso ejecutivo no. 17001-33-39-008-
2019-00027-02, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que
había ordenado seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, se negaron las
pretensiones de la actora.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo pretendido por cuanto
estimó que la decisión cuestionada se basó en las pruebas obrantes en el
expediente y en una interpretación razonada del alcance de las decisiones que
conformaban el título ejecutivo, sin que se evidenciara la configuración de los
defectos alegados.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela, por las
siguientes razones:

2.1. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

1) En primer lugar, la Sala pone de presente que el caso cumplió con los requisitos
genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por
cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles para la
persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió
con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada11; (iii) el
presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte derechos
fundamentales; (iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; (v) no se
ataca una sentencia de tutela y finalmente (vi) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional porque en la acción de tutela se expusieron las razones
por las cuales se consideró que el amparo deprecado debe ser valorado por el juez
constitucional en tanto se endilga la configuración de defectos, presuntamente
derivados de la sentencia de segunda instancia dictada dentro de un proceso

11
El correo electrónico que contiene la sentencia cuestionada se envió a la parte actora el 30 de
mayo de 2025, por lo cual la providencia debe entenderse notificada el 10 de junio siguiente, de
conformidad con el artículo 205 del CPACA, mientras que la acción de tutela se presentó ante esta
Corporación el 30 de octubre de 2025.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

ejecutivo, mediante la cual se revocó la decisión que ordenó seguir adelante con la
ejecución; tampoco se aprecia que la controversia se contraiga exclusivamente a
un aspecto económico o de mera legalidad.

2.2 Caracterización del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte
Constitucional ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa
y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de
oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado
a hacerlo.

Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para
ello, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas
resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de
prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se
basa la providencia.

2.3 El análisis del defecto fáctico en el caso concreto

1) En el presente asunto, la demandante reclamó la configuración de un defecto
fáctico porque, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Caldas efectuó una
valoración irrazonable del material probatorio obrante en el proceso ejecutivo y
concluyó, sin fundamento suficiente, que Colpensiones había dado cumplimiento a
las sentencias que conformaban el título ejecutivo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2) En particular, indicó que la providencia cuestionada omitió valorar
adecuadamente el dictamen pericial practicado en primera instancia dentro del
proceso ejecutivo.

3) Para resolver tal planteamiento basta con señalar que la sentencia cuestionada
sí valoró el material obrante en el proceso ejecutivo y fundó su decisión a partir de
una certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación, allegada en
segunda instancia dentro del proceso ejecutivo en virtud de una orden contenida en
un auto para mejor proveer, con la finalidad de establecer “cómo estaba conformado
y cuál era el valor del ingreso base de cotización para pensión de la señora Pura
Quintero Castilla para los años 2009 y 2010”, en la cual se anotó lo siguiente:

4) La citada certificación arrojó un dato relevante para la resolución del litigio
ejecutivo en segunda instancia por parte del tribunal, esto es, que los descuentos
por aportes pensionales de la actora, para los años 2009 y 2010, se realizaron sobre
25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en aplicación del artículo 18 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

5) A partir de esa prueba, la providencia cuestionada concluyó que no estaba
probado que la actora hubiera realizado aportes adicionales y que “nunca cotizó por
encima de los mencionados 25 SMLMV”, inferencia que no evidencia una omisión
de valoración, sino precisamente una valoración expresa de un elemento de
convicción que el tribunal estimó determinante.

6) Tampoco se observa que el tribunal hubiera pretermitido el dictamen pericial o
ignorado su existencia; en efecto, la autoridad judicial demandada confrontó dicha
prueba con la información suministrada por la entidad demandada y concluyó que
no existía una divergencia sustancial en torno a los factores salariales, sino una
discrepancia de orden jurídico respecto de la aplicación del tope legal, motivo por el
cual la Sala concluye que no es cierto que se haya dejado de valorar esa prueba,
sino que el juez del ejecutivo tuvo en cuenta el límite de cotización y su incidencia
en la liquidación pensional.

7) Así, el cargo de la demandante según el cual el tribunal valoró “de manera
selectiva” el material probatorio no prospera, porque lo que se aprecia en la
providencia cuestionada es una ponderación de varias fuentes de convicción y una
conclusión judicial razonable, sin que la acción de tutela sea el escenario para
sustituir esa apreciación por otra, salvo que se demuestre una arbitrariedad
manifiesta, lo cual no ocurrió.

8) De hecho, la providencia atacada dejó expresamente consignado el
razonamiento que condujo a la decisión ejecutiva, en los siguientes términos:

“Conforme lo expuesto, se considera que cuando Colpensiones reajustó
la pensión en cumplimiento a los fallos judiciales acató lo establecido en
la ley, es decir, reconoció la pensión teniendo en cuenta el tope de
cotización de los 25 SMLMV, no solo establecido en la ley sino aplicado a
la demandante al momento de descontar su aporte a pensión, ya que ella
devengaba como salario mensual una suma superior a dicho monto. Tope
de 25 SMLMV que para el año 2010 correspondía a la suma de
$12.875.000, que al aplicarle la tasa de reemplazo (75%) generó un valor
de pensión de $9.956.250, que como era inferior al reconocido en la
Resolución GNR 380339 del 14 de diciembre de 2016, se mantuvo en la
cantidad de $11.747.003.

Así las cosas, para esta Sala no hay incumplimiento de Colpensiones (…)
porque, como se reseñó, la entidad liquidó la pensión conforme lo
establecido en las providencias y lo determinado en la ley.”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06827-01
Demandante: Pura Quintero Castilla
Acción de tutela – Impugnación de fallo

9) Lo anterior evidencia que la decisión del tribunal sí expuso las razones fácticas y
técnicas por las cuales tuvo por cumplido el título ejecutivo por cuanto i) verificó el
tope de cotización, ii) identificó el valor correspondiente para el año 2010, iii) aplicó
la tasa de reemplazo y iv) comparó el resultado con la suma ya reconocida por
Colpensiones, de ahí que no pueda afirmarse válidamente que la providencia
carezca de sustento probatorio o que haya incurrido en un defecto fáctico por
ausencia de motivación.

10) A partir de lo expuesto, para la Sala es claro que la autoridad judicial demandada
valoró el material probatorio de conformidad con los principios de la sana crítica, sin
que pueda advertirse que tal ejercicio hubiere sido arbitrario o caprichoso.

2.4 Caracterización del defecto sustantivo

Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a
todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”12.

La Corte Constitucional estableció13 que el defecto sustantivo abarca múltiples
causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y
que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental
del debido proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por
la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que
gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera
cuando una determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de
la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii)
aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo
porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad
material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen
hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente
judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación

12
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido
solicitada por alguna de las partes en el proceso14.”.

2.5 Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto.

1) La actora también alegó que el Tribunal Administrativo de Caldas aplicó
indebidamente el tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la
Ley 797 de 2003, por cuanto su pensión fue reconocida y reliquidada por el régimen
especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, que no prevé dicha limitación.

2) La Sala no encuentra acreditado ese defecto, por cuanto la providencia
cuestionada no desconoció el régimen especial invocado por la actora ni aplicó una
norma manifiestamente ajena al litigio, pues lo que hizo fue adoptar una regla
jurisprudencial contenida en la sentencia C-078 de 2017 de la Corte Constitucional
sobre la forma de verificar el cumplimiento de las sentencias de reliquidación, a
partir de la relación entre el régimen especial pensional y el límite legal de cotización:

“La anterior sentencia da soporte al argumento que, al tenerse el límite de
25 SMLMV al IBC, no es factible bajo ese supuesto acceder a una pensión
por valor de 25 SMLMV, como lo pretende la parte ejecutante, ya que el
tope del IBC está directamente ligado con los límites pensionales, sin que
ello configure una vulneración al artículo 48 de la Constitución Política,
por el contrario, respondería a los principios de solidaridad, universalidad
y sostenibilidad financiera.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)

3) El tribunal distinguió entre dos aspectos ya que, de un lado, reconoció las reglas
propias del régimen especial que gobernaban la reliquidación de la prestación
(porcentaje y factores salariales) y, de otro, el límite legal de cotización de 25
SMLMV, que consideró una regla general del sistema pensional con incidencia en
la liquidación final de la mesada.

4) Es decir, la autoridad judicial demandada no negó la existencia del régimen
especial, sino que concluyó que ello no excluía, por sí mismo, la aplicación del tope
legal.

14
Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

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5) La justificación central de la providencia cuestionada consistió en afirmar que el
límite de 25 SMLMV del ingreso base de cotización (IBC) se encuentra directamente
relacionado con el monto de la pensión y que, por tanto, dicho parámetro también
debía ser observado al verificar el cumplimiento de una sentencia de reliquidación
pensional.

6) Para respaldar esa conclusión, acudió a la regla legal contenida en el artículo 18
de la Ley 100 de 1993 (modificado por la Ley 797 de 2003) y a la jurisprudencia
constitucional que citó en apoyo de esa interpretación, en particular, para destacar
que ese límite no contrariaba el artículo 48 superior y se vinculaba con los principios
de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera.

7) A esa justificación normativa y jurisprudencial, añadió una razón fáctica específica
del caso, en tanto consideró acreditado que ese tope legal ya había sido aplicado a
la demandante para el momento de efectuar los aportes pensionales, debido a que
su remuneración superaba dicho límite:

“Conforme lo expuesto, se considera que cuando Colpensiones reajustó
la pensión en cumplimiento a los fallos judiciales acató lo establecido en
la ley, es decir, reconoció la pensión teniendo en cuenta el tope de
cotización de los 25 SMLMV, no solo establecido en la ley sino aplicado a
la demandante al momento de descontar su aporte a pensión, ya que ella
devengaba como salario mensual una suma superior a dicho monto (...)”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

8) De lo anterior se desprende que la providencia cuestionada sí ofreció una
justificación jurídica concreta para aplicar el tope pensional en el caso de la actora,
cuestión diferente es que la demandante no comparta esa interpretación y sostenga
que el régimen especial impedía aplicar dicho límite; sin embargo, esa discrepancia,
por sí sola, no configura el defecto alegado.

9) Por consiguiente, la Sala concluye que no se configura el defecto sustantivo y,
en este punto, confirmará la decisión de primera instancia que negó el amparo.

2.6 Caracterización del desconocimiento del precedente judicial

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia 15”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio
pacífico y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los
casos que, en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior en orden a garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad
jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 16 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada,
y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni necesarios
para la resolución del asunto.

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el
caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia
anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe
resolverse posteriormente17”.

15
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
17
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes
desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene
algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que
no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora
de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad (…).

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos
en los cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este con las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo cual se ha denominado cumplimiento de la “carga de

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transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para justificar el apartamiento del precedente, exigencia que se
reconoce como la “carga de argumentación”.

2.7 Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

1) Por último, la demandante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial porque, en su criterio, el Tribunal
Administrativo de Caldas aplicó de manera retroactiva la sentencia C-078 de 2017
de la Corte Constitucional para justificar la aplicación del tope máximo de veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el marco del proceso ejecutivo
y, con ello, restringió el alcance del título ejecutivo.

2) La Sala no encuentra acreditado ese defecto, en primer lugar, porque aun cuando
la actora planteó su cargo bajo la tesis de una “aplicación retroactiva” de la sentencia
C-078 de 2017, lo cierto es que no explicó ni demostró cuál sería la regla decisoria
concreta derivada de ese pronunciamiento que, por razón de identidad de problema
jurídico, resultaba obligatoria para el juez de la ejecución, ni precisó de qué manera
el tribunal habría desplazado el contenido de las sentencias que integraban el título
ejecutivo para reemplazarlo por una regla nueva.

3) Del contenido de la providencia cuestionada no se desprende que el tribunal
demandado hubiera tomado la sentencia C-078 de 2017 como un mandato
sustitutivo de las decisiones del proceso declarativo o como fundamento para
reconfigurar el derecho reconocido a la demandante; por el contrario, la sentencia
atacada se apoyó en esa sentencia como un criterio de refuerzo argumentativo para
sustentar una tesis jurídica: que el límite del ingreso base de cotización tiene
incidencia en el monto de la prestación y que, por ello, el tope legal debía ser
observado para verificar el cumplimiento del reajuste.

4) La motivación del tribunal no estuvo construida sobre la premisa de que la
sentencia C-078 de 2017 hubiera “reemplazado” las decisiones judiciales que
conformaban el título ejecutivo ni de que, por virtud de ese fallo constitucional, se
alterara el régimen especial aplicable a la actora; cuestión diferente es que la

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providencia cuestionada partiera de un razonamiento distinto en tanto consideró
que, tras verificar el cumplimiento de las sentencias de reliquidación, debía
examinarse también el marco normativo general del sistema pensional, dentro del
cual ubicó la regla del tope de 25 SMLMV.

5) La cita de la sentencia C-078 de 2017 fue empleada por el tribunal para reforzar
una tesis jurídica puntual, a saber, que el límite del ingreso base de cotización tiene
incidencia en el monto de la pensión y que dicha relación no resulta, en sí misma,
contraria a la Constitución.

6) En otros términos, el tribunal no infirió de ese pronunciamiento una regla
específica de aplicación retroactiva al caso de la actora, sino un criterio interpretativo
de apoyo para justificar la tesis ya adoptada en torno a la procedencia del tope legal,
como quedó anotado en antelación (ver análisis del defecto sustantivo en el caso
concreto – página 14).

7) Así entonces, lo alegado por la actora sobre la supuesta retroactividad, no se
materializó en los términos del defecto invocado, pues el tribunal no reabrió el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni alteró la cosa juzgada de las
sentencias que conformaban el título ejecutivo, lo que hizo fue decidir un proceso
ejecutivo posterior, circunscrito a establecer si subsistía una obligación clara,
expresa y exigible en cabeza de Colpensiones y en ese marco interpretó la manera
de verificar el cumplimiento de lo ordenado, para lo cual acudió a la normativa del
sistema y a los criterios jurisprudenciales que estimó pertinentes.

8) Adicionalmente, para que prospere el defecto por desconocimiento del
precedente no basta con afirmar que la autoridad judicial citó un pronunciamiento y
lo aplicó al caso, sino que es necesario acreditar la existencia de una regla
jurisprudencial específica, clara y obligatoria con identidad suficiente de supuestos
fácticos y jurídicos y que dicha autoridad se apartó de ella sin una carga de
justificación suficiente.

9) En el presente asunto, la actora no identificó la regla que impusiera concluir, en
el proceso ejecutivo, la inaplicación del tope de 25 SMLMV en la verificación del
cumplimiento de las sentencias de reliquidación y su reproche se dirigió a cuestionar

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la interpretación adoptada por el tribunal y el uso de la sentencia C-078 de 2017
como respaldo argumentativo.

10) En ese orden, la referencia a la sentencia C-078 de 2017 no configuró, por sí
sola, un desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual la Sala concluye
que el cargo por desconocimiento del precedente judicial no está llamado a
prosperar, pues no se demostró la existencia de una regla jurisprudencial vinculante
ignorada por el Tribunal Administrativo de Caldas; un apartamiento injustificado de
una ratio decidendi obligatoria; ni el uso arbitrario de la sentencia C-078 de 2017
como fundamento exclusivo y excluyente de la decisión.

11) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en cuanto
negó el amparo frente al cargo de desconocimiento del precedente judicial.

3. Conclusión

La Sala concluye que no se configuró un defecto fáctico, sustantivo ni por
desconocimiento del precedente judicial, en los términos alegados por la actora.

En efecto, la providencia cuestionada valoró el material probatorio obrante en el
proceso ejecutivo, expuso una justificación jurídica expresa sobre la aplicación del
tope de 25 SMLMV al verificar el cumplimiento de las sentencias de reliquidación
pensional y no se apartó de manera arbitraria de un precedente judicial vinculante.

El desacuerdo de la actora recae, en realidad, sobre la interpretación probatoria y
jurídica adoptada por el juez natural, lo cual no basta para estructurar una causal
específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 4 de diciembre de 2025 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la
acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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