Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06828-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06828-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06828-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-00
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se declara improcedente por no cumplir el requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide la acción de tutela interpuesta por el señor Edison Hernando Pulido Cruz,
quien actúa por conducto de apoderado judicial, en contra del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué, el Tribunal Administrativo del Tolima y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo en condiciones dignas y justas e igualdad,
ocurrida con ocasión de las providencias expedidas el 18 de octubre de 20221,
23 de mayo de 20242 y 28 de febrero de 20253, respectivamente, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-
006-2020-00123-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela se colige que el señor Edison Hernando Pulido Cruz
ingresó el 18 de febrero de 2014 a la E.S.E. Hospital San Francisco de Ibagué
mediante contrato laboral a término definido hasta el 17 de febrero de 2015,
desempeñando el cargo de médico general en servicio social obligatorio, con
turnos rotativos de 192 horas mensuales en urgencias, hospitalización y brigadas
rurales.
1
Índice 9 del aplicativo SAMAI, certificado FD9F29AE70293212 C926FFB0EBC7F2FA 2187897CE2F2DFC0
23D627C69FC1A76C, 1_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf
2
Índice 13 del aplicativo SAMAI, exp. 73001-33-33-006-2020-00123-01
3
Índice 10 del aplicativo SAMAI, ibidem
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3. El demandante señaló que el 17 de febrero de 2015 se le informó que
continuaría en la entidad bajo la modalidad de prestación de servicios, iniciando
el primer contrato el 2 de marzo de 2015 y finalizando el último el 3 de enero de
2017. Manifestó que durante este lapso ejecutó funciones idénticas a las que
venía realizando previamente, bajo subordinación directa del Coordinador de
Urgencias4, con insumos y herramientas suministradas por el hospital.
4. Indicó que durante la ejecución de dichos contratos realizó aportes al
sistema de seguridad social y pagó la póliza de responsabilidad médica anual.
Expuso que la entidad siempre le consignó sus honorarios de manera continua
entre el 2 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
5. El accionante afirmó que el 4 de julio de 2016 sufrió un trauma ocular por
un accidente común, siendo intervenido de urgencia en el Hospital San José de
Bogotá por lo que se le otorgó una incapacidad de un mes, que fue remitida a su
jefe inmediato. No obstante, señaló que, sin culminar la incapacidad, el 25 de julio
de 2016 fue obligado a trabajar por exigencia del Coordinador de Urgencias.
6. Adicionalmente, manifestó que el 20 de diciembre de 2016 se publicó el
cuadro de turnos de enero de 2017, asignándole 220 horas. Indicó que laboró los
días 1, 2 y 3 de enero de 2017, acumulando 37 horas, algunas adicionales por
incapacidades de colegas, en cumplimiento de las órdenes de sus superiores.
7. Adujo que el 4 de enero de 2017, sufrió trauma de tobillo que le generó
inicialmente una incapacidad de dos días. Sostuvo que posteriormente, el 6 de
enero de esa anualidad, fue nuevamente intervenido de urgencia en Bogotá, con
hospitalización de cuatro días y una incapacidad posterior de dos meses.
8. Expuso que el 16 de enero de 2017 acudió al Hospital San Francisco a
firmar el contrato y aportar la incapacidad, recibiendo como respuesta que no
existía contrato alguno. Por lo expuesto, señaló que fue despedido sin justa
causa, rechazándose su certificación médica.
9. En consideración a lo anterior, indicó que instauró una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 5 contra
la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. pero el Juzgado Sexto Administrativo de
Ibagué mediante sentencia del 18 de octubre de 2022 negó las pretensiones de
esta6. La decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima el 23
de mayo de 2024.
10. Finalmente, el actor expuso que presentó ante esta corporación un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, pero este fue rechazado por la
Sección Segunda, Subsección B, mediante auto del 28 de febrero de 2025,
notificado el 12 de mayo de 2025.
44
Dr. Luis Antonio Sánchez.
5
Seguida bajo el radicado 73001-33-33-006-2020-00123-00
6
Al encontrar que el accionante dentro de los elementos de la presunta relación laboral, no probó la
subordinación con la ESE demandada.
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2.2. Fundamento jurídico:
11. La parte actora sostuvo que se configuró un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, pues en su sentir las autoridades judiciales accionadas
desestimaron correos electrónicos y cuadros de turno que evidenciaban las
órdenes directas y los horarios impuestos, por lo que reprochó que, al privilegiar
formalismos sobre el contenido de las pruebas, se generó además un exceso
ritual manifiesto que sacrificó la verdad material.
12. Adicionalmente, afirmó que se incurrió en una omisión de hechos y
pruebas determinantes, al ignorarse la continuidad funcional tras el año rural, la
prestación de servicios sin contrato en enero de 2017 y la terminación del contrato
durante una incapacidad médica. Señaló que estas circunstancias demostraban
la subordinación y la primacía de la realidad sobre las formas, pero fueron
indebidamente excluidas del análisis por parte de las instancias censuradas.
13. El accionante denunció además un defecto por desconocimiento del
precedente, pues reprochó desconocidas unas providencias de esta
corporación7. No obstante, no profundizó sobre ellas y su aplicación al caso
concreto, más allá de exponer que se desconoció el principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formas y que la carga de la prueba respecto a
la subordinación se invertía en el caso de los profesionales de la salud.
14. La parte actora expuso que la suma de los defectos anteriores derivó en
una violación directa de la Constitución, vulnerando derechos fundamentales
al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, al trabajo digno y a
la igualdad pues la negativa a declarar el contrato realidad impuso un formalismo
arbitrario que sustituyó la justicia material por un ritualismo procesal.
15. Finalmente, el actor señaló que se incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en el auto del 28 de febrero de 2025, dictado por la
Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, mediante el cual se
rechazó el recurso de unificación, toda vez que en su sentir, la decisión se
sustentó exclusivamente en una exigencia formal, dejando de lado que la
contradicción con la jurisprudencia de unificación era evidente y que el recurso
buscaba precisamente corregir un fallo contrario al precedente.
2.3. Pretensiones
16. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. TUTELAR y amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
7
Citó como referencia la sentencia del 21 de abril de 2016, con radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01, MP
Gustavo Gómez Aranguren. – En la providencia, se analizó la diferencia entre un contrato de prestación de
servicios y una verdadera relación laboral, reafirmando que lo determinante no es la forma escrita, sino la realidad
de la prestación del servicio y reconoce que, en ciertos sectores como el de la salud, la naturaleza de las funciones
puede evidenciar subordinación, generando una presunción favorable al trabajador. -. Adicionalmente, invocó la
Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021, MP Rafael Francisco Suárez Vargas, de la que adujo que fueron
citados los criterios indicativos de subordinación, pero no aplicados materialmente.
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acceso a la administración de justicia, igualdad y trabajo en condiciones
dignas y justas del señor EDISON HERNANDO PULIDO CRUZ.
2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 23 de mayo
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en consecuencia, la
sentencia del 18 de octubre de 2022 del Juzgado Sexto Administrativo de
Ibagué.
3. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el auto del 28 de febrero de 2025
notificado por correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2025 proferido por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que rechazó el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
4. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que profiera una nueva
sentencia de reemplazo, en un término perentorio y razonable que su
Despacho considere prudente, en la cual valore la totalidad del acervo
probatorio conforme a los principios de la sana crítica y el precedente judicial
sobre el contrato realidad — incluida la presunción de subordinación para el
personal de la salud—, y en consecuencia, declare la existencia de la
relación laboral entre el accionante y el Hospital San Francisco E.S.E.
5. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR el reconocimiento y pago
de todos los salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad
social, indemnizaciones y demás derechos laborales dejados de percibir por
el accionante, debidamente indexados.». Sic en toda la cita
2.4. Intervenciones
17. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 318 de octubre de 2025,
a través del cual se ordenó notificar al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Ibagué, al Tribunal Administrativo del Tolima y a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado como accionados y adicionalmente, a la ESE
Unidad de Salud de Ibagué como tercero interesado en el resultado del proceso.
18. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General
del Proceso para lo de su competencia y se reconoció personería al abogado
Carlos Antonio Becerra Rivera con tarjeta profesional núm. 277.711 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandante, en los
términos y para los fines conferidos en el poder especial obrante en el expediente.
2.4.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué9, a través su
Secretaría remitió el vínculo de acceso al proceso mientras que el Tribunal
Administrativo del Tolima habilitó el acceso al expediente en el aplicativo
SAMAI.
2.4.2. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado10, a través
del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, expuso que la acción de tutela
presentada por el señor Edison Hernando Pulido Cruz era improcedente, toda
vez que no cumplía con el requisito de subsidiariedad. Señaló que el accionante
contaba con los recursos de reposición y de súplica para controvertir el auto que
8
Índice 5 del aplicativo SAMAI.
9
Índice 9 del aplicativo SAMAI.
10
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
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rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, pero no los
ejerció, razón por la cual la providencia quedó ejecutoriada.
19. Asimismo, precisó que las pretensiones encaminadas a dejar sin efectos
las sentencias del Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué excedía su competencia, pues no fueron decisiones
adoptadas por esa autoridad judicial. En relación con el recurso extraordinario,
indicó que fue repartido el 25 de septiembre de 2024, inadmitido el 30 de octubre
de 2024 y rechazado el 28 de febrero de 2025, al no subsanarse los yerros
advertidos en el auto inadmisorio.
20. La Subsección también expuso que el accionante no acreditó la identidad
fáctica y jurídica exigida por el artículo 262 del CPACA para la procedencia del
recurso de unificación, limitándose a cuestionar la valoración probatoria de las
instancias previas. Señaló que sus pretensiones en nulidad y restablecimiento
del derecho fueron negadas por falta de prueba de subordinación en la relación
laboral alegada, lo que impidió reconocer los derechos reclamados.
21. Finalmente, precisó que la sentencia invocada por el actor no fijó una regla
jurisprudencial aplicable al caso, razón por la cual el mecanismo extraordinario
también resultaba improcedente. En consecuencia, la Sección Segunda,
Subsección B concluyó que no se vulneró derecho fundamental alguno y solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela o, en su defecto, declarar su
improcedencia por incumplir el requisito de subsidiariedad.
22. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
24. En consideración a que resulta evidente que con relación a las
providencias proferidas el 18 de octubre de 2022 y el 23 de mayo de 2024 11 no
se satisface el requisito de inmediatez, por cuanto la fecha de presentación12
de la acción superó el término fijado por la Corte Constitucional, y dado que la
parte actora no justificó en modo alguno las razones por las cuales no acudió
oportunamente a la acción de tutela, la Sala advierte que el examen de la
presente acción constitucional se circunscribirá exclusivamente a la providencia
dictada el 28 de febrero de 2025 en el marco del recurso extraordinario de
11
Notificada personalmente el 28 de mayo de 2024. Índice 15 del aplicativo SAMAI, exp. 73001-33-33-006-2020-
00123-01
12
30 de octubre de 2025.
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unificación de jurisprudencia, la cual fue notificada el 18 de mayo del presente
año.
25. Ahora bien, aún si se considerara una postura más garantista respecto a
que con la presentación del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia podría hacerse eventualmente un cómputo para la inmediatez
posterior al de la notificación de la sentencia de segunda instancia, ello no es
viable al haberse guardado silencio frente a la inadmisión del mecanismo
extraordinario por falta de diligencia de la parte actora.
26. Por todo lo anterior, se reitera que el análisis se circunscribirá respecto del
auto del 28 de febrero de 2025, para determinar si en este se incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.2. Problema jurídico
27. De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección deberá determinar
si la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, y en el evento en
que se considere que la anterior respuesta es positiva, se procederá a establecer
si con ocasión del auto del 28 de febrero de 202513, proferido por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al interior del proceso con
radicado 73001-33-33-006-2020-00123-00/01, se incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.3. Del requisito de subsidiariedad
28. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
29. Respecto del requisito de agotamiento de recursos ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo
siguiente:
«2. Igualmente, ha sostenido la Corte que el amparo no busca excluir a la
jurisdicción ordinaria del conocimiento de los asuntos que le son propios.
La tutela, por el contrario, se constituye en un mecanismo que asegura
en forma especial y excepcional la intangibilidad del núcleo esencial de
los derechos fundamentales vulnerados, cuando no existan instrumentos
ordinarios que permitan dicha protección. Por ello, la acción de tutela
resulta improcedente, en virtud de su naturaleza subsidiaria y residual,
cuando el actor tiene o tuvo a su disposición otros mecanismos judiciales
de defensa.
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación
“[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que
13
Índice 10 del aplicativo SAMAI, ibidem. Que rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por el señor Edison Hernando Pulido Cruz en contra de la sentencia
de segunda instancia proferida el 23 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Tolima
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la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o
prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos
que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni
puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el
interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos
derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por lo
tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y
extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio
descuido procesal”»14.
30. Como se puede evidenciar, uno de los requisitos generales de
procedibilidad consiste en que se hayan agotado todos los medios de defensa
judicial al alcance de la persona afectada. En consecuencia, se debe hacer uso
de estos o señalar las razones por las cuales se renuncia a ello por la amenaza
de que se configure un perjuicio irremediable.
31. El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y cuya
oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de
que se trate.
32. Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de
los recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.
33. Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud
de amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial no
ejerció su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.
3.3.1. Análisis del caso concreto
34. En el asunto objeto de estudio, corresponde determinar a la Sala si la parte
accionante cumplió con el requisito de subsidiariedad de la presente acción
constitucional frente a la decisión que censura.
35. Al respecto, debe recordarse que el auto cuestionado fue proferido el 28
de febrero de 2025 y notificado el 18 de mayo de esta anualidad mediante el cual
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por el señor Edison
Hernando Pulido Cruz.
36. En ese entendido, resulta necesario establecer cuáles eran los
mecanismos procesales con los que contaba el accionante para controvertir
dicha decisión, para lo cual es preciso remitirse inicialmente a lo dispuesto en el
artículo 242 de la Ley 1437 de 2011:
14
Corte Constitucional, sentencia T – 874 de 11 de julio de 2000, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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«Artículo 242. Reposición El recurso de reposición procede contra todos
los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y
trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso15.»
(Subrayas de la Sala)
37. Ahora bien, adicionalmente, el artículo 246 de la normativa citada precisó
lo siguiente:
«Artículo 246. Súplica El recurso de súplica procede contra los siguientes
autos dictados por el magistrado ponente: 1. Los que declaren la falta de
competencia o de jurisdicción en cualquier instancia. 2. Los enlistados en los
numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el
curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los
recursos extraordinarios. 3. Los que durante el trámite de la apelación o
de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos. 4. Los
que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia. Este recurso no
procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o
queja. La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación
de autos. Su interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas: a)
El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de
la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición
interpuesta por una de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica
contra el nuevo auto, si fuere susceptible de este último recurso; b) Si el auto
se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y sustentarse
oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que
niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el magistrado ponente
dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que
se pronuncien, ya continuación ordenará remitir la actuación o sus copias al
competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse; c) Si el auto
se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por
escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición.
“ (…)”» Negrillas y subrayas de la Sala.
38. En consideración a lo anterior, se advierte con claridad que el accionante
tenía a su disposición los recursos de reposición y de súplica para controvertir la
decisión que reprocha en sede de tutela, pero al revisar el expediente, se
evidenció que no existe prueba de haberlos ejercido.
39. Así las cosas, la omisión del actor en interponer los recursos evidencia que
no agotó los medios ordinarios de defensa judicial disponibles. Además, no
expuso ninguna razón válida que justificara su inactividad ni explicó por qué
dichos mecanismos resultarían ineficaces frente a lo pretendido, y tampoco
15
Al respecto, el Código General del Proceso dispuso lo siguiente : Artículo 318. Procedencia y oportunidades
Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del
magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan
un recurso de apelación, una súplica o una queja. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones
que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de
audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación
del auto. El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no
decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos
nuevos. Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o
complementación, dentro del término de su ejecutoria. PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una
providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del
recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.
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acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
40. En ese entendido, el principio de subsidiariedad exige que la acción de
tutela no se transforme en una instancia paralela o sustitutiva de los recursos
ordinarios, toda vez que la Corte Constitucional ha reiterado que este mecanismo
excepcional no puede suplir la negligencia procesal de las partes.
41. Adicionalmente, la Sala advierte que el accionante pretende que el juez
constitucional examine aspectos de valoración probatoria y de interpretación
jurídica que debieron ventilarse mediante los recursos previstos para ello, por lo
que, al no haberlos ejercido, la acción de tutela deviene improcedente.
42. Además, cabe recordar, que las etapas procesales son preclusivas y
perentorias y la acción de tutela no se puede utilizar como una tercera instancia
para resolver debates ya zanjados en sede de instancia, ni se puede abusar de
su ejercicio, pues de hacerlo, el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales se quebraría.
43. Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios
de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar
los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
44. En consideración a lo planteado, no resulta procedente un estudio de
fondo, puesto que el accionante no utilizó adecuadamente los medios de defensa
judicial que tenía a su disposición para controvertir la decisión censurada.
45. Ahora bien, en gracia de discusión y como se esbozó en la cuestión previa,
frente a las sentencias del 18 de octubre de 2022 y del 23 de mayo de 2024, la
acción también resulta improcedente pues tampoco cumplió con el requisito de
inmediatez, al ser presentada en octubre de 2025, con lo que superó
ampliamente el término razonable fijado por la jurisprudencia constitucional para
interponerla.
46. Por todo lo mencionado, la Sala declarará que la presente acción de tutela
es improcedente, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional
no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener
la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de
tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-00
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz
lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Constitución a los jueces
de tutela.
47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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