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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06828-01

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06828-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que declaró improcedente la acción de tutela de Edison Hernando Pulido Cruz contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, el Tribunal Administrativo del Tolima y la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06828-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

6 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-Carácter excepcional. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Falta de cumplimiento del requisito de Inmediatez y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
proferida el 27 de noviembre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Edison Hernando Pulido Cruz, por conducto de apoderado, promovió acción de tutela
en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la
igualdad, que estimó vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima, con ocasión de la sentencias
proferidas el 18 de octubre de 2022 y el 23 de mayo de 2024, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 73001-33-33-006-2020-00123-00/01.

Asimismo, atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo Estado, autoridad que, mediante auto del 28 de
febrero de 2025, rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, dentro del proceso identificado
con el radicado núm. 73001-33-33-006-2020-00123-01,

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001333300620200012

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

2.1. El señor Edison Hernando Pulido Cruz manifestó que se vinculó a la ESE Hospital
San Francisco de Ibagué mediante la suscripción sucesiva de contratos de prestación
de servicios, desde el 2 de marzo de 2015 hasta el 3 de enero de 2017. Indicó que,
durante este período, desempeñó funciones idénticas a las que había ejercido bajo la
modalidad de contrato laboral entre el 18 de febrero de 2014 y el 17 de febrero de 2015
y que, en desarrollo de tales actividades, estuvo sometido a subordinación directa
frente al Coordinador de Urgencias de la entidad.

2.2. Señaló que, durante la ejecución de los referidos contratos, sufrió dos accidentes
de origen común que dieron lugar a incapacidades médicas. La primera se extendió
por un mes, a partir del 4 de julio de 2016. La segunda inició el 4 de enero de 2017 que
implicó hospitalización por 4 días y generó una incapacidad médica posterior por 2
meses.

2.3. Expuso que el 16 de enero de 2017 acudió a las instalaciones de la referida ESE
con el propósito de suscribir un nuevo contrato. No obstante, la entidad se abstuvo de
formalizar dicha vinculación, circunstancia que, en su criterio, configuró un despido sin
justa causa.

2.4. Mediante el oficio del 7 de enero de 2020, la institución hospitalaria negó el
reconocimiento del contrato realidad y, en consecuencia, el pago de salarios y demás
derechos laborales, que, según el accionante, se derivaban de una relación laboral
encubierta bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios.

2.5. En virtud de lo anterior, el señor Pulido Cruz promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la
nulidad del acto administrativo mencionado y el consecuente reconocimiento de las
prestaciones reclamadas.

2.6. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Ibagué, bajo el radicado número 73001-33-33-006-2020-00123-00, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 18 de octubre de 2022, desestimó las pretensiones.
Esta decisión fue conformada por el Tribunal Administrativo del Tolima en fallo del 23
de mayo de 2024.

2.7. Contra la sentencia de segunda instancia, el accionante interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. No obstante, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, mediante auto del 28 de febrero de 2025, rechazó
dicho recurso.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

3017300123 / Las correspondientes al recurso extraordinario de revisión en el siguiente acceso web
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001333300620200012
3011100103
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

“1. TUTELAR y amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad y trabajo en condiciones dignas y justas
del señor EDISON HERNANDO PULIDO CRUZ.

2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 23 de mayo de
2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en consecuencia, la sentencia
del 18 de octubre de 2022 del Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué.

3. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el auto del 28 de febrero de 2025
notificado por correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2025 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.

4. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que profiera una nueva
sentencia de reemplazo, en un término perentorio y razonable que su
Despacho considere prudente, en la cual valore la totalidad del acervo
probatorio conforme a los principios de la sana crítica y el precedente judicial
sobre el contrato realidad — incluida la presunción de subordinación para el
personal de la salud—, y en consecuencia, declare la existencia de la relación
laboral entre el accionante y el Hospital San Francisco E.S.E.

5. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR el reconocimiento y pago de
todos los salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad
social, indemnizaciones y demás derechos laborales dejados de percibir por el
accionante, debidamente indexados”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte accionante propuso lo siguiente:

3.2.1. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

El accionante sostuvo que la sentencia del tribunal negó injustificadamente mérito
probatorio a los correos electrónicos que, en su criterio, acreditaban la existencia de
órdenes directas impartidas al tutelante, así como a los cuadros de turno que
evidenciaban la imposición de horarios, circunstancia que configuraba el elemento de
subordinación.

Agregó que los jueces de primera y segunda instancia omitieron valorar hechos
determinantes, tales como la continuidad en la prestación del servicio y la terminación
del vínculo durante un período de incapacidad médica, elementos que desvirtuaban la
apariencia meramente contractual de la relación entre las partes.

En su criterio, una apreciación integral y sistemática del material probatorio habría
conducido a reconocer la existencia de una relación laboral, en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades.

3.2.2. Desconocimiento del precedente y defecto sustantivo

El actor sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas se apartaron del principio
de primacía de la realidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, al
privilegiar la denominación formal de “contrato de prestación de servicios” sobre las
condiciones materiales en que se ejecutó la vinculación .

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

Afirmó que el tribunal desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado que
establece una presunción de subordinación respecto del personal de la salud, con la
consecuente inversión de la carga probatoria, lo cual, en su entender, comportó una
indebida aplicación de la ley sustancial.

Añadió que el apartamiento del precedente se evidenciaba en el salvamento de voto
formulado por uno de los integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal, en el que se
cuestionó la distribución de la carga de la prueba en contra del demandante. En tal
sentido, sostuvo que la decisión mayoritaria se limitó a citar formalmente la sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, pero omitió aplicar sus criterios orientadores
sobre subordinación, lo que vació de contenido el precedente y condujo a una decisión
contraria a la jurisprudencia obligatoria.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 31 de octubre de 20252 la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado: i) admitió la acción de tutela; ii) negó la medida cautelar solicitada;
iii) ordenó notificar a los accionados y, iv) vinculó, en calidad de tercero con interés, a
la ESE Unidad de Salud de Ibagué.

4.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué 3 remitió el enlace web
de acceso al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, no se
pronunció sobre los fundamentos expuestos por la parte actora.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 4, a través del
magistrado ponente del auto de fecha 28 de febrero de 2025, que rechazó el recurso
extraordinario de revisión, manifestó que la solicitud de amparo no superó el requisito
de subsidiariedad, en tanto el tutelante contaba con el recurso de reposición y en
subsidio el de súplica para cuestionar dicha providencia.

4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima y la ESE Unidad de Salud de Ibagué no
se pronunciaron en esta etapa.

5. La sentencia de primera instancia

El 27 de noviembre de 2025 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
profirió sentencia mediante la cual declaró improcedente el amparo por no superar los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.

2 Archivo electrónico identificado con el certificado 96EDB6AD01503071 A2C5066752994F18 EAD06A21B8786FD1

98AA098E8E367F7D, ubicado en el índice 0005 del aplicativo Samai .
3 Archivo electrónico identificado con el certificado 2969D063356B3373 CD48BD7A627DFCCE
914EA418974E733F EDF7D7F678AE5999, ubicado en el índice 000 9 del aplicativo Samai.
4
Archivo electrónico identificado con el certificado 22765347E38EA61E 4F8965585150A551 B1010E607A810710
2C5A94F5D92261CE, ubicado en el índice 00010 del aplicativo Samai.
5 Archivo electrónico identificado con el certificado 7028E62962CB14D2 7368B37B80DE5825
010C605AAD3DDCD8 D81BDFAEF522F030, ubicado en el índice 00014 del aplicativo Samai.
4

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Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

En cuanto al requisito de inmediatez puntualizó que las providencias censuradas a
través de este mecanismo fueron emitidas el 18 de octubre de 2022 y el 23 de mayo
de 2024, por lo que para el momento en que se radicó la solicitud de amparo, el término
de 6 meses que fijó la Corte Constitucional ya se había superado. Agregó que el actor
no justificó los motivos por los que no acudió de manera oportuna en ejercicio de la
acción de tutela.

Asimismo, indicó que, aun bajo una interpretación más garantista —según la cual la
interposición del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia permitiría
computar el requisito de inmediatez a partir de la notificación de la sentencia de
segunda instancia—, dicha tesis no resultaba admisible. Ello, por cuanto la parte actora
guardó silencio frente a la inadmisión del mecanismo extraordinario por falta de
diligencia procesal, circunstancia que impide predicar la interrupción o suspensión del
término y evidencia desinterés en el impulso oportuno de su propia defensa.

En consecuencia, precisó que el análisis se centraría exclusivamente en el auto que
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Respecto a la subsidiariedad, precisó que el auto del 28 de febrero de 2025, mediante
el cual la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, rechazó el referido
recurso, era susceptible de ser controvertido a través de los recursos de reposición y
de súplica, conforme a lo dispuesto en los artículos 242 y 246 del CPACA. No obstante,
en el expediente no obra prueba que dé cuenta del ejercicio de tales mecanismos.

En ese contexto, el a quo constitucional señaló que el actor pretendió trasladar al juez
de tutela debates relativos a la valoración probatoria y a la interpretación jurídica que
debieron ventilarse en la jurisdicción ordinaria. Destacó que la omisión en el uso de los
recursos procedentes impide habilitar el control excepcional propio de la acción de
tutela.

Asimismo, afirmó que las etapas procesales son preclusivas y que este mecanismo
constitucional no constituye una instancia adicional destinada a reabrir controversias
ya definidas. Añadió que admitir su procedencia en tales condiciones desconocería los
principios de seguridad jurídica y de autonomía judicial.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación6 mediante el cual solicitó revocar el
fallo de primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada. Para sustentar
su inconformidad, expuso lo siguiente:

6.1. Sostuvo que el fallo de primera instancia incurrió en un error al interpretar el
requisito de inmediatez. Indicó que el término debía computarse desde la notificación
del auto del 28 de febrero de 2025, que rechazó el recurso extraordinario de unificación

6 Archivo electrónico identificado con el certificado 9784D2D7364155A7 4AFCC955EC4BDA89
2D90DAD92572E83C D800372AD022DD03, ubicado en el índice 00018 del aplicativo Samai
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

de jurisprudencia, esto es, desde el 12 de mayo de 2025, por tratarse de la última
providencia que agotó la vía judicial

Afirmó que la acción de tutela, presentada el 30 de octubre de 2025, se interpuso dentro
del plazo razonable de seis (6) meses reconocido por la jurisprudencia constitucional.
Añadió que la inmediatez constituye un criterio flexible y no un término de cadu cidad,
especialmente cuando se alegan vulneraciones de carácter continuo.

Asimismo, controvirtió el argumento según el cual el silencio frente a la inadmisión del
recurso extraordinario impide computar el término desde esa decisión. A su juicio, dicho
razonamiento anticipa un juicio sobre el fondo y desconoce que la presunta
arbitrariedad de ese auto constituye, precisamente, uno de los defectos alegados. En
ese sentido, señaló que el agotamiento diligente de los recursos no puede operar en
su contra ni justificar la improcedencia de la acción, pues el cómputo correcto del
término demuestra su presentación oportuna.

6.2. De otra parte, puntualizó que el a quo constitucional aplicó erradamente la
normativa que regula los recursos judiciales. Explicó que el artículo 242 del CPACA se
encuentra ubicado en el Título V, relativo a los “recursos ordinarios”, mientras que el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia está regulado en el Título VI,
Capítulo II del mismo estatuto, como un mecanismo autónomo y especial.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la codificación no contempla recurso
alguno contra el auto que rechaza el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. En consecuencia, exigir el agotamiento de un medio de impugnación
inexistente implica imponer una carga procesal carente de sustento legal, en contravía
del principio de legalidad procesal.

6.3. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito introductorio y resaltó
la necesidad de evaluar los hechos en los que fundamentó la vulneración denunciada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Edison
Hernando Pulido Cruz, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados.
Esto en la medida que actuó como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-33-33-006-2020-
00123-00/01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

Igualmente, dado que interpuso el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia identificado con el radicado número 73001-33-33-006-2020-00123-01,
para cuestionar la sentencia de segunda instancia dictada al interior del referido asunto.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, por
cuanto fungieron como jueces de primera y de segunda instancia dentro del proceso
ordinario.

Igualmente, se configura respecto del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por cuanto profirió la providencia mediante la cual rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Conviene precisar que las decisiones adoptadas por las referidas autoridades judiciales
son aquellas que, según el escrito de tutela, habrían ocasionado la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 11, según las
condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios que
dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 12, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses13.

alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fu ndamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus po stulados.
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso
dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de m anera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia,
por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó
la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales
estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
12
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis
de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues
´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras
palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones
judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de
tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el
alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia –
que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad
jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594
de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
13 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la

Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (…)” 14.

La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”15.
Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable
que define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente” 16.

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en
contra de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar
el hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de
la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que
se perfecciona su notificación y ejecutoria.

definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001 -03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya
mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y
T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía
judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional,
toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela
improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razon able para ejercer la acción
de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
14 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte

Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006;
T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
15
Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
16 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de

2014.Resaltado fuera del texto original.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

4.2. Subsidiariedad

Resulta importante recordar que la subsidiariedad está definida expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela,
en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 17.

Al respecto, la Corte Constitucional 18 ha señalado:

“Carácter subsidiario de la acción de tutela. Según los artículos 86 de la
Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, el requisito de subsidiariedad 19
de la acción de tutela implica que esta acción es excepcional y
complementaria ―no alternativa― a los demás medios de defensa judicial 20.

En virtud del requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución
prescribe que la acción de tutela sólo procede en dos supuestos
excepcionales 21: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo22 y eficaz23, caso en el cual la tutela procede como
mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela
con el propósito de evitar un perjuicio irremediable24, evento en el que
procede como mecanismo transitorio.

En este sentido, si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de defensa
judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe
recurrir a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso

17“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
18
Sentencia T-247 de 2024.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-531 de 1993.
20 Corte Constitucional, sentencias C-132 de 2018 y T-361 de 2017. Ver también, sentencias T-384 de 1998 y T-204

de 2004.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2021.
22 El mecanismo judicial ordinario es idóneo si “es materialmente apto para producir el efecto protector de los

derechos fundamentales” (sentencia SU-379 de 2019). La aptitud material del recurso ordinario debe examinarse a
partir de un estudio “cualitativo” (sentencia T-204 de 2004) de las pretensiones de la solicitud de tutela, la naturaleza
de la controversia y las facultades que el juez ordinario ostenta para reparar las violaciones alegadas. En tales
términos, el recurso ordinario será idóneo si permite analizar la “controversia en su dimensión constitucional” (C.P.
art. 86.) y brindar un “remedio integral para la protección de los derechos amenazados o vulnerados” (sentencia SU-
132 de 2018) equivalente al que el juez constitucional podría otorgar (T-361 de 2017).
23
El juez constitucional debe verificar que el medio judicial ordinario sea eficaz en abstracto y en concreto. El medio
de defensa ordinario es eficaz en abstracto cuando “está diseñado para brindar una protección oportuna a los
derechos amenazados o vulnerados” (sentencia C-132 de 2018). Por su parte, es eficaz en concreto si, “atendiendo
las circunstancias en que se encuentre el solicitante” (Decreto 2591 de 1991, art. 6.), es lo suficientemente expedito
para garantizar estos derechos. En particular, la Corte Constitucional ha señalado que, para valorar la eficacia en
concreto de un mecanismo ordinario, el juez constitucional debe examinar si el accionante se encuentra en una
situación de vulnerabilidad.
24 La verificación del riesgo de un perjuicio irremediable supone la acreditación de: «(i) una afectación inminente del

derecho fundamental, es decir que se trate de una amenaza que está por concretarse» , lo que se opone a la
existencia de un perjuicio irremediable en aquellos eventos en los que existe «la mera expectativa ante un posible
menoscabo» ―Sentencia T-071 de 2021―; (ii) «la gravedad del perjuicio, esto es, que el daño material o moral en
la persona sea de gran intensidad» ―Sentencia C-132 de 2018―; (iii) «la urgencia de las medidas que se requieren
para prevenir o remediar el perjuicio irremediable» ―Sentencia T-071 de 2021―; y finalmente, (iv) «el carácter
impostergable de las medidas para la efectiva protección de derechos fundamentales en riesg o» ― Sentencia T-
071 de 2021―. Demostradas estas circunstancias por el demandante, la acción de tutela se torna procedente de
forma transitoria.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

indebido de este mecanismo constitucional como una instancia judicial
adicional25. La inobservancia del requisito de subsidiariedad es causal de
improcedencia de la tutela26, y la consecuencia directa de ello es que el juez
constitucional no puede decidir de fondo el asunto planteado”.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción constitucional no cumple con los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad; en consecuencia, confirmará el fallo de primera instancia,
por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar las actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 73001-33-33-006-
2020-00123-00/01, la Sala constata que la sentencia de segunda instancia, que puso
fin a la actuación, fue proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 23 de mayo
de 2024. Asimismo, conforme a la constancia secretarial que obra en la anotación
00017 del aplicativo SAMAI del respectivo expediente, la decisión cobró ejecutoria el 5
de junio del mismo año.

5.2. Dentro del mismo asunto, el accionante interpuso recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, el cual fue asignado por reparto al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Mediante auto del 30 de octubre de 2024, dicha
autoridad inadmitió el recurso, por cuanto el accionante: (i) omitió señalar las partes, y
(ii) no adelantó el estudio comparativo de las situaciones fácticas y de la ratio decidendi
de una y otra providencia, necesario para determinar la viabilidad del control
jurisprudencial.

Si bien el recurrente presentó escrito de subsanación, mediante providencia del 28 de
febrero de 2025 se rechazó la solicitud, dado que con el memorial “no logró demostrar
la identidad fáctica y jurídica entre la sentencia de unificación y aquella que se recurre”.

5.3. En este contexto, respecto del requisito de inmediatez, resulta necesario precisar
que, si bien el accionante interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, lo cierto es que la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado lo rechazó debido a que no subsanó
las falencias formales advertidas en el auto de inadmisión. Ello se traduce en un uso
ineficaz de dicho instrumento procesal.

En ese sentido, la Sala considera que el plazo de seis (6) meses previsto por la
jurisprudencia constitucional para valorar el cumplimiento de este presupuesto no
puede computarse a partir de la ejecutoria del auto del 28 de febrero de 2025. Lo
anterior obedece a que el recurso de unificación fue rechazado, circunstancia que
impide reconocerle efectos jurídicos aptos para extender o modificar el cómputo del
término razonable.

25
Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018 y T-391 de 2021.
26 Decreto Ley 2591 de 1991, «[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la

Constitución Política», artículo 6, numeral 1º.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

En consecuencia, el punto de partida debe fijarse en la ejecutoria de la sentencia
ordinaria del 23 de mayo de 2024, esto es, el 5 de junio del mismo año. Así, para el 30
de octubre de 2025, fecha en que se radicó la solicitud de amparo, el término en
cuestión se encontraba ampliamente superado, razón por la cual no se satisface el
requisito de inmediatez.

5.4. Ahora, en lo que respecta a la subsidiariedad, la Sala recuerda que mediante auto
del 28 de febrero de 2025, el magistrado ponente de la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.

En relación con los recursos procedentes contra dicha providencia, el artículo 242 de la
Ley 1437 de 2011 dispone que “el recurso de reposición procede contra todos los autos,
salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo
dispuesto en el Código General del Proceso”.

Por su parte, el artículo 246 ibidem establece que el recurso de súplica procede contra
los autos que dicte el magistrado ponente. En particular, el numeral 3 de dicha
disposición incluye, dentro de tales providencias, aquella que rechaza el recurso
extraordinario de revisión.

No obstante, de la revisión del expediente se advierte que el tutelante no hizo uso de
ninguno de estos mecanismos de impugnación, los cuales, por su naturaleza, resultaban
idóneos para controvertir la decisión y procurar la protección de los derechos que ahora
invoca en sede constitucional.

En este punto, conviene precisar que, si bien el Capítulo II del Título VI del CPACA
regula de manera especial el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo
cierto es que las disposiciones que lo integran , esto es, los artículos 256 a 268, no
establecen expresamente los recursos procedentes contra el auto que lo rechaza. En
efecto, el artículo 265 del citado estatuto dispone lo siguiente:

“Artículo 265. Admisión del recurso. Concedido el recurso por el Tribunal y
remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la
sección que corresponda.

Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si
carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos
para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo
hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.

El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse
concedido”.

De ese modo, el actor, al no estar de acuerdo con la providencia del 28 de febrero de
2025 debió acudir a los recursos de reposición y súplica, que, como se precisó en líneas
anteriores, resultan idóneos para cuestionar la decisión.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06828-01
Accionante: Edison Hernando Pulido Cruz

De este modo, el actor, al manifestar su inconformidad con la providencia del 28 de
febrero de 2025, debió acudir a los recursos de reposición y de súplica, los cuales,
como se precisó en líneas anteriores, resultaban idóneos para controvertir la decisión
adoptada.

Así las cosas, la Subsección estima que la solicitud de amparo es improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Admitir lo contrario implicaría sustituir
los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para la protección de los
derechos, así como suplir la omisión o falta de diligencia de la parte interesada, quien
no hizo uso de tales instrumentos dentro del término legal correspondiente.

Adicionalmente, la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que habilitara la intervención excepcional del juez constitucional y justificara la
flexibilización de la regla de subsidiariedad.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente la
solicitud de amparo por no superar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que declaró improcedente la
acción de tutela de Edison Hernando Pulido Cruz contra el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué, el Tribunal Administrativo del Tolima y la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

SFGS

13

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