Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06830-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06830-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06830-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Sergio Luis Moreno Bello
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06830-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir con
el requisito de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el propósito de
que se declarara la nulidad de la Resolución 0125 del 13 de abril de
2022 por medio de la cual fue retirado del servicio de la Policía Nacional
por la causal denominada “[…] voluntad de la dirección general […]” y,
a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el reintegro en el
cargo y grado que venía desempeñando sin solución de continuidad y
al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir.
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1.2. El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 22 de marzo de 2024, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional presentó recurso de apelación.
1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024,
revocó la decisión de primera instancia al considerar que el señor
Sergio Luis Moreno Bello incurrió en la comisión de la conducta punible
denominada “[…] Hurto Calificado con circunstancia de agravación
punitiva, en concurso heterogéneo con el delito de cohecho propio […]”,
lo que “[…] constituyó una motivación plenamente razonable y
proporcional para que la entidad demandada perdiera la confianza
depositada en aquél y, por tanto, al resolver retirarlo del servicio por
voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional,
indefectiblemente se propendió por el mejoramiento del servicio […]”.
1.5. Dentro del término de ejecutoria de la decisión anterior el accionante
presentó solicitud de corrección. A través de auto de 7 de noviembre de
2024 la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca corrigió “[…] la fecha consignada en la
sentencia dictada por la Sala para el asunto de la referencia en el
sentido de señalar que su fecha de expedición corresponde al 26 de
septiembre de 2024 […]”.
1.6. En el marco de la decisión anterior el accionante promovió recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue rechazado
mediante auto de 31 de marzo de 2025 por la Subsección A de la
Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente identificado con
radicado 11001-33-42-056-2022-00478-01 (0003-2025).
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1.7. Mediante providencia de 5 de junio de 2025, la Subsección A de la
Segunda del Consejo de Estado resolvió el recurso de súplica en el
sentido de confirmar el auto de 31 de marzo de 2025 que rechazó el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico por omitir valorar pruebas determinantes y por cuanto sustentó la
legalidad del retiro discrecional en inferencias carentes de respaldo probatorio.
Aseguró que nunca fue vencido en juicio penal toda vez que solo existía una
medida de aseguramiento sin sentencia condenatoria, razón por la cual no
constituía “[…] prueba de responsabilidad ni causal objetiva de pérdida de
confianza […]”, es decir que la autoridad accionada basó su decisión en una
investigación no concluida.
Señaló que el tribunal accionado incurrió en una apreciación arbitraria de los
hechos al desentender su historial de servicio el cual era intachable porque en
su hoja de vida no existían sanciones disciplinarias ni antecedentes negativos,
sino calificaciones superiores y reconocimientos institucionales durante toda
su carrera policial, con lo cual se desvirtúa “[…] la supuesta afectación del
servicio […]”.
Refirió que el tribunal accionado incurrió en “[…] defecto fáctico negativo […]”
al ignorar pruebas que le eran favorables y al acoger sin cuestionamiento
afirmaciones sin soporte probatorio suficiente.
Afirmó que la autoridad accionada incurrió en error inducido al fundamentar la
decisión de segunda instancia en los informes suministrados por la Policía
Nacional y la junta de evaluación y clasificación quienes tenían información
inexacta y no probada.
Manifestó que se incurrió en decisión sin motivación porque la autoridad
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accionada confirmó la legalidad de su retiro de la Policía Nacional sin efectuar
un análisis concreto, razonado y proporcional sobre los hechos y las pruebas
relevantes.
Adujo que se incurrió en desconocimiento del precedente contenido en la “[…]
sentencia SU-172 de 2015 que señala que todo acto de retiro discrecional
debe sustentarse en razones objetivas, verificables y proporcionales, que
demuestren una finalidad legítima de mejoramiento del servicio, y que la Junta
de Evaluación o Asesora debe fundar su recomendación en un estudio
concreto y motivado, valorando la hoja de vida y los antecedentes del
uniformado […]”. Igualmente, por desatenderse “[…] el precedente unificado
del Consejo de Estado (Sentencia CE-SUJSII-26-2022 de 7 de abril de 2022),
a su vez la sentencia de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-26-
2022 […]”.
Relató que se incurrió en violación directa de la Constitución toda vez que se
desconoció “[…] la presunción de inocencia (art. 29 C.P.) […]”, al dar por
acreditada la pérdida de confianza institucional y justificar el retiro con
fundamento en imputaciones penales no decididas judicialmente.
Aseguró que también se incurrió en violación directa de la Constitución puesto
que se vulneró los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral previstos en
los artículos 25 y 53 de la Constitución Política porque “[…] el retiro se utilizó
como una sanción encubierta, sin acreditarse una finalidad legítima de
mejoramiento del servicio […]”. Además, por desconocerse el principio de
proporcionalidad contemplado en los artículos 5 y 228 de la Constitución al
“[…] avalar una medida extrema como fue el retiro definitivo del servicio sin
considerar medidas menos gravosas, como la suspensión prevista en el
artículo 50 del Decreto 1791 de 2000 […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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“[…] PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, A LA IGUALDAD, AL
TRABAJO Y AL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, vulnerados por la sentencia proferida el 26 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho N.º 11001-33-42-056-2022-00478-01.
SEGUNDA: Que se declare que la mencionada providencia incurrió en
los defectos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, concretamente:
Defecto fáctico, por haber basado la decisión en hechos no probados ni
acreditados, derivados de información falsa o incompleta aportada por la
administración, configurando además un error inducido en la valoración
probatoria.
Defecto de motivación, al carecer de una justificación razonada, objetiva
y proporcional sobre la legalidad del retiro discrecional.
Desconocimiento del precedente constitucional y ordinario, al
apartarse sin justificación del criterio vinculante fijado por la Corte
Constitucional (SU-172 de 2015, SU-049 y SU- 339 de 2024) y por el
Consejo de Estado (Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-26-2022).
Violación directa de la Constitución, por aplicar la norma de
discrecionalidad (art. 4 del Decreto 1791 de 2000) en contravía de los
artículos 2, 13, 25, 29, 53, 228 y 230 de la Constitución Política
TERCERA: Que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos la
sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ( se aclara que la fecha de la sentencia
aparece como 26 de septiembre de 2024, sin embargo fue un error de
transcripción y mediante auto el tribual procedió a la corrección mediante
auto del 07 de noviembre de 2024), y se ordene emitir una nueva
providencia que observe los precedentes constitucionales y de unificación
aplicables, valorando integralmente la prueba y la hoja de vida del actor,
con fundamento en los principios de motivación, proporcionalidad,
razonabilidad y respeto a la presunción de inocencia.
CUARTA: Que, como medida de reparación integral, se ordene al
Juzgado Administrativo de segunda instancia que, dentro del término
legal, dicte una nueva sentencia conforme a los lineamientos
jurisprudenciales unificados sobre el retiro discrecional de los miembros
de la Fuerza Pública, garantizando la protección efectiva de los derechos
fundamentales vulnerados.
QUINTA: Que se exhorte al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para que, en futuras decisiones análogas, observe de manera estricta los
precedentes constitucionales y de unificación, en especial los contenidos
en las sentencias SU-049 de 2024, SU-339 de 2024, SU-172 de 2015 y
CE-SUJ-SII-26-2022, en cumplimiento del principio de supremacía
constitucional y seguridad jurídica.
SEXTA: Que se disponga cualquier otra medida que el Despacho
considere necesaria para garantizar la eficacia de los derechos
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fundamentales vulnerados y restablecer la integridad del orden
constitucional en el caso concreto […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 5 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, al Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y
a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en el que solicitó se nieguen las pretensiones de
la presente acción de tutela porque no se configuró ningún defecto en la
providencia cuestionada.
2. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó
que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad
toda vez que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez constitucional.
Añadió que no es suficiente la simple inconformidad con las decisiones
judiciales para activar la acción de tutela se requiere demostrar que la
providencia cuestionada incurre en alguno de los defectos sustanciales
señalados por la jurisprudencia porque de lo contrario carece de relevancia
constitucional.
3. La Policía Nacional solicitó declarar la improcedencia del presente amparo
constitucional porque la acción de tutela no es un medio de impugnación
extraordinario.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
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Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”4 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional5.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
4 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
5 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional7 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular8 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”9.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la providencia de 26 de septiembre de
2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 11001-
33-42-056-2022-00478-01.
Al respecto, cabe precisar que aun cuando la parte actora interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la providencia objeto de
tutela y este fue desatado de manera desfavorable mediante los autos de 31
de marzo y de 5 de junio de 2025, dicha circunstancia no determina la fecha
desde la cual se debe contabilizar el término de inmediatez dado que la acción
de tutela de la referencia se dirige exclusivamente a dejar sin efectos la
sentencia de 26 de septiembre de 202410.
7 Sentencia T-584 de 2011.
8 Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
9 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
10 En este mismo sentido se pronunció esta Sección en providencia de 23 de octubre de
2025, expediente 11001-03-15-000-2025-05900-00.
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Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de notificación de la providencia de 7 de noviembre de 2024 que corrigió la
sentencia de 26 de septiembre de 2024.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el expediente objeto de tutela la notificación de la providencia de
7 de noviembre de 2024 que corrigió la sentencia aquí controvertida se surtió
el día 22 de ese mismo mes y año; mientras que la acción de tutela se presentó
el 30 de octubre de 2025, es decir con posterioridad al plazo de seis (6) meses
establecidos por esta Corporación como término razonable.
Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan justificar su presentación por fuera del término
establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
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REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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