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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06830-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06830-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Sergio Luis Moreno Bello, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 12 Sentencia T-308 del 11 de agosto de 2023. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06830-01 Demandante: Sergio Luis Moreno Bello 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06830-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

26 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06830-01
Demandante: Sergio Luis Moreno Bello

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 26 de febrero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06830-01
Demandante: SERGIO LUIS MORENO BELLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto fáctico y desconocimiento del
precedente. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general
de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 27
de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la presente acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 30 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el señor Sergio Luis Moreno Bello pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, trabajo, presunción de inocencia y acceso a la administración
de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 26
de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección A, que revocó el fallo de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones del accionante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-056-2022-00478-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, A LA PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, vulnerados por la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-056-2022-00478-01.

SEGUNDA: Que se declare que la mencionada providencia incurrió́ en los defectos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente:
Defecto factico, por haber basado la decisión en hechos no probados ni acreditados, derivados de
información falsa o incompleta aportada por la administración, configurando además un error inducido
en la valoración probatoria.
Defecto de motivación, al carecer de una justificación razonada, objetiva y proporcional sobre la
legalidad del retiro discrecional.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06830-01
Demandante: Sergio Luis Moreno Bello

Desconocimiento del precedente constitucional y ordinario, al apartarse sin justificación del criterio
vinculante fijado por la Corte Constitucional (SU-172 de 2015, SU-049 y SU- 339 de 2024) y por el
Consejo de Estado (Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-26-2022). Violación directa de la Constitución,
por aplicar la norma de discrecionalidad (art. 4 del Decreto 1791 de 2000) en contravía de los artículos
2, 13, 25, 29, 53, 228 y 230 de la Constitución Política.

TERCERA: Que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 26 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (se aclara que la fecha de la
sentencia aparece como 26 de septiembre de 2024, sin embargo fue un error de transcripción y
mediante auto el tribual procedió a la corrección mediante auto del 07 de noviembre de 2024), y se
ordene emitir una nueva providencia que observe los precedentes constitucionales y de unificación
aplicables, valorando integralmente la prueba y la hoja de vida del actor, con fundamento en los
principios de motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto a la presunción de inocencia.

CUARTA: Que, como medida de reparación integral, se ordene al Juzgado Administrativo de segunda
instancia que, dentro del término legal, dicte una nueva sentencia conforme a los lineamientos
jurisprudenciales unificados sobre el retiro discrecional de los miembros de la Fuerza Pública,
garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.

QUINTA: Que se exhorte al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, en futuras decisiones
análogas, observe de manera estricta los precedentes constitucionales y de unificación, en especial los
contenidos en las sentencias SU-049 de 2024, SU-339 de 2024, SU-172 de 2015 y CE-SUJ-SII-26-
2022, en cumplimiento del principio de supremacía constitucional y seguridad jurídica.

SEXTA: Que se disponga cualquier otra medida que el Despacho considere necesaria para garantizar
la eficacia de los derechos fundamentales vulnerados y restablecer la integridad del orden constitucional
en el caso concreto.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 14 de julio de 2008, el demandante ingresó como alumno del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional y culminó sus estudios el 11 de diciembre de 2008; entre el 12 de
diciembre de 2008 y el 22 de abril de 2022, se desempeñó como miembro del nivel
ejecutivo en el grado de patrullero.

En contra del accionante se adelantó una investigación penal dentro de la noticia criminal
No. 110016000057202100028 por los presuntos punibles de hurto calificado con
circunstancias de agravación punitiva en concurso heterogéneo con el delito de cohecho
propio.

A través del Acta No. 251/-GUTAH-SUBCO-2.25 del 25 de marzo de 2022, la Junta de
Evaluación y Clasificación de Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la
Policía Metropolitana de Bogotá recomendó al comandante de la Policía Metropolitana
de Bogotá, el retiro del servicio activo del demandante por voluntad de la dirección
general de esa institución.

Mediante la Resolución No. 125 del 13 de abril de 2022, el comandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá retiró del servicio activo de la Policía Nacional al demandante.
Acto administrativo que se le notificó el 22 de abril de 2022.

Por lo anterior, el señor Sergio Luis Moreno Bello promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que
se declarara la nulidad de la Resolución 0125 de 13 de abril de 2022 y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reintegro al cargo sin solución de
continuidad, en el grado que venía desempeñando, y el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir.

La demanda se adelantó bajo el radicado 11001-33-42-056-2022-00478-00 y
correspondió al Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá que, por sentencia
del 22 de marzo de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En

2

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Demandante: Sergio Luis Moreno Bello

concreto, consideró que la verdadera motivación del acto de retiro del servicio del
demandante fue la existencia de unas investigaciones disciplinarias que ya estaban
archivadas y una de tipo penal en la que no se había demostrado la responsabilidad del
accionante, por lo que dicha medida constituyó una especie de sanción frente a la
supuesta responsabilidad penal que se le endilgó, lo que contradice la razonabilidad y
proporcionalidad que debió guiar el ejercicio de la facultad discrecional de la
administración al proferir el acto.

Inconforme, la entidad demandada apeló y manifestó que los requisitos exigidos para la
procedencia del retiro del servicio se cumplieron a cabalidad, toda vez que los miembros
de la junta de evaluación y calificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y
agentes adoptaron tal decisión por cuanto el accionante afectaba la buena marcha de la
institución y la prestación del servicio.

En sentencia dictada el 26 de septiembre de 2023 (sic), el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó la decisión apelada1, al
considerar que el hecho de contar con una buena hoja de vida o buen desempeño no
genera ningún fuero de estabilidad y ante la imputación formulada por la autoridad penal
contra en demandante por la presunta comisión de un delito, resulta plenamente
razonable y proporcional que la entidad demandada perdiera la confianza depositada y
adoptara la determinación de no mantenerlo en el servicio activo de la Policía Nacional.

El 10 de octubre de 2024, el señor Sergio Luis Moreno presentó solicitud de corrección
de la sentencia de segunda instancia referente a la fecha en que se había dictado la
providencia. Y el 18 de octubre de 2024 presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.

A través de auto dictado el 7 de noviembre de 2024, 2 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, – Subsección A, corrigió la fecha consignada en la
sentencia dictada por dicha Sala, en el sentido de señalar que la fecha de expedición
correspondía al 26 de septiembre de 2024.

Mediante auto dictado el 31 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del expediente radicado No. 11001-33-42-056-2022-00478-01,
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de súplica y, por auto del 5
de junio de 2025, la corporación confirmó la decisión recurrida.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, toda vez que la autoridad accionada
omitió valorar pruebas determinantes y fundamentó la legalidad del acto de retiro con
inferencias subjetivas carentes de respaldo probatorio.

Al respecto, afirmó que dentro del proceso penal solo existía una medida de
aseguramiento sin sentencia condenatoria y, en esa medida, no existía prueba de la
responsabilidad, ni ninguna causal objetiva de pérdida de confianza, por lo que la
autoridad accionada incurrió en una apreciación arbitraria de los hechos al no tener en
cuenta que el historial de servicio del accionante era intachable pues en su hoja de vida
no figuraba ninguna sanción disciplinaria, ni antecedentes negativos y, por el contrario,

1 Comunicada por correo electrónico el 4 de octubre de 2024.
2 Auto que se notificó por estado de 21 de noviembre de 2024.

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Demandante: Sergio Luis Moreno Bello

él tenía calificaciones superiores y reconocimientos institucionales durante toda su
carrera policial.

Destacó que la decisión cuestionada carece de motivación toda vez que estimó la
legalidad del acto de retiro sin efectuar un análisis concreto, razonado y proporcional de
los hechos relevantes.

Violación directa de la Constitución Política por desconocimiento de la presunción de
inocencia, al tener por acreditada la pérdida de confianza institucional y justificar el retiro
del servicio con imputaciones penales que no han sido decididas.

Además, afirmó que se vulneró el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, en la
medida en que el retiro del servicio se utilizó como una sanción sin que se hubiera
acreditado una finalidad legítima de mejoramiento del servicio; además, se desconoció el
principio de proporcionalidad al avalar una medida tan drástica como el retiro del servicio.

Desconocimiento del precedente respecto de la sentencia SU-172 de 2015, que, según
el actor, indica que todo acto de retiro discrecional debe sustentarse en razones objetivas,
verificables y proporcionales, y el precedente unificado del Consejo de Estado 3

5. Intervenciones

EL magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, ponente de la decisión cuestionada, manifestó que se debían negar las
pretensiones de la acción de tutela, dado que en la providencia no se incurrió en ningún
defecto que esté llamado a prosperar.

Afirmó que el hecho de que no se haya dictado decisión condenatoria en contra del
demandante dentro del proceso penal, dicha circunstancia no constituye ningún
impedimento para que la Policía Nacional hiciera uso de la facultad discrecional, en la
medida que no existe ninguna exigencia que condicione la procedencia de tal figura a la
firmeza de una sanción penal o disciplinaria.

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A ponente de la
providencia dictada el 5 de junio de 2025 que resolvió el recurso de súplica interpuesto
en contra del auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
quien fue vinculado a la acción como tercero con interés, solicitó declarar la
improcedencia del amparo comoquiera que la acción de tutela no cumple con los
requisitos exigidos, en tanto el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique la intervención del juez constitucional.

Además, que el accionante no identificó de manera clara la causal específica de
procedencia ni sustentó en forma razonada la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales.

La Jueza Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá no presentó ningún
informe, pese a haber sido notificada en debida forma.4

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela, al
estimar que se incumplía el requisito de inmediatez, debido a que había sido presentada
luego de seis meses de quedar ejecutoriada la sentencia del 26 de septiembre de 2024,
aunado a que el actor no expuso argumentos que justificaran la flexibilización de ese
requisito.

3 Citó las sentencias: CE-SUJSII – 26-2022 de 7 de abril de 2022 y CE-SUJ-SII-26-2022.
4 A través de los correos electrónicos jadmin56bta@notificacionesrj.gov.co, jadmin56bt@cendoj.ramajudicial.gov.co,

Jadmin56bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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7. Impugnación

La parte demandante impugnó la decisión y pidió que se revocara la sentencia de primera
instancia, para, en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Argumentó que no era cierto que se hubiera incumplido el requisito de inmediatez, debido
a que con posterioridad a la sentencia de segunda instancia interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia e interpuso recurso de súplica en contra
del auto que lo rechazó.

En consecuencia, la última decisión emitida corresponde al auto dictado el 5 de junio de
2025, que confirmó el auto dictado el 5 de mayo de 2025 que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo que considera que el término para
interponer la acción de tutela debe contarse a partir de la notificación del mencionado
auto.

Afirmó que no presentó la acción de tutela con antelación, toda vez que estaba pendiente
del resultado del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y no podía elevar
la petición de amparo sin haber agotado previamente todos los recursos, e indicó que la
interposición del recurso extraordinario no fue caprichosa, toda vez que se cumplen todos
los requisitos para su procedencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela no
satisface el requisito de inmediatez.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precednte judicial o violación directa de la Constitución.

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Demandante: Sergio Luis Moreno Bello

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda7,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»8.

4. Análisis del caso concreto

En el sub lite, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 26 de septiembre de 20249, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que revocó la decisión de primera instancia que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió el señor Sergio Luis Moreno Bello.

Ahora bien, consultado el expediente con radicado 11001-33-42-056-2022-00478-01 en
el aplicativo Sistema Para la Gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia del
26 de septiembre de 2024 fue comunicada a las partes por correo electrónico del 4 de
octubre de 2024, de modo que fue efectivamente notificada el 8 de octubre de 2024, en
atención al numeral segundo del artículo 20510 del CPACA.

No obstante, dentro del término de ejecutoria, el accionante solicitó la corrección de la
sentencia, que se efectuó por auto dictado el 7 de noviembre de 2024, cuya notificación
se surtió el día 22 del mismo mes y año11

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 30 de octubre de 2025, esto es,
luego de once meses y 8 días de haberse notificado la providencia objeto de tutela,
término que supera el plazo razonable previsto por la Sala Plena de esta Corporación.

En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y el demandante tampoco la
expone.

Si la parte demandante estimaba que la sentencia del 26 de septiembre de 2024 vulneró
sus derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto
7 Sentencia T- 123 de 2007.
8 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 La Sala debe precisar que, si bien la parte demandante cuestiona las sentencias del 31 de enero y del 26 de

septiembre de 2024, dictadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander, respectivamente, el análisis de los cargos propuestos se centrará en la última providencia por ser la que
decidió de manera definitiva sobre el asunto.
10 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la

providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
11 Según lo dispuesto en el artículo 201 del CPCA.

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como fuera notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de
la solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

Ahora bien, frente al argumento propuesto en la impugnación en cuanto a que no se
presentó acción de tutela con anterioridad, a la espera de que se resolviera el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, la Sala pone de presente que se trata de
un argumento nuevo que no fue propuesto con el escrito inicial.

En todo caso, la Sala no desconoce que el demandante presentó un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia; sin embargo, ese recurso no constituye
una unidad procesal con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
la presente acción de tutela, al respecto, la Corte Constitucional ha señalado12:

El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no conforma una unidad con el proceso judicial
de origen. En consecuencia, su trámite se debe entender como una nueva actuación y ha de estar
reglada por la ley vigente al tiempo de su interposición (…)

En suma, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es una herramienta que refleja la
importancia y el carácter vinculante del precedente judicial vertical. Este recurso extraordinario no
conforma una unidad procesal con el proceso primigenio (…).

Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 261 del CAPACA, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia no impide la ejecución de la sentencia y,
en todo caso, en la solicitud de amparo no se presentaron cargos respecto del auto
rechazado por el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ni en contra del
auto que confirmó dicha decisión.

En consecuencia, el trámite impartido al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia promovido por el demandante no tiene la virtualidad de modificar el conteo
del plazo razonable previsto para interponer acciones de tutela contra providencias
judiciales

Siendo así, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2025, por el Consejo de Estado,
Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Sergio Luis Moreno Bello, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

12 Sentencia T-308 del 11 de agosto de 2023.

7

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Demandante: Sergio Luis Moreno Bello

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

8

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