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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06831-00

Fecha
21 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06831-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00 Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ actora y, en consecuencia, ORDENAR al ARCHIVO CENTRAL de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, den respuesta de fondo, completa, clara, precisa y congruente respecto de lo solicitado en las peticiones presentadas por aquella a través de su apoderada judicial, comunicándole debidamente el contenido de la respuesta al correo de electrónico autorizado para tal fin. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06831-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ

TESIS: SE AMPARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DE LA
ACTORA. NO EXISTE PRUEBA DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE
EVIDENCIE QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL Y SU ARCHIVO CENTRAL DIERA RESPUESTA DE FONDO A
LAS SOLICITUDES RADICADAS POR AQUELLA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA3, el ARCHIVO CENTRAL

1
En adelante el Consejo Superior.
2
En adelante la Dirección Ejecutiva.
3
En adelante la Dirección Seccional.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ

DE BOGOTÁ4 y los JUZGADOS PRIMERO CIVIL MUNICIPAL5 y

DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE

SENTENCIAS DE BOGOTÁ6.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora ORFELINA CAMPOS MUÑOZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición y al acceso de administración de justicia,

los cuales estima vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR, las

DIRECCIÓNES EJECUTIVA y SECCIONAL, el ARCHIVO CENTRAL

y los JUZGADOS PRIMERO y DIECISIETE DE EJECUCIÓN, al no

haber recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a las

solicitudes que les envió vía electrónica, a través de su apoderada

judicial7, el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de junio, 17 de julio y 28 de

agosto de 2025, en las que pidió el desarchivo del proceso ejecutivo

singular identificado con el número único de radicación 2016-00483-

00.

4
En adelante el Archivo Central.
5
En adelante el Juzgado Primero.
6
En adelante el Juzgado Diecisiete de Ejecución.
7
La Sala advierte que las peticiones fueron remitidas por la señora Marisol López Higuera, en calidad
de apoderada judicial de la actora.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ

I.2. Hechos

Indicó que el señor ERICK JAVIER HERNÁNDEZ VILLAMIL

promovió demanda ejecutiva de mínima cuantía en su contra.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2016-00483-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al JUZGADO PRIMERO que, mediante sentencia de 26 de

abril de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que, con posterioridad, el expediente fue remitido al

JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN que, mediante auto de 3

de septiembre de 2021, ordenó el archivo definitivo del expediente.

Mencionó que el 10 de marzo de 2025, solicitó vía correo electrónico

al JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN el desarchivo del

mencionado expediente, para lo cual canceló el valor de arancel y

radicó el formulario correspondiente, el cual se identificó con el

número SDUE25-004107 de 11 de abril de 2025.

Indicó que ha insistido en el desarchivo del expediente a través de

las solicitudes radicadas vía electrónica el 11 de abril, 7 de mayo, 4

de junio, 17 de julio y 28 de agosto de 2025.

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I.3. Fundamentos de la solicitud

Afirmó que a la fecha de presentación de la demanda las entidades

accionadas no han emitido una respuesta de fondo, clara y concreta

a sus peticiones.

Indicó que al no contar con el expediente físico no le ha sido posible

continuar con las actuaciones judiciales para solicitar el

levantamiento de las medidas cautelares del vehículo de su

propiedad o, en su defecto, verificar si fueron remitidos los oficios

por parte del despacho judicial, toda vez que la medida cautelar sigue

registrada en el certificado de tradición del vehículo.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: -SE DECLARE que la OFICINA DE ARCHIVO
CENTRAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÀ
CUNDINAMARCA., ha vulnerado el derecho fundamental de
petición y acceso a la administración de justicia que le asiste a mi
representado dentro del proceso ejecutivo de mínima cuantía, toda
vez que no se ha desarchivado el proceso para retirar oficios de
levantamiento de medidas cautelares que pesan sobre el bien
mueble involucrado en la litis entre otras.

SEGUNDA:- TUTELAR el Derecho Fundamental a la PETICIÓN y
ACCESO A LA JUSTICIA. y en virtud de ello se sirvan ordenar a la
OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

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JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE BOGOTÁ CUNDINAMARCA, dar respuesta a la solicitud
elevada el 11 de abril de 2025 y reiterada en las siguientes fechas:
7 de mayo, 4 de junio, 17 de Julio y 28 de agosto hogaño,
desarchivando el expediente de la referencia.

TERCERA: -Como consecuencia, se ordene a la OFICINA DE
ARCHIVO CENTRAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ CUNDINAMARCA, que, dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela, proceda a dar respuesta de
fondo a la petición de desarchivo del expediente elevada el 11 de
abril de 2025 y reiterada en las siguientes fechas: 7 de Mayo, 4 de
Junio, 17 de Julio y 28 de Agosto hogaño, conforme lo establecen
la normatividad y la jurisprudencia colombianas […]”. (Destacado
pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA señaló que no goza de

legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no

administra las actuaciones del ARCHIVO CENTRAL, pues su control

y gestión corresponde a la DIRECCIÓN SECCIONAL.

I.5.2.- El JUZGADO PRIMERO señaló que el 7 de febrero de 2018

remitió el expediente objeto de tutela a la oficina judicial de reparto

de los juzgados civiles municipales de Ejecución de sentencias,

correspondiéndole por reparto al JUZGADO DIECISIETE DE

EJECUCIÓN, teniendo como última actuación el archivo de dicho

proceso.

I.5.3.- El JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN, el CONSEJO

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Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ

SUPERIOR, la DIRECCIÓN SECCIONAL y el ARCHIVO CENTRAL,

pese a ser notificados del presente trámite en debida forma,

guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA solicitó ser

desvinculada de la presente acción de tutela, por falta de legitimación

en la causa por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya

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omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora, si bien la DIRECCIÓN EJECUTIVA fue vinculada al presente

trámite constitucional dado que la actora formuló pretensiones contra

el ARCHIVO CENTRAL, la Sala advierte que no le asiste interés en

las resultas de la acción constitucional de la referencia, comoquiera

que la administración de esta última autoridad le compete a la

DIRECCIÓN SECCIONAL.

En ese sentido, la Sala aceptará la solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva de la DIRECCIÓN

EJECUTIVA, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19918. Dicha acción se establece como

8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo

de sus derechos fundamentales de petición y al acceso de

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

CONSEJO SUPERIOR, las DIRECCIONES EJECUTIVA y

SECCIONAL, el ARCHIVO CENTRAL y los JUZGADOS PRIMERO

y DIECISIETE DE EJECUCIÓN, al no haber recibido una respuesta

de fondo, clara y concreta a las solicitudes que les envió, vía

electrónica, el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de junio, 17 de julio y 28 de

agosto de 2025, en las que pidió el desarchivo del proceso ejecutivo

singular identificado con el número único de radicación 2016-00483-

00.

Conforme con lo anterior, corresponde determinar si las autoridades

accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición, al

presuntamente no dar respuesta de fondo, clara y concreta a las

solicitudes formuladas por la actora el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de

junio, 17 de julio y 28 de agosto de 2025.

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Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala

hará mención del marco legal del derecho fundamental de petición,

para en seguida abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20119, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de

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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

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libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201510 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación con las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

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jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a

realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el expediente se observa que la actora,

presentó, vía electrónica, las peticiones objeto de la acción

constitucional de la referencia el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de junio,

17 de julio y 28 de agosto de 2025, a través de las cuales solicitó lo

siguiente:

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De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que, en efecto, las

solicitudes fueron remitidas a las direcciones electrónicas

solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y

j17ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondientes al

ARCHIVO CENTRAL de la DIRECCIÓN SECCIONAL y al JUZGADO

DIECISIETE DE EJECUCIÓN, respectivamente, entidades que

guardaron silencio dentro del trámite de la presente solicitud de

amparo, razón por la que no obra prueba en el expediente que

acredite que a la actora se le hubiere dado respuesta de fondo, clara,

precisa y congruente frente a las solicitudes presentadas.

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Ahora, la Sala encuentra que la custodia de los expedientes remitidos

por los despachos judiciales, sólo le corresponde al Archivo Central,

adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial

respectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del

Acuerdo PSJA17-10784 de 26 de septiembre de 201711, que dispone

lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 3°.- Principios generales, definiciones y conceptos. Además de los principios
generales, las definiciones y los conceptos que de conformidad con la ley rigen la administración
documental, en la Rama Judicial se aplicarán los siguientes:
[…]
8. Del ciclo vital y la edad de los documentos.
[…]
• Archivo Central:
Se define como la unidad que administra, custodia y conserva los documentos contenidos en cualquier
soporte, con valor administrativo, legal, permanente e histórico, que son transferidos por los
administradores de los archivos de gestión (oficina productora) hasta que la documentación cumpla su
tiempo de valoración.
Habrá un Archivo Central del Nivel Nacional, donde reposarán los documentos provenientes de
todas las dependencias de la Rama Judicial que cuenten con competencia sobre todo el territorio del
país, cuyo funcionamiento será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Así mismo existirán Archivos Centrales Seccionales, donde reposarán los documentos
provenientes de las dependencias de la Rama Judicial ubicadas dentro de la comprensión
territorial de cada uno de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuyo funcionamiento
será responsabilidad de la respectiva Dirección Ejecutiva Seccional o Coordinación […]”.
(Subrayado y resaltado fuera de texto)

De la normativa trascrita en precedencia, la Sala advierte que, en

efecto, la responsabilidad de atender y tramitar las solicitudes

relacionadas con el desarchivo del expediente objeto de tutela está

atribuida al ARCHIVO CENTRAL adscrito a la DIRECCIÓN

SECCIONAL, razón por la que son dichas autoridades las encargadas

de efectuar las gestiones administrativas necesarias para dar

cumplimiento a las funciones asignadas y, en consecuencia, las

obligadas a otorgarle a la actora una respuesta de fondo, clara y

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“Por el cual se establecen las políticas generales de gestión documental y archivo para la Rama
Judicial y se dictan reglas para asegurar su implementación, en un solo acto administrativo”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ

congruente de conformidad con lo solicitado en sus peticiones.

En ese orden de ideas, comoquiera que no se encuentra probado que

se haya dado trámite a las solicitudes efectuadas por la actora, la

Sala concederá el amparo al derecho de petición y, en consecuencia,

se ordenará a la DIRECCIÓN SECCIONAL y a su ARCHIVO

CENTRAL que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas

siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo y

de manera clara, precisa, completa y congruente respecto del

contenido de las peticiones presentadas por aquella el 11 de abril, 7

de mayo, 4 de junio, 17 de julio y 28 de agosto de 2025, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ

actora y, en consecuencia, ORDENAR al ARCHIVO CENTRAL de la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA que, en el término de

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta

providencia, den respuesta de fondo, completa, clara, precisa y

congruente respecto de lo solicitado en las peticiones presentadas

por aquella a través de su apoderada judicial, comunicándole

debidamente el contenido de la respuesta al correo de electrónico

autorizado para tal fin.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de noviembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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