Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06831-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ
TESIS: SE AMPARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DE LA
ACTORA. NO EXISTE PRUEBA DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE
EVIDENCIE QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL Y SU ARCHIVO CENTRAL DIERA RESPUESTA DE FONDO A
LAS SOLICITUDES RADICADAS POR AQUELLA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA3, el ARCHIVO CENTRAL
1
En adelante el Consejo Superior.
2
En adelante la Dirección Ejecutiva.
3
En adelante la Dirección Seccional.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ
DE BOGOTÁ4 y los JUZGADOS PRIMERO CIVIL MUNICIPAL5 y
DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE BOGOTÁ6.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora ORFELINA CAMPOS MUÑOZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición y al acceso de administración de justicia,
los cuales estima vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR, las
DIRECCIÓNES EJECUTIVA y SECCIONAL, el ARCHIVO CENTRAL
y los JUZGADOS PRIMERO y DIECISIETE DE EJECUCIÓN, al no
haber recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a las
solicitudes que les envió vía electrónica, a través de su apoderada
judicial7, el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de junio, 17 de julio y 28 de
agosto de 2025, en las que pidió el desarchivo del proceso ejecutivo
singular identificado con el número único de radicación 2016-00483-
00.
4
En adelante el Archivo Central.
5
En adelante el Juzgado Primero.
6
En adelante el Juzgado Diecisiete de Ejecución.
7
La Sala advierte que las peticiones fueron remitidas por la señora Marisol López Higuera, en calidad
de apoderada judicial de la actora.
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Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ
I.2. Hechos
Indicó que el señor ERICK JAVIER HERNÁNDEZ VILLAMIL
promovió demanda ejecutiva de mínima cuantía en su contra.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2016-00483-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia al JUZGADO PRIMERO que, mediante sentencia de 26 de
abril de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda.
Manifestó que, con posterioridad, el expediente fue remitido al
JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN que, mediante auto de 3
de septiembre de 2021, ordenó el archivo definitivo del expediente.
Mencionó que el 10 de marzo de 2025, solicitó vía correo electrónico
al JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN el desarchivo del
mencionado expediente, para lo cual canceló el valor de arancel y
radicó el formulario correspondiente, el cual se identificó con el
número SDUE25-004107 de 11 de abril de 2025.
Indicó que ha insistido en el desarchivo del expediente a través de
las solicitudes radicadas vía electrónica el 11 de abril, 7 de mayo, 4
de junio, 17 de julio y 28 de agosto de 2025.
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Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ
I.3. Fundamentos de la solicitud
Afirmó que a la fecha de presentación de la demanda las entidades
accionadas no han emitido una respuesta de fondo, clara y concreta
a sus peticiones.
Indicó que al no contar con el expediente físico no le ha sido posible
continuar con las actuaciones judiciales para solicitar el
levantamiento de las medidas cautelares del vehículo de su
propiedad o, en su defecto, verificar si fueron remitidos los oficios
por parte del despacho judicial, toda vez que la medida cautelar sigue
registrada en el certificado de tradición del vehículo.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA: -SE DECLARE que la OFICINA DE ARCHIVO
CENTRAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÀ
CUNDINAMARCA., ha vulnerado el derecho fundamental de
petición y acceso a la administración de justicia que le asiste a mi
representado dentro del proceso ejecutivo de mínima cuantía, toda
vez que no se ha desarchivado el proceso para retirar oficios de
levantamiento de medidas cautelares que pesan sobre el bien
mueble involucrado en la litis entre otras.
SEGUNDA:- TUTELAR el Derecho Fundamental a la PETICIÓN y
ACCESO A LA JUSTICIA. y en virtud de ello se sirvan ordenar a la
OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
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Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ
JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE BOGOTÁ CUNDINAMARCA, dar respuesta a la solicitud
elevada el 11 de abril de 2025 y reiterada en las siguientes fechas:
7 de mayo, 4 de junio, 17 de Julio y 28 de agosto hogaño,
desarchivando el expediente de la referencia.
TERCERA: -Como consecuencia, se ordene a la OFICINA DE
ARCHIVO CENTRAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ CUNDINAMARCA, que, dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela, proceda a dar respuesta de
fondo a la petición de desarchivo del expediente elevada el 11 de
abril de 2025 y reiterada en las siguientes fechas: 7 de Mayo, 4 de
Junio, 17 de Julio y 28 de Agosto hogaño, conforme lo establecen
la normatividad y la jurisprudencia colombianas […]”. (Destacado
pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA señaló que no goza de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no
administra las actuaciones del ARCHIVO CENTRAL, pues su control
y gestión corresponde a la DIRECCIÓN SECCIONAL.
I.5.2.- El JUZGADO PRIMERO señaló que el 7 de febrero de 2018
remitió el expediente objeto de tutela a la oficina judicial de reparto
de los juzgados civiles municipales de Ejecución de sentencias,
correspondiéndole por reparto al JUZGADO DIECISIETE DE
EJECUCIÓN, teniendo como última actuación el archivo de dicho
proceso.
I.5.3.- El JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN, el CONSEJO
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SUPERIOR, la DIRECCIÓN SECCIONAL y el ARCHIVO CENTRAL,
pese a ser notificados del presente trámite en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA solicitó ser
desvinculada de la presente acción de tutela, por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
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omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora, si bien la DIRECCIÓN EJECUTIVA fue vinculada al presente
trámite constitucional dado que la actora formuló pretensiones contra
el ARCHIVO CENTRAL, la Sala advierte que no le asiste interés en
las resultas de la acción constitucional de la referencia, comoquiera
que la administración de esta última autoridad le compete a la
DIRECCIÓN SECCIONAL.
En ese sentido, la Sala aceptará la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva de la DIRECCIÓN
EJECUTIVA, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19918. Dicha acción se establece como
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo
de sus derechos fundamentales de petición y al acceso de
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
CONSEJO SUPERIOR, las DIRECCIONES EJECUTIVA y
SECCIONAL, el ARCHIVO CENTRAL y los JUZGADOS PRIMERO
y DIECISIETE DE EJECUCIÓN, al no haber recibido una respuesta
de fondo, clara y concreta a las solicitudes que les envió, vía
electrónica, el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de junio, 17 de julio y 28 de
agosto de 2025, en las que pidió el desarchivo del proceso ejecutivo
singular identificado con el número único de radicación 2016-00483-
00.
Conforme con lo anterior, corresponde determinar si las autoridades
accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición, al
presuntamente no dar respuesta de fondo, clara y concreta a las
solicitudes formuladas por la actora el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de
junio, 17 de julio y 28 de agosto de 2025.
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Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala
hará mención del marco legal del derecho fundamental de petición,
para en seguida abordar el estudio del fondo del asunto.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20119, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
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libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201510 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación con las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
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jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que la actora,
presentó, vía electrónica, las peticiones objeto de la acción
constitucional de la referencia el 11 de abril, 7 de mayo, 4 de junio,
17 de julio y 28 de agosto de 2025, a través de las cuales solicitó lo
siguiente:
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De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que, en efecto, las
solicitudes fueron remitidas a las direcciones electrónicas
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
j17ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondientes al
ARCHIVO CENTRAL de la DIRECCIÓN SECCIONAL y al JUZGADO
DIECISIETE DE EJECUCIÓN, respectivamente, entidades que
guardaron silencio dentro del trámite de la presente solicitud de
amparo, razón por la que no obra prueba en el expediente que
acredite que a la actora se le hubiere dado respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente frente a las solicitudes presentadas.
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Ahora, la Sala encuentra que la custodia de los expedientes remitidos
por los despachos judiciales, sólo le corresponde al Archivo Central,
adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial
respectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del
Acuerdo PSJA17-10784 de 26 de septiembre de 201711, que dispone
lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 3°.- Principios generales, definiciones y conceptos. Además de los principios
generales, las definiciones y los conceptos que de conformidad con la ley rigen la administración
documental, en la Rama Judicial se aplicarán los siguientes:
[…]
8. Del ciclo vital y la edad de los documentos.
[…]
• Archivo Central:
Se define como la unidad que administra, custodia y conserva los documentos contenidos en cualquier
soporte, con valor administrativo, legal, permanente e histórico, que son transferidos por los
administradores de los archivos de gestión (oficina productora) hasta que la documentación cumpla su
tiempo de valoración.
Habrá un Archivo Central del Nivel Nacional, donde reposarán los documentos provenientes de
todas las dependencias de la Rama Judicial que cuenten con competencia sobre todo el territorio del
país, cuyo funcionamiento será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Así mismo existirán Archivos Centrales Seccionales, donde reposarán los documentos
provenientes de las dependencias de la Rama Judicial ubicadas dentro de la comprensión
territorial de cada uno de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuyo funcionamiento
será responsabilidad de la respectiva Dirección Ejecutiva Seccional o Coordinación […]”.
(Subrayado y resaltado fuera de texto)
De la normativa trascrita en precedencia, la Sala advierte que, en
efecto, la responsabilidad de atender y tramitar las solicitudes
relacionadas con el desarchivo del expediente objeto de tutela está
atribuida al ARCHIVO CENTRAL adscrito a la DIRECCIÓN
SECCIONAL, razón por la que son dichas autoridades las encargadas
de efectuar las gestiones administrativas necesarias para dar
cumplimiento a las funciones asignadas y, en consecuencia, las
obligadas a otorgarle a la actora una respuesta de fondo, clara y
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“Por el cual se establecen las políticas generales de gestión documental y archivo para la Rama
Judicial y se dictan reglas para asegurar su implementación, en un solo acto administrativo”.
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congruente de conformidad con lo solicitado en sus peticiones.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se encuentra probado que
se haya dado trámite a las solicitudes efectuadas por la actora, la
Sala concederá el amparo al derecho de petición y, en consecuencia,
se ordenará a la DIRECCIÓN SECCIONAL y a su ARCHIVO
CENTRAL que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo y
de manera clara, precisa, completa y congruente respecto del
contenido de las peticiones presentadas por aquella el 11 de abril, 7
de mayo, 4 de junio, 17 de julio y 28 de agosto de 2025, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la
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19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06831-00
Actora: ORFELINA CAMPOS MUÑOZ
actora y, en consecuencia, ORDENAR al ARCHIVO CENTRAL de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, den respuesta de fondo, completa, clara, precisa y
congruente respecto de lo solicitado en las peticiones presentadas
por aquella a través de su apoderada judicial, comunicándole
debidamente el contenido de la respuesta al correo de electrónico
autorizado para tal fin.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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