Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06840-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06840-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06840-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06840-00
Accionante: YESID ALEXANDER QUIÑONES ROJAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se ampara el
derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia – Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo del
Putumayo.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Yesid Alexander Quiñones Rojas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de
2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el
Tribunal Administrativo del Putumayo, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 86001-33-33-
001-2022-00150-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió
que junto a su núcleo familiar presentaron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 86001-33-33-001-2022-00150-00/01 contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue retirado del
servicio activo de la Policía Nacional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00
Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
2.2. Afirmó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante
sentencia de 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
Decisión que fue notificada por correo electrónico de 2 de octubre de 2023.
2.3. Adujo que el 19 de octubre de 2023 interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, escrito que fue radicado al correo electrónico “[…]
j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co […]” y, mediante memoriales de 21 y 25 de
junio de 2024 solicitó al Juzgado brindara información respecto al trámite del recurso.
2.4. Expuso que, por lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Mocoa, solicitó a la Oficina de Soporte Correo Nivel Central del Consejo Superior de
la Judicatura, realizara un seguimiento al mensaje de datos correspondiente al
recurso de apelación, por cuanto este no aparecía en la bandeja de entrada del
Despacho.
2.5. Indicó que la citada dependencia dio respuesta de 15 de julio de 2024, para lo cual
informó que “[…] de acuerdo con la validación la cuenta de correo
sardino2008@hotmail.com NO envió ningún mensaje en las fechas “10/17/2023
12:00:01 AM- 10/20/2023 11:59:59 PM” a la cuenta destino
j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.
2.6. Señaló que por lo anterior el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa
mediante auto de 6 de agosto de 2024, rechazó por extemporáneo el recurso de
apelación.
2.7. Manifestó que, contra la anterior decisión, presentó el recurso de reposición en
subsidio de apelación y que mediante providencia de 23 de septiembre de 2024 la
autoridad judicial resolvió no reponer el auto de 6 de agosto de 2024 y concedió en
efecto devolutivo el “[…] recurso de apelación […]”.
2.8. Indicó que el Tribunal Administrativo del Putumayo a través de auto de 30 de abril
de 2025 resolvió tener por bien rechazado el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia de 29 de septiembre de 2023.
2.9. Expuso que las providencias acusadas incurrieron en un defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto, toda vez que “[…] el exceso rigorismo con que
el juzgado primero analizo el documento de presentación del recurso apelación
porque fue denominado "requerimiento" desconoce el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal' ya que es claro que la parte actora presento (sic)
el memorial de forma oportuna con el fin de subsanar los errores enunciados en el
fallo de primera instancia de la demanda […]”.
2.10. Señaló que revisado el correo electrónico desde el que se envió el recurso “[…]
se refleja que efectivamente si se presentó en pasado 19 de octubre de 2023 a las
10:32 am, el recurso apelación y que este fue recibido satisfactoriamente por las
entidades; por el juzgado primero de Mocoa y policía nacional de putumayo, tal y
como se refleja en la dirección electrónica […]”.
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Ruego a los señores magistrados TUTELAR los derechos
fundamentales aludidos, 229 Constitución Política de 1.991,
consecuencialmente, ordenar a JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
DE MOCOA PUTUMAYO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO,
que en tiempo perentorio se cumpla efectivamente la el suscrito a través
de apoderado, si dio cumplimiento al CEPACA (sic), en lo relacionado en
la presentación del recurso apelación al fallo judicial de primera instancia,
dentro de los términos establecidos en el artículo 243 del CEPACA (sic), y
se proceda acceder a la administración de justicia, pues como muestran
los diferentes antecedentes, que si se presentó el recurso apelación
dentro de termino (sic), se ajusten a derecho, resolviendo en fondo los
tramites (sic) impetrados y permitiendo el acceso a la administración de
justicia […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de noviembre de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó
como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional y a los señores Naya Victoria Quiñones
Rojas, Samuel Erminso Quiñones Rojas, María Victoria Rojas de Quiñones y Jenny
Arenas Sandoval en nombre propio y en representación de sus hijos menores de
edad M.J.Q.A. y M.A.Q.A.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo del Putumayo señaló que la presente acción de
tutela resulta ser improcedente por incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional, toda vez que el accionante pretende una tercera
instancia, toda vez que está reiterando los argumentos expuestos en el recurso de
queja.
5.2. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín solicitó negar
las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que en las actuaciones
adelantadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
86001-33-33-001-2022-00150-00/01, se garantizaron los derechos fundamentales
de la parte actora.
5.3. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que el
cumplimiento de las pretensiones solicitadas son competencia exclusiva de las
autoridades judiciales y no de ese ministerio.
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
• Policía Nacional.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
7
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional fue parte dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se profirieron las providencias objeto del presente mecanismo
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para
ser vinculada a esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de 2025,
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal
Administrativo del Putumayo, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará
si la providencia de 30 de abril de 2025, proferida en segunda instancia por el
Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que puso fin al proceso.
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, por haber incurrido presuntamente en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al no conceder el recurso
de apelación formulado contra una sentencia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que su radicación se
realizó de forma extemporánea.
13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
21. El señor Yesid Alexander Quiñones Rojas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de
2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el
Tribunal Administrativo del Putumayo, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 86001-33-33-
001-2022-00150-00/01.
VI.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
22. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional; ii) se cumple
el requisito de subsidiariedad porque el accionante no cuenta con otro medio de
defensa; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable; iv) la
situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue
debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se
dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.
VI.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
23. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración del presunto defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto invocado por el accionante.
VI.5.2.1 Análisis del defecto procedimental
24. Este defecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial
accionada al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias
previas a ello, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el caso
resultan pertinentes, en desatención de la confianza legítima de las partes
involucradas, quienes esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las
normas procesales aplicables12.
25. Es decir, que se presenta cuando: (i) se sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) se pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido, vulnerando con ello el derecho de contradicción y
defensa de las partes; o (iii) se pasa por alto realizar el debate probatorio, natural
en todo proceso al no permitirle a las partes sustentar o comprobar los hechos de
12
Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones,
lo que acarrea la violación de los derechos fundamentales de la parte afectada.
26. En este sentido la jurisprudencia constitucional13 ha reconocido dos modalidades
de defecto procedimental, a saber: i) exceso ritual manifiesto, esto es, cuando arguye
razones formales a manera de impedimento, que implica una denegación de justicia;
y ii) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a
su competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa por alto el
debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de decisiones como su
cumplimiento.
27. En el caso objeto de estudio la parte accionante expuso que la providencia de 30
de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo mediante la
cual se confirmó el auto de 6 de agosto de 2024 proferido por el Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa, que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
presentado por el accionante contra la sentencia 29 de septiembre de 2023, incurrió
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que se utilizó un
procedimiento como obstáculo para la eficacia del derecho sustancial.
28. Sobre el defecto procedimental alegado, se dijo que el Tribunal incurrió en un
exceso ritual manifiesto por cuanto impuso el cumplimiento del artículo 109 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201214 al recurso presentado y, dado que el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa afirmó no haber recibido el recurso
en cita al correo electrónico, concluyó que por “[…] un problema técnico en la
remisión del recurso de apelación […]” su radicación había sido realizada de forma
extemporánea.
29. Para resolver tal motivo de inconformidad, la Sala estima necesario poner de
relieve lo siguiente:
29.1. Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa, negó las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho núm. 86001-33-33-001-2022-00150-00.
29.2. La anterior decisión fue notificada el 2 de octubre de 202315, mediante mensaje
de datos enviado a la dirección electrónica del apoderado judicial del accionante. tal
como se muestra a continuación:
13
T-781 de 2011.
14 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
15
Índice 48 Expediente Electrónico OneDrive.
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
29.3. El 19 de octubre de 2023 el accionante interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, para lo cual allegó:
29.4. Los días 21 y 25 de junio de 2024 el accionante solicitó información al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Putumayo, respecto al trámite efectuado a su
recurso de apelación. Para lo cual el Juzgado solicitó a la Oficina de Soporte Correo
Nivel Central del Consejo Superior de la Judicatura, hacer un seguimiento al mensaje
de datos del recurso de apelación, por cuanto este no aparecía en la bandeja de
entrada del Despacho, frente a lo que dicha dependencia contestó:
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
29.5. Por lo anterior el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa mediante
auto de 6 de agosto de 2024, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación.
29.6. El accionante presentó el recurso de reposición en subsidio de apelación contra
la anterior decisión y, mediante providencia de 23 de septiembre de 2024 la autoridad
judicial resolvió no reponer el auto de 6 de agosto de 2024 y concedió en efecto
devolutivo el “[…] recurso de apelación […]”.
29.7. El Tribunal Administrativo del Putumayo a través de auto de 30 de abril de 2025,
aquí enjuiciado, resolvió tener por bien rechazado el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 29 de septiembre de 2023, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
“[…] 4. Análisis del caso concreto
Revisadas las actuaciones procesales surtidas en primera instancia, advierte el
Despacho que la sentencia de primera instancia fue notificada personalmente el 2
de octubre de 2023. Por lo tanto, el término de 10 días para presentar el recurso de
apelación venció el 19 de octubre de 2023, sin que la parte actora hubiera presentado
recurso de apelación contra esa decisión, oportunamente (artículo 205, numeral 2 y
artículo 247, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011).
El Despacho no desconoce que el 19 de octubre de 2023 a las 10:32 am, la
parte actora envió el recurso de apelación contra la sentencia del 29 de
septiembre de 2023, al correo electrónico del juzgado, por lo que, en principio,
estaría acreditado que fue allegado dentro del término legal.
Sin embargo, la sola remisión del escrito de alzada per se no implica la
presentación de ese documento, en los términos del artículo 109 de la Ley 1564
de 2012. En efecto, el juzgado es contundente al afirmar que no recibió el
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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
recurso de apelación y esa manifestación fue corroborada por el técnico de la
mesa especializada de ayuda del correo electrónico del Consejo Superior de
la Judicatura – CENDOJ, así como por la entidad demandada: Policía Nacional,
quien tampoco recibió el recurso (Samai, índice 3, OneDrive archivo 55).
Al parecer, ocurrió un problema técnico en la remisión del recurso de
apelación, el cual es del resorte exclusivo de la parte actora quien debió contar
con una cuenta de correo certificada que asegurara la transmisión de los
mensajes enviados.
Finalmente, el Despacho no encuentra que se esté vulnerando el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, en los términos del
recurrente. Contrario a ello, el juzgado desplegó toda la diligencia debida a fin de
hacer primar el derecho fundamental al debido proceso, lo que condujo a que oficiara
a la mesa especializada de ayuda a fin de corroborar sí efectivamente el recurso de
apelación había sido presentado o no por la actora, en la fecha por ella señalada.
Ahora bien, no puede perderse de vista que los términos procesales son perentorios
y de obligatorio cumplimiento, tanto para las partes como para las autoridades
judiciales (artículo 228 de la Constitución Política), por lo que no es dable pretermitir
su observancia so pretexto de aplicar el principio constitucional invocado por el actor.
En conclusión, para el Despacho, es evidente que la parte actora no presentó
oportunamente el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
proferida el 29 de septiembre de 2023, toda vez que el juzgado solo tuvo
conocimiento del recurso de alzada el 21 de junio de 2024, esto es, por fuera del
término legal […]” [negrilla original del texto]
30. De lo transcrito, la Sala advierte que la decisión de confirmar el rechazo del recurso
de apelación se sustentó en que, si bien el accionante efectuó el envío del mensaje
de datos que contenía dicho recurso contra la sentencia de 29 de septiembre de 2023
encontrándose en término legal, tal remisión no implicó su presentación, debido a que,
por “[…] un problema técnico […]” en el envío del correo electrónico, el juzgado
manifestó no haber recibido el mensaje de datos, circunstancia que fue corroborada
por la oficina de soporte. Por consiguiente, el Tribunal aplicó el artículo 10916 de la
Ley 1564 de 201217, de lo que concluyó que la autoridad judicial tuvo por no
presentado el recurso de alzada y confirmó la extemporaneidad del mismo.
31. Respecto a la presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y
comunicaciones, el artículo 109 de la Ley 1564 de 2012 señala:
16
“[…] Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones. El secretario
hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente
respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia.
Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario
deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes.
Los memoriales podrán presentarse y las comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo.
Las autoridades judiciales llevarán un estricto control y relación de los mensajes recibidos que incluya la fecha y hora de
recepción. También mantendrán el buzón del correo electrónico con disponibilidad suficiente para recibir los mensajes de
datos.
Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre
del despacho del día en que vence el término […]”
17
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00
Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
“[…] Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e incorporación de
escritos y comunicaciones. El secretario hará constar la fecha y hora de
presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al
expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el
juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se
trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término
común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas
las partes.
Los memoriales podrán presentarse y las comunicaciones transmitirse por
cualquier medio idóneo […]”
32. La Corte Constitucional ha establecido que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se configura cuando “[…] el juez renuncia a conocer un caso de
fondo y a proteger un derecho sustancial como resultado de una aplicación
irreflexiva de las normas procedimentales […]”18. Lo anterior, por cuanto se ha
interpretado que las normas procesales constituyen “[…] un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos […]”19 y no pueden por
consiguiente constituirse en una barrera de acceso a la garantía de aplicación y
protección del derecho sustancial.
33. Sin embargo, esta consideración no implica que el Juez o las partes se aparten
caprichosamente de las reglas procesales, las cuales, en principio, son de
cumplimiento obligatorio. No obstante, lo que exige la Constitución es que, frente a
situaciones concretas, el juez valore si la aplicación estricta y mecánica de una
norma procedimental, puede generar una afectación desproporcionada de
garantías fundamentales, tornándose incompatible con las normas
constitucionales.
34. Por ello, en eventos excepcionales, con el fin de evitar la configuración de un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el funcionario judicial debe
armonizar la regla procesal con los principios constitucionales que rigen la actividad
jurisdiccional, privilegiando la protección del derecho sustancial y el acceso efectivo
a la justicia20.
35. Enese orden de ideas, esta Sala, al analizar las circunstancias específicas
señaladas en la providencia de 30 de abril de 2025, estos es: i) que el recurso de
apelación fue remitido al correo electrónico
18
Corte Constitucional, sentencia SU 355 de 2017, T-249 de 2018, SU 143 de 2020, entre otras.
19 ibidem
20 En sentencia C-662 de 2004, la Corte Constitucional señaló: “[E]vadir los compromisos preestablecidos por las normas
procesales bajo el supuesto de una imposición indebida de cargas a los asociados, no es un criterio avalado por esta
Corporación, -salvo circunstancias muy puntuales-, en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las
partes en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger, y llevaría por el contrario,
a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia. También podría representar, una afectación significativa a
su debido funcionamiento, lo que a la postre conllevaría un perjuicio al interés general. Por ende, autorizar libremente el
desconocimiento de tales cargas, implicaría el absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la
jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando libremente la propia culpa o negligencia, perspectiva
que a todas luces inadmite el derecho y que por consiguiente desestima esta Corporación. // Sin embargo, ello no significa
que toda carga por el solo hecho de ser pertinente para un proceso, se encuentre acorde con la Constitución, puesto que si
resulta ser desproporcionada, irrazonable o injusta, vulnera igualmente la Carta y amerita la intervención de esta Corporación.
En estos casos, como ocurre con las normas procesales en general, será pertinente determinar si sus fines son
constitucionales y si la carga resulta ser razonable y proporcional respecto a los derechos consagrados en la norma superior
[…].”
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00
Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co, habilitado para tal finalidad; ii) que la
autoridad judicial reconoció expresamente que dicho envío se efectúo dentro del
término legal, esto es “[…] 19 de octubre de 2023 a las 10:32 am […]”; y iii) que se
acreditó la ocurrencia de un problema técnico en la transmisión del mensaje de
datos, concluye que tales elementos resultan suficientes para tener por presentada
la apelación en tiempo.
36. Frente a tales circunstancias y dado que el Tribunal indicó que “[…] es del resorte
exclusivo de la parte actora […] contar con una cuenta de correo certificada que
asegurara la transmisión de los mensajes enviados […]” y con fundamento en el
artículo 109 de la Ley 1564 de 2012, tuvo por no presentado el recurso de apelación
y confirmó su extemporaneidad con base en que el Juzgado manifestó no haber
recibido el correo electrónico que lo contenía, la Sala concluye que la providencia
de 30 de abril de 2025 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del señor Yesid Alexander Quiñones Rojas.
Ello, por cuanto se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
pues el accionante fue privado injustificadamente de la posibilidad de agotar el
trámite de apelación dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, a pesar de haber demostrado el envío oportuno del recurso.
37. Esta Sección advierte que, en el presente asunto, se cumplen los requisitos de
procedencia de la acción de tutela por defecto procedimental, toda vez que: i) no
existe otro mecanismo idóneo para corregir la irregularidad advertida; ii) el
accionante alegó el defecto procesal, el cual tuvo incidencia directa en la decisión
cuestionada; iii) dicha irregularidad fue puesta en conocimiento dentro del trámite
ordinario; iv) el accionante desconoce las razones por las cuales, pese a haber
enviado el mensaje de datos desde su correo electrónico, este no llegó al
destinatario; y, v) como consecuencia de lo anterior, se produjo una vulneración
real y efectiva de sus derechos fundamentales.
38. En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia del accionante. En virtud de ello, se dejará
sin efectos el auto de 30 de abril de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo
del Putumayo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 86001-33-33-001-2022-00150-00/01 y se ordenará al Tribunal que, dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva
decisión en la que observe y aplique las consideraciones jurídicas expuestas en
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00
Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de Yesid Alexander Quiñones Rojas, en consecuencia:
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 30 de abril de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho núm. 86001-33-33-001-2022-00150-00/01. Por
consiguiente, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, emita una nueva
decisión en la que observe y aplique las consideraciones jurídicas expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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