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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06845-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06845-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Luis Eduardo Llinás Chica. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06845-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de diciembre de 2025

Demandante: Luis Eduardo Llinás Chica
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06845-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06845-00
Demandante: LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
Demandados: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE ARMENIA Y OTRO

Temas: Tutela contra incidente de desacato - solicitud de inaplicación
de la sanción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la parte accionante, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Luis Eduardo Llinás Chica, en nombre propio, presentó acción de tutela 1
contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y el Tribunal
Administrativo del Quindío, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al buen nombre.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
expedición de la providencia de 22 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo
del Quindío que modificó el numeral tercero del auto de 16 de septiembre de 2025
dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia que
sancionó al actor, en calidad de director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
en el trámite del incidente de desacato2 identificado con el radicado 63001-33-33-003-
2025-00089-00/02.

1 Mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2025, a través del aplicativo web de recepción de tutelas

y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de Estado.
2 Incidente que se inició por el incumplimiento de las órdenes impartidas en la acción de tutela 63001-

33-33-003-2025-00089-00/01, que interpuso la señora Leidy Johana Carvajal Montoya contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

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Demandante: Luis Eduardo Llinás Chica
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06845-00

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

10.1 AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva y buen nombre del suscrito.

10.2 En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE ARMENIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO –
SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN “B” lo siguiente:

10.3. Inaplicar la sanción y dejar sin efectos el Auto proferido por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA EL 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2025, confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío en auto de consulta del
17 de septiembre de 2025, dentro del incidente de desacato identificado con el radicado
63001-33-33-003-2025-00089-01 (03 en grado jurisdiccional de consulta).

10.4. Comunicar a las autoridades encargadas de la ejecución de la sanción, en especial
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo de Modernización y
Bienestar de la Rama Judicial, que la sanción impuesta ha sido levantada y, en
consecuencia, carece de efectos jurídicos.

10.5. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que archive el proceso de cobro coactivo
iniciado para le ejecución de la sanción impuesta en el mencionado incidente, dejando
constancia de su extinción total por pérdida de fundamento jurídico.

10.6 Disponer que los despachos judiciales involucrados acaten y apliquen los
precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre
la procedencia del levantamiento de sanciones de desacato, cuando se acredite el
cumplimiento material del fallo o la existencia de la imposibilidad jurídica debidamente
demostrada.3

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

La señora Leidy Johana Carvajal Montoya presentó acción de tutela contra la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) y la Comisión Nacional del
Servicio Civil (en adelante CNSC), con el fin de que la primera entidad reportara a la
segunda las vacantes definitivas del cargo analista V, código 205, grado 5, identificado
con la OPEC 198223, que fueron creadas con posterioridad al concurso de méritos del
2022. Así mismo, para que fuera nombrara en periodo de prueba en dicho cargo, con
ocasión a la obligación que tiene la entidad de utilizar las listas de elegibles vigentes,
según lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto 927 de 2023
y el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019.

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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Al proceso le fue asignado el número de radicado 63001-33-33-003-2025-00089-00 y
correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia, autoridad judicial que mediante sentencia de 19 de junio de 2025 resolvió
«NEGAR por improcedente el amparo solicitado».

Esta decisión fue impugnada por la señora Carvajal Montoya y el trámite de la segunda
instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Quindío, corporación que a través
de fallo de 24 de julio de 2025 revocó la providencia recurrida y, en su lugar, dispuso:

TERCERO: Amparar los derechos fundamentales al acceso a la carrera administrativa,
trabajo, confianza legítima, favorabilidad, igualdad y debido proceso de la señora LEIDY
JOHANA CARVAJAL MONTOYA conforme la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN que por sí o por conducto de quien
corresponda, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, proceda a adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin
de solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el
uso de la lista de elegibles de la Resolución 10808 de 2024 del 3 de mayo de 2024,
respecto al cargo de Analista V, Código 205, Grado 5, en modalidad de Ingreso, dentro
del proceso misional de Fiscalización y liquidación (OPEC 198223), diferente al Nivel
Profesional, en cumplimiento del Decreto 419 del 2023 por el cual se amplía la planta
de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-, susceptibles de ser provistas con la lista de marras -artículo 36
PARÁGRAFO TRANSITORIO del Decreto 927 de 2023; sin desconocer los principios
de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad en el gasto, que da cuenta el Decreto en
mención.

QUINTO: Ordenar a la COMISI[Ó]N NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, que
una vez sea recibida por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, la solicitud de
autorización para el uso de la lista de elegibles de Resolución 10808 de 2024 del 3 de
mayo de 2024, respecto al cargo de Analista V, Código 205, Grado 5, en modalidad de
Ingreso, dentro del proceso misional de Fiscalización y liquidación (OPEC 198223),
diferente al Nivel Profesional; proceda a pronunciarse de fondo dentro de un prudente y
perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la mencionada
solicitud.

SEXTO: Dependiendo del pronunciamiento de la COMISIÓ]N NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – CNSC -, y, únicamente en el evento que sea autorizado el uso de la
lista de elegibles de Resolución 10808 de 2024 del 3 de mayo de 2024, respecto al
cargo de Analista V, Código 205, Grado 5, en modalidad de Ingreso, dentro del proceso
misional de Fiscalización y liquidación (OPEC 198223), diferente al Nivel Profesional; se
ordena a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la respuesta definitiva emitida por la CNSC, procederá a
adelantar los trámites administrativos necesarios, para continuar con el trámite de
provisión de los cargos creados mediante Decreto 419 de 2023, en estricto orden de
mérito, conforme lo establecido en el artículo 36 del Decreto 927 de 2023.

El 31 de julio de 2025, la señora Leidy Johanna Carvajal Montoya formuló incidente de
desacato.

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Por autos de 4 y 13 de agosto de 2025 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia requirió a los representantes legales de la DIAN y de la CNSC,
esto es, los señores Luis Eduardo Llinás Chica y Mauricio Liévano Bernal,
respectivamente, para que acreditaran las gestiones realizadas para dar cumplimiento
a la sentencia del 24 de julio de 2025.

Posteriormente, a través de proveído de 3 de septiembre de 2025, el juzgado
accionado resolvió abrir el respectivo incidente de desacato contra las mencionadas
autoridades.

Mediante providencia de 16 de septiembre de 2025 el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Armenia declaró responsable del incumplimiento de las órdenes
impartidas en la sentencia de 24 de julio de 2025 al señor Luis Eduardo Llinás Chica,
en su calidad de representante legal de la DIAN y lo condenó a 8 salarios mínimos
legales mensuales vigentes y a 5 días de arresto.

Además, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara
la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial y se abstuvo de sancionar
al representante legal de la CNSC.

Al respecto, indicó lo que se transcribe a continuación:

El análisis de las pruebas demuestra que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) no cumplió con la orden principal y perentoria establecida en el
numeral cuarto del fallo, en lugar de solicitar formalmente la autorización a la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) para el uso de la lista de elegibles, la DIAN presentó
informes con la misma argumentación desde antes de la sentencia de tutela y hasta
ahora en el trámite del incidente del desacato, en otros términos, predicándose una
doble vulneración desde antes de la sentencia de segunda instancia y posterior a ella.

Lo anterior, tomando en cuenta que argumentó una "imposibilidad material y jurídica"
para acatar la orden, sosteniendo que no existen vacantes disponibles para la OPEC
198223 (ficha AT-FL-2014), para lo cual, certificó que las 28 plazas creadas para este
perfil ya se encuentran ocupadas o comprometidas para la recomposición de la lista
debido a novedades como renuncias o derogaciones. Además, afirmó que los cargos
de la OPEC 198345 (ficha AT-FL-2009) no son funcional ni técnicamente equivalentes
a los de la OPEC 198223, ya que este último requiere funciones especializadas en
Auditoría Forense. Para sustentar su postura, la DIAN presentó las fichas del Manual de
Funciones (MERF) y cuadros comparativos, reiterando que la competencia para realizar
estudios técnicos de equivalencia es exclusiva de la CNSC.

Sin embargo, al no solicitar la autorización a la CNSC, la DIAN incumplió de manera
directa la orden judicial, pues hasta la fecha la entidad ha tomado una decisión unilateral
y sistemática sobre la imposibilidad de cumplimiento, omitiendo el mandato del Juez
Constitucional en la alzada; explicando que, la existencia de vacantes de cargos
presuntamente equivalentes, ocupados en provisionalidad, era precisamente el
escenario que la CNSC debía evaluar, aclarando entonces que esta omisión constituye
una desobediencia al mandato judicial.

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Por su parte, las pruebas indican que la CNSC ha actuado con la debida diligencia
dentro de sus competencias; pues el 30 de julio de 2025, la CNSC requirió a la DIAN
para que reportara las vacantes definitivas en el sistema SIMO, un requisito
indispensable para poder analizar el uso de la lista, no obstante, la DIAN no ha
suministrado "reportes suficientes" hasta la fecha.

El Tribunal Administrativo del Quindío resolvió el grado jurisdiccional de consulta
mediante auto de 22 de septiembre de 2025, en el sentido de modificar la sanción
impuesta al señor Llinás Chica, por una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Al respecto, indicó que la DIAN adoptó una posición negativa al alegar que no existían
vacantes disponibles y que las plazas ya estaban ocupadas, pero que no ejecutó la
orden que le fue dada en el sentido de solicitar a la CNSC la autorización para el uso
de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución 10808 de 2024, respecto
al cargo de analista V, código 205, grado 5.

El 1. ° de octubre de 2025 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia obedeció y dio cumplimiento a lo dispuesto por su superior y, en
consecuencia, requirió al señor Llinás Chica para que acreditara el cumplimiento del
fallo. Esta última determinación fue reiterada mediante proveído de 9 de octubre del
mismo año.

Mediante escritos radicados el 14 y 16 de octubre de 2025, el apoderado judicial de la
DIAN solicitó la inaplicación de la sanción que le fue impuesta al señor Luis Eduardo
Llinás Chica.

Finalmente, a través de auto de 12 de noviembre de 2025 el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia resolvió lo siguiente:

PRIMERO: INAPLICAR la sanción impuesta al señor LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA,
por auto del 16 de septiembre de 2025, equivalente a una multa equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes; decisión confirmada por el Superior, en
providencia del 22 de septiembre del mismo año; así como la compulsa a la Fiscalía
General de la Nación, para que se investigara la posible comisión del delito de fraude a
resolución judicial.

SEGUNDO: OFICIAR por secretaria la Oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial
y a la Fiscalía General de la Nación, informando sobre la inaplicación de la sanción
impuesta; solo en caso que la información hubiese sido comunicada a esas
dependencias.

TERCERO: DESVINCULAR al señor LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA, quien en la
actualidad no funge como representante legal de la entidad accionada.

CUARTO: ABSTENERSE de continuar el trámite de cumplimiento en contra del señor
LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA, por las razones expuestas.

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QUINTO: REQUERIR al señor CARLOS EMILIO BETANCOURT GALEANO,
representante legal de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
(DIAN) y el señor MAURICIO LIÉVANO BERNAL, representante legal de la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) para que, en el término de dos (2) días, (i)
certifiquen a este despacho las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la
sentencia del 24 de julio de 2025, informando de manera detallada sobre el estado
actual del trámite ordenado.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al buen
nombre, con la expedición de los autos de 16 y 22 de septiembre de 2025 a través de
los cuales fue sancionado en el trámite de un incidente de desacato. A juicio del actor
estas providencias incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo.

En primer lugar, destacó que las órdenes de tutela impartidas en la sentencia de 24 de
julio de 2025 son material y jurídicamente imposibles de cumplir, puesto que no existen
las vacantes suficientes para el nombramiento pretendido por la señora Leidy Johana
Carvajal Montoya.

En ese sentido, alegó que en la mencionada sentencia y en el auto de 22 de
septiembre de 2025, por medio del cual fue sancionado, se incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, al omitirse el análisis de los elementos que
acreditan la imposibilidad de cumplir el fallo. Particularmente, citó «la certificación de
vacantes, los oficios técnicos y las comunicaciones dirigidas a la CNSC» que
demostraban objetivamente la inexistencia de vacantes definitivas equivalentes para
el empleo que pretende la señora Carvajal Montoya.

Sobre este aspecto, indicó que esa información fue remitida a la CNSC junto con los
reportes técnicos de provisión elaborados por la Subdirección de Gestión del Empleo
Público. No obstante, refutó que la comisión manifestó que no podía autorizar el uso
de la lista sin que existieran vacantes registradas en el SIMO.

Explicó que también remitió la certificación de 14 de octubre de 2025 en la que señaló
que la DIAN cuenta con 570 empleos bajo la denominación analista V, código 205,
grado 5, de los cuales 25 corresponden a la ficha AT-FL-2014, adscrita al proceso
misional de fiscalización y liquidación. En ese informe precisó que todos los cargos se
encuentras provistos o en trámite de posesión, así: 15 en carrera administrativa, 7 en
periodo de prueba y 3 en provisionalidad o recomposición de la lista de elegibles. Es
decir, que no existían vacantes definitivas susceptibles de ser reportadas ante la
CNSC.

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De otro lado, insistió en que a pesar de que en dichos informes se puso de presente
que la ficha AT-FL-2014, difiere técnica y funcionalmente de la ficha AT-FL-2009, lo
que impide tratarlas como equivalentes, el juzgado accionado arguyó que la DIAN
incurrió en una omisión injustificada y sistemática al no solicitar formalmente a la CNSC
la autorización para el uso de la lista de elegibles de la Resolución 10808 de 2024, y
consideró que él, en su calidad de representante legal de la entidad, asumió
unilateralmente la imposibilidad de cumplimiento sin permitir que la CNSC valorara la
equivalencia funcional de los cargos.

Resaltó que la sanción cuestionada se impuso con desconocimiento de los principios
de responsabilidad subjetiva y proporcionalidad, así como de la regla fijada en la
sentencia SU-050 de 2022, en la que se indica que la sanción por desacato exige
demostrar dolo o negligencia y que esta no puede ejecutarse mientras existan
circunstancias objetivas de imposibilidad material de cumplimiento.

Informó que la oficina de cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Armenia inició formalmente el proceso de ejecución 63001-
11-29-000-2025-00856-00 y que el 21 de octubre de 2025 profirió el requerimiento
persuasivo para hacer efectiva la multa por la suma de $ 2.847.000, lo cual puede
implicar el decreto de medidas de embargo, retención o reportes negativos que afectan
su patrimonio, su reputación profesional y su carrera administrativa.

Manifestó que el 14 y 16 de octubre de 2025 radicó unas solicitudes de inaplicación de
la sanción que para la fecha de presentación de la acción no habían sido resueltas.

Sobre el defecto sustantivo, adujo que el juzgado accionado incurrió en este error al
aplicar indebidamente las normas que regulan el régimen específico de carrera
administrativa de la DIAN y desconocer que el cumplimiento de la orden judicial se
encuentra sujeta a la existencia de vacantes definitivas, equivalencia funcional y la
autorización previa de la CNSC.

Así mismo, explicó que se desconocieron los Decretos 927 y 419 de 2023, la Ley 909
de 2004, los Acuerdos 0166 y 0236 de 2020 de la CNSC y la regla fijada en la sentencia
C-197 de 2025 que limitan el uso de la lista de elegibles para empleos equivalentes y
dentro de la vigencia del concurso.

Por último, informó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nombró como
director de la DIAN al señor Carlos Emilio Betancourt Galeano.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 5 de noviembre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la acción de
tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y el
Tribunal Administrativo del Quindío, en calidad de autoridades judiciales accionadas.

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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951 de
1991, vinculó como terceros a la señora Leidy Johana Carvajal Montoya [parte actora en
la acción de tutela 63001-33-33-003-2025-00089-00/01], a la DIAN, a la CNSC y a la Federación
Alianza Sindical4 [parte demandada en la acción de tutela 63001-33-33-003-2025-00089-00/01], a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia [autoridad que
tramita el proceso de cobro coactivo contra el señor Luis Eduardo Llinás Chica] , así como las demás
partes, personas, terceros y/o entidades que hayan participado en la acción de tutela
identificada con el radicado 63001-33-33-003-2025-00089-00/01/02 y sus respectivos
incidentes de desacato.

Además, negó la medida provisional pretendida por el actor y requirió a las autoridades
judiciales para que allegaran en medio digital el proceso 63001-33-33-003-2025-
00089-00/01/02.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Quindío

El magistrado sustanciador del proceso reprochado solicitó que se declare la
improcedencia de la tutela o que se niegue el amparo, por no demostrarse una
violación a los derechos fundamentales invocados.

Indicó que lo que pretender el accionante es utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia para dejar sin efectos una decisión que le fue desfavorable a sus
intereses.

Luego de transcribir las consideraciones que llevaron a sancionar al actor mediante el
auto de 22 de septiembre de 2025, alegó que no se observa la configuración de un
defecto fáctico, puesto que en la providencia se analizó todo lo acontecido en el trámite
administrativo y se llegó a la conclusión de que lo que el actor desarrolló como director
de la DIAN no fue suficiente para tener por acreditado el cumplimiento del fallo de
tutela.

Puso de presente que durante el trámite del incidente se le permitió al tutelante ejercer
su derecho de defensa y en ningún momento se ha atacado su buen nombre, sino que
se ha analizado su gestión como cabeza visible de le entidad, con fundamento en lo
que se adoptaron las determinaciones que ahora reprocha.

4 Notificado al correo alianzasindicaldian@gmail.com.

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1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia

La titular del despacho pidió que se declare improcedente la acción de tutela o que se
denieguen las pretensiones de esta, toda vez que no se han vulnerado ni amenazado
los derechos fundamentales del accionante.

En cuanto a la improcedencia del mecanismo de amparo, destacó que no se supera el
requisito de subsidiaridad, puesto que los argumentos traídos por vía constitucional
pretenden convertir la acción constitucional en un nuevo recurso para estudiar una
petición que se encuentra pendiente de resolver por el despacho.

Igualmente, comentó que no se configura alguno de los defectos establecidos por la
Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial y mucho menos se encuentra demostrado un perjuicio irremediable en el
presente caso.

Informó que al accionante se «le ha explicado ampliamente como debe cumplir la
decisión, sin embargo, ha endilgado la responsabilidad en la CNSC, pues aduce que
los cargos con los que sí cuenta no son equivalentes en funciones, pues cuentan con
una ficha y OPEC distinta, pero conto todo, no ha realizado tampoco esa petición o
gestión ante la Comisión».

Puso de presente que el actor ya «había elevado también la misma la petición ante
este Juzgado, pero de forma prematura decidió accionar todo el andamiaje
constitucional sin esperar las resultas de la decisión de esta Unidad Judicial, que se
proferirá en el transcurso de esta semana, una vez ingrese el asunto a Despacho».

Finalmente, mediante escrito de 14 de noviembre de 2025 allegó el auto de 12 de
noviembre de 2025 a través del cual inaplicó la sanción impuesta por proveído de 16
de septiembre de 2025 al señor Luis Eduardo Llinás Chica, dictado en el trámite del
incidente desacato identificado con el radicado 63001-33-33-003-2025-00089-00.

1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia

La apoderada de la entidad solicitó su desvinculación del trámite constitucional,
comoquiera que los hechos relatados por el accionante gravitan en torno a las
actuaciones procesales desplegadas por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual es ajeno
a la órbita de competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia.

En cuanto al proceso de cobro coactivo, explicó lo siguiente:

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Demandante: Luis Eduardo Llinás Chica
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06845-00

Teniendo en cuenta los preceptos legales enunciados se precisa que el proceso de
Cobro Coactivo tramitado contra Luis Eduardo Llinas Chica identificado con c.c No
78730927, tiene su origen en las diligencias provenientes del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia, y una vez verificados el cumplimiento de los
requisitos se procedió a dar inicio al proceso administrativo quedando radicado bajo el
consecutivo No 63001129000020250085600, el cual a la fecha se encuentra en etapa
persuasiva de conformidad con el procedimiento establecido para tal efecto.

En ese sentido, destacó que la entidad también carece de competencia para disponer
la exoneración o modificación de la multa impuesta, toda vez que el escenario natural
para controvertirlo es en el proceso en el que se impuso la medida.

1.6.4. Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) de la entidad solicitó que se le desvincule de
la presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva,
teniendo en cuenta que la CNSC no tiene injerencia en las decisiones adoptadas por
las autoridades judiciales accionadas.

De otro lado, pidió que se declare la improcedencia del mecanismo de amparo, puesto
que las actuaciones adelantadas por la CNSC se encuentran ajustadas a derecho y
no existe vulneración a los derechos fundamentales del actor.

1.6.5. Leidy Johana Carvajal Montoya

Solicitó que se niegue por improcedente la acción constitucional promovida por el
señor Luis Eduardo Llinás Chica y que se mantengan incólumes los autos de 16 y 22
de septiembre de 2025.

Alegó que el accionante lo que pretende es que la tutela opere como una tercera
instancia frente al trámite de desacato, lo cual contraría la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

Además, reprochó que a la fecha la DIAN continúa incumpliendo las órdenes dictadas
en la sentencia de 24 de julio de 2025, comoquiera que no reportó a la CNSC la
totalidad de vacantes equivalentes a la OPEC 198223 y mucho menos la ha nombrado
en carrera administrativa.

Por esta razón, pidió que se garantice la eficacia del mencionado fallo y que se tenga
en cuenta lo siguiente:

•Como accionante, ante el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, me he
acreditado como madre cabeza de familia y desempleada, como consta en el memorial
del 26 de septiembre de 2025 reseñado por el juzgado.
• La DIAN mantiene vacantes equivalentes en provisionalidad, contrariando las órdenes
de la sentencia y el principio de mérito.

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Demandante: Luis Eduardo Llinás Chica
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06845-00

• El perjuicio de la resistencia a cumplir la orden del Juez de Tutela, recae únicamente
sobre mí y mi familia, no sobre el exdirector sancionado, quien pretende desplazar el
foco del análisis hacia su propia responsabilidad.
• He esperado por más de 3 meses, el cumplimiento de una orden judicial firme,
• Me encuentro expuesta al vencimiento de la lista de elegibles (15 de mayo de 2026)
sin que la DIAN como entidad obligada ejecute lo ordenado.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por Luis Eduardo Llinás Chica contra el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia y la CNSC
solicitaron su desvinculación de la presente acción de constitucional por considerar
que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Sin embargo, la referida petición será negada, en razón a que, respecto de la primera,
el actor pidió que se le ordene el archivo del proceso de cobro coactivo iniciado para
la ejecución de la sanción que le fue impuesta, por lo que ante un eventual amparo es
necesario mantener su vinculación al proceso.

En cuanto a la segunda entidad, se tiene que su vinculación al mecanismo de amparo
se dio con ocasión a que esta forma parte del incidente de desacato que se reprochó
a través de esta acción de tutela y, en ese sentido, pueden verse afectados sus
derechos.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta Colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por el actor por parte del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y el Tribunal Administrativo del
Quindío, al expedir las providencias de 16 y 22 de septiembre de 2025 que lo
sancionaron, en el trámite del incidente de desacato 63001-33-33-003-2025-00089-00.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato; (iii) de la carencia actual de objeto; y (iv) el caso concreto.

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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato9

Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se
adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente
manera:

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03- 15-

000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada […]10.

De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.

Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario encargado
de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de atender la
orden judicial.

En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es
hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»11 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.

La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser coherentes
con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que pretenda
hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque
de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada
como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del interesado […]12.

10 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.
11 Sentencia T-763 de 1998.
12 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.

13
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El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe verificar
de manera rigurosa.

Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario el
derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar a
la imposición de sanciones13.

Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela contra
providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra limitado a
establecer:

i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,
ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se
pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.

2.6. La carencia actual de objeto

Esta colegiatura en anteriores oportunidades14 se ha referido a la acción de tutela y ha
explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido como un
instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales
que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la
acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa
en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace
inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese
la vulneración de los derechos fundamentales.

13 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «Conforme a la

naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por
la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la
comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la
responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los
presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia de
esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá el
examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales».
14 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii)
de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y (iii) por
una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la sala cita
como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.15

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo
la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente”16.

Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.

15 Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
16 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.

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(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo
que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer
cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto.17

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena18 como por las
distintas Salas de Revisión19. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad
para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no
se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El
hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”20. No se trata entonces de una
categoría homogénea y completamente delimitada. […].21

2.7. Caso concreto

La parte actora alegó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos con la
expedición de los autos a través de los cuales fue sancionado por el incumpliendo de
las órdenes impartidas en el fallo de tutela de 24 de julio de 2025. Al respecto, indicó
que se incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo.

17 Sentencia SU-225 de 2013.
18 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
19 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos;

T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo;
T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de
2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
20 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
21 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Sobre el primero, destacó que la autoridad omitió valorar en debida forma las pruebas
documentales que obraban en el plenario y que daban cuenta de que la DIAN se
encontraba ante una imposibilidad jurídica de cumplir el fallo de tutela, puesto que al
no existir vacantes del cargo analista V, código 205, grado 5 no era posible reportarlas
a la CNSC.

En cuanto al defecto sustantivo explicó que se desconocieron los Decretos 927 y 419
de 2023, la Ley 909 de 2004 y los Acuerdos 0166 y 0236 de 2020 de la CNSC y la
regla fijada en la sentencia C-197 de 2025 que limitan el uso de la lista de elegibles
para empleos equivalentes y dentro de la vigencia del concurso.

Por lo tanto, solicitó «Inaplicar la sanción y dejar sin efectos el Auto proferido por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA EL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2025, confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío en auto
de consulta del 17 de septiembre de 2025, dentro del incidente de desacato
identificado con el radicado 63001-33-33-003-2025-00089-01 (03 en grado
jurisdiccional de consulta)».

Ahora bien, mediante escrito radicado el 14 de noviembre de 2025 el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia allegó el auto de 12 de noviembre de
2025 a través del cual inaplicó la sanción impuesta al señor Luis Eduardo Llinás Chica
por proveído de 16 de septiembre de 2025, dictado en el trámite del incidente desacato
identificado con el radicado 63001-33-33-003-2025-00089-00.

Así mismo, en esta providencia dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: OFICIAR por secretaria la Oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial
y a la Fiscalía General de la Nación, informando sobre la inaplicación de la sanción
impuesta; solo en caso que la información hubiese sido comunicada a esas
dependencias.

TERCERO: DESVINCULAR al señor LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA, quien en la
actualidad no funge como representante legal de la entidad accionada.

CUARTO: ABSTENERSE de continuar el trámite de cumplimiento en contra del señor
LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA, por las razones expuestas.

Por lo tanto, con la actuación de la autoridad judicial accionada desapareció la
circunstancia que el actor invocó como vulneradora de sus derechos fundamentales,
comoquiera que, encontrándose en curso el proceso de tutela de la referencia, esto
es, el 12 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Armenia inaplicó la sanción que le fue impuesta al Luis Eduardo Llinás Chica,
informó esta decisión a la Oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, y notificó en la misma fecha el proveído a las partes.

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Por lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda
vez que desapareció la circunstancia que originó la interposición de la presente acción
constitucional, de ahí que cualquier orden que se imparta por parte de esta sala
resultaría inane debido a que la vulneración reprochada por el actor cesó con la
actuación de la autoridad enjuiciada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia y la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC).

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción
de tutela promovida por el señor Luis Eduardo Llinás Chica.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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