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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06848-00

Fecha
18 de febrero de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06848-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del Ministerio de Educación Nacional para procurar la defensa de los derechos fundamentales del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por falta de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06848-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

18 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A - SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06848-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Designación de rector de Universidad
durante vigilancia especial del Ministerio de Educación Nacional / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de legitimación en la causa por activa, respecto a los
derechos del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez. Falta de cumplimiento de requisito
de relevancia constitucional. Reproches pretenden emplear la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ordinario

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 30 de octubre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional, a través de
apoderado, promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad, y las garantías superiores al debido proceso, trabajo y acceso a
cargos públicos del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez.

2.
Pidió que se dejara sin efectos la sentencia de 25 de septiembre de 2025, emitida
dentro del proceso de nulidad electoral 2 incoado por el señor Willintong Gómez
Palacios y otro3 contra el señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, con el fin de que se

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Expediente 11001-03-28-000-2025-00034-00, acumulado con el radicado 11001-03-28-000-2025-00038-00.
3 Yadir Antonio Torres Palacio, en nombre propio y como representante de la Fundación Misión Jurídico “Ojos

de Cristal”.

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anulara su designación 4 como rector y representante legal de la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

3.
Mediante la providencia acusada 5 , se accedió a la anulación pretendida. Se
determinó que del contenido del acto administrativo enjuiciado no se evidenciaba el
sustento que otorgaba competencia al Ministerio de Educación Nacional para
reemplazar al señor Fabio Magdaleno Asprilla como rector de la aludida Universidad,
ni del material probatorio se advertía que aquel hubiere incurrido en alguna infracción
prevista en el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, que transgreda o desconozca la
medida de vigilancia especial impuesta por aquella cartera a la institución
universitaria.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico porque se omitió
valorar pruebas que acreditaban la legalidad y necesidad del acto administrativo de
reemplazo rectoral y no se explicó por qué los desestimó o consideró insuficientes.
Con aquellos se demostraba: (i) el incumplimiento del rector Fabio Magdaleno
Asprilla Moreno frente a las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación
Nacional -oficio de 12 de febrero de 2025, radicado 2025-EE-0344086-; (ii) la crisis
institucional, financiera y operativa de la Universidad Tecnológica del Chocó,
demostrada en informes aportados al proceso 7 , visitas técnicas del Ministerio
(realizadas en abril de 2024) y la Resolución 18742 de 20238; y, (iii) la naturaleza
jurídica del encargo electoral, que evidenciaba su carácter transitorio y la
competencia del Ministerio para efectuar el reemplazo conforme a la Ley 1740 de
2014, lo cual permitía su terminación cuando se comprobaran circunstancias
objetivas de incumplimiento o riesgo institucional, como en efecto sucedió.

5.
De igual manera, se configuró defecto sustantivo, pues se interpretó de manera
errónea la naturaleza jurídica del acto administrativo acusado (Resolución 2638 de
18 de febrero de 2025), al equipararlo con una supuesta prórroga de la Resolución
11010 de 5 de julio de 2024, lo que no corresponde a la realidad e inobserva el
artículo 13 de la Ley 1740 de 2014. Aquella Resolución es un acto nuevo y autónomo,
dictado en ejercicio de una competencia distinta, con fundamento en hechos y
consideraciones diferentes. A saber: (i) se sustentó no solo en la crisis institucional
reconocida desde 2023, sino en los informes técnicos y de seguimiento posteriores,
así como en la imposibilidad de la designada anterior (Vanessa Sánchez Ruiz) de
ejercer efectivamente el cargo; (ii) designó a una persona distinta, el señor Luis
Alfredo Giraldo Álvarez, quien cumplía los requisitos estatutarios y fue debidamente
posesionado el 19 de febrero de 2025; y, (iii) fue expedida en desarrollo de la

4 Contenida en la Resolución 2638 de 18 de febrero de 2025.
5 Objeto de solicitudes de adición y aclaración, negadas con auto de 9 de octubre de 2025.
6 A través del cual se le requirió al rector (e) Fabio Magdaleno Asprilla la entrega de informes financieros,

administrativos y académicos, en el que se le advirtió su incumplimiento reiterado.
7 Como el de la Contraloría General de la República, con opinión contable negativa y opinión presupuestal no

razonable, así como la documentación que acreditaba el impago de nómina y la parálisis estudiantil.
8 Por medio de la cual se impuso vigilancia especial a la Universidad, documentando 21 hallazgos administrativos

y 8 financieros.
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vigilancia especial, como un acto autónomo de designación, necesario para
garantizar la continuidad del servicio público educativo.

6.
Asimismo, se constituyó violación directa de la Constitución, en tanto se omitió
aplicar principios constitucionales de supremacía de la Carta Política, debido
proceso, justicia material y función administrativa. Se fundamentó la anulación de la
Resolución 2638 de 18 de febrero de 2025 en una interpretación puramente formal
del concepto de competencia, sin atender a su finalidad constitucional ni al deber de
preservar la continuidad del servicio público educativo.

7.
También se desconoció el precedente constitucional sobre el alcance de las
facultades de inspección y vigilancia del Ministerio (sentencias C-829 de 2002, T-732
de 2013 y SU-342 de 2024), que ordena interpretar las normas conforme al principio
de eficacia administrativa y a la garantía de los derechos colectivos a la educación.

8.
Del mismo modo, se omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a
una interpretación legal que, al restringir de manera absoluta la potestad estatal de
vigilancia, contradice los artículos 67, 69 y 189 (numeral 21) de la Constitución
Política.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

9.
Mediante auto de 11 de noviembre de 20259, el despacho a cargo de la entonces
consejera María Adriana Marín admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la
autoridad demandada y vinculó a los señores Edwar Mena Romaña, Fabio
Magdaleno Asprilla Moreno, Willington Gómez Palacio, Luis Alfredo Giraldo Álvarez
y Yadir Antonio Torres Palacio, así como al rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó, Diego Luis Córdoba, y a la procuradora séptima delegada ante el Consejo de
Estado, en condición de terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

10.
Como la mencionada consejera finalizó su período constitucional el 6 de diciembre
de 2025, se designó como encargado del correspondiente despacho al consejero
Fernando Alexei Pardo Flórez, quien manifestó estar incurso en la causal de
impedimento contenida en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, lo cual fue aceptado, por medio de auto de 18 del mismo mes y año. Por ende,
se le separó del presente asunto, se avocó su conocimiento y se dispuso sortear dos
conjueces entre los magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección
Tercera de la Corporación, a efectos de conformar el quórum requerido.

11.
En cumplimiento de lo anterior, el 14 de enero del presente año se realizó
diligencia de sorteo de conjueces, en la que se designaron en tal condición a los
doctores Diego Enrique Franco Victoria y Fredy Hernando Ibarra Martínez.

9 Notificado el 13 y 20 de noviembre de 2025.

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(i) Procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado

12.
Adujo que intervino en dos ocasiones en el proceso, para solicitar que se negara
la nulidad invocada, porque (i) la designación atacada se dictó en el marco de una
vigilancia especial impuesta por el Ministerio de Educación Nacional; (ii) se
confundieron las figuras de “encargo de funciones” con la de “encargo del cargo”; y,
(iii) no se cuestionó si el demandado cumplía o no con las exigencias requeridas para
ser rector y representante legal de la Universidad Tecnológica del Chocó.

13.
En todo caso, la Procuradora no encontró necesidad de ahondar sobre su postura
en el litigio, en tanto ya se dio un debate probatorio ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Y, en lo atinente a la forma en la que se abordaron los medios
probatorios, ese elemento es de competencia y autonomía plena del juez, motivo por
el cual no considera pertinente emitir algún otro pronunciamiento frente a los actos
que conllevaron la nulidad hoy atacada.

(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta
14.
Indicó que no se desconoció que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1740 de
2014, el Ministerio de Educación Nacional tenía competencia para reemplazar al
rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, luego de demostrar que quien
ejercía dicho cargo, a saber, el señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, “no cumplía,
impedía o dificultaba la implementación de las medidas u órdenes adoptadas durante
la vigilancia especial, o por ocultar o alterar información”. Por tanto, pese a que en el
acto demandado se explicó que el señor David Emilio Mosquera Valencia, siendo
rector, incurrió en las mencionadas irregularidades, lo cierto es que para la fecha en
que se nombró al demandado, el cargo ya no era ocupado por este último y las
conductas que habilitan al Ministerio para sustituirlo solo podían derivar del
funcionario renuente para la fecha en la que se adoptara esta medida.

15.
Por consiguiente, se concluyó que el Ministerio debió abordar el estudio de las
actuaciones realizadas por el señor Asprilla Moreno como rector de la institución
universitaria y constatar si cometió alguna de las conductas que derivaran en
incumplimiento o impidieran la ejecución de las medidas adoptadas en el marco del
procedimiento de vigilancia especial, porque el simple curso de esta situación
administrativa no habilita a la cartera para disponer su reemplazo.

16.
Con base en lo anterior y en la solicitud de amparo, se evidenció que no se
satisface el presupuesto de relevancia constitucional, porque los defectos invocados
se circunscribieron a una inconformidad frente a lo resuelto, mas no porque hubieren
dejado de valorar las pruebas enunciadas.

17.
En esa medida, la Sección en mención, indicó que el oficio 2025-EE-034408 de
12 de febrero de 2025 no tenía como finalidad hacer seguimiento del incumplimiento
reiterado, sino para ordenar el reintegro de Vanessa Sánchez Ruiz al cargo de

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rectora. Asimismo, no se omitió la valoración de la Resolución que impuso la
vigilancia administrativa o los informes técnicos que advirtieron la crisis institucional,
financiera y operativa de la Universidad, sino que, por el contrario, a partir de aquellos
se concluyó que no se acreditaba el incumplimiento o el indebido actuar de Fabio
Magdaleno Asprilla Moreno que justificaran su reemplazo en la rectoría del ente
universitario.

18.
Además, precisó que la interpretación que pretende imponer la parte actora a los
elementos probatorios que aduce no valorados, está encaminada a demostrar los
fundamentos con los que el Ministerio de Educación Nacional decidió intervenir a la
Universidad, aspectos que exceden el objeto del proceso de nulidad electoral que se
limitó a definir la legalidad del nombramiento de Luis Alfredo Giraldo Álvarez, como
rector de ese ente universitario y no se refirió a las actuaciones derivadas de la
inspección y vigilancia desplegadas por el Ministerio en dicha Universidad.

19.
Por otro lado, en el proceso electoral no se solicitó aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y tampoco fue objeto de análisis o pronunciamiento; por tanto,
dicha figura resulta novedosa y no deviene procedente su análisis en sede de tutela.
Indicó que el actor tampoco explicó de qué modo se desconoció el precedente
constitucional, lo que denota una insuficiencia en la carga argumentativa.

20.
Por último, advirtió que se pide también la protección de los derechos
fundamentales de Luis Alfredo Giraldo Álvarez; sin embargo, no obra poder que
permita advertir que el apoderado del Ministerio pueda ejercer su defensa, lo que
deriva en su improcedencia.

(iii) Yadir Antonio Torres Palacios
21.
Señaló que la autoridad judicial realizó un análisis ponderado, juicioso, razonable
y congruente de cara a las pruebas allegadas y de las normas que regulaban la
materia, con fundamento en lo cual se concluyó que el Ministerio de Educación
Nacional carecía de la competencia para expedir la Resolución cuestionada. Por lo
anterior, indicó que se debe declarar la improcedencia de la tutela, por cuanto no
supera la exigencia de relevancia constitucional.

22.
Informó que existe una actitud omisiva por parte del Ministerio de Educación
Nacional frente a materializar el cumplimiento de la sentencia de nulidad electoral.
Por tal razón, informó que en la actualidad cursa un incidente de incumplimiento a
esa decisión judicial, la cual tiene efectos retroactivos y ex tunc, por lo que, de no
proferirse las correspondientes decisiones administrativas por parte de dicha cartera,
los miembros del Consejo Superior de la Universidad seguirán actuando de manera
ilegal, gestándose así una inestabilidad institucional.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

23. Como manifestación de apertura, no se satisface el presupuesto de legitimación

en la causa por activa para procurar la defensa de los derechos fundamentales del
señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez; tampoco el de relevancia constitucional, dado
que el tutelante pretende que se acoja su tesis referente a la legalidad del acto
acusado en el proceso de nulidad electoral al no estar conforme con la adoptada por
el juez natural de la causa.

(i) Legitimación en la causa por activa

24. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede
acudir a la acción de tutela, bien sea por sí misma o a través de un representante,
para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato
constitucional que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

25.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela
podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado10.

26. En el presente asunto se persigue la protección de los derechos fundamentales

al debido proceso e igualdad del tutelante, y al debido proceso, trabajo y acceso a
cargos públicos del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez.

27. Si bien la jurisprudencia constitucional11 ha avalado la posibilidad de que a través

de la acción de tutela las personas jurídicas reclamen la protección de garantías
superiores cuya titularidad recae exclusivamente en las personas naturales, lo cierto
es que para que ello sea posible, resulta necesario indicar la situación fáctica
concreta de la que se derive dicha transgresión, lo cual no acontece en este asunto,
pues el hecho de que se haya anulado la designación del señor Giraldo Álvarez

10 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción

de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
11 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2013, M. P. María Victoria Calle Correa.

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como rector de la aludida Universidad, no constituye por sí solo afectación
constitucional.

28. En todo caso, debe advertir la Sala que como lo pretendido es dejar sin efectos

una providencia judicial emitida en el marco de proceso de nulidad electoral, las
personas habilitadas para controvertirla a través de este mecanismo constitucional
son quienes participaron en esas diligencias. La facultad para acudir a esta acción
está supeditada a la titularidad de los derechos fundamentales cuya protección se
invoca, que está en cabeza únicamente de quienes intervinieron en el proceso.

29. No obstante, aunque el señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez actuó como
demandado en las diligencias ordinarias, lo cierto es que respecto de él no se
manifestó el ejercicio de una agencia oficiosa, que le hubiera permitido al tutelante
procurar la defensa de sus prerrogativas superiores; tampoco se evidencia que
aquél tenga algún tipo de impedimento para acudir directamente ante el juez
constitucional.

(ii) Relevancia constitucional

30. Paraque se habilite el examen de constitucionalidad de la decisión judicial
censurada, se debe acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que
no se configura en este asunto. Los reproches de la parte actora evidencian una
inconformidad con la manera como se zanjó el litigio en la providencia objeto de
censura. Así, pretende emplear esta acción como una instancia adicional del
proceso de nulidad electoral.

31. Aunque la parte actora invocó las causales específicas de procedibilidad de la

tutela contra providencia judicial de defectos fáctico, sustantivo y violación directa
de la Constitución, los argumentos en que las fundamenta comportan una disparidad
de criterios y no contienen una suficiente carga argumentativa destinada a desvirtuar
desde la óptica constitucional la decisión objeto de censura. Por el contrario, se
dirigió a que se acogiera la tesis que pregona sobre la manera de solucionar la
controversia electoral suscitada contra la designación del señor Luis Alfredo Giraldo
Álvarez como rector y representante legal de la Universidad Tecnológica del Chocó,
Diego Luis Córdoba, por resultarle contrario a sus intereses el modo en que lo hizo
la autoridad judicial accionada.

32. Respecto a la censura fáctica, en la providencia acusada, se advierte que la

autoridad accionada tuvo por demostrado que el Ministerio de Educación Nacional,
mediante Resolución 18742 de 7 de octubre de 2023, confirmada con Resolución
25526 de 27 de diciembre siguiente, adoptó medidas preventivas y dispuso
vigilancia especial para la mencionada institución universitaria, con fundamento en
los artículos 10, 11 (letra c) y 13 de la Ley 1740 de 2014. En el marco de ese trámite
de vigilancia, por conducto de la Resolución 11010 de 5 de julio de 2024, dispuso el
remplazo, hasta por un año, prorrogable por una sola vez, de David Emilio Mosquera

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Valencia. Y, posteriormente, con Resolución 12396 de 26 de julio de 2024, designó
a la señora Vanessa Sánchez Ruiz como rectora y representante legal del ente
universitario.

33. Por su parte, por medio de auto de 2 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero

Administrativo de Quibdó decretó la suspensión provisional de la aludida Resolución
11010 y ordenó el reintegro de David Emilio Mosquera Valencia. Sin embargo, dicha
decisión judicial fue revocada el 27 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Chocó, al concluir que los motivos que la originaron desaparecieron, en razón a
que el señor Mosquera Valencia ya había culminado su período como rector (18 de
noviembre de 2024).

34. Con base en el aludido material probatorio, la autoridad judicial concluyó que (i)

la Universidad Tecnológica del Chocó es objeto de inspección, vigilancia y control
por parte del Ministerio de Educación Nacional desde el 6 de octubre de 2023; (ii) el
5 de julio de 2024, con Resolución 11010, se dispuso el reemplazo del rector David
Emilio Mosquera Valencia, cargo que sería ocupado por Vanessa Sánchez Ruiz,
pero ello no se materializó; y, (iii) en atención a que se revocó la suspensión
provisional decretada de la Resolución 11010, se continuó con el trámite de
designación de rector, en virtud de lo cual se señaló que se había elegido a Vanessa
Sánchez Ruiz, pero como ella manifestó que no asumiría el cargo, se designó al
señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez.

35. En ese sentido, se advierte en la tutela una discrepancia con el criterio de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que consideró indispensable para desatar el
litigio examinar la norma que regula las medidas que puede adoptar el Ministerio de
Educación Nacional en el trámite de una vigilancia especial, enunciadas en el
artículo 13 de la Ley 1740 de 2014. En particular, la referente a la facultad de
reemplazo.

36. En virtud de lo anterior, la autoridad judicial precisó que la Resolución acusada

se fundamentó en los actos administrativos de imposición de la medida de vigilancia
especial y el reemplazo del entonces rector David Emilio Mosquera Valencia tras
verificar su incumplimiento. No obstante, para el 18 de febrero de 2025, fecha de
designación del demandado, señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, el señor Mosquera
Valencia ya no ejercía como recto, por la finalización de su período (18 de noviembre
de 2024), y estas funciones fueron encargadas a Fabio Magdaleno Asprilla Moreno,
por decisión de 22 de noviembre de 2024 del Consejo Superior Universitario de la
Universidad Tecnológica del Chocó, conforme al artículo 45 de los estatutos.

37. Bajo ese panorama, el juez natural indicó que el Ministerio tenía competencia

para proceder con el remplazo del rector (o de quien asuma sus funciones), pero a
partir de la demostración de que el señor Asprilla Moreno no cumplía, impedía o
dificultaba la implementación de las medidas u órdenes adoptadas durante la
vigilancia especial o por ocultar o alterar información.

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38. Por consiguiente, consideró que no resultaba suficiente demostrar que aquellas

irregularidades acaecieron durante la rectoría ejercida por David Emilio Mosquera
Valencia, sino por Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, lo cual no se comprobó en
estas diligencias. Ello por cuanto aquel no ocupaba ese cargo y, en todo caso, dichas
conductas solo pueden derivar del resorte exclusivo del funcionario renuente que
para la fecha en que se adopte la medida de sustitución esté en ejercicio del cargo
o de las funciones electorales.

39. Lo anterior da cuenta de un estudio de los elementos fácticos puestos a su
consideración, de los cuales derivó una serie de conclusiones que no coinciden con
la postura del Ministerio de Educación, que acude a este escenario constitucional
con el propósito de reabrir la discusión, y que se imponga una forma particular de
valorar las referidas pruebas. Con ello se desconoce que al juez de tutela le está
vedado arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los
elementos de convicción o imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si
se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

40. Lo propio se puede decir respecto al reproche referido al oficio 2025-EE-034408

de 12 de febrero de 2025, según el cual en las consideraciones de la providencia
acusada no se hizo referencia a su contenido. La falta de relevancia constitucional
se hace patente si se tiene en cuenta que, además que se indica algo diferente a lo
consignado en ese documento12, no se explica qué incidencia tiene la falta de
mención de tal elemento probatorio en el razonamiento realizado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado al desatar la controversia. Ello denota una falencia
argumentativa que descarta la relevancia constitucional del reproche.

41. En sentido similar, se advierte que el Ministerio de Educación censura que la
autoridad judicial no detalló informes y visitas técnicas, que -a su juicio- demostraban
la crisis institucional, financiera y operativa de la Universidad. Sin embargo, omitió
argumentar desde una óptica constitucional la incidencia de ello en la tesis que
acogió la autoridad judicial accionada, según la cual no resultaba indispensable
advertir sobre las falencias que padece el centro educativo, pues estas fueron
reconocidas en la Resolución 18742 de 2023. De manera que en ese argumento,
nuevamente, se evidencia una discrepancia con el ejercicio de valoración probatoria
realizado en la providencia censurada, que no tiene alcance constitucional.

42. Ahora bien, en lo que atañe a la alegada omisión de examinar la naturaleza
jurídica del encargo electoral y de la competencia del Ministerio para efectuar el
reemplazo conforme a la aludida Ley 1740, se advierte igualmente la intención de
reabrir la discusión zanjada por el juez natural, pues éste consideró que la persona
que ejercía como rector fue nombrada en encargo, situación que no eximía a dicha
cartera de demostrar su incumplimiento o riesgo institucional que representaba para
que procediera el correspondiente reemplazo, lo cual -en criterio de la Sección

12 Contrario a lo señalado por el tutelante, en éste oficio no se le requirió información al señor Fabio Magdaleno

Asprilla Moreno en virtud de algún tipo de incumplimiento de su parte, sino para que aquella le fuera entregada
a la rectora reemplazante, señora Vanessa Sánchez Ruiz.
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Quinta del Consejo de Estado- no se logró acreditar, lo que devino en la ilegalidad
del reemplazo demandado.

43. En esa medida, la inconformidad sobre la valoración y omisión probatoria denota

un desacuerdo con lo concluido al respecto; por ende, no es aceptable que el
tutelante pretenda que se le imponga al juez natural el grado de certeza que, a su
juicio, se les debió otorgar a los medios de convicción obrantes en el plenario.

44. Por otro lado, la parte actora alega que se configuró defecto sustantivo, dado que

se equiparó la Resolución acusada a una prórroga de la Resolución 11010 de 5 de
julio de 2024, pese a que aquella era un acto nuevo y autónomo, pues se trataba de
un reemplazo nuevo, lo que implicó que se inobservara el artículo 13 de la Ley 1740
de 2014.

45. No obstante, se omite explicar de qué modo la autoridad judicial tuvo al acto

acusado como una prórroga. Lo que se advierte en la providencia es que la autoridad
judicial accionada valoró la designación de reemplazo y consideró que el Ministerio
omitió fundamentar su determinación en alguno de los supuestos fácticos
estipulados para ese fin, lo que conllevó su anulación. Lo expuesto en la tutela no
pasa de ser una discrepancia valorativa respecto a la cual no se presentan
argumentos de naturaleza constitucional, que acrediten la necesidad de intervención
del juez de tutela.

46. Laparte actora también aduce que se incurrió en violación directa de la
Constitución, por cuanto se omitió aplicar principios constitucionales y no se atendió
el deber de preservar la continuidad del servicio público educativo. Asimismo, que
se desconoció el precedente constitucional relacionado con las facultades de
inspección y vigilancia del Ministerio.

47. Frente a tales reproches, la Sala advierte que se limitan a insistir en que se acoja

la tesis propuesta por el tutelante en sede ordinaria, consistente en defender la
legalidad del acto acusado, sin que se sustente algún tipo de irregularidad que
denote la afectación constitucional que se alega. Lo anterior, teniendo en cuenta que
no se expone de qué modo se dejaron de aplicar principios constitucionales ni en
qué consiste el impedimento para continuar con la prestación del servicio público
educativo, máxime cuando la decisión, pese a que no la comparta el tutelante, se
afinca en un estudio probatorio y normativo razonable.

48. Además, fuera de relacionar sentencias de la Corte Constitucional presuntamente

desatendidas, no explicó cuáles postulados o criterios no fueron tenidos en cuenta,
pues se limitó a indicar que era jurisprudencia relacionada con las facultades de
inspección y vigilancia del Ministerio. Omisión que impide a la Sala examinar el
presunto desconocimiento del precedente, en razón a la ausencia de carga
argumentativa sobre el particular.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06848-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

49. Por último, el accionante pide que se aplique la excepción de inconstitucionalidad,

por cuanto con la interpretación legal acogida por el juez natural restringe de manera
absoluta la potestad estatal de vigilancia. Sin embargo, tal pretensión no fue
planteada en sede ordinaria; por ende, no puede ser abordada en este asunto
constitucional, dado que este mecanismo no se instituyó para servir como un trámite
alterno al proceso ordinario.

50.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción al carecer de
legitimación en la causa por activa para procurar la defensa de los derechos
fundamentales del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez y no superar el requisito de
relevancia constitucional.

51.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
del Ministerio de Educación Nacional para procurar la defensa de los derechos
fundamentales del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
falta de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

13 VF

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06848-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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