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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06848-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06848-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06848-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

14 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06848-01
Demandante: Ministerio de Educación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 14 de mayo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06848-01
Demandante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA

Tema: Acción de tutela contra providencia que declaró la nulidad de
elección de rector universitario. Improcedencia de la acción de
tutela. Legitimación en la causa por activa. Relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del 18
de febrero de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, Sala de Conjueces, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 31 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el Ministerio de Educación Nacional pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, así como las garantías superiores al debido proceso, trabajo
y de acceso a cargos públicos del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez.

A juicio de la entidad demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta
con ocasión del fallo de 25 de septiembre de 2025, dictado en única instancia por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la nulidad de la designación de Luis
Alfredo Giraldo Álvarez como rector y representante legal de la UTCH, contenida en la
Resolución 2638 del 18 de febrero de 2025 del Ministerio de Educación Nacional.

2. Pretensiones

La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
En mérito de lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Honorable Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, o al juez constitucional competente que, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, y al momento de proferir decisión de fondo dentro de la presente acción
de tutela contra providencia judicial, se sirva:

1. Tutela de derechos fundamentales

Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la motivación
judicial y a la función administrativa (arts. 13, 29, 209 y 228 de la Constitución Política), vulnerados
por la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Resolución
No. 002638 del 18 de febrero de 2025, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional designó

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06848-01
Demandante: Ministerio de Educación

al señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego
Luis Córdoba (UTCH).

Extender el amparo no solo en favor del Ministerio de Educación Nacional, como autoridad
demandada en el proceso contencioso, sino también del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, quien
resultó directamente afectado por la nulidad de su designación y, por ende, vio vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos y a la estabilidad
administrativa.

2. Nulidad de la providencia judicial impugnada

Declarar la nulidad constitucional de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado No. 11001-03-28-000-2025-
00034-00 (acumulado con 00038-00), por haber incurrido en defecto fáctico (por indebida omisión y
apreciación probatoria) y defecto sustantivo (por errónea interpretación del acto administrativo y
aplicación indebida del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014), configurándose una violación directa de
los derechos constitucionales fundamentales del MEN y del señor Giraldo Álvarez.

3. Efectos restitutorios

Dejar sin efectos la nulidad decretada por dicha sentencia respecto de la Resolución MEN No.
002638 del 18 de febrero de 2025, y en consecuencia, restablecer la validez y eficacia jurídica del
acto administrativo de designación expedido por el Ministerio de Educación Nacional, hasta tanto la
autoridad competente adopte una decisión conforme a los parámetros constitucionales de valoración
probatoria y motivación judicial.

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Mediante Resolución 18742 del 6 de octubre de 2023, el Ministerio de Educación
Nacional (en adelante MEN) impuso medidas preventivas y de vigilancia especial a la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, consistentes en la elaboración,
implementación y ejecución de un plan de mejoramiento, señalamiento de condiciones,
así como la designación de un inspector in situ y la constitución de una fiducia.

En el anterior contexto, el 5 de julio de 2024, el MEN, amparado por las facultades de
inspección y vigilancia,profirió la Resolución 011010 de esa fecha, por medio de la cual
decidió reemplazar al que en su momento era representante legal de la Universidad
Tecnológica del Chocó, esto es, el señor David Emilio Mosquera Valencia, acto
administrativo que ordenaba su reemplazo por el lapso de un año, prorrogable por otro
año, pese a que su periodo institucional como rector terminaba el 18 de noviembre de
2024.

Con posterioridad al reemplazo del señor Mosquera Valencia, a través de la Resolución
12396 del 26 de julio de 2024, el MEN designó como rectora reemplazante a Vanessa
Sánchez Ruiz, acto administrativo que fue demandado ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado y se tramitó con el número de radicado 11001-03-28-000-2024-
00189-00.

El señor David Emilio Mosquera Valencia, inconforme con la decisión por considerarla
violatoria de sus derechos, instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho con
medida cautelar de urgencia, en contra de la Resolución 01101 del 5 de julio de 2024,
por medio de la cual fue reemplazado.

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Demandante: Ministerio de Educación

El día 2 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de
Quibdó decretó la medida cautelar de urgencia y ordenó el reintegro al cargo del señor
David Emilio Mosquera Valencia, después de suspender la Resolución 011010 del 5 de
julio de 2024, condicionando los efectos de la medida hasta el 18 de noviembre de 2024,
debido a que en dicha fecha terminaba el periodo Rectoral institucional del referido señor.

En atención a que el cargo de Rector quedó vacante el día 18 de noviembre de 2024, por
la terminación del periodo institucional para el cual había sido elegido el anterior rector,
el Consejo Superior de la UTCH profirió la Resolución 0019 del 22 de noviembre de 2024,
por medio de la cual asignó funciones rectorales al Vicerrector de Docencia, Fabio
Magdaleno Asprilla Moreno, hasta tanto se eligiera rector en propiedad.

El 27 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó revocó la medida cautelar
decretada por el Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Quibdó, por lo que
el MEN consideró que se estaba ordenando el reintegro de la señora Vanessa Sánchez
Ruiz, lo que fue informado a través de oficio N.° 2025-EE-034408, notificado el 12 de
febrero de 2025 al rector encargado.

Como consecuencia de lo anterior, la Universidad Tecnológica del Chocó, a través de su
rector encargado, informó al MEN que quien regentaba el cargo de rector no era el señor
David Emilio Mosquera Valencia (a quien en su momento reemplazó la doctora Sánchez
Ruiz), sino el vicerrector de docencia Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, teniendo en
cuenta que el cargo de rector había quedado en vacancia definitiva por la culminación
del periodo institucional y que, por consiguiente, no era posible nombrar como su
reemplazo a Vanessa Sánchez Ruiz.

El 14 de febrero de 2025, la señora Vanessa Sánchez Ruiz indicó a través de su red
social X que no asumiría como rectora reemplazante.

Como consecuencia de lo anterior, el MEN expidió la Resolución 002638 de 18 de febrero
de 2025, por medio de la cual nombró rector de la Universidad del Chocó, al señor Luis
Alfredo Giraldo Álvarez, en reemplazo de David Emilio Mosquera Valencia.

3.2. Proceso de nulidad electoral

El 27 de febrero de 2025, el señor Willintong Gómez Palacios interpuso demanda de
nulidad electoral con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 002638
del 18 de febrero de 2025, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional
nombró al señor Alfredo Giraldo Álvarez, como rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó.

El proceso se adelantó bajo el radicado 11001-03-28-000-2025-00034-00 y correspondió
en única instancia a la Sección Quinta del Consejo de Estado.

De igual manera, el 13 de marzo de 2025, el señor Yadir Antonio Torres Palacios formuló
demanda de nulidad electoral para cuestionar la legalidad de la Resolución 002638 del
18 de febrero de 2025, por medio de la cual el MEN designó al señor Luis Alfredo Giraldo
Álvarez como rector y representante legal para la Universidad Tecnológica del Chocó en
el marco de las medidas de vigilancia especial adoptada mediante la Resolución No.
018742 del 6 de octubre de 2023, expedida por el Ministerio de Educación.

Este proceso se adelantó por la Sección Quinta del Consejo de Estado con el radicado
11001032800020250003800 y se adelantó hasta el 7 de julio de 2025 cuando, por auto

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de 7 de julio de 2025, se ordenó su acumulación al proceso 11001-03-28-000-2025-
00034-00, en atención a que en ambos casos se discutía la legalidad del mismo acto
administrativo.

La Sección Quinta profirió sentencia de 25 de septiembre de 2025, en la que declaró la
nulidad de la designación de Luis Alfredo Giraldo Álvarez como rector y representante
legal de la UTCH, contenida en la Resolución 002638 del 18 de febrero de 2025 del
Ministerio de Educación Nacional. Explicó que el MEN realizó el nombramiento de Luis
Alfredo Giraldo Álvarez como reemplazo del rector David Emilio Mosquera Valencia; sin
embargo, para la fecha de la designación (18 de febrero de 2025), David Emilio Mosquera
Valencia ya no ejercía como rector de la UTCH, por la finalización de su periodo, y sus
funciones rectorales fueron encargadas a Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, por decisión
de 22 de noviembre de 2024 del CSU de la UTCH, conforme lo dispone el artículo 45 de
los estatutos.

En consecuencia, consideró que el MEN tenía competencia para proceder con el
remplazo del rector (o de quien asuma sus funciones) solo si se demostrara que Fabio
Magdaleno Asprilla Moreno no cumplió, impidió o dificultó la implementación de las
medidas u órdenes adoptadas durante la vigilancia especial, o por ocultar o alterar
información;sin embargo, se demostró que esas irregularidades se acreditaron respecto
de la rectoría ejercida por David Emilio Mosquera Valencia, quien ya no ocupaba dicho
cargo, de manera que la sustitución en el ejercicio del cargo o de las funciones
rectoralesdebía hacerse respecto del actual rector y ello no fue así.

La sentencia contó con aclaración de voto de la magistrada Gloria María Gómez Montoya,
quien manifestó que, además de estar viciado de falta de competencia, el acto
administrativo cuestionado también incurrió en la causal de nulidad de falsa motivación.

El Ministerio de Educación Nacional interpuso solicitud de adición y aclaración de la
sentencia en donde solicitó:

(i) Precisar si la Sala valoró y descartó las pruebas documentales allegadas con los
antecedentes administrativos y la UTCH y, de haberlo hecho, se indicarán los motivos de
insuficiencia o la carencia de aptitud de tales elementos para acreditar la necesidad de la
medida de reemplazo.

(ii) Si la Sala entendió que el encargo conferido al vicerrector académico mediante la
Resolución No. 0019 del 22 de noviembre de 2024 comporta un impedimento absoluto
que excluye, por sí mismo, la competencia de la entidad en el marco de la Ley 1740 de
2014, incluso cuando dicho encargo se prolonga en el tiempo y concurren circunstancias
objetivas que justifican la intervención estatal para garantizar la continuidad y calidad del
servicio público educativo.

(iii) En caso de haberse concluido que la designación del ministerio adolecía de
irregularidades formales o procesales diferentes a la valoración de la necesidad
probatoria, se indicará cuáles fueron esos requisitos incumplidos y por qué se optó por
declarar la nulidad del acto administrativo, en vez de emitir una decisión aclaratoria que
fundamentara la apreciación de la prueba.

Mediante auto de 19 de octubre de 2025, el Consejo de Estado indicó que los reparos
formulados por la parte demandada no cumplían con los presupuestos de los artículos
285 y 287 del Código General del Proceso.

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4. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante señaló que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia
cuando se trata de providencias judiciales.

En cuanto a los defectos específicos, señala que el Consejo de Estado-Sección Quinta
incurrió en:

Defecto sustantivo por interpretación errónea de la naturaleza jurídica del acto
administrativo acusado (Resolución 2638 de 18 de febrero de 2025), al equipararlo con
una supuesta prórroga de la Resolución 1101 de 5 de julio de 2024, lo que no
corresponde a la realidad e inobserva el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.

Resaltó que la resolución demandada era un acto nuevo y autónomo, dictado en ejercicio
de una competencia distinta, con fundamento en hechos y consideraciones diferentes, a
saber (i) se sustentó no solo en la crisis institucional reconocida desde 2023, sino en los
informes técnicos y de seguimiento posteriores, así como en la imposibilidad de la
designada anterior (Vanessa Sánchez Ruiz) de ejercer efectivamente el cargo; (ii)
designó a una persona distinta, el señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, quien cumplía los
requisitos estatutarios y fue debidamente posesionado el 19 de febrero de 2025; y, (iii)
fue expedida en desarrollo de la vigilancia especial, como un acto autónomo de
designación, necesario para garantizar la continuidad del servicio público educativo.

Defecto fáctico por omisión en la valoración de pruebas que acreditaban la legalidad y
necesidad del acto administrativo de reemplazo rectoral tales como (i) el incumplimiento
del rector Fabio Magdaleno Asprilla Moreno frente a las medidas adoptadas por el
Ministerio de Educación Nacional -oficio de 12 de febrero de 2025, radicado 2025-EE-
0344086-; (ii) la crisis institucional, financiera y operativa de la Universidad Tecnológica
del Chocó, demostrada en informes aportados al proceso, visitas técnicas del Ministerio
(realizadas en abril de 2024) y la Resolución 18742 de 20238; y, (iii) la naturaleza jurídica
del encargo, que evidenciaba su carácter transitorio y la competencia del Ministerio para
efectuar el reemplazo conforme a la Ley 1740 de 2014, lo cual permitía su terminación
cuando se comprobaran circunstancias objetivas de incumplimiento o riesgo institucional,
como en efecto sucedió.

Violación directa de la Constitución, por cuanto se omitió aplicar principios
constitucionales de supremacía de la Carta Política, debido proceso, justicia material y
función administrativa. Se fundamentó la anulación de la Resolución 2638 de 18 de
febrero de 2025 en una interpretación puramente formal del concepto de competencia,
sin atender a su finalidad constitucional ni al deber de preservar la continuidad del servicio
público educativo; se omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a una
interpretación legal que, al restringir de manera absoluta la potestad estatal de vigilancia,
contradice los artículos 67, 69 y 189 (numeral 21) de la Constitución Política.

Desconocimiento del precedente constitucional sobre el alcance de las facultades de
inspección y vigilancia del Ministerio (sentencias C-829 de 2002, T-732 de 2013 y SU-
342 de 2024), que ordena interpretar las normas conforme al principio de eficacia
administrativa y a la garantía de los derechos colectivos a la educación.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado-Sección Quinta, a través del magistrado ponente de la decisión
cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción por incumplir el
presupuesto de relevancia constitucional, pues los defectos invocados se circunscribieron

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a una inconformidad frente a lo resuelto, mas no porque hubieren dejado de valorar las
pruebas enunciadas.

De manera subsidiaria precisó que en la providencia no se desconoció que, de acuerdo
con el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional tenía
competencia para reemplazar al rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, luego
de demostrar que quien ejercía dicho cargo, a saber, el señor Fabio Magdaleno Asprilla
Moreno, “no cumplía, impedía o dificultaba la implementación de las medidas u órdenes
adoptadas durante la vigilancia especial, o por ocultar o alterar información”.

Advirtió que, de conformidad con lo anterior, pese a que en el acto demandado se explicó
que el señor David Emilio Mosquera Valencia, siendo rector, incurrió en las mencionadas
irregularidades, lo cierto es que, para la fecha en que se nombró al demandado, el cargo
ya no era ocupado por este último y las conductas que habilitaban al Ministerio para
sustituirlo solo podían derivar del funcionario renuente para la fecha en la que se adoptara
esta medida.

Resaltó que en la sentencia se concluyó que el Ministerio debió abordar el estudio de las
actuaciones realizadas por el señor Asprilla Moreno como rector de la institución
universitaria y constatar si cometió alguna de las conductas que derivaran en
incumplimiento o impidieran la ejecución de las medidas adoptadas en el marco del
procedimiento de vigilancia especial, porque el simple curso de esta situación
administrativa no habilita a la cartera para disponer su reemplazo.

Agregó que la interpretación que pretende imponer la parte actora a los elementos
probatorios que aduce no valorados está encaminada a demostrar los fundamentos con
los que el Ministerio de Educación Nacional decidió intervenir a la universidad, aspectos
que exceden el objeto del proceso de nulidad electoral que se limitó a definir la legalidad
del nombramiento de Luis Alfredo Giraldo Álvarez como rector de ese ente universitario
y no se refirió a las actuaciones derivadas de la inspección y vigilancia desplegadas por
el Ministerio en dicha universidad.

Aclaró que en el proceso no se solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad y
tampoco fue objeto de análisis o pronunciamiento; por tanto, dicha figura resulta
novedosa y no deviene procedente su análisis en sede de tutela.

Por último, indicó que el actor tampoco explicó de qué modo se desconoció el precedente
constitucional, lo que denota una insuficiencia en la carga argumentativa.

Añadió que se pidió la protección de los derechos fundamentales de Luis Alfredo Giraldo
Álvarez, sin que se hubiera demostrado la capacidad del abogado del Ministerio para
procurar los derechos del referido ciudadano.

La Procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado adujo que intervino en
dos ocasiones en el proceso, para solicitar que se denegara la nulidad invocada, porque
(i) la designación atacada se dictó en el marco de una vigilancia especial impuesta por el
Ministerio de Educación Nacional; (ii) se confundieron las figuras de “encargo de
funciones” con la de “encargo del cargo”; y (iii) no se cuestionó si el demandado cumplía
o no con las exigencias requeridas para ser rector y representante legal de la Universidad
Tecnológica del Chocó. Agregó que no era del caso ahondar sobre su postura en el litigio,
en tanto ya se dio un debate probatorio ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
en la que la valoración probatoria era de competencia y autonomía plena del juez.

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El señor Yadir Antonio Torres Palacios señaló que la autoridad judicial realizó un
análisis ponderado, juicioso, razonable y congruente de cara a las pruebas allegadas y
de las normas que regulaban la materia, con fundamento en lo cual se concluyó que el
Ministerio de Educación Nacional carecía de la competencia para expedir la Resolución
cuestionada.

Consideró que se debe declarar la improcedencia de la tutela, por cuanto no supera la
exigencia de relevancia constitucional.

Por su parte, Edwar Mena Romaña, Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, Willington Gómez
Palacio, Luis Alfredo Giraldo Álvarez, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó,
Diego Luis Córdoba, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron
silencio pese a haber sido debidamente notificados de la acción.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sala de Conjueces, mediante
sentencia del 18 de febrero de 2026, declaró improcedente la tutela. De manera previa,
señaló que, aunque el señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez actuó como demandado en las
diligencias ordinarias, lo cierto es que respecto de él no se manifestó el ejercicio de una
agencia oficiosa, que le hubiera permitido al tutelante procurar la defensa de sus
prerrogativas superiores; ni tampoco se evidenció que aquél tuviera algún tipo de
impedimento para acudir directamente ante el juez constitucional, de manera que el
ministerio demandante no estaba facultado en la causa por activa para elevar
pretensiones encaminadas a garantizar los derechos de dicho ciudadano.

Consideró que, a pesar de que la parte actora invocó las causales específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial de defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución, los argumentos en que las fundamenta comportan
una disparidad de criterios y no contienen una suficiente carga argumentativa destinada
a desvirtuar desde la óptica constitucional la decisión objeto de censura.

Resaltó que la acción se dirigió a que se acogiera la tesis que pregona sobre la manera
de solucionar la controversia suscitada contra la designación del señor Luis Alfredo
Giraldo Álvarez como rector y representante legal de la Universidad Tecnológica del
Chocó, Diego Luis Córdoba, por resultarle contrario a sus intereses el modo en que lo
hizo la autoridad judicial accionada.

Manifestó que la inconformidad sobre la valoración y omisión probatoria denota un
desacuerdo con lo concluido al respecto; por ende, no es aceptable que el tutelante
pretenda que se le imponga al juez natural el grado de certeza que, a su juicio, se les
debió otorgar a los medios de convicción obrantes en el plenario.

Sostuvo que la parte actora alega que se configuró defecto sustantivo, dado que se
equiparó la Resolución acusada a una prórroga de la Resolución 11010 de 5 de julio de
2024, pese a que aquella era un acto nuevo y autónomo, pues se trataba de un reemplazo
nuevo, lo que implicó que se inobservara el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014. No
obstante, se omite explicar de qué modo la autoridad judicial tuvo al acto acusado como
una prórroga.

Advirtió que la autoridad judicial accionada valoró la designación de reemplazo y
consideró que el Ministerio omitió fundamentar su determinación en alguno de los
supuestos fácticos estipulados para ese fin, lo que conllevó su anulación. Lo expuesto en
la tutela no pasa de ser una discrepancia valorativa respecto a la cual no se presentan

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argumentos de naturaleza constitucional, que acrediten la necesidad de intervención del
juez de tutela.

Resaltó que la parte actora también aduce que se incurrió en violación directa de la
Constitución, por cuanto se omitió aplicar principios constitucionales y no se atendió el
deber de preservar la continuidad del servicio público educativo y que se desconoció el
precedente constitucional relacionado con las facultades de inspección y vigilancia del
Ministerio, argumentos que se limitan a insistir en que se acoja la tesis propuesta por el
tutelante en sede ordinaria, consistente en defender la legalidad del acto acusado, sin
que se sustente algún tipo de irregularidad que denote la afectación constitucional que
se alega.

Agregó que, fuera de relacionar sentencias de la Corte Constitucional presuntamente
desatendidas, no explicó cuáles postulados o criterios no fueron tenidos en cuenta, pues
se limitó a indicar que era jurisprudencia relacionada con las facultades de inspección y
vigilancia del Ministerio. Omisión que impide a la Sala examinar el presunto
desconocimiento del precedente, en razón de la ausencia de carga argumentativa sobre
el particular.

Finalmente, en torno a la solicitud de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad,
indicó que tal pretensión no fue planteada en sede ordinaria; por ende, no puede ser
abordada en este asunto constitucional, dado que este mecanismo no se instituyó para
servir como un trámite alterno al proceso ordinario.

7. Impugnación

El demandante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que, si el Ministerio fue
parte necesaria en el proceso contencioso por ser el titular del acto, y si la sentencia
declaró que dicha entidad carecía de competencia para actuar, resulta jurídicamente
improcedente sostener que no tiene legitimación para acudir al juez constitucional cuando
considera que esa conclusión se adoptó con vulneración de su debido proceso.

En torno a la relevancia constitucional, señaló que la sentencia controvertida no se limitó
a evaluar un acto administrativo concreto, sino que redefinió el alcance de las facultades
constitucionales y legales del Ministerio, para concluir que carecía de competencia para
expedir la resolución, esto sin valorar todas las pruebas en su integridad, desconociendo
completamente la norma y la Constitución que otorgan literalmente las funciones y
facultades de inspección y vigilancia al ejecutivo.

Refirió que cuando una providencia judicial restringe el alcance de funciones
constitucionalmente asignadas, reinterpreta el marco competencial de una autoridad
pública y limita el ejercicio futuro de potestades de inspección y vigilancia, violando el
debido proceso; la discusión trasciende el plano de mera legalidad y adquiere dimensión
constitucional.

Esgrimió que no se trata simplemente de si una resolución estaba ajustada a la ley; se
trata de si una autoridad constitucionalmente investida puede ejercer las funciones que
el ordenamiento le asigna para garantizar un servicio público esencial.

Resaltó que en el presente caso, al omitir valorar pruebas determinantes que acreditaban
incumplimientos, crisis institucional y la propia naturaleza del encargo rectoral como
elementos centrales para entender la legalidad del acto impugnado, se atentó contra la
potestad material de defensa del Ministerio como parte procesal, omisión que no solo
implicó un defecto fáctico en la valoración probatoria, sino que, en esencia, equivalió a

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desconocer el derecho del Ministerio a defender materialmente su posición jurídica en el
proceso contencioso, lo cual se traduce en una violación indirecta de su derecho al debido
proceso.

Explicó que, si la experiencia acreditada no correspondía a la realidad temporal del
establecimiento educativo, la simple falsedad del documento o fraude en su expedición y
aporte al Consejo era causal para ejercer las funciones de inspección y vigilancia. En
consecuencia, la permanencia en el cargo del implicado no podía considerarse
jurídicamente consolidada ni amparada por una presunción de legalidad incuestionable.
Muy por el contrario, se trataba de una situación que afectaba la validez misma de su
designación y, por ende, habilitaba la intervención de la autoridad competente.

Alegó que las resoluciones expedidas por el Ministerio no podían analizarse aisladas del
contexto material que las originó y, en tal medida, la actuación administrativa no fue
arbitraria ni caprichosa, pues respondió a un escenario de incumplimiento de requisitos,
obstaculización del plan de mejoramiento y afectación institucional que comprometía el
interés general. La intervención ministerial se enmarca en atribuciones constitucionales
y legales orientadas a garantizar la adecuada prestación del servicio público de
educación, función que tiene una clara dimensión constitucional.

Consideró que reducir el debate a un conflicto de legalidad implica desatender que la
presunta irregularidad en la acreditación de requisitos no es un elemento periférico, sino
estructural, pues afecta la legitimidad del acto inicial de designación y, en consecuencia,
redefine la valoración de las medidas posteriores adoptadas por el Ministerio.

II. CONSIDERACIONES

1. Análisis previo- Sobre la legitimación en la causa por activa

El Ministerio de Educación Nacional discute que en el fallo impugnado se haya declarado
la falta de legitimación en la causa por activa, pues considera que, al haber sido la entidad
que expidió el acto administrativo que fue declarado nulo por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la sentencia cuestionada, podía ejercer la presente acción de
tutela.

Sobre el particular, es del caso precisar que en la sentencia de primera instancia, la
Sección Tercera, Subsección A, fue clara en señalar que la falta de legitimación se
configuró únicamente en lo que alude a la pretensión de la demanda que busca el amparo
de derechos del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, argumento que comparte esta
instancia, pues en efecto, el apoderado del ministerio no demostró que el referido
ciudadano le hubiere conferido poder para actuar en su nombre y tampoco invocó ni
demostró que estuviera actuando en ejercicio de la agencia oficiosa.

En consecuencia, es claro que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto
2591 de 19911, la acción de tutela puede ser interpuesta mediante representante legal 2

1 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier

persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
2 Tal es el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas.

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o apoderado judicial3 y que, en estos eventos, con la demanda deben aportarse los
documentos que acrediten la calidad con que se actúa4.

Por consiguiente, le asistió razón a la primera instancia al precisar que en la presente
acción el Ministerio de Educación carece de legitimación por activa para reclamar
derechos fundamentales en cabeza del señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, sin que ello
signifique que no podía reclamar los intereses que le asisten respecto de las decisiones
desfavorables adoptadas en la sentencia cuestionada. En consecuencia, se mantendrá
la decisión adoptada por el a quo en este sentido.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
Sala de Conjueces, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) el
análisis del caso concreto.

La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
3 Mediante poder otorgado con expresa facultad para promover la tutela.
4 En sentencia T-493 de 2007, la Corte Constitucional señaló: «Aunque una de las características procesales de la

acción de tutela es la informalidad, esta Corporación ha indicado que la legitimación para presentar la solicitud de
amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada. En el caso que la acción
de tutela sea impetrada por medio de apoderado judicial, la Corte ha manifestado que debe ser abogado con tarjeta
profesional y presentarse junto con la demanda de tutela un poder especial, que se presume auténtico y no se
entiende conferido para la promoción de procesos diferentes a la acción de tutela, por medio del cual se configura la
legitimación en la causa por activa sin la cual la tutela tendría que ser declarada improcedente (…)».
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que, cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos ».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima « de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

4. Análisis del caso concreto

En el caso materia de análisis, la demandante alega que la decisión cuestionada
desconoció las facultades que tiene el Ministerio de Educación Nacional de ejercer
facultades de inspección y vigilancia en los entes educativos y adoptar medidas con el fin
de intervenir y remediar las situaciones anormales en tales instituciones.

En tal medida, considera configurados los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente, por cuanto el Consejo de Estado Sección Quinta no tuvo en cuenta que
el Ministerio de Educación sí era competente para ejercer funciones de vigilancia especial
en el caso que se analizó en la providencia cuestionada.

La Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado hizo las siguientes
precisiones con el fin de declarar la nulidad de la resolución 2638 del 18 de febrero de
2025, por la cual se designó al señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez, como rector y
representante legal de la Universidad Tecnológica del Chocó:

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¿El Ministerio de Educación Nacional tenía competencia para designar a Luis Alfredo Giraldo
Álvarez como rector y representante legal de la Universidad Tecnológica del Chocó – Diego
Luis Córdoba?

54. Para los demandantes, el MEN no tenía competencia para designar al demandado porque i) no
se cumplen las condiciones exigidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 1740 de 2014; es decir,
demostrar que el funcionario «no cumplió, impidió, dificultó medidas preventivas y de vigilancia
especial» y, ii) la terminación del periodo de David Emilio Mosquera Valencia, como rector y
representante legal de la UTCH, imponía que se nombrara al vicerrector, como ocurrió cuando el
CSU asignó funciones rectorales a Fabio Magdaleno Asprilla Moreno.

55. Sobre el particular, el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014 impone que las medidas preventivas y
de vigilancia especial que adopte el MEN tendrán que constar en acto administrativo motivado que
se notificará al representante legal contra el cual procede recurso de reposición.

Por su parte, el artículo 13 de la misma disposición normativa contempla que el MEN, entre otras
medidas, puede disponer el reemplazo del representante legal de la universidad hasta por el término
de un (1) año, prorrogable por una sola vez, en los siguientes términos:
(…)

57. De la anterior transcripción, se advierte que las autoridades de la institución educativa intervenida
podrán ser reemplazadas por el MEN cuando se demuestre que «no cumplan, impidan o dificulten
la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación
Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información».

58. Pues bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, se observa, por un lado, que la resolución
acusada tuvo como sustento, entre otros, los actos administrativos mediante los cuales el MEN
impuso medidas de vigilancia especial a la UTCH55 y el reemplazo del entonces rector David Emilio
Mosquera Valencia tras verificar su incumplimiento a lo decidido por el ministerio, tal como se dilucidó
en el acápite anterior.

59. A pesar de lo anterior, no hay lugar a desconocer que para la fecha de designación del
demandado (18 de febrero de 2025), David Emilio Mosquera Valencia ya no ejercía como rector de
la UTCH, por la finalización de su periodo y estas funciones rectorales fueron encargadas a Fabio
Magdaleno Asprilla Moreno, por decisión de 22 de noviembre de 2024 del CSU de la UTCH,
conforme lo dispone el artículo 45 de los estatutos.

60. Así las cosas, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, el MEN tenía competencia
para proceder con el remplazo del rector (o de quien asuma sus funciones), a partir de la
demostración de que Fabio Magdaleno Asprilla Moreno no cumplía, impedía o dificultaba la
implementación de las medidas u órdenes adoptadas durante la vigilancia especial, o por ocultar o
alterar información.

61. En el escenario descrito, no resulta suficiente con la demostración de que estas circunstancias
se acreditaron durante la rectoría ejercida por David Emilio Mosquera Valencia, pues se insiste, este
ya no ocupaba dicho cargo y porque, en todo caso, estas conductas solo pueden derivar del resorte
exclusivo del funcionario renuente, que para la fecha en que se adopte la medida de sustitución esté
en ejercicio del cargo o de las funciones rectorales.

62. En este orden, para proceder en debida forma con el nombramiento de Luis Alfredo Giraldo
Álvarez, en reemplazo del representante legal, el MEN debía abordar el estudio de las actuaciones
adelantadas por Fabio Magdaleno Asprilla como rector de la UTCH; además, era su deber constatar
y demostrar si incurrió en alguna conducta que derivara en el incumplimiento o impidiera la ejecución
de las medidas adoptadas por el ministerio durante la vigilancia especial, como lo exige el numeral
4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.
(…)

De lo expuesto se evidencia con claridad que la razón por la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado construyó la tesis de falta de competencia del Ministerio de
Educación, únicamente frente a que la Resolución 002638, del 18 de febrero de 2025,
tuvo como fundamento la Resolución 011010 del 5 de julio de 2024 en la que se dispuso
el reemplazo de David Emilio Mosquera Valencia, quien no ejercía funciones de rector de

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la UTCH desde el 18 de noviembre de 2024, esto es, la razón por la que la Corporación
consideró que el ministerio carecía de competencia obedeció únicamente a que dirigió su
decisión a mitigar una situación que se extinguió en la medida en que el titular del
correctivo ya no estaba ejerciendo las funciones de rector de la universidad Tecnológica
del Chocó.

En suma, la sentencia de la Sección Quinta señaló que el MEN solo podía reemplazar al
rector si demostraba que quien ejercía efectivamente el cargo (el encargado) incumplía
las medidas de vigilancia; sin embargo, eso no se cuestiona con los cargos que se
formulan, los cuales señalan que se desconoció la facultad del Ministerio de vigilar a los
entes universitarios. Además, la sentencia no anuló el acto administrativo por falta de
crisis en la universidad, por inexistencia de vigilancia ni por la naturaleza del acto, de
modo que los argumentos de la tutela no atacan la ratio decidendi de la providencia
cuestionada.

Conforme con lo expuesto, para la Sala, la acción de tutela de la referencia no satisface
el requisito de relevancia constitucional, ya que, se reitera, el demandante no cumplió
con la carga mínima de argumentación respecto a los motivos por los que considera que
la discusión que plantea reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia
constitucional.

Es de anotar que el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no
es suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto
que es necesario, se reitera, poner en evidencia la afectación desproporcionada de los
derechos fundamentales invocados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la
mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel»

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la providencia cuestionada de
segunda instancia fue el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, evento en el que los requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo
explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la providencia impugnada en
cuanto declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, por incumplir el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Demandante: Ministerio de Educación

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada que rechazó por improcedente la acción de tutela
de la referencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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