Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06883-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06883-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06883-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
11 de diciembre de 2025
Demandante: Carlos Andrés Angulo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06883-00
Demandante: CARLOS ANDRÉS ANGULO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por el señor Carlos Andrés
Angulo, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Carlos Andrés Angulo, obrando en nombre propio, presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la justicia.
Según el accionante, la autoridad judicial mencionada vulneró dichas garantías
mediante la providencia emitida el 8 de agosto de 2025, que revocó la sentencia
del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Diecisiete Administrativo
del Circuito Judicial de Cali había negado las pretensiones de la demanda, y, en
su lugar, accedió parcialmente a ellas, en el medio de control de reparación
directa con radicado 76001-33-33-017-2017-00298-00/01, promovido por María
del Socorro Angulo y otros contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
[en adelante Inpec].
En concreto, solicitó a esta Corporación:
1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la justicia.
2. Déjese sin efectos el numeral del fallo # 184 del 8 de agosto de 2025 del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la indemnización por
concepto de perjuicio moral.
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Demandante: Carlos Andrés Angulo
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3. Ordénese al Tribunal emitir nueva sentencia reconociendo el perjuicio
moral conforme al precedente unificado del Consejo de Esatdo1.
1.2. Hechos
La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:
El señor Carlos Andrés Angulo manifestó que el 22 de septiembre de 2015 su
hermano, Luis Carlos Perlaza Ocoró, perdió la vida tras ser asesinado por otro
interno dentro del complejo penitenciario y carcelario de Jamundí (ERON).
Como consecuencia de lo ocurrido, el grupo familiar2 interpuso medio de control
de reparación directa contra el Inpec, alegando la responsabilidad estatal por la
omisión en la custodia y vigilancia del recluso Perlaza Ocoró.
Indicó que el Juzgado 17 Administrativo Oral de Cali, en sentencia del 31 de julio
de 2024, negó las pretensiones de la familia al acoger la tesis de la «culpa
exclusiva de la víctima». En segunda instancia, el Tribunal reconoció la
responsabilidad del INPEC, pero negó la indemnización al hermano del afectado,
al estimar que la ausencia de visitas carcelarias desvirtuaba la presunción de
dolor moral, concediendo solo la indemnización a María del Socorro Angulo.
1.3. Sustento de la vulneración
A juicio de la parte actora, con la providencia cuestionada se desconocieron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
justicia.
En su concepto, la providencia objetada incurrió en un defecto sustantivo que se
configuró porque el tribunal aplicó de manera errónea las reglas sobre el
reconocimiento del perjuicio moral derivado de la muerte de un familiar. Al
fundamentar la negativa de la indemnización con relación a los demandantes en
la ausencia de visitas, impuso una carga probatoria desproporcionada y contraria
al precedente legal, lo que se alegó como vulneración de los artículos 13, 29 y
90 de la Constitución Política.
Además, sostuvo que la providencia desconoció el principio de reparación
integral y el régimen de responsabilidad estatal, pues el artículo 90 constitucional
imponía la obligación de reparar los daños antijurídicos sin exigir prueba
adicional del vínculo afectivo.
Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial porque exigió pruebas de visitas como fundamento para
negar la indemnización por perjuicio moral derivado de la muerte de un familiar,
1 Trascripción literal del original con posibles errores.
2 María Del Socorro Angulo, Carlos Andres Angulo, María Juana Quiñonez Perlaza, Bernardita
Quiñones Angulo, María Mireya Quiñones Angulo, John Jairo Quiñones Angulo, Juan Carlos
Quiñones Angulo y Ana Milena Quiñones Angulo. [Demandantes dentro del proceso de
reparación directa con radicado.76001-33-33-017-2017–00298-00 Obrando mediante
apoderado Inpec.]
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pese a que el Consejo de Estado había establecido en «precedentes unificados
[2014 y 2025, Exp. 70.355]» que dicho perjuicio se presumía por el vínculo de
consanguinidad y solo se desvirtuaba con pruebas objetivas de ruptura total del
vínculo afectivo. La autoridad judicial se apartó de ese precedente sin la
argumentación exigida ni referencia a las decisiones que abandonaba.
1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto del 7 de noviembre de 2025 se admitió la solicitud de tutela, y se
ordenó notificar a los magistrados que integran Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en calidad de demandado.
Así mismo, se vinculó al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial
de Cali, autoridad judicial de primera instancia en el trámite ordinario, así como
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec y a los señores María del
Socorro Angulo, María Juana Quiñones Perlaza, Bernardita Quiñones Angulo,
María Mireya Quiñones Angulo, John Jairo Quiñones Angulo, Ana Milena
Quiñones Angulo y Juan Carlos Quiñones Angulo como terceros con interés en
las resultas del proceso.
Lo anterior, debido a que conformaban la parte demandada y demandante en el
proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-017-2017-00298-
00/01, en el que se profirió la sentencia cuestionada en este trámite
constitucional.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.4.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado ponente Víctor Adolfo Hernández Díaz rindió informe con fecha
del 10 de noviembre del presente año en los siguientes términos:
Indicó que no existió vulneración de derechos, apoyándose firmemente en un
precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado que delimitó los
supuestos en los que no opera la presunción de aflicción, incluso entre parientes
consanguíneos. La entidad demandada resaltó que Luis Carlos Perlaza Ocoro
no fue visitado por la totalidad de los demandantes mientras permaneció
recluido.
La autoridad judicial de segunda instancia concluyó, con base en prueba
testimonial, que únicamente la madre visitó al occiso. En aplicación del
precedente jurisprudencial, la falta de justificación por parte del hermano mayor
y de los tíos respecto de la imposibilidad de realizar visitas constituyó prueba
suficiente para desvirtuar la presunción de aflicción, pues el Tribunal consideró
que visitar a la víctima era un acto mínimo de afecto necesario para el
reconocimiento de perjuicios morales.
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Señaló que la sentencia de segunda instancia se profirió con estricto apego a
criterios jurisprudenciales, incluyendo un precedente de la Sección Tercera3 en
un caso similar, y concluyó que el accionante pretendía reabrir un debate
procesal ya resuelto en ambas instancias mediante un mecanismo destinado a
la protección de derechos fundamentales y no a controversias procesales.
Finalmente, solicitó rechazar la acción de tutela, al no advertir vulneración de
derechos fundamentales alegada por la parte accionante.
1.4.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec
Mediante escrito fechado el 10 de noviembre de 2025, la coordinadora de tutelas
de la Dirección General del Inpec, alegó su falta de competencia para
pronunciarse sobre las pretensiones del accionante, señalando que su función
principal consistía en la vigilancia y custodia de la población privada de la
libertad, sin facultades para dejar sin efectos providencias judiciales emitidas por
jueces o magistrados.
Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que esta se rompe cuando el demandado no es responsable de la
conducta cuya omisión genera la violación o cuando su actuación no ocasiona
el daño.
Sostuvo que la Dirección General del Iinpec no había vulnerado los derechos
fundamentales de Carlos Andrés Angulo, y señaló que la entidad llamada a
resolver lo planteado era el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
1.4.3. Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Valle del Cauca
La autoridad judicial se limitó a remitir el expediente digital4.
1.4.4. La parte actora allegó escrito5 aportando las direcciones de los terceros
vinculados dentro de este trámite.
1.5. Manifestación de impedimento
Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2025, la magistrada Gloria María
Gómez Montoya manifestó impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo
constitucional.
Indicó que se encuentra incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 5
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal6 . Al respecto, expuso que sostiene
una amistad íntima y entrañable con la magistrada Zoranny Castillo Otálora, quien hace
parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión y suscribió
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019.
Radicado 68001-23-31-000-2010-00597-01(48110) M.P María Adriana Marín (E).
4 Índice 14 Samai.
5 Índice 12 Samai.
6 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que
exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial.
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la providencia del 8 de agosto de 2025 en el medio de control de reparación directa7,
enjuiciada al interior de la presente acción de tutela.
La Sala por auto de la misma fecha de la presente providencia, declaró infundado el
impedimento manifestado por la doctora Gómez Montoya, pues no se encontraron los
supuestos de hecho establecidos en la norma para la configuración de la causal
invocada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, solicitó su desvinculación
y que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser el
responsable de la vulneración invocada por la parte actora.
Al respecto, se precisa que su vinculación se dio en calidad de tercero debido a
que conformaba la parte demandada en el proceso ordinario objeto de
controversia y, en tal sentido, podría verse afectado por la decisión que se
adoptara por parte del juez de tutela.
Por lo tanto, al asistirle un interés en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, la Sala negará la solicitud de desvinculación.
2.3. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
la autoridad judicial demandada desconoció sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 8 de agosto de 2025, que revocó la
sentencia del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito Judicial de Cali había negado las pretensiones de la
demanda, y, en su lugar, accedió parcialmente a ellas, en el medio de control de
reparación directa con radicado 76001-33-33-017-2017-00298-00/01, promovido
por María del Socorro Angulo y otros contra el Inpec.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.
7 Proceso con radicado 76001-33-33-017-2017-00298-01.
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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
8 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 2022, explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto que ocupa a la Sala, el actor controvierte la sentencia del 8 de
agosto de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó la sentencia del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la
demanda, y, en su lugar, accedió parcialmente a ellas.
En síntesis, el actor sostuvo que la vulneración de sus derechos fundamentales
se derivó de que la autoridad accionada no podía emplear la ausencia de visitas
como prueba para desvirtuar el dolor presumido legalmente, apartándose de la
jurisprudencia del Consejo de Estado sin justificación suficiente. Alegó, además,
7
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que se configuró un defecto sustantivo al aplicar de manera errónea las normas
sobre el reconocimiento del perjuicio moral por la muerte de un familiar, pues la
indemnización fue negada con fundamento en la falta de visitas carcelarias.
Señaló que dicha decisión imponía una carga probatoria desproporcionada y
contraria al precedente, vulnerando así los artículos 13, 29 y 90 de la
Constitución Política.
Del escrito de tutela se desprende que el señor Angulo manifiesta su desacuerdo
con la decisión del juzgador, sin presentar un análisis que permita concluir que
la controversia se relacionaba con el alcance o goce de un derecho fundamental,
motivo por el cual el cargo carece de relevancia constitucional.
Sobre el cargo alegado por desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional, se debe indicar que, en cuanto este presupuesto, esta sala ha
considerado lo siguiente:
«…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez
que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una
similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio
decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido’, y que el desconocimiento de éste se materializa ‘…cuando
el fallador -Alta Corporación-, sin motivación - omite referirse a un caso anterior-
o sin una motivación suficiente y razonable, decide separarse o modificar la
subregla de derecho expuesta por él en un caso anterior, o cuando el juez de
inferior jerarquía no lo aplica pese a estar obligado a ello9»
Así, para que prospere el defecto por desconocimiento del precedente judicial,
debe acreditarse que el juez omitió aplicar una regla inmersa en una o unas
decisiones previas relevantes.
Si bien el actor citó como precedente la sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado [11001‑03‑26‑000‑2023‑00151‑00 (70.355)],
relativa al reconocimiento de perjuicios morales, no acreditó la vulneración de
sus derechos ni el desconocimiento del precedente por parte de la accionada.
La sola enunciación de la sentencia y su tesis no constituye argumento suficiente
para adoptar una decisión distinta, de lo cual se desprende una insuficiencia en
la carga argumentativa que inhabilita a esta Sala para pronunciarse de fondo.
Por lo que, se debe precisar que el juez de tutela únicamente tiene competencia
para proteger garantías constitucionales, sin extenderse a cuestiones legales,
económicas o inconformidades frente a decisiones judiciales. En este escenario,
la Sala advierte que el accionante busca reabrir un debate ya resuelto en la
jurisdicción ordinaria, lo que configura una tercera instancia improcedente.
Se recuerda que el tribunal fundamentó su decisión así:
«[…] si bien en la documental allegada al proceso no obra prueba de las visitas
que recibió el occiso en el centro de reclusión, lo cierto es que los testimonios
rendidos en audiencia de pruebas por personas que afirmaron tener cercanía
9 Sentencia del 19 de febrero de 2015, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, Radicado No. 2013-02690-01.
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con los demandantes permiten concluir que solamente la señora María del
Socorro Angulo, madre del occiso, lo visitó. […] la prueba testimonial en palabras
del Consejo de Estado constituye prueba en contrario de la presunción de
aflicción del hermano, que contaba con la mayoría de edad para la época de los
hechos […] toda vez que quedó demostrado que no lo visitaron durante su
estancia en el centro de reclusión, lo que evidenció despreocupación por su
estado durante ese lapso. […] los demandantes omitieron acreditar una razón
por la cual no fue posible visitar a la víctima en el centro de reclusión, al menos
en una ocasión, lo que permitiría evidenciar a la Sala de decisión que por motivos
ajenos a su voluntad no acudieron a la cárcel, pero que la cercanía y los lazos
de afecto se mantenían intactos, lo que no ocurrió. […]»10
En este sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala concluye que el asunto
carece de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora fundamenta su
planteamiento únicamente en el descontento por la negativa de un monto
indemnizatorio, el cual no le es reconocido al no acreditar un perjuicio moral
derivado de un vínculo afectivo con su hermano.
Por ello, la Sala advierte que lo pretendido por el señor Carlos Andrés Angulo es
utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso de reparación
directa, con el propósito de reabrir el debate previamente decidido por el juez
natural en relación con el monto y la negativa de la indemnización.
En este caso, la autoridad judicial concluye que el accionante pretende obtener
un beneficio sin demostrar un vínculo afectivo auténtico con el difunto, razón por
la cual no puede ampararse en su propio desapego.
Por lo tanto, no es admisible que el accionante pretenda volver sobre la misma
discusión ante el juez de tutela, con la intención de lograr una decisión distinta
que sí sea favorable a sus intereses, a partir de argumentos que no denotan un
debate que trascienda el ámbito legal y económico que conlleve a un estudio de
índole constitucional.
Así pues, en criterio de la Sala, el actor no cumplió con la carga requerida para
superar el requisito de relevancia constitucional, toda vez que sus reproches
están dirigidos a que se modifique el raciocinio del juez ordinario tras no estar de
acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que justifique
razonablemente la presunta vulneración de sus garantías.
Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022
la Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado
tiene relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales» y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente
para debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que
dieron origen a la controversia judicial».
En este orden de ideas, el tutelante no expuso planteamientos que permitan
considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional,
10 Sentencia del 8 de agosto de 2025, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Radicado
76001-33-33-017-2017-00298-01.
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por lo que se declarará la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito
en cuestión.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec.
SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Carlos Andrés Angulo, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el
expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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