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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06883-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06883-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción, y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06883-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06883-01
Accionante: Carlos Andrés Angulo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Muerte de persona
privada de la libertad. Ausencia de reconocimiento de perjuicios morales a
hermano de la víctima. REVOCA SENTENCIA-NIEGA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Andrés Angulo pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con la sentencia proferida el 8 de agosto de 2025, en el medio de control de
reparación directa, al que se le asignó el número de radicado 76001-33-33-017-
2017-00298-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que el 22 de septiembre de 2015 su hermano Luis Carlos
Perlaza Ocoró, quien se encontraba privado de su libertad en el Complejo
Penitenciario y Carcelario de Jamundí, fue asesinado por otro interno, por lo cual
junto con su grupo familiar, instauró demanda de reparación directa en contra del

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Instituto Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC), por la omisión en la
custodia y vigilancia.

Que el 31 de julio de 2024, el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Cali profirió
sentencia en la que negó las pretensiones porque encontró demostrada la culpa
exclusiva de la víctima, por lo cual interpusieron recurso de apelación y el 8 de
agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de
Decisión, revocó parcialmente la decisión y declaró responsable al INPEC, pero
negó el reconocimiento del perjuicio moral que solicitó, con el argumento de que la
falta de visitas carcelarias desvirtuaba la presunción de aflicción.

Considera que el Tribunal incurrió en i) defecto sustantivo porque transgredió los
artículos 13, 29 y 90 de la Constitución, al aplicar erróneamente las reglas sobre el
reconocimiento del perjuicio moral por la muerte de un familiar e imponerle una
carga probatoria desproporcionada y contraria al precedente; ii) violación directa de
la Constitución, debido a que desconoció el principio de reparación integral y el
régimen objetivo de responsabilidad estatal por daños a personas que se
encuentran bajo custodia del Estado; iii) desconocimiento del precedente fijado en
la sentencia del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251) y
reiterado en la sentencia de unificación del 17 de julio de 2025, radicado 11001-03-
26-000-2023-00151-00 (exp. 70.335), según el cual el perjuicio moral derivado de
la muerte de un familiar se presume por el solo vínculo de consanguinidad y
únicamente puede desvirtuarse mediante prueba directa, cierta y específica que
acredite la ausencia de un lazo afectivo, por lo que no podía exigírsele acreditar
visitas al centro carcelario.

PRETENSIONES

El accionante solicitó que se deje sin efectos el numeral cuarto de la sentencia del
8 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
ordenar a esa autoridad judicial dictar una decisión de reemplazo, donde se
reconozca el perjuicio moral conforme al precedente del Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 7 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, al INPEC y a los señores María del
Socorro Angulo, María Juana Quiñones Perlaza, Bernardita Quiñones Angulo,
María Mireya Quiñones Angulo, John Jairo Quiñones Angulo, Ana Milena Quiñones
Angulo y Juan Carlos Quiñones Angulo, como terceros con interés; y se corrió el
traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afirmó que no vulneró los
derechos fundamentales del accionante, pues aplicó un pronunciamiento del
Consejo de Estado, donde se precisaron los casos en los que no se aplicaba la
presunción de aflicción, a pesar de tratarse de familiares con lazos de
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consanguinidad; además, resaltó que lo pretendido con la instauración de esta
acción es reabrir un debate procesal que fue resuelto en ambas instancias.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El INPEC adujo que carece de competencia para pronunciarse sobre las
pretensiones del actor, pues su fin principal es vigilar y custodiar a la población
privada de la libertad, mas no dejar sin efectos jurídicos providencias judiciales, por
lo cual solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Cali remitió el
expediente digital del proceso de reparación directa.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 11 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, pues determinó que el accionante manifestó su desacuerdo con la
decisión judicial, sin presentar un análisis que permitiera concluir que la controversia
estaba relacionada con el alcance o goce de un derecho fundamental y
pretendiendo reabrir un debate que ya fue resuelto.

Que, si bien el actor citó e identificó una sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado para sustentar el desconocimiento del precedente
judicial, lo cierto es que la sola enunciación de una providencia y su tesis no
constituye argumento suficiente para adoptar una decisión distinta, lo que evidencia
una falta de carga argumentativa.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que el problema jurídico gira en
torno a la imposición de una carga probatoria inconstitucional consistente en la
exigencia de visitas carcelarias para desvirtuar una presunción legal del perjuicio
moral y el desconocimiento del precedente judicial obligatorio, lo que compromete
sus derechos fundamentales al debido proceso y reparación integral y trasciende
de un aspecto meramente legal o económico.

Manifestó que su intención no es crear una tercera instancia ni modificar la cuantía
de la indemnización, sino que se inaplique un criterio probatorio inconstitucional y
que se «restablezca» el precedente que fue desatendido.

Que la sentencia de tutela incurrió en una motivación aparente, al limitarse a afirmar
que no se cumplió la carga argumentativa y que se trataba de una mera
inconformidad, sin efectuar un examen material sobre el alcance del precedente
unificado invocado, la razonabilidad constitucional de exigir visitas carcelarias como
prueba de afecto y la incompatibilidad de ese estándar con los artículos 13, 29 y 90
constitucionales.

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En consecuencia, solicitó revocar la decisión de tutela, para, en su lugar, declararla
procedente y acceder a las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional, que no se
encontró satisfecho en primera instancia de esta acción, pues solo en ese caso,
habría lugar al estudio de los disensos del accionante.

Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por el actor es lograr la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales
considera vulnerados con la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión, por la incursión
en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente judicial, mas no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer
la autonomía e independencia judicial del juez natural de la causa o convertir esta
acción en una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
discutida en esta sede fue notificada mediante mensaje de datos enviado el 12 de
agosto de 2025 y esta acción fue instaurada el 31 de octubre de ese año; ii) se
agotaron los mecanismos de defensa judicial; iii) se está invocando una
irregularidad procesal que podría tener un efecto decisivo; iv) se identificaron
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados

4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.

En consecuencia, se procederá al análisis de los reparos expuestos por el
accionante, previo estudio de los razonamientos del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión, sobre la decisión de negar el
reconocimiento del perjuicio moral a favor del señor Carlos Andrés Angulo, en su
condición de hermano de la víctima, por ser el aspecto discutido a través de esta
acción.

En la sentencia del 8 de agosto de 2025, la autoridad judicial consideró que existía
una presunción de aflicción del hermano de la víctima, hoy accionante, pero
encontró acreditado que solamente la señora María del Socorro Angulo, progenitora
del señor Luis Carlos Perlaza Ocoró, visitó a este en el centro de reclusión, conforme
a lo manifestado por los testigos en la audiencia de pruebas, lo que constituía una
prueba en contrario de dicha presunción, pues para la época el señor Carlos Andrés
Angulo era mayor de edad y no demostró alguna razón para no haber acudido a
visitar a su hermano, al menos en una ocasión, lo que evidenciaba la
despreocupación por su estado durante el lapso que estuvo privado de su libertad.

En ese sentido, la Sala advirtió que lo anterior resultaba de especial relevancia para
determinar la procedencia del perjuicio moral, debido a las condiciones en que se
encuentra una persona privada de la libertad, esto es, alejada de sus seres queridos
y sin posibilidad de desarrollar otras actividades, por lo que requiere el apoyo
familiar para su proceso de resocialización.

Igualmente, aclaró que, si bien el hecho de la ausencia de visitas en principio no
desvirtuaba por sí sola la presunción de afectación moral, lo cierto es que el hecho
de no acreditar una razón externa o una imposibilidad de efectuar dichas visitas le
brindaba a la Sala elementos de juicio para determinar el rompimiento de esa
presunción, pues «el hecho de visitar a la víctima en las condiciones que se
encontraba representaba un acto mínimo de amor, consideración y afecto».

Efectuado el anterior recuento, esta Subsección observa que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión, no desconoció el
precedente judicial contenido en la sentencia del 28 de agosto de 2014 proferida
por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, rad. 66001-23-31-
000-2001-00731-01 (26251), pues tuvo en cuenta la existencia de la presunción de
perjuicios morales predicable en el primer y segundo grado de consanguinidad,
distinto es que la valoración probatoria le haya permitido advertir que existía una
situación puntual que la desvirtuaba, como lo era la falta de visitas por parte del
señor Carlos Andrés Angulo a su familiar privado de la libertad y la ausencia de
justificación para ello.

En todo caso, debe aclararse que la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida en
el recurso extraordinario de unificación con radicado 11001-03-26-000-2023-00151-
00, no constituye precedente para el caso bajo análisis, al no tratarse de supuestos
fácticos similares, pues en esa oportunidad se determinó que la decisión allí
discutida, consistente en negar los perjuicios morales reclamados, a pesar de la
prueba del estado civil, con el único argumento de que la víctima era un habitante
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de calle, resultaba contraria a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
antes señalada, debido a que la regla de unificación no estableció esa distinción.

La anterior situación fáctica difiere de la aquí examinada, por lo cual no resulta
exigible lo decidido en dicha oportunidad, máxime cuando el estudio que conllevó
declarar fundado el recurso se circunscribió a la condición de calle de la víctima y al
hecho de que esa situación no implicaba la ruptura de vínculos con su entorno
familiar.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la presunción de aflicción para efectos de
reconocimiento de los perjuicios morales admite prueba en contrario, por lo que, si
la Sala advertía, del análisis de las pruebas en su conjunto, que existían razones
que evidenciaban la ausencia de lazos afectivos, podía negar las pretensiones
planteadas respecto a esa reparación, como ciertamente ocurrió.

Además, se observa que la decisión estuvo sustentada en un pronunciamiento del
4 de marzo de 2019 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado (exp. 68001-23-31-000-2010-00597-01), en el que se analizó un caso
similar, por lo que se evidencia que la autoridad judicial sí justificó su determinación.

Lo anterior conlleva descartar la configuración del desconocimiento del precedente
judicial, en tanto la autoridad judicial accionada no inaplicó una regla o subregla
jurisprudencial, al resolver el asunto, sino que, por el contrario, lo decidió acorde
con este y con las pruebas recaudadas.

En relación con el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución, se
observa que el accionante se limitó a alegar la transgresión de los artículos 13, 29
y 90 constitucionales, pero del estudio del análisis efectuado por la autoridad judicial
no se encuentra la transgresión de dichas normas, pues en el proceso se garantizó
la igualdad entre las partes, el debido proceso y se examinó si había lugar al
reconocimiento de perjuicios morales, luego de encontrarse demostrada la
responsabilidad estatal.

Adicionalmente, se precisa que el régimen aplicable no tuvo incidencia en la
decisión sobre el reconocimiento de los perjuicios morales, por lo cual no resulta de
recibo el argumento del accionante consistente en que «la providencia desconoció
[…] el régimen objetivo de responsabilidad estatal por daños a personas bajo
custodia del Estado», máxime si se tiene en cuenta la declaratoria de
responsabilidad del INPEC.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción,
y, en su lugar, se negará el amparo pedido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción, y, en
su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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