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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06892-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06892-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia del 20 de noviembre de 2025 proferida el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las consideraciones anteriormente expuestas. SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia aludida, de acuerdo con lo señalado. TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Mariela Quinayas Demandados: Departamento del Huila y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06892-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06892-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de febrero de 2026

Demandante: Mariela Quinayas
Demandados: Departamento del Huila y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06892-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06892-01
Demandante: MARIELA QUINAYAS
Demandados: DEPARTAMENTO DEL HUILA Y OTROS

Tema: Confirma negativa de amparo al derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del
20 de noviembre de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Mariela Quinayas, actuando a través de apoderada, instauró2 acción de
tutela contra el Departamento del Huila - Secretaría de Educación, Nación -
Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio - FOMAG, en la que solicitó el amparo de su derecho fundamental
de petición.

En criterio de la parte actora, la vulneración de la garantía constitucional se
ocasionó ante la falta de respuesta a la solicitud elevada el 5 de mayo de 2025
ante el Departamento del Huila - Secretaría de Educación – FOMAG, la cual se
identificó con el radicado HUILA20250505F5050023980.

1 Sala integrada por los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez, Luis Eduardo Mesa Nieves y

Juan Camilo Morales Trujillo.
2 Escrito de tutela radicado el 4 de noviembre de 2025.

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Demandante: Mariela Quinayas
Demandados: Departamento del Huila y otros
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1.2. Pretensión

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

«Solicitar al por la (sic) Ministerio de Educación Nacional, Dra. AURORA
VERGARA, el Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
MAGDA LORENA GIRALDO PARRA y el Secretario de Educación del
DEPARTAMENTO DEL HUILA Dra. (a) Edgar Martín Lara, quienes lo sean o
hagan sus veces en el momento de la notificación de la presente acción pública,
que resuelva de fondo la petición sobre la respectiva pensión de jubilación a que
tengo derecho laborar más de veinte (20) años a los servicios educativos y al haber
cumplido más de cincuenta y cinco (55) años de edad y de conformidad con la
orden judicial debidamente ejecutoriada.»

1.3. Hechos

El 5 de mayo de 2025 la señora Mariela Quinayas, a través del aplicativo Humano
en Línea, elevó solicitud de cumplimiento de la sentencia judicial mediante la cual
se le reconoció y ordenó el pago de su pensión de jubilación, la cual fue radicada
bajo el consecutivo HUILA20250505F5050023980.

Lo anterior, atendiendo a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Neiva, Sala Cuarta de Decisión, del 8 de abril de 2025 que, entre otros aspectos,
ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y
pagar a la señora Quinayas pensión de jubilación en los términos consagrados en
la Ley 33 de 1985 «cuya mesada se liquidará con base en el 75% de los factores
salariales sobre los cuales efectivamente se hubieran realizado cotizaciones al
sistema de seguridad social en pensión en el año inmediatamente anterior a la
consolidación del status pensional (06/03/2020); de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»

A la fecha de interposición de la tutela no se ha emitido pronunciamiento alguno
frente a la solicitud objeto de la acción.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que las autoridades enjuiciadas vulneraron su derecho
fundamental invocado al no darle repuesta a la solicitud anteriormente referida, a
través de la cual solicita el cumplimento al fallo judicial.

Manifestó que lo pretendido por este mecanismo no es que el Ministerio de
Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Ministerio y la entidad

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territorial emitan respuesta sobre el fondo del asunto de manera favorable, «sino
que se resuelva la petición aceptando o negando las pretensiones» y así se
establezca un límite a la expectativa creada desde hace más de cuatro meses en
desarrollo de los principios orientadores de la actuación administrativa.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 6 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante3, así
como a la parte demandada, Departamento del Huila - Secretaría de Educación,
Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG.4

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional5

Señaló que la tutela parte de un error de apreciación respecto de la naturaleza
jurídica y de las competencias de la entidad, comoquiera que su cartera, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S.A. no
conforman una misma entidad. Recuerda que son órganos completamente
distintos, con competencias, estructuras y responsabilidades jurídicas
independientes, conforme lo disponen la Ley 91 de 1989, el Decreto 2831 de 2005
y el Decreto 942 de 2022, actuando el Ministerio como fideicomitente del FOMAG.

Por lo anterior, solicitó ser desvinculado del presente asunto.

1.6.2. Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio6

Luego de realizar un recuento sobre su naturaleza jurídica, informó que la
prestación económica solicitada por la actora se encuentra en etapa de
sustanciación en la secretaría de educación y recordó que la responsabilidad en

3 Índice 008 de Samai (expediente del Despacho de origen). La notificación fue enviada al correo:

carolquizalopezquintero@gmail.com.
4 Índice 008 de Samai (expediente del Despacho de origen). La notificación fue enviada a los

correos: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,
notjudicial@fiduprevisora.com.co y notificaciones.judiciales@huila.gov.co.
5 Índice 009 de Samai.
6 Índice 009 de Samai.

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la expedición y notificación de los actos administrativos corresponde de manera
exclusiva a las Secretarías de Educación, conforme lo establecen los artículos
2.4.4.2.3.2.7 y 2.4.4.2.3.2.8 del Decreto 1272 de 2018.

Precisó que «por medio del aplicativo digital Humano — herramienta tecnológica
a través de la cual las Secretarías de Educación remiten los proyectos de actos
administrativos para su validación por parte de Fiduprevisora S.A., en calidad de
vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) —
se gestionan, entre otros, los trámites relacionados con el reconocimiento de la
prestación solicitada por el accionante».

En tal sentido, solicitó que se desvinculara a la entidad por falta de legitimación en
la causa por pasiva o en su defecto se negara el amparo solicitado por inexistencia
de vulneración.

1.6.3. Las demás entidades accionadas guardaron silencio pese a que fueron
debidamente notificadas de la presente acción constitucional.

1.7. Fallo impugnado7

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 20 de
noviembre de 2025 negó el amparo de la prerrogativa constitucional invocada
contra el FOMAG y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento del Huila - Secretaría de Educación y la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, esto último, por no haberse elevado la solicitud objeto de
tutela ante esas entidades.

Para sustentar la negativa el a quo tuvo por acreditado que la petición formulada
por la señora Mariela Quiniyas fue radicada el 5 de mayo de 2025 en la plataforma
virtual de FOMAG, pero advirtió que las normas invocadas para la protección del
derecho fundamental de petición no le eran aplicables al asunto en cuestión, pues
se referían a un trámite administrativo con términos propios a la actuación,
contemplados en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

1.8. Impugnación8

La parte actora con escrito radicado el 2 de diciembre de 2025 impugnó el fallo en
mención y sostuvo como fundamento que la tutela resultaba procedente de
manera excepcional para exigir el cumplimiento de sentencias judiciales

7 Índice 015 de Samai de primera instancia.
8
Índice 022 de Samai de primera instancia.

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debidamente ejecutoriadas, especialmente cuando se comprometen derechos
fundamentales, como lo es el mínimo vital, que estaría viéndose supeditado a la
inclusión de un pensionado en nómina.

Hizo énfasis en el deber que recae sobre la administración en acatar los fallos
judiciales y trajo a colación pronunciamientos de la Corte Constitucional que
respaldarían la procedencia de la tutela para que se incluya en nómina a quienes
se les ha reconocido su pensión.

Aludió al incumplimiento de la accionada en acatar la orden judicial y estimó como
inaceptable que la actora debiera esperar 10 meses para la expedición del
respectivo acto administrativo con el que se materializa su derecho pensional, lo
que le generaría un perjuicio real y directo, pues depende del pago oportuno para
asegurar su subsistencia.

II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por la señora Mariela Quinayas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la
Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.

2.2 Cuestión previa

La Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al considerar que por su parte no se generó vulneración
alguna del derecho fundamental invocado.

No obstante, advierte la Sala que no se accederá a la solicitud, comoquiera que
su vinculación a este trámite obedeció a su posible interés jurídico legítimo por ser
la entidad ante quien se dirigió la petición que centra nuestra atención y a su vez
a quien corresponde el cumplimiento de la orden judicial requerida por la
peticionaria.

Misma suerte que debe predicarse respecto a las demás accionadas, esto es,
departamento del Huila - Secretaría de Educación y Nación - Ministerio de
Educación Nacional, comoquiera que si bien en el a quo constitucional resolvió
declara su falta de legitimación en la causa por pasiva, por no haberse elevado la

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petición directamente ante tales entidades, lo cierto es que todas ellas forman
parte del Sistema Integrado de Recursos Humanos que corresponde a la
plataforma o aplicativo donde fue radicada la solicitud del 5 de mayo de 2025.

2.3 Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 20
de noviembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Las accionadas, Departamento del Huila - Secretaría de Educación,
Nación - Ministerio de Educación Nacional o el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, vulneraron la garantía fundamental
invocada por la actora al no darle respuesta a la solicitud elevada el 5 de
mayo de 2025 a través del aplicativo Humano En Línea dispuesto por la
entidad territorial y el FGOMAG, que se identifica con radicado
HUILA20250505F5050023980?

Con el fin de dilucidar el interrogante planteado se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición, y; (iii) el análisis
del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9

2.5. Del derecho de petición

El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política se traduce en
la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991 como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos
fundamentales.10

Así, tratándose de la protección de este derecho fundamental se cumple el
requisito de subsidiariedad porque como ha señalado la Corte Constitucional:

“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente
de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este
derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza
judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la
debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de
los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental,
puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional”11.

Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones
respetuosas por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una
pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos componentes del
derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción de aquel
se cumplen una vez ambos supuestos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se
concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución
pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al
sentido de la misma12.

De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la

10 Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del

13.06.06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.
11 Sentencia T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12 Corte Constitucional. Sentencias T-495 del 12.08.92., T-010 del 18.01.933, T-392 del

06.09.94., T-392 del 05.09.95. y T-291 del 02.07.96.

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respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente13 (Negrita y
subrayado fuera del texto).

Lo anterior no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 de 2011 declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley 1437 de 2011,
referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos de dicha
sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que el
Congreso expidiera la Ley Estatutaria correspondiente.

Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló el
derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse
libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de
la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada […]14.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante […]»15.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón Díaz.
14 Corte Constitucional, sentencia T-149 del 19.03.13., M.P. Luis Guillermo Pérez.
15 Ibídem.

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Por lo tanto, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca16.

Ahora, deviene de lo dicho, que el elemento mínimo probatorio que debe cumplir
la parte accionante cuando se debate la protección del derecho fundamental de
petición, es la demostración de que efectivamente radicó una petición solicitando
a la accionada un pronunciamiento propio de su competencia. Al respecto Sobre
el tema, en la sentencia T-329 de 2011, la Corte Constitucional precisó que:

«La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las
partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que
elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte,
debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su
fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para
defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue
contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha
sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el
presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación
constitucional de responder.»

2.6. Caso concreto

La señora Mariela Quinayas alegó la vulneración de su derecho fundamental de
petición con ocasión de la falta de respuesta a su solicitud radicada, a través del
aplicativo Humano en línea, el 5 de mayo de 2025 bajo el consecutivo
HUILA20250505F5050023980, con la que, según manifiesta, requirió el
cumplimiento de la providencia proferida el 8 de abril de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Huila.

En efecto, la mencionada autoridad judicial profirió sentencia en la que ordenó al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar a la
señora Quinayas pensión de jubilación, en los términos consagrados en la Ley 33
de 1985, lo cual se encuentra acreditado en el expediente.

Como prueba de la petición que formuló la accionante para que se diera el
respectivo cumplimiento a la orden judicial, aportó la siguiente captura de pantalla
que da cuenta de la radicación en el sistema Humano en Línea dispuesto para tal
fin por el FOMAG y la Secretaría de Educación del Huila.

16 Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 22.03.12., Rad. 25000-23-25-000-2012-00150-01.

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Sin embargo, en el curso de la presente acción se observa que la entidad a la cual
también se le atribuye responsabilidad en la vulneración del derecho fundamental
invocado, Departamento del Huila - Secretaría de Educación, permaneció silente
en el trámite constitucional y por tanto no obra prueba que justifique si brindó o no
respuesta a la inquietud de la accionante. Entre tanto, el FOMAG señaló en su

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contestación a la tutela que la reclamación formulada por la señora Mariela
Quinayas se encontraba en trámite de emisión del acto administrativo por parte de
la Secretaría de Educación del Huila.

Y en tal sentido, comoquiera que no se vislumbra oposición alguna para desvirtuar
lo reclamado en la presente tutela, se dará aplicación a la presunción de veracidad
consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, ello significa, que la actora
presentó el día 5 de mayo de 2025 una solicitud con la que pretende el
cumplimiento de la sentencia proferida a su favor el 8 de abril de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Huila y de la misma no ha recibido contestación alguna.

La Corte Constitucional en Sentencia T-599 de 2004 sostuvo que, para efectos de
determinar la viabilidad del amparo por vía de tutela cuando se reclama el
cumplimiento de un fallo judicial, se debe establecer si la actuación ordenada a la
administración corresponde a una obligación de hacer o una de dar que haga
procedente la protección por medio de este mecanismo subsidiario de derechos
fundamentales vulnerados como consecuencia del incumplimiento.

No obstante, la Sala observa que la respuesta o gestión esperada de la
administración se encuentra regulada en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de
201117 y no en la Ley 1755 de 2015 prevista para el derecho fundamental de
petición del cual pretende su protección a través de esta acción, tal como lo advirtió
el a quo.

Así, en este asunto, para proferir una respuesta de fondo, clara y completa al
requerimiento de la ciudadana y cumplir la sentencia del juez administrativo, la
entidad territorial obligada debe adelantar internamente, en coordinación con el
FOMAG, los trámites correspondientes para la expedición del acto administrativo
de reconocimiento de la pensión y posteriormente realizar el pago que arroje la
liquidación ordenada, lo que comporta una obligación tanto de hacer como de dar,
por lo que si bien la acción constitucional resultaría procedente, lo cierto es que el
legislador previó un procedimiento administrativo en la normativa anteriormente

17«ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades
públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de
treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma
de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha
de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada. (…)».

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mariela Quinayas
Demandados: Departamento del Huila y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06892-01

citada y contempló el término de diez meses para la resolución del asunto en
cuestión, los cuales, se cumplirían el 2 de marzo de 2026, atendiendo a que la
ejecutoria de la sentencia de reconocimiento pensional se configuró el 30 de abril
de 2025.

Finalmente, resulta pertinente señalar que el argumento expuesto por la señora
Quinayas en su escrito de impugnación alusivo a la procedencia excepcional de la
tutela para evitar la configuración de daños irremediables, en razón al tiempo en
que se tardaría la inclusión de la actora en la nómina de pensionados, no resulta
ajustado a este asunto, pues además de no estar acreditada la vulneración
alegada, no se evidencia una situación de urgencia o necesidad por la que esté
atravesando la señora Mariela que amerite la intervención excepcional del juez
constitucional, resultando insuficiente la llana manifestación que al respecto se
plantea en el escrito de impugnación.

Por lo tanto, la orden de amparo constitucional solicitada por la actora debe
negarse y en tal sentido, la Sala confirmará la sentencia proferida el 20 de
noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia del 20 de noviembre
de 2025 proferida el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las
consideraciones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
aludida, de acuerdo con lo señalado.

TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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