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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06897-00

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06897-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO. NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Félix Antonio Campos Cruz. SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Carlos Alberto Buitrago Caipa, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06897-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: CARLOS ALBERTO BUITRAGO CAIPA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela por mora judicial / declara improcedente, porque el actor
carece de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Le corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Carlos Alberto Buitrago Caipa contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 4 de noviembre de 2025, el señor Carlos Alberto Buitrago Caipa, en nombre
propio, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por la supuesta tardanza injustificada en que incurre la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al tramitar el proceso de la acción popular con radicado 11001-33-31-040-2007-
00144-00.

Hechos relevantes

2. El señor Félix Antonio Campos Cruz interpuso acción popular contra la sociedad
Transmilenio S.A., el Distrito de Bogotá – Secretaría de Movilidad, el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) y los señores Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, en
calidad de exalcaldes del distrito demandado. La demanda pretendía la protección
de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el goce efectivo del espacio
público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del
patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una
infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, el acceso a
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones

1 Que entró al despacho para fallo el 27 de noviembre de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes y de los consumidores y usuarios.

3. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-31-040-2007-00144-00 y
correspondió, por reparto, al Juzgado 40 Administrativo de Bogotá, el que, el 14 de
junio de 2019, dictó sentencia de primera instancia. Mediante dicha decisión accedió
a las súplicas de la demanda y declaró vulnerados los derechos colectivos de la
comunidad que, según la parte actora, integran todos los habitantes de Bogotá,
dentro de los cuales se incluye.

4. Inconformes con la decisión, el Ministerio Público, las sociedades Construcciones
Civiles Conciviles S.A., Proyectos Construcciones Civiles Piv Ingeniería S.A.S.,
Miembro del Consorcio Ingetec Piv La Vialidad, Ingenieros Consultores Civiles y
Eléctricos S.A. (Ingetec), la Asociación Colombiana de Productores de Concreto
(Asocreto), la Empresa de Transporte del Tercer Milenio (Transmilenio S.A.), Metro
Concreto (hoy Concretos Argos S.A.), Castro Tcherassi S.A. y Equipo Universal
S.A., así como el Distrito Capital – Secretaría de Movilidad y el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales
fueron concedidos mediante auto del 25 de junio de 2019.

5. El 30 de septiembre de 2019, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió los recursos de apelación y concedió a la
sociedad Construcciones Civiles S.A. (Conciviles S.A.) el término de 3 días para
que sustentara su alzada.

6. Luego del trámite de rigor, el proceso ingresó al despacho para fallo, el 3 de julio
de 2020.

Pretensiones

7. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

Primera: Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA (Sección Primera – Subsección B – Despacho del H.
Magistrado César Giovanni Chaparro Rincón), ha vulnerado los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y el que se tiene al
debido proceso sin dilaciones injustificadas, dentro del trámite de la acción
popular con radicación #110013331040-2007-00144-00, al abstenerse
injustificadamente de proferir sentencia de segunda instancia.

Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración se amparen los
derechos fundamentales vulnerados y se ordene al Despacho resolver el
recurso de apelación contra la sentencia con radicación 110013331040-2007-
00144-00, sin más demoras o dilaciones injustificada.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. Según la parte actora, a la fecha en la que interpuso la presente acción
constitucional habían transcurrido más de 5 años desde que el proceso entró al

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

despacho para fallo; no obstante, y a pesar de las múltiples solicitudes de impulso
que han presentado «algunos sujetos procesales», el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se ha abstenido injustificadamente de dictar sentencia de segunda
instancia.

9. El proceso, según el demandante, lleva más de 18 años en trámite,
desconociendo que, según el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, la sentencia debería
haberse proferido dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del término para
alegar de conclusión.

10. En criterio del accionante, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la
mora judicial injustificada en que incurre en el trámite del proceso de la acción
popular arriba identificado, pues no existe ninguna razón que justifique que el
despacho demandado se tarde más de 5 años en proferir una decisión de fondo.

11. Para fundamentar sus alegatos, el demandante mencionó que, en múltiples
ocasiones, esta Corporación ha reconocido la procedencia de la acción de tutela
para proteger el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas. Al respecto,
trajo a colación la providencia del 15 de mayo de 2025, dictada en el marco del
proceso con radicado 110013331040-2007-00144-00, y adujo que en el caso de
estudio la situación resultaba aún más gravosa, considerando que en este trámite
la autoridad judicial accionada ni siquiera tenía solicitudes probatorias para resolver.

Trámite en primera instancia

12. Mediante auto del 11 de noviembre de 20252, el despacho sustanciador del
proceso admitió la acción de tutela contra el magistrado César Giovanny Chaparro
Rincón y vinculó, en calidad de terceros con interés, a todos los intervinientes de la
acción popular con radicado 11001-33-31-040-2007-00144-023. Asimismo, ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Intervenciones

13. El magistrado César Giovanni Chaparro Rincón4, integrante de la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de la acción popular
con radicado 11001-33-31-040-2007-00144-02, pidió que se negara el amparo. En
tal sentido, sostuvo que durante el trámite de segunda instancia se han resuelto
varias solicitudes formuladas por las partes. Además, resaltó que el asunto reviste
una especial complejidad, no solo por el tema, sino por la cantidad de sujetos

2 SAMAI, índice 5.
3 Dado que algunas actuaciones del expediente digital alojado en la plataforma (SAMAI) no podían

visualizarse, el despacho requirió a la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a fin de que brindara la información acerca de quiénes intervinieron (a cualquier
título) en la acción popular con radicado 11001-33-31-040-2007-00144-02.
4 SAMAI. Índices 9 y 14, este último en el documento electrónico con certificado

54E831CBFD68D3E7 AE3031EDC55BC47F B3F24F40DB79DC33 E5ACA1D8A31DA115.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

intervinientes y por la extensión del expediente, el cual cuenta con 32 cuadernos
principales, 10 cuadernos de contestaciones y 118 de pruebas.

14. Explicó que el despacho también tiene a su cargo otros asuntos que tienen
prelación por disposición expresa de la ley, así como acciones de la misma
naturaleza que, por su complejidad, han llevado a que se presenten solicitudes de
aplicación de proceso por complejidad excepcional, entre las que destacó la acción
popular interpuesta por la Contraloría General de la República contra los señores
Manuel Francisco Nule Velilla, Miguel Eduardo Nule Velilla, Guido Alberto Nule
Mariño y otros. Solicitud que se resolvió con concepto favorable de la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 17 de junio de 2025.

15. Así las cosas, afirmó que la sentencia de segunda instancia que echa de menos
la parte actora se dictará respetando el sistema de turnos de los procesos que
también se encuentran pendientes de dicho trámite.

16. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 informó sobre los intervinientes de la acción popular con radicado
11001-33-31-040-2007-00144-02 y suministró sus direcciones electrónicas de
notificación.

17. La sociedad Cemex Colombia S.A.6 solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo. Por un lado, afirmó que la demanda no cumple con el requisito
de inmediatez, pues, tal y como lo afirmó el accionante en el escrito incial, se trata
de un proceso que se ha surtido de conformidad con la normatividad procesal
vigente, es decir, se han adelantado todas las etapas y actualmente se encuentra a
la espera de que se adopte una decisión de fondo en el turno que le corresponda.

18. Adicionalmente, pidió que se tuviera en cuenta que la acción de tutela no es un
mecanismo previsto para ejercer presión sobre los funcionarios judiciales y menos
aún, en asuntos en los que, como en el que se estudia, el proceso se ha adelantado
dentro de plazos razonables y ya se le asignó turno para para proferir la decisión de
segunda instancia.

19. La sociedad Concretos Argos S.A.S.7 (antes Metroconcreto S.A.) manifestó
que se encuentra en disposición de atender cualquier requerimiento que estime
procedente el juez del amparo, destacando que es ajena a la vulneración de
derechos fundamentales alegada en la demanda.

20. El señor Félix Antonio Campos Cruz8 informó que la acción popular que dio
origen a la presente solicitud de amparo se instauró el 25 de febrero de 2004, que
el 14 de junio de 2019 se dictó sentencia de primera instancia, que desde
septiembre de 2019 el proceso se remitió al Tribunal Administrativo de

5 Samai, índices 11 y 12. Documentos electrónicos con certificados 8CFFB5432D680CCB
7D8DE084DAF5D960 A63A842CE6273AB2 E9E8A3BB2EC51EA3 y 02224477CF2EECCD
16055E86B7A9C18A B7018F2FD64461BD D78EE4AB23D649E1, respectivamente.
6 Samai, índice 15.
7 Samai, índice 16.
8 Samai, índice 17.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Cundinamarca para que resolviera los recursos de apelación formulados contra la
decisión del 14 de junio de ese mismo año; no obstante, han transcurrido más de 6
años desde ese momento y aún no se ha proferido la sentencia definitiva.

21. Manifestó que es una «vergüenza» que la administración de justicia lleve
aproximadamente 22 años resolviendo una controversia que, de conformidad con
la Ley 472 de 1998, debía ser definida en máximo 90 días. Agregó que dicha
tardanza también le afectó su derecho fundamental al trabajo, pues por el simple
hecho de haber presentado una acción popular contra el Distrito de Bogotá se le
impidió contratar con dichas entidades públicas a lo largo de todos estos años, ya
que dicha acción no permite desistimiento.

22. Con fundamento en lo anterior, manifestó «coadyuvar» a la parte actora y, en
tal sentido, solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administracion de justicia y que se ordene al magistrado a cargo
del proceso proferir el respectivo fallo. También pidió que se compulsen copias de
la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión
Nacional de Disciplina Juidicial para lo de su competencia.

23. La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Secretaría Jurídica Distrital9 solicitó que
se le desvinculara de la presente acción constitucional, pues carece de legitimación
en la causa por pasiva. Afirmó que las pretensiones de la petición de amparo están
dirigidas exclusivamente a cuestionar la supuesta mora judicial injustificada para
dictar sentencia de segunda instancia en el trámite de la acción popular con
radicado 11001-33-31-040-2007-00144-02. Agregó que, en todo caso, revisado el
expediente de la referencia, no se observa que el Tribunal accionado hubiera
incurrido en una mora injusticada, teniendo en cuenta que los operadores judiciales
se encuentran sujetos a un sistema de turnos y la adopción de determinadas
decisiones obedece a la cantidad de procesos que tengan a cargo.

24. La Secretaría Distrital de Movilidad10 también pidió que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que sus funciones se
circunscriben al manejo de temas derivados del transporte y la movilidad del Distrito
Capital, por lo que los hechos identificados por el demandante como vulneradores
de sus derechos fundamentales no se encuentran relacionados con sus
competencias.

25. La sociedad Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. (Transmilenio)11
de igual forma solicitó que se le desvinculara del presente trámite, pues considera
que carece de legitimación en la causa por pasiva. En su criterio, las pretensiones
se dirigen unicamente contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en ese
sentido, no estima haber vulnerado los derechos fundamentales invocados en la
demanda.

9 Samai, índices 18 y 21. Documento electrónico con certificadoFE09D7C44F5E7F74
02847B3F82EAC082 9CBDBCDCD81925E9 39B4A8C8C523A51F.
10 Samai, índice 19. Documento electrónico con certificado F870253859CB3A3A
F1936DF7B4005E11 E867AEF2F3677D46 EC28C020BAED8F6C.
11 Samai, índice 20. Documento electrónico con certificado E8F1D6E825D5E483
2A9231652A5520BB 2FFD63F940DF87E6 23389EB996E25D84.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

26. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que
fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda12.

II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia

27. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201913.

Cuestión previa: de la solicitud de coadyuvancia del señor Félix Antonio
Campos Cruz

28. Previo a adentrarse en el análisis de la acción de tutela, la Sala estima necesario
referirse a la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Félix Antonio
Campos Cruz en su intervención.

29. Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está prevista en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que las personas que tengan
interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir para
coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

30. Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite
de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del decreto 306 de 1992, prevé que
las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso
pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de
segunda instancia.

31. Se debe tener en cuenta que el hecho de ser coadyuvante de la parte de
accionante, no lo habilita para plantear o formular nuevas pretensiones, dado que
sólo pueden apoyar las solicitudes que se han planteado en el escrito de tutela.
Sobre el particular, en la sentencia SU-067de 2022, la Corte Constitucional sostuvo:

Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela,
que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido
que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar
la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa
empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no
puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces,
ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso,
no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la
intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar
ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35][énfasis fuera de texto].

12 Fue notificada a los correos electrónicos agencia@defensajuridica.gov.co ,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co el 13 de noviembre de 2025, tal como se puede
observar en el índice 8 de SAMAI.
13 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

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Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se
entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que
«impliquen disposición del derecho en litigio]. De lo anterior resulta que las
facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de
la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la
causa judicial.

Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la
coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de
modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela,
mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la
Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de
tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la
decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los
que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas,
que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este
asunto, la Corte manifestó lo siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como
la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

32. En el caso en concreto, el señor Campos Cruz manifestó que tiene interés
legítimo en el presente trámite constitucional, en la medida en que fue el
demandante en el proceso de la acción popular que dio origen a la presente solicitud
de amparo y, por consiguiente, afirmó «coadyuvar» las pretensiones del señor
Buitrago Caipa.

33. No obstante, revisada su intervención y, en particular, los motivos de su
coadyuvancia y las pretensiones que formuló, la Sala advierte que la referida
solicitud no se enmarca en el supuesto de la figura que se analiza, toda vez que el
solicitante invoca hechos y pretensiones disímiles a las expuestas en el escrito de
tutela.

34. Ciertamente, el señor Campos Cruz manifestó que respaldaba las pretensiones
de la demanda, porque la tardanza de la administración de justicia para dictar una
sentencia definitiva le ha vulnerado su derecho fundamental al trabajo, al no haber
podido contratar con las entidades que demandó, durante los casi 22 años que lleva
tramitándose el proceso. En ese sentido, pidió que se ampararan sus derechos
fundamentales y que se ordene remitir copia de esta actuación a la Procuraduría
General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de
Disciplina Judicial «para lo de su competencia». Empero, como se anticipó, ninguna
de estas razones y pretensiones fue expuesta en la solicitud de amparo que dio
origen a esta controversia.

35. Por consiguiente, se negará la solicitud de coadyuvancia del señor Félix Antonio
Campos Cruz, comoquiera que las reclamaciones de su solicitud son distintas a las

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formuladas en la demanda, así como porque éste atribuye a la supuesta tardanza
la vulneración de derechos fundamentales propios, como el derecho al trabajo, sin
haber ejercido formalmente su derecho de acción.

Problema jurídico y metodología de la decisión

36. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
presupuestos procesales de procedencia de la acción de tutela, en particular, la
legitimación en la causa por activa. Solo en el evento de superar tal requisito, la
Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de establecer si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró o no los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Carlos
Alberto Buitrago Caipa.

Presupuestos procesales de procedibilidad de la acción de tutela

37. Legitimación en la causa: La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política14 fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo
artículo 1° establece que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares en los casos que señala este decreto».

38. Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo
debe ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo
podrá ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 199115.

39. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas
condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de
la legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:

14 ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]
15
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la
causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos
fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la
primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho
fundamental propio y no, en principio, de otra persona16. La segunda se
entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades
responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados17, destacando a la vez que su adecuada integración persigue
garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda
en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar
debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)18.

40. Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos
fundamentales, es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos
tratados internacionales o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se
relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 19.
Así, debe decirse que un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado
a una persona y tenga un contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es
decir, estos cuentan con un titular, un obligado y una prestación o contenido 20.

41. El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.

42. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa,
«es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés

16 Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
17 Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental (…)».
18 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
19 Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del

carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun cuando
no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de
aplicación inmediata19 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona 19. Entre estos
dos extremos se han presentado varias posturas teóricas:
…
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que
valor central del sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida
en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad
de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada
de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho
constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o
abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada
caso (tópica).
20 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito
y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”21»22.

43. En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente
autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico23. De no cumplirse, la tutela se
torna improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del
asunto.

Análisis de la legitimación en la causa en el caso en concreto

44. En el caso en concreto, el señor Carlos Alberto Buitrago Caipa presentó acción
de tutela, a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, vulnerados por la supuesta mora judicial
injustificada en la que incurre la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el trámite de la acción popular con radicado
11001-33-31-040-2007-00144-02. En su criterio, el plazo en el que se ha tramitado
el proceso ha sido excesivo, puesto que el expediente ingresó al despacho para
fallo desde el 3 de junio de 2020 y a la fecha aún no se ha dictado la sentencia de
segunda instancia que defina la controversia.

45. En el escrito de tutela, el señor Buitrago Caipa aseguró que le asiste legitimación
para promover esta acción constitucional, pues tiene un interés legítimo para acudir
en procura de la protección de sus derechos fundamentales, al ser un ciudadano
perteneciente a la comunidad que se beneficiaría con la decisión adoptada por el
Juzgado 40 Administrativo de Bogotá en primera instancia. De ahí que, según
afirmó, la injustificada demora en que incurre el Tribunal accionado conduciría a
hacer nugatorio el amparo de los derechos colectivos concedido a la comunidad, en
caso de que la providencia fuere confirmada.

46. El accionante informó que, pese a las múltiples solicitudes presentadas por
«algunos sujetos procesales», la autoridad judicial accionada sigue sin proferir la
respectiva sentencia de segunda instancia.

47. Así las cosas, de entrada, la Sala observa que el señor Buitrago Caipa carece
de legitimación en la causa por activa para promover la presente acción
constitucional, como se pasa a explicar.

48. En el auto admisorio de la presente acción constitucional, el despacho
sustanciador del proceso solicitó a la Secretaría de la Sección Primera de esta

21 Cita original de la providencia: T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M.

P. José Gregorio Hernández.
22 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
23 De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los

personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación
de desamparo e indefensión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Corporación que brindara información acerca de qué personas (naturales o
jurídicas) intervinieron, a cualquier título, en la acción popular con radicado 11001-
33-31-040-2007-00144-02 y que suministrara sus direcciones físicas y/o
electrónicas.

49. En cumplimiento del requerimiento anterior, mediante memorial radicado el 18
de noviembre del año en curso (Samai, índice 12), la Secretaría de la Sección
Primera del Tribunal accionado allegó una relación de las personas que intervinieron
en el trámite de la ya ampliamente reiterada acción popular, lista que no incluye al
aquí accionante.

50. Además, revisado el expediente digital alojado en el sistema de información
judicial SAMAI, tampoco se evidencia que el señor Buitrago Caipa hubiera
participado en forma alguna dentro del referido proceso. Es más, en su justificación
sobre el supuesto interés que le asiste, el propio accionante admitió que éste
proviene de que es un ciudadano que hace parte de la comunidad que
eventualmente se beneficiaría de la decisión que echa de menos, pero no mencionó
que hubiera intervenido en el proceso de origen.

51. De ese modo, para la Sala no resulta admisible que el señor Buitrago acuda en
procura de la protección de unos derechos presuntamente vulnerados en el marco
de un proceso del que no fue parte, ni participó de ningún modo.

52. Por si fuera poco, el mencionado demandante se limitó a afirmar que se
identifica como miembro de la comunidad que se beneficiaría con la decisión que
se adopte, pero no se preocupó por acreditar dicha circunstancia.

53. Todo lo anterior, conduce a esta Sala a concluir que el accionante carece de
legitimación en la causa por activa, pues no se observa de qué manera pudieron
haberse comprometido sus garantías fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia en el marco de un proceso en el cual no acreditó haber
participado, lo que, por sí solo, demuestra su falta de interés para promover esta
acción constitucional, pero, además, agravando su situación, tampoco demostró
que en efecto hiciera parte de la colectividad cuyos derechos se buscan proteger
mediante la referida acción popular.

54. Valga recordar que la acción de tutela persigue la protección de derechos
subjetivos. Ello significa que quien alega la afectación debe ser su titular o que otra
persona los defienda en su nombre, con las limitaciones establecidas en la ley y la
jurisprudencia. Sin embargo, tal y como se planteó la presente acción constitucional,
el señor Buitrago Caipa no es titular de los derechos que identifica como vulnerados,
pues, se insiste, no demostró que hubiera acudido a la acción popular como sujeto
procesal, coadyuvante y/o tercero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-00
Accionante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

III. R E S U E L V E

PRIMERO. NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Félix
Antonio Campos Cruz.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Carlos Alberto Buitrago Caipa, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.

TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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