Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06897-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06897-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06897-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06897-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
19 de febrero de 2026
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06897-01
Demandante: CARLOS ALBERTO BUITRAGO CAIPA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela de fondo. Mora judicial. Legitimación en la causa por
activa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en
contra de la providencia del 15 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Carlos Alberto Buitrago Caipa, obrando en su condición de abogado
instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la presunta mora judicial
injustificada en la que incurrió la autoridad accionada, al tramitar el proceso de
acción popular identificado con radicado 11001-33-31-040-2007-00144-00.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, los tutelantes solicitaron lo siguiente:
Primera: Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
(Sección Primera – Subsección B – Despacho del H. Magistrado César Giovanni
Chaparro Rincón), ha vulnerado los derechos fundamentales al acceso a la
1 Samai, índice 1, del trámite constitucional en primera instancia, mediante escrito presentado
el 4 de noviembre de 2025.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
administración de justicia y el que se tiene al debido proceso sin dilaciones
injustificadas, dentro del trámite de la acción popular con radicación
#110013331040-2007-00144-00, al abstenerse injustificadamente de proferir
sentencia de segunda instancia.
Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración se amparen los
derechos fundamentales vulnerados y se ordene al Despacho resolver el recurso
de apelación contra la sentencia con radicación 110013331040-2007-00144-00,
sin más demoras o dilaciones injustificadas.2
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
Indicó que el 4 de septiembre de 2007, el señor Felix Antonio Campos Cruz
presentó acción popular contra la sociedad Transmilenio S.A., la Alcaldía Mayor
de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y
los señores Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, éstos últimos en su calidad de
exalcaldes de Bogotá, D.C.
Señaló que la demanda pretendía la protección de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa
de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y
salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios que la
garanticen la salubridad pública, así como el acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna, la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de
manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes y de los consumidores y usuarios.
Puso de presente que al proceso se le asignó el radicado 11001-33-31-040-
2007-00144-00 y le correspondió, por reparto, al Juzgado Cuarenta
Administrativo de Bogotá que, mediante sentencia de 14 de junio de 2019, casi
doce años después desde la presentación de la demanda, accedió a las súplicas
de la demanda y declaró vulnerados los derechos colectivos de la comunidad
que, según la parte actora, integran todos los habitantes de la ciudad de Bogotá.
Manifestó que, el Ministerio Público, las sociedades Construcciones Civiles
Conciviles S.A., Proyectos Construcciones Civiles Piv Ingeniería S.A.S.,
Miembro del Consorcio Ingetec Piv La Vialidad, Ingenieros Consultores Civiles y
Eléctricos S.A. (Ingetec), la Asociación Colombiana de Productores de Concreto
(Asocreto), la Empresa de Transporte del Tercer Milenio (Transmilenio S.A.),
Metro Concreto (hoy Concretos Argos S.A.), Castro Tcherassi S.A. y Equipo
Universal S.A., así como el Distrito Capital – Secretaría de Movilidad y el Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU) interpusieron sendos recursos de apelación, los
cuales fueron concedidos mediante auto del 25 de junio de 2019.
Narró que el 30 de septiembre de 2019, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió los recursos de apelación
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
y concedió a la sociedad Construcciones Civiles S.A. (Conciviles S.A.) el término
de 3 días para que sustentara su alzada. Luego del trámite de rigor, el proceso
ingresó al despacho para fallo, el 3 de julio de 2020 y no se ha decidido.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora consideró que han transcurrido más de 5 años desde que el
proceso entró para fallo, sin que hasta la fecha se haya proferido la decisión, a
pesar de las múltiples solicitudes de impulso procesal presentadas por algunos
sujetos procesales.
Destacó que, a su juicio, no existía una razón válida para que el Despacho
demandado se tarde más de cinco años en resolver el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, cuando el artículo 37 de la Ley 472
establece que debe resolverse dentro de los 20 días siguientes a la radicación
del expediente en el tribunal.
Resaltó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la mora judicial
injustificada en que incurre en el trámite del proceso de la acción, pues no existe
ninguna razón que justifique que el despacho demandado se tarde más de 5
años en proferir una decisión de fondo.
Aseguró que, en múltiples ocasiones, esta Corporación ha reconocido la
procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho al debido proceso
sin dilaciones injustificadas. Al respecto, citó la providencia del 15 de mayo de
2025, dictada en el marco del proceso con radicado 11001-33-31-040-2007-
00144-00, y adujo que en el caso de estudio la situación resultaba aún más
gravosa, considerando que en este trámite la autoridad judicial accionada ni
siquiera tenía solicitudes probatorias para resolver.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 11 de noviembre de 2025, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al magistrado
César Giovanny Chaparro Rincón, integrante de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Además, en calidad de terceros con interés, ordenó notificar a los intervinientes
en la acción popular con radicado 11001-33-31-040-2007-00144-02 y advirtió
que en razón a las restricciones impuestas por el aplicativo Samai para acceder
al expediente contentivo de la acción de popular, el Despacho no había podido
identificar la totalidad de personas (naturales o jurídicas) que intervinieron en
dicho proceso.
También requirió a la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que, brindara información acerca
de quiénes intervinieron (a cualquier título) en el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos y suministrara las direcciones (físicas o de
correo electrónico) en la que pudieran ser notificados.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
La Secretaría de la Sección Primera, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2025,
informó que los intervinientes en el referido proceso eran las siguientes
personas3:
Félix Antonio Campos Cruz
Transmilenio S.A.
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría de Movilidad
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Antanas Mockus, en su calidad de exalcalde de Bogotá, D.C.
Enrique Peñalosa, en su calidad de exalcalde de Bogotá, D.C
Cámara Colombiana del Cemento y El Concreto
Asociación Colombiana de productores de Concreto - ASOCRETO
CEMEX Colombia S.A.
Metrocóncreto S.A. (Concretos ARGOS)
María Isabel Patiño
Andrés Camargo
Consorcio Castro Tcherassi & Cía. Ltda. - Equipo Universal & Cía. Ltda
Consorcio Ingeteco - PIV – la Vialidad Ltda
Conciviles S.A., Consorcio Integral S.A.
Silva Carreño & Asociados S.A.
Silva Fajardo y Cía. Ltda.,
Aseguradora Fianza – Confianza S.A.,
Steer Davies & Gleave Limited
Unión Temporal Calle 80
Consorcio Restrepo Uribe – Elsamex
Unión Temporal M.H.C Conacy, Consorcio Interdiseños – Lea International
Unión Temporal el Cóndor
Conalvias S.A.
Consultoría Colombiana
Cal Mayor
Asimismo, ordenó publicar la providencia a la Oficina de Sistemas del Consejo
de Estado, en la página web de la corporación para que, si lo consideraran como
necesario, intervinieran.
1.6 Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
El magistrado ponente César Giovanni Chaparro Rincón, después de realizar un
recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de la acción popular con
radicado 11001-33-31-040-2007-00144-02 pidió que se negara el amparo.
Sostuvo que durante el trámite de segunda instancia se han resuelto varias
solicitudes formuladas por las partes. Además, resaltó que el asunto reviste una
3 Se les comunicó, mediante los siguientes oficios:
176983,176981,176966,176986,176984,176967,176982,176971,176969,176972,176985,1769
76,176977,176975,176987,176988,176968,176989,176978,176990,176974,176979,176970,17
6980,176973.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
especial complejidad, no solo por el tema, sino por la cantidad de sujetos
intervinientes y por la extensión del expediente, el cual cuenta con 32 cuadernos
principales, 10 cuadernos de contestaciones y 118 de pruebas.
Puso de presente que el despacho también tiene a su cargo otros asuntos que
tienen prelación por disposición expresa de la ley, así como acciones de la
misma naturaleza que, por su complejidad, han llevado a que se presenten
solicitudes de aplicación de proceso por complejidad excepcional, entre las que
destacó la acción popular interpuesta por la Contraloría General de la República
contra los señores Manuel Francisco Nule Velilla, Miguel Eduardo Nule Velilla,
Guido Alberto Nule Mariño y otros. Solicitud que se resolvió con concepto
favorable de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 17
de junio de 2025.
Por lo anterior, afirmó que la sentencia de segunda instancia que echa de menos
la parte actora se dictará respetando el sistema de turnos de los procesos que
también se encuentran pendientes de dicho trámite.
1.6.2. Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Informó sobre los intervinientes de la acción popular con radicado 11001-33-31-
040-2007-00144-02 y suministró sus direcciones electrónicas de notificación.
1.6.3. Sociedad Cemex Colombia S.A.
Solicitó que se declare improcedente esta acción y afirmó que la demanda no
cumple con el requisito de inmediatez, pues, tal y como lo afirmó el accionante
en el escrito inicial, se trata de un proceso que se ha surtido de conformidad con
la normativa procesal vigente, es decir, se han adelantado todas las etapas y
actualmente se encuentra a la espera de que se adopte una decisión de fondo
en el turno que le corresponda.
Advirtió que la acción de tutela no es un mecanismo previsto para ejercer presión
sobre los funcionarios judiciales y menos aún, en asuntos en los que, como en
el que se estudia, el proceso se ha adelantado dentro de plazos razonables y al
que se le asignó un turno para para proferir la decisión de segunda instancia.
1.6.4. Sociedad Concretos Argos S.A.S. (antes Metroconcreto S.A.)
Sostuvo que se encuentra en disposición de atender cualquier requerimiento que
estime procedente el juez del amparo y destacó que es ajena a la vulneración
de derechos fundamentales alegada en la demanda.
1.6.4. El señor Félix Antonio Campos Cruz
Indicó que la acción popular que dio origen a la presente solicitud de amparo se
instauró el 25 de febrero de 2004, que el 14 de junio de 2019 se dictó sentencia
de primera instancia y que, desde septiembre de 2019, el proceso se remitió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que resolviera los recursos de
apelación formulados contra la decisión del 14 de junio de ese mismo año. No
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
obstante, han transcurrido más de 6 años desde ese momento y aún no se ha
proferido la sentencia definitiva.
Resaltó que es una «vergüenza» que la administración de justicia lleve
aproximadamente 22 años resolviendo una controversia que, de conformidad
con la Ley 472 de 1998, debía ser definida en máximo 90 días. Agregó que dicha
tardanza también le afectó su derecho fundamental al trabajo, pues por el simple
hecho de haber presentado una acción popular contra el Distrito de Bogotá se le
impidió contratar con dichas entidades públicas a lo largo de todos estos años,
debido a que dicha acción no permite desistimiento.
Manifestó «coadyuvar» a la parte actora y, en tal sentido, solicitó que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia y que se ordene al magistrado a cargo del proceso proferir el
respectivo fallo. También, pidió que se remitan copias de la presente actuación
a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para lo de su competencia.
1.6.5. La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría Jurídica Distrital
Afirmó que las pretensiones de la petición de amparo están dirigidas
exclusivamente a cuestionar la supuesta mora judicial injustificada para dictar
sentencia de segunda instancia en el trámite de la acción popular. Agregó que,
revisado el expediente no se observa que el tribunal accionado hubiera incurrido
en una mora injustificada, teniendo en cuenta que los operadores judiciales se
encuentran sujetos a un sistema de turnos y la adopción de determinadas
decisiones obedece a la cantidad de procesos que tengan a cargo.
Solicitó que se le desvinculara de la presente acción constitucional, pues carece
de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.6. Secretaría Distrital de Movilidad
Señaló que sus funciones se circunscriben al manejo de temas derivados del
transporte y la movilidad del Distrito Capital, por lo que los hechos identificados
por el demandante como vulneradores de sus derechos fundamentales no se
encuentran relacionados con sus competencias, por lo que solicitó declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.7. Sociedad Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A.
(Transmilenio)
Consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues en su criterio,
las pretensiones se dirigen únicamente contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en ese sentido, no estima haber vulnerado los derechos
fundamentales invocados en la demanda, por lo que solicitó su desvinculación
del presente trámite.
1.7 Sentencia de primera instancia
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2025, la Sección Tercera,
Subsección A, del Consejo de Estado, hizo referencia a la solicitud de
coadyuvancia presentada por el señor Félix Antonio Campos Cruz y manifestó
que tiene interés legítimo en el presente trámite constitucional, en la medida en
que fue el demandante en el proceso de la acción popular que dio origen a la
presente solicitud de amparo.
Anotó que revisada su intervención y, en particular, los motivos de su
coadyuvancia y las pretensiones que formuló, se advirtió que ese requerimiento
no se enmarca en el supuesto de esta figura, toda vez que se invocan hechos y
pretensiones disímiles a las expuestas en el escrito de tutela.
Expuso que el señor Campos Cruz manifestó que respaldaba las pretensiones
de la demanda, porque la tardanza de la administración de justicia para dictar
una sentencia definitiva le había vulnerado su derecho fundamental al trabajo, al
no haber podido contratar con las entidades que demandó, durante los casi 22
años que lleva tramitándose el proceso, por lo que pidió que se ampararan sus
derechos fundamentales y que se ordenara remitir copia de esta actuación a la
Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
No obstante, ninguna de estas razones y pretensiones fue expuesta en la
solicitud de amparo que dio origen a esta controversia, por lo que se negó la
solicitud.
Sostuvo que el señor Buitrago Caipa carece de legitimación en la causa por
activa para promover la presente acción constitucional, porque en la relación de
personas que intervinieron en el trámite de la acción popular, información
suministrada por la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal accionado, no
se incluye al tutelante.
Resaltó que revisado el expediente digital alojado en el Sistema de Información
Judicial SAMAI, tampoco se evidencia que el señor Buitrago Caipa hubiera
participado en forma alguna dentro del referido proceso. Precisó que en la
justificación sobre el supuesto interés que le asiste, el accionante señaló que
este proviene de ser un ciudadano que hace parte de la comunidad que
eventualmente se beneficiaría de la decisión, pero no mencionó que hubiera
intervenido en el proceso de origen.
Sostuvo que no era admisible que el señor Buitrago acudiera en procura de la
protección de unos derechos presuntamente vulnerados en el marco de un
proceso del que no fue parte, ni participó de ningún modo.
Advirtió que el tutelante se limitó a afirmar que se identificaba como miembro de
la comunidad que se beneficiaría con la decisión que se adopte, pero no se
preocupó por acreditar dicha circunstancia.
Concluyó que el actor carece de legitimación en la causa por activa, pues no se
observa de qué manera pudieron haberse comprometido sus garantías
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en
el marco de un proceso en el cual no acreditó haber participado, lo que, por sí
solo, demuestra su falta de interés para promover esta acción constitucional,
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
pero, además, agravando su situación, tampoco demostró que en efecto hiciera
parte de la colectividad cuyos derechos se buscan proteger mediante la referida
acción popular.
1.8. Impugnación
Con escrito recibido el 13 de enero de 20264, manifestó que se desconoció el
precedente de la sentencia del 15 de mayo de 2025, con rad., 11001-03-15-000-
2025-01904-00 de la Sección Cuarta de esta corporación. Indicó que, la Sección
Cuarta mencionó que la demora desproporcionada en la resolución de un caso
superior a 7 años, desconoce la noción de plazo razonable y priva a las partes
de la posibilidad de obtener una decisión definitiva y, por ende, de ejercer
plenamente sus derechos y defender sus intereses de manera efectiva.
Resaltó que la situación que ahora se somete a consideración en sede de tutela
es aún más gravosa que aquella que originó el precedente que se cita, razón
suficiente para que se aplique éste y desatacó que en dicho caso la demandante
tampoco había sido parte dentro del proceso de acción popular.
Consideró, que negar el amparo por falta de legitimación en la causa por activa,
resultaba equivocado, pues cualquier ciudadano tiene la facultad de ejercer una
acción popular sin que se resida en el municipio en el que se ha producido la
amenaza al derecho colectivo, para lo cual citó la sentencia 52001-23-31-000-
2004-01625-01 del 22 de abril de 2010. Así, concluyó que, si el demandante no
necesita demostrar que reside en el municipio para interponer la acción popular,
mucho menos requiere demostrarlo para interponer la acción de tutela, pues el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, tampoco exige un requisito especial para
ejercerla.
Afirmó que tampoco debía haber probado que residía en Bogotá, pues la buena
fe se presumía y, adicionalmente, son beneficiarios eventuales de las resultas
del proceso de acción popular afectado por la mora judicial, los residentes de la
ciudad de Bogotá y cualquier persona que eventualmente utilice o llegare a
utilizar la vía.
De otra parte, sostuvo que carecían de sustento las afirmaciones que el fallo
contiene sobre la coadyuvancia, pues impedirle al actor popular obrar como
coadyuvante es vulnerarle el derecho de acceso a la administración de justicia,
por lo que solicitó revocar el fallo y conceder el amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
4 Samai, índice 32. La impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se
notificó el 18 de diciembre de 2025.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 15 de mayo
de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Subsección A, Sección Tercera,
según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019.
2.2. Cuestión Previa
En esta instancia se resolverán las solicitudes realizadas por la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., la Secretaría Jurídica Distrital, la Sociedad Empresa de
Transporte del Tercer Milenio S.A. (Transmilenio), frente a las desvinculaciones
requeridas, al considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, la Sala denegará tales solicitudes, porque estas entidades no
fueron vinculadas como demandadas sino como terceros, en atención al interés
que les pudiera asistir en las resultas del proceso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo
anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante, al presuntamente incurrir en los defectos planteados.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) la figura de la legitimación en la causa
por activa y iii) el fondo del reclamo.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución contempla el precepto constitucional, según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19915, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.
2.5. Legitimación en la causa por activa
5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
Sobre el particular, se destaca que el inciso primero del artículo 86 de la
Constitución Política prevé el derecho que tiene toda persona de reclamar ante
los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o
vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
En concordancia con lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona que considere trasgredidos sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita:
i) Por el titular de las garantías constitucionales; ii) a través de representante
legal; iii) apoderado judicial; o iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el
titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa; además, contempló que los defensores del pueblo y los personeros
municipales también pueden promover este mecanismo constitucional6.
En relación con la figura de la agencia oficiosa es preciso indicar que se deben
acreditar los siguientes requisitos: i) el agente oficioso debe manifestar que actúa
como tal y ii) debe demostrarse la circunstancia real de que el agenciado, esto
es, el titular del derecho no está en condiciones físicas o mentales para promover
su defensa.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
radica la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser
así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del
asunto.
2.6. Caso Concreto
En el caso que ocupa a la Sala, la parte actora promovió esta acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, con ocasión de la presunta mora judicial injustificada en la que
incurrió la autoridad accionada, al tramitar el proceso de acción popular
identificado con radicado 11001-33-31-040-2007-00144-00.
El actor considera que el plazo en el que se ha tramitado la acción popular ha
sido excesivo, puesto que el expediente ingresó al despacho para fallo desde el
3 de junio de 2020 y a la fecha aún no se ha dictado la sentencia de segunda
instancia que defina la controversia.
En el escrito de tutela, el señor Buitrago Caipa, advirtió que tenía la legitimación
para interponer este trámite constitucional, pues «durante muchos años la
ciudadanía de Bogotá ha debido sufrir las incomodidades derivadas de los
daños en el pavimento de la autopista norte y la avenida Caracas», interés que
le asistía para acudir a este trámite en su condición de ciudadano perteneciente
a la comunidad que se beneficiaría con la decisión adoptada por el Juzgado
Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que declaró vulnerados
los derechos colectivos de los habitantes de la ciudad de Bogotá.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, exp. T-6.040.070.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
Resaltó que una vez apelada la decisión del juez popular por las partes y los
vinculados, el proceso se remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B y el 3 de julio de 2020, entró al despacho para
fallo, por lo que han transcurrido más de 5 años sin que hasta la fecha se haya
proferido la decisión, a pesar de las múltiples solicitudes de impulso procesal
presentadas.
Por lo anterior, afirmó que la injustificada demora en que incurre la corporación
accionada conduciría a hacer nugatorio el amparo de los derechos colectivos
concedido a la comunidad, en caso de confirmarse la providencia y destacó que
este tipo de decisiones, según el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, deben
dictarse dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del término.
Ahora bien, frente al nuevo cargo propuesto en el escrito de impugnación, esto
es, el desconocimiento del precedente de la Sección Cuarta del Consejo del
Estado en el que se indica que la demora desproporcionada en la resolución de
un caso, desconoce la noción de plazo razonable y priva a las partes de la
posibilidad de obtener una decisión definitiva y, por ende, de ejercer plenamente
sus derechos y defender sus intereses de manera efectiva, la Sala precisa que
no será tenido en cuenta en aras de garantizar el derecho de defensa de la
contraparte.
Por su parte, el tribunal resaltó que es un asunto de una especial complejidad,
no solo por el tema, sino por la cantidad de sujetos intervinientes y por la
extensión del expediente, el cual cuenta con 32 cuadernos principales, 10
cuadernos de contestaciones y 118 de pruebas y puso de presente que la
sentencia de segunda instancia se dictará respetando el sistema de turnos de
los procesos que también se encuentran pendientes de dicho trámite.
Ahora bien, vale la pena indicar que el accionante, en el trámite de esta tutela,
actuó en nombre propio en su condición de habitante de la ciudad de Bogotá,
que se beneficiaría con la decisión adoptada por el Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, lo que demuestra que en realidad
no ejerció este mecanismo con el propósito que se amparen sus propios
derechos.
Tampoco hizo una referencia a la forma en que las condiciones de la malla vial
de la autopista norte y la Avenida Caracas afecten su situación particular o como
esto incide en la vulneración de las garantías invocadas.
Por lo anterior, la Sala encuentra que, en el presente caso, no existe legitimación
en la causa por activa, porque el accionante no está facultado para representar
legalmente a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá o que sea su
apoderado, pues se echa de menos que este identificara las personas a las
cuales presuntamente se les desconocieron sus garantías constitucionales, lo
cual cobra relevancia en atención a que este es un presupuesto necesario para
ejercer la acción de tutela, toda vez que los derechos fundamentales son
personalísimos.
Es importante resaltar que, el a quo constitucional solicitó información a la
Secretaría de la Sección Primera del tribunal accionado para determinar si había
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
intervenido el señor Buitrago Caipa en el trámite popular y, de la relación de
personas que participaron en éste, se evidenció que el tutelante no lo hizo,
además tampoco se identificó en el expediente digital alojado en el Sistema de
Información Judicial SAMAI.
En esa medida, la Corte Constitucional ha hecho referencia a la legitimación en
la causa como un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, en los
siguientes términos:
La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en
relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando
una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una
decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el
caso de fondo7.
De acuerdo a lo expuesto, es necesario que exista un sujeto determinado, titular
de derechos fundamentales, para efectos de que la acción de tutela proceda y
el juez constitucional valore el caso concreto y llegue a una solución encaminada
a proteger o restaurar la amenaza o vulneración, así como un sujeto –de
naturaleza pública o privada- que vulnere o amenace un derecho fundamental.
Es importante resaltar que para promover la acción de tutela no basta con hacer
referencia a las garantías fundamentales que, en sentir del actor, fueron
transgredidas, sino que además es necesario que se especifique al individuo
afectado, pues justamente se ha considerado que «la titularidad de los derechos
fundamentales son predicables de una persona individualizable»8.
En este caso, el accionante ni siquiera afirmó que tenía la potestad para
promover este mecanismo constitucional en nombre de otros sujetos, bien sea
en calidad de agente oficioso o en representación de algún ciudadano en
específico, aspecto indispensable para que fuera viable abordar el estudio de la
controversia planteada.
Por lo expuesto, en criterio de la Sala, al no ser el titular de los derechos
invocados con la presentación de la acción de tutela, así como al no contar con
poder para representar a los habitantes de la ciudad de Bogotá ni actuar como
agente oficiosa de ellos, es claro que el señor Buitrago Caipa no está legitimado
en la causa por activa en el presente asunto.
En este orden de ideas, la Sala modificará la sentencia de 15 de diciembre de
2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
declaró improcedente esta acción de tutela, en el sentido de declarar la falta de
legitimación en la causa por causa por activa.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
7 Sentencia T-416 de 1997, reiterada por las sentencias T-1191 de 2004 y T-799 de 2009.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-095 de 25 de febrero de 2016, exp. T- 5.193.939.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Buitrago Caipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06897-01
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., Secretaría Jurídica Distrital y la Sociedad Empresa de
Transporte del Tercer Milenio S.A. (Transmilenio).
SEGUNDO: Modificar la sentencia de 15 de diciembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alberto Buitrago
Caipa, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.