Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06904-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06904-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06904-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Prima especial de servicios del 30% / Defecto
sustantivo.
Decisión: Revoca improcedencia para negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Gustavo Adolfo Hernández
Quiñonez, en contra de la sentencia proferida el 13 de abril de 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud
de amparo de la referencia y declaró la improcedencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez promovió solicitud de tutela con el fin
de que se amparara su derecho y garantía fundamental al debido proceso, con
ocasión de la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-001-2014-
00230-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El demandante se desempeñó como empleado judicial en los siguientes
cargos:
1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
2.2. Las prestaciones como prima de vacaciones, prima de servicios, prima de
navidad, auxilio de cesantías, bonificación por servicios y demás emolumentos, del
demandante, se han cancelado tomando como base salarial el 70% de la
remuneración básica mensual, y deduciendo el 30% a título de prima especial.
2.3. Al demandante no se le ha reconocido el 30% de la prima especial como
base liquidatoria de todas sus prestaciones sociales por tener carácter salarial,
desde el 1 de enero de 1993 a la fecha.
2.4. Presentó petición el 18 de junio de 2013 en la que solicitó a la entidad
demandada la reliquidación y pago de sus prestaciones y conceptos ya
mencionados, sin embargo, aquella dio respuesta negativa a través de la
Resolución 2345 del 30 de agosto de 2013, contra la que se interpusieron los
recursos de reposición y apelación que fueron desatados mediante Resoluciones
2473 del 20 de septiembre de 2013 y 5554 del 19 de noviembre de igual anualidad.
2.5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos
con los que se negó la reliquidación y pago de los conceptos mencionados.
2.6. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, en sentencia
del 19 de julio de 2017 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que los actos administrativos demandados desmejoraron laboralmente
los salarios y derechos prestacionales del demandante, puesto que se desconoció
que las primas representan un incremento a la remuneración, contrariando la
progresividad en materia laboral. Decisión contra la cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
2.7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 28 de agosto
de 2025 revocó el fallo de primera instancia con el argumento de que, aunque el
demandante sí tenía derecho a que la prima especial de servicios del 30 % fuera
considerada para la liquidación de sus prestaciones mientras ejerció como juez de
la República, aquel derecho ya se encontraba prescrito cuando presentó la
reclamación administrativa por lo que revocó la condena al pago de salarios y
prestaciones, declaró probada la excepción de prescripción y solo reconoció como
imprescriptible la obligación de reliquidar los aportes al sistema de seguridad social
sobre el 100 % de la remuneración correspondiente al período en que desempeñó
el cargo de juez.
2.8. El demandante presentó solicitud de aclaración de la providencia de segunda
instancia en el sentido de precisar la manera en que se daría cumplimiento, en
especial, lo relacionado con el descuento de aportes, debido a su imprescriptibilidad,
frente a lo cual el tribunal demandado expidió el auto del 30 de octubre de 2025 con
la que la aclaró en el sentido de indicar que: «[…] En atención al reconocimiento del
derecho ordenado (imprescriptibilidad de aportes), la entidad demandada y el demandante
deben realizar los aportes al sistema de seguridad social integral en los porcentajes
ordenados por la ley a cada uno, reportando los pagos a la entidad administradora de
pensiones y salud correspondiente para lo de su cargo. […]»
2.9. La apoderada del demandante presentó solicitud de aclaración, en tanto, a
pesar de que no se reconoció ningún pago, se facultó a la demandada para que
hiciera los respectivos descuentos de ley con la finalidad de que se realizaran los
aportes al sistema de seguridad social integral, no obstante, el tribunal demandado
en auto del 30 de octubre de 2025, aclaró en el sentido de precisar la forma en que
debían realizarse esos aportes obligatorios para lo cual puntualizó que, como no era
posible el descuento, correspondía a la entidad demandada y al demandante hacer
esos aportes en los porcentajes ordenados por ley a cada uno.
2.10. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo
al facultar a la entidad demandada para efectuar descuentos de ley sobre aportes
al sistema de seguridad social, pese a que no se reconoció ningún retroactivo ni
suma de dinero a su favor y a que tal posibilidad no fue solicitada por ninguna de
las partes dentro del proceso.
2.11. La decisión desconoció el principio de congruencia procesal, pues introdujo
una carga económica nueva e injustificada que no guardaba relación con las
pretensiones de la demanda ni con los hechos acreditados, ya que solo se reclamó
el reconocimiento del 30 % de la prima especial de servicios y ese derecho fue
declarado prescrito.
2.12. No existió una base cierta, líquida y exigible sobre la cual pudieran
practicarse descuentos o calcularse cotizaciones, ya que los aportes al sistema de
seguridad social y los descuentos al trabajador solo proceden respecto de ingresos
efectivamente reconocidos o pagados.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Magistrado
Ponente Gonzalo Perdomo Cabrera-, proferir una nueva sentencia, en la cual de declaré
la prescripción sobre la bonificación del 30% correspondiente a la prima especial de
servicios, sin que haya lugar a reconocimiento de cotizaciones a cargo del Estado y del
suscrito.
2. Subsidiariamente, en caso de que la anterior pretensión no sea acogida, que se
ordene al Tribunal, se me reconozca el porcentaje del 30% correspondiente a la prima
especial de servicios, con el fin de que dicho valor pueda ser utilizado como base para
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme a lo previsto en el
artículo 22 de la Ley 100 de 1996 y la jurisprudencia constitucional ya citada. […]» [sic].
1.2. Informe rendido en el proceso
4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2 manifestó que el interés
principal de la tutela estaba encaminado a revocar una providencia judicial emitida
por el juez natural del asunto en el marco de su facultad jurisdiccional, por lo que
ese ente no era el llamado a responder por tal pronunciamiento. Además, no
participó en el proceso ordinario, pues la autoridad que ejerció la representación de
la Rama Judicial fue la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali por lo
que solicitó desvinculación como tercero con interés en las resultas y vincular a esa
seccional.
4.1. En todo caso, advirtió que la solicitud de tutela se presentó para revivir un
debate definido y para modificar una decisión adoptada por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, la cual se encontraba debidamente ejecutoriada y hacía
tránsito a cosa juzgada, máxime cuando este mecanismo constitucional está
previsto para la protección de derechos fundamentales y no como una instancia
adicional de los procesos ordinarios.
5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los demás terceros interesados
guardaron silencio.
1.3. Sentencia de primera instancia3
6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 13
de abril de 2026 declaró la improcedencia la solicitud de tutela, al considerar que no
se cumplió con el requisito de procedencia de relevancia constitucional.
2
Archivo obrante en el índice 15 del Samai.
3
Ver índice 43 y 50 de Samai. La parte demandante presentó solicitud de aclaración respecto a la
cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 15 de mayo de 2026, dio
respuesta negativa porque no buscaba que se precisaran conceptos o frases que ofrecieran dudas
sobre el sentido de la decisión, en la medida en que Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez lo que
pretendía es que se suministrara información sobre los mecanismos que tenía a su disposición para
controvertir la decisión judicial reprochada, pese a que el fundamento de la improcedencia que se
declaró no tenía su origen en el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, sino de relevancia
constitucional.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
7. La parte demandante presentó solicitud de aclaración respecto a la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 15 de mayo de
2026, dio respuesta negativa porque no buscaba que se precisaran conceptos o
frases que ofrecieran dudas sobre el sentido de la decisión, en la medida en que
Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez lo que pretendía es que se suministrara
información sobre los mecanismos que tenía a su disposición para controvertir la
decisión judicial reprochada, pese a que el fundamento de la improcedencia que se
declaró no tenía su origen en el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad,
sino de relevancia constitucional.
1.4. Escrito de impugnación4
8. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra el auto del 15
de mayo de 2026 que se negó a aclarar la providencia de primera instancia pero
como sustento reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial
relacionados con el defecto sustantivo en el que incurrió la corporación judicial
demandada en la decisión cuestionada al exigir cotizaciones al trabajador sobre
ingresos inexistentes.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela; iv) problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Cuestión previa
11. Pese que el demandante manifestó en su escrito que la impugnación estaba
dirigida contra el auto del 15 de mayo de 2026 que negó la solicitud de aclaración
de la providencia de primera instancia emitida en esta causa, esta Sala de decisión
en calidad de juez constitucional de segunda instancia y en uso de la facultad de
interpretación y para garantizar el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, comprende que la intención de aquel es impugnar el
pronunciamiento del a quo, razón por la cual se continuara el trámite del asunto bajo
este entendido.
4
Ver índice 54 del Samai.
5
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
6
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
9
14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
15. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos11, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales12.
17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema Jurídico
18. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales de Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez con
ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025, mediante la cual se revocó la
condena al pago de salarios y prestaciones, en tanto estaba probada la excepción
de prescripción y solo reconoció como imprescriptible la obligación de reliquidar los
aportes al sistema de seguridad social sobre el 100 % de la remuneración
correspondiente al período en que desempeñó el cargo de juez, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
19. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
20. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
2.5.2. Del defecto sustantivo
21. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto13. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
11
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo
13
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta14, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
22. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales 15.
2.5.3. Sobre el caso concreto
24. Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca con la que se revocó la condena al pago de salarios y
prestaciones, en tanto estaba probada la excepción de prescripción y solo reconoció
como imprescriptible la obligación de reliquidar los aportes al sistema de seguridad
social sobre el 100 % de la remuneración correspondiente al período en que
desempeñó el cargo de juez.
25. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo
al facultar a la entidad demandada para efectuar descuentos de ley sobre aportes
al sistema de seguridad social, pese a que no se reconoció ningún retroactivo ni
suma de dinero a su favor y a que tal posibilidad no fue solicitada por ninguna de
las partes dentro del proceso.
26. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca al analizar las pretensiones de la demandante efectúo un estudio
del asunto desde la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 para
establecer si es un incremento o una adición al salario básico y si aquella se encuentra
incluida dentro de este último, además de determinar si se configuró el fenómeno
prescriptivo para los derechos laborales del demandante cuando fungió como juez de la
República, para concluir:
14
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
15
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
«[…] Lo primero que debe precisarse es que, contrario a lo dispuesto en los hechos de
la demanda y en la sentencia de primer grado, la petición administrativa no fue radicada
el 18 de junio de 2013 sino que tal evento se produjo el 30 de julio de 2013. De ello da
cuenta la Resolución No. 5554 de 19 de noviembre de 2013 “Por medio de la cual se
resuelve un Recurso de Apelación”, información que merece plena credibilidad en la
medida que proviene de la entidad receptora de la solicitud, pues el actor no aportó la
constancia de recibido de su petición, por ende esta prueba permite colegir el momento
real de radicación del escrito.
Hecha la anterior precisión y siguiendo la regla unificadora, se entiende que los efectos
de interrupción de fenómeno extintivo fueron por tres años hacía atrás, lo que nos ubica
en el 30 de julio de 2010, más aún si se tiene en cuenta que la demanda se presentó el
9 de junio de 201421, es decir, dentro de los tres años siguientes a la solicitud.
No obstante, como quiera que los periodos de reclamación administrativa y judicial sobre
los cuales pretende el actor le sean reliquidados sus salarios y prestaciones se enmarca
entre el 16 de abril de 1991 y el 27 de abril de 2003, es claro que el derecho se extinguió
en virtud de la prescripción, en la medida en que la reclamación administrativa no
extiende sus efectos hasta ese lapso –7 años atrás- pues cuando se elevó había
finalizado la oportunidad legal para reclamar el derecho, valga decir, se encontraban
prescritos.
En suma, se configuró la extinción del derecho ante el ejercicio tardío de su reclamación
pues para obtener el pago del periodo finalizado el cargo de juez (27 de abril de 2003),
el demandante disponía hasta el 27 de abril de 2006.
Esto teniendo en cuenta que, la parte demandante pudo exigir el pago de la prima
especial y la reliquidación de las prestaciones sociales y salariales, desde el 7 de enero
de 199322 o posterior a ella, sin dejar transcurrir el periodo de tres años a la
desvinculación del cargo de Juez. Pero como la petición se hizo con posterioridad dicho
término, debe someterse a la configuración del fenómeno prescriptivo, como se analizó
anteriormente.
En segundo lugar, considera la Sala oportuno aclarar que si bien el demandante acreditó
su condición de juez entre los años 1991 a 2003 por lo cual era beneficiario de la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley Marco, y por tanto, siguiendo las reglas de
unificación tenía derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 100%
del sueldo básico y el pago del 30% de la asignación básica a título de prima especial,
lo cierto es que la oportunidad para reclamar el derecho feneció y en esa medida, la
orden impartida por el Juez de Primera Instancia decae en inane pues para el año 2010
no se encontraba desempeñando dicho cargo, sino que, ya había ascendido a la calidad
de Magistrado de Tribunal condición por la cual no elevó pretensiones en la demanda y
mucho menos en la sede administrativa que nos ocupa.
De acuerdo con lo visto, la orden de primer grado de “Reliquidar y pagar al doctor
GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ QUIÑONEZ su salario y prestaciones sociales desde
el 18 de junio de 2010, para lo cual deberá incluirse el 30% de la prima especial de
servicios con carácter salarial, en su calidad de Juez Civil Municipal de Cali. (Sic)”
(Subrayas del Despacho), resulta de imposible cumplimiento, pues como se dijo, en esa
fecha no ostentaba el cargo de Juez.
Por consiguiente, se revocará la sentencia de primer grado para declarar probada la
prescripción y, en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda, por los periodos
enlistados a lo largo de esta providencia, en los que el demandante se desempeñó como
Juez de la República.
[…]
Luego entonces, se declarará la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de
seguridad social en pensión y a favor del demandante, de la siguiente manera:
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06904-01
Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
Periodo comprendido desde el 01 de enero de 1993 y hasta el 27 de abril de 2003 (fecha
de su retiro del cargo de juez): Como quedó visto en este periodo de tiempo la
administración descontó indebidamente el 30% a la remuneración mensual para pagarla
a título de prima; lo que generó que las cotizaciones en seguridad social integral se
hicieran sobre la base del 70% del salario básico.
En consecuencia, por este periodo deberán liquidarse los aportes al sistema de seguridad
social integral sobre el 100% de la remuneración básica dispuesta para el cargo de Juez,
es decir, incluyendo el 30% que se descontó a título de prima especial de servicios.
En virtud del otorgamiento del derecho -realizado por la Ley 332 de 1996- a los jueces y
magistrados, para que el emolumento haga parte de la base de liquidación de las
cotizaciones en pensión, habrá de ordenarse reliquidar los aportes a seguridad social
integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial de servicios considerada
como un plus o adición sobre el salario básico, desde la entrada en vigor de la mencionada
norma -diciembre 19 de 1996- hasta el 27 de abril de 2003.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante era destinatario del pago de la prima
especial que fue liquidada erróneamente por administración judicial en esos periodos y por
tanto, sobre el 30% de la asignación básica – que debió pagar como prima especial – no
se efectuaron los respectivos aportes a pensión, pese a la previsión legal de que aquella
debe conformar la base de liquidación de las cotizaciones en pensión y salud.
Hecha esta observación, habrá de ordenarse reliquidar los aportes a seguridad social
integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial de servicios. Teniendo en
cuenta que únicamente abarca los periodos en que efectivamente el demandante se
desempeñó en el cargo de juez.
Asimismo, deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible, en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud debe ser igual de la contemplada en el Sistema General de
Pensiones.
En atención a la imprescriptibilidad ordenada, la entidad demandada debe realizar los
aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los
respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los
mismos. […]». (sic)
27. Sumado a esto, es pertinente recordar que el demandante presentó solicitud de
aclaración de la providencia de segunda instancia en el sentido de precisar la
manera en que se daría cumplimiento, en especial, lo relacionado con el descuento
de aportes, debido a su imprescriptibilidad, frente a lo cual el tribunal demandado
expidió el auto del 30 de octubre de 2025 con la que la aclaró en el sentido de indicar
que: «[…] En atención al reconocimiento del derecho ordenado (imprescriptibilidad de
aportes), la entidad demandada y el demandante deben realizar los aportes al sistema de
seguridad social integral en los porcentajes ordenados por la ley a cada uno, reportando los
pagos a la entidad administradora de pensiones y salud correspondiente para lo de su
cargo. […]».
28. Vistos los argumentos expuestos en la sentencia atacada, de cara al defecto
sustantivo alegado relacionado con facultar a la entidad demandada para efectuar
descuentos de ley sobre aportes al sistema de seguridad social, pese a que no se
reconoció ningún retroactivo ni suma de dinero a su favor y a que tal posibilidad no
fue solicitada por ninguna de las partes dentro del proceso, resulta pertinente
efectuar algunas consideraciones relacionadas con la prescripción del derecho a la
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Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
prima especial de servicios y la imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social
en pensión.
29. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
30. En la sentencia del 2 de septiembre de 201916, el Consejo de Estado
determinó que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde
la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
31. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada
en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la
reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
32. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales
beneficiarios de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos
salariales expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que
regirá para la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la
sentencia del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales
la que determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
33. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior17 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
34. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
17
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
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Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
35. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0518 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
36. En este orden de ideas, debe reiterarse que el tribunal demandado explicó con
suficiencia las razones por las cuales resultaba procedente el descuento al partir de
la premisa según la cual cotizar en pensión es obligatorio para los empleados y
servidores públicos, lo cual debe realizarse mientras subsista el vínculo laboral, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 100 de 199319.
37. Ahora bien, pese a que no existe reglamentación sobre las reliquidaciones
ordenadas en sentencias cuando en aquellas no se incluye el pago de una suma de
dinero a favor del empleado, ya sea por la declaratoria de prescripción, caducidad
o cualquier otra que impida el pago de dineros adicionales, no es posible desconocer
que las cotizaciones deben realizarse con el fin de impedir la afectación de la
sostenibilidad del sistema pensional. Al respecto, en sentencia del 8 de abril de
202120, esta corporación judicial, sostuvo:
«[…] son los pagos mensuales que debe efectuar el empleado durante su vida laboral,
como un porcentaje sobre la totalidad de sus ingresos mensuales, el cual tiene como
destino el fondo pensional al cual esté afiliado; contribución que, en el caso de los
trabajadores dependientes, se hace a través del empleador, pues por ley éste es el
facultado para efectuarlo. Por consiguiente, la sentencia que otorgue la reliquidación
pensional con inclusión de nuevos factores salariales, debe necesariamente ordenar que
se practiquen los descuentos por concepto de aportes que sobre los mismos debieron
hacerse, pues lo opuesto indicaría que el sistema pensional pudiera verse afectado y,
por ende, desbalanceado. […]».
38. En este orden de ideas, no resulta contrario a la normatividad aplicable que el
tribunal demandado dispusiera el descuento de aportes a la seguridad social, pese
a que no se accedió al pago de sumas de dinero por configuración de la prescripción
extintiva. Por su parte, de considerar que el fallo cuestionado en sede de tutela es
incongruente y extra petita, esto encuadra en la causal preceptuada en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA21 que trata de las nulidades en la sentencia acusada,
razón por la cual podría hacer uso del recurso extraordinario de revisión.
18
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
19
ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de
su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de
cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias
que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad
elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para
el efecto determine el Gobierno.
El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el
descuento al trabajador.
20
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A -
C.P.: William Hernández Gómez - Providencia del 8 de abril de 2021 – Rad.: 63001-23-33-000-2016-
00499-01(0783-18) y Actor: Guillermo Antonio Aguirre Gallego.
21
ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
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Demandante: Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
39. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
40. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
41. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.
42. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
43. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
judicial de primera instancia que declaró la improcedencia del amparo de los derechos
fundamentales invocados por Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez, en la solicitud
de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 13 de abril de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez, en la solicitud de
tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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