Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06911-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06911-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06911-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06911-00
Accionante: Ruth Esther Pinchao Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial proferida en consulta
de incidente de desacato de acción de tutela
Decisión: Niega el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción
de tutela interpuesta por la señora Ruth Ester Pinchao Álvarez, quien actúa en
nombre propio en contra de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, reparación
integral, petición y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, ocurrida
con la expedición de la providencia del 8 de octubre de 2025, al interior del proceso
de consulta de incidente de desacato de fallo de tutela con radicado 11001-33-35-
010-2025-00260-02.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Ruth Esther Pinchao Álvarez presentó petición ante la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas, - en adelante UARIV, solicitando
información sobre la fecha exacta de pago, el número de solicitudes que le
preceden, los montos asignados para indemnizaciones por vigencia fiscal, el
puntaje y turno correspondiente, la cantidad de solicitudes presentadas entre 2019
y 2024, la posibilidad de un pago anticipado para los menores de edad, y si existía
alguna novedad pendiente por subsanar para actualizar el Registro Único de
Víctimas.
3. En virtud de lo anterior, la entidad, mediante respuestas emitidas el 5 de julio, 8
de noviembre y 24 de agosto de 2022 indicó que no era posible determinar una
fecha exacta o probable para el pago, así como tampoco otorgarle un turno para la
indemnización administrativa, pues los desembolsos se generaban conforme a los
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resultados del Método Técnico de Priorización y la disponibilidad presupuestal.
4. Sin embargo, dicha respuesta no fue suficiente para la señora Pinchao Álvarez e
interpuso acción de tutela contra la UARIV, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales 1.
5. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de la sentencia
del 11 de julio de 2025 amparó el derecho fundamental de petición de la señora
Pinchao Álvarez y le ordenó a la UARIV complementar la respuesta del 31 de marzo
de 2025, decisión confirmada en sede de apelación por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído
del 20 de agosto de 2025.
6. El 30 de julio de 2025 la accionante solicitó la apertura del incidente de desacato.
Por consiguiente, la autoridad judicial efectuó los requerimientos correspondientes
y el 15 de septiembre de la anualidad dio apertura al incidente propuesto por la
accionante.
7. Posteriormente, el 16 de septiembre y 1° de octubre de 2025 la UARIV allegó
informe brindando alcance a sus repuestas anteriores, las cuales no satisficieron los
intereses de la accionante.
8. En consecuencia, el Juzgado, a través del auto del 3 de octubre de 2025, declaró
en desacato a los señores Sergio Andrés Agón Martínez y Adith Rafael Romero
Polanco, en calidad de director técnico de Reparaciones y director general de la
UARIV, respectivamente, y los sancionó a cada uno con multa equivalente a un (1)
smlmv.
9. El 6 de octubre de 2025, la entidad reiteró los argumentos expuestos en los
informes rendidos en el transcurso del proceso.
10. Finalmente, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante auto del 8 de octubre de 2025 revocó la sanción por
desacato, al considerar que la UARIV cumplió con la conducta esperada, esto es,
responder la petición elevada el 31 de marzo de 2025 de fondo, clara, precisa y
congruentemente, a pesar de no acceder a lo pedido por la accionante.
2.2. Fundamento jurídico
11. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
reparación integral, petición y los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica, al incurrir en los siguientes defectos:
• Sustantivo: en cuanto desconoció que la UARIV debe comunicarle a la
víctima el periodo que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de
indemnización, conforme a lo previsto en el inciso 4° del artículo 14 de la
1 Debido proceso, petición, igualdad, dignidad, información real y efectiva, verdad, justicia, reparación integral y
oportuna, garantías de no repetición.
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Resolución 1049 de 2019.
• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la sentencia SU
034 de 2018 y los autos 206 de 2017 y 331 de 2019, las cuales fijan una
fecha cierta y razonable de 60 días para resolver peticiones de indemnización
o justificar su imposibilidad, toda vez que la autoridad judicial accionada
convalidó la respuesta insuficiente que brindó la UARIV frente a la petición
radicada el 31 de marzo de 2025.
Asimismo, consideró desconocidas las sentencias T-004 de 2018 y SU-254
de 2013, las cuales prohíben convalidar respuestas meramente formales que
se limitan a explicar el Método Técnico de Priorización sin resolver de fondo
las peticiones sobre plazos, cifras o aplicación de principios constitucionales.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, la parte accionante solicitó:
«1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a
la administración de justicia, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, dignidad
humana y reparación integral, en los términos del artículo 86 de la Constitución
Política y la jurisprudencia SU-388 de 2005, SU-195 de 2012 y T-760 de 2008.
2. Dejar sin efecto el Auto No. 052 del ocho (8) de octubre de 2025, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección E, dentro del grado jurisdiccional de consulta, por constituir vía de
hecho y desconocer la cosa juzgada constitucional reforzada.
3. Mantener en firme, incólume y plenamente vigente el Auto del tres (3) de
octubre de 2025, emitido por el Juzgado Décimo (10°) Administrativo de
Bogotá, que declaró el desacato e impuso sanción a los funcionarios de la
UARIV, al haber verificado la ausencia de cumplimiento material de la orden
impartida en la sentencia de tutela del 11 de julio de 2025, confirmada el 20 de
agosto de 2025.
4. Ordenar al Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Bogotá continuar con el
trámite incidental de desacato y adoptar, dentro de un término perentorio, todas
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento material, efectivo, claro
y congruente de la sentencia mencionada, requiriendo a la UARIV para que fije
el período de entrega de la indemnización administrativa conforme al artículo
14, inciso 4, de la Resolución 1049 de 2019, bajo el enfoque diferencial
reforzado previsto en la Ley 1448 de 2011.
5. Prevenir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca de expedir decisiones
que revivan debates resueltos por fallos de tutela en firme, o que convaliden
prácticas regresivas que desnaturalicen la fuerza vinculante del desacato,
conforme a la jurisprudencia SU-225 de 1998, SU-047 de 2019 y Auto 206 de
2017.
6. Ordenar a la UARIV abstenerse de invocar metodologías administrativas
internas o criterios de priorización para suspender, retrasar o condicionar el
cumplimiento material de órdenes judiciales confirmadas en segunda instancia,
recordando que ningún acto administrativo infralegal prevalece sobre la
sentencia de tutela (art. 4 C.P.; SU-388 de 2005).
7. Disponer que el juez de instancia ejerza seguimiento judicial continuo del
cumplimiento material de la orden impartida, exigiendo informes periódicos
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certificados a la UARIV hasta que la reparación sea satisfecha, conforme a los
estándares de la Corte Constitucional en T-760 de 2008 y T-388 de 2013.
8. Advertir formalmente a los servidores públicos involucrados que la
desobediencia reiterada, injustificada o aparente constituye falta gravísima
sancionable disciplinariamente según la Ley 1952 de 2019, y que, de persistir
la contumacia, se dispondrá la remisión de copias para lo de su competencia.
9. Exhortar a la UARIV para que adopte medidas internas de mejora
administrativa destinadas a evitar la revictimización institucional, garantizar
tiempos razonables, y armonizar la aplicación del método técnico de
priorización con los mandatos constitucionales de progresividad y dignidad
humana, en cumplimiento del Auto 373 de 2016 y la sentencia T-025 de 2004.
10. Recordar que esta solicitud no pretende privilegios, sino el respeto básico
por la dignidad humana, la igualdad material y la efectividad de los derechos
fundamentales reconocidos a las víctimas del conflicto armado, principios que
constituyen eje axial del Estado Social de Derecho». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
13. La acción de tutela objeto de estudio fue admitida mediate auto del 5 de
noviembre de 2025, a través del cual se ordenó a la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y al
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y a los señores Adith
Rafael Romero Polanco y Sergio Daniel Agón Martínez, en calidad de director
general y director técnico de reparaciones de la entidad, respectivamente, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E consideró que la acción de tutela debe ser declarada improcedente
por incumplir el requisito de subsidiariedad, en la medida que trae a colación
argumentos frente a los cuales ya se realizó el análisis jurídico respectivo.
15. Además, adujo que no ha incurrido en ningún defecto ni tampoco en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues la decisión objeto del
grado jurisdiccional de consulta se ajustó a la normatividad, medios probatorios y
jurisprudencia aplicable al caso.
16. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas afirmó que
la competencia respecto de temas de indemnización administrativa está a cargo de
la dirección técnica de reparación de la Unidad para las Víctimas. Por ende, solicitó
su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
17. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
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dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
19. Si bien la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas solicitó
su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
lo cierto es que fungió como entidad accionada en el proceso de tutela que dio lugar
al incidente de desacato, motivo por el cual sí cuenta con interés en el resultado del
proceso. En consecuencia, se negará su petición.
3.3. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad para
cuestionar providencias judiciales. En el evento en que así sea, deberá establecerse
si la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial al expedir la providencia del 8 de octubre de 2025, al interior del proceso de
consulta de incidente de desacato de tutela con radicado 11001-33-35-010-2025-
00260-02.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado
todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
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busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla
con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la
situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición, de conformidad con la Sentencia SU – 034 de 2018.
3.3.1.1. La decisión adoptada en el trámite de desacato se notificó el 9 de octubre
de 2025 y cobró ejecutoria el 17 de octubre de la anualidad.
3.3.1.2. Asimismo, esta Sala considera que los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentran cumplidos, como
pasa a exponerse:
• Tanto los hechos como los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
• Se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios
y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
• La interposición 2 del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable
y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la
notificación de la última providencia cuestionada 3.
• El asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como se expondrá más adelante.
3.3.1.3. Aunado a lo anterior, la parte accionante alegó causales específicas de
procedibilidad, a saber, el defecto sustantivo con ocasión del presunto
desconocimiento del inciso 4° del artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019 y el
desconocimiento del precedente judicial, en relación con las sentencias SU 034 de
2018 y los autos 206 de 2017 y 331 de 2019, T-004 de 2018 y SU-254 de 2013.
3.3.1.4. Los argumentos de la señora Pinchao Álvarez son consistentes con lo
planteado en el trámite del incidente de desacato, pues no se traen a colación
alegaciones nuevas ni se solicitan pruebas que no fueron pedidas en el mismo y
que el juez no tenía que practicar de oficio.
24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
2 4 de noviembre de 2025.
3 9 de octubre de 2025.
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3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
25. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de
la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»4.
26. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas
de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por
su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en
su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
4Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido
declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»5.
27. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
28. La parte accionante manifestó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo al revocar la sanción impuesta por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Bogotá a los señores Sergio Daniel Agón Martínez y Adith Rafael
Romero Polanco, en calidad de director técnico de reparaciones y director general
de la UARIV, respectivamente, a pesar de que no se le comunicó el periodo que
dispone la entidad para efectuar el pago de la medida de indemnización, conforme
a lo previsto en el inciso 4° del artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019.
29. Al respecto, se observa que, en la providencia del 8 de octubre de 2025, la
autoridad judicial transcribió la petición de la accionante encaminada a que se le
brindara información sobre el periodo en que se efectuaría el pago de la
indemnización administrativa, así:
«Petición de 31 de marzo de 2025
(…)
10. Indicar de manera puntual, sencilla y comprensible el puntaje y turno asignado
con el cual, determinara acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el
pago de la medida de indemnización a todas las personas que hacemos parte del
núcleo familiar».
30. Del mismo modo, se refirió al oficio emitido por la UARIV el 1.º de octubre
de 2025, mediante el cual dicha entidad respondió varias inquietudes de la
accionante, especialmente aquella relacionada con el período en que se
realizaría el pago, en los siguientes términos:
«Alcance de 1 de octubre de 2025
(…)
Reitera que el MTP asegura que las personas que obtengan un puntaje que sea
superior al mínimo establecido para cada hecho victimizante reciban el pago de la
indemnización administrativa a ellos reconocida. En consecuencia, resaltó que no
5 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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es posible anticipar qué núcleos familiares serán beneficiados hasta tanto se les
aplique el MTP y se determinen los resultados en cada caso en particular».
31. De lo anterior, manifestó lo siguiente:
«Por lo expuesto, la Sala considera que la UARIV cumplió con la conducta
esperada al expedir las referidas respuestas de 13 y 25 de agosto, 4 y 16 de
septiembre y el alcance del 1 de octubre de 2025, las cuales en su conjunto se
estima que cumplen con lo ordenado en el fallo de 11 de julio del corriente,
confirmado por esta corporación el 20 de agosto de 2025. Además, se acreditó
que dichas respuestas fueron debidamente notificadas a la incidentante al correo
señalado por ella en la petición.
Cabe recordar que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha sostenido
que el derecho de petición no se vulnera por no acceder a lo pedido, sino cuando
la respuesta no cumple con el núcleo esencial de este derecho, es decir, cuando
no responde de forma oportuna, clara, precisa y congruente lo solicitado y en el
presente caso, se estima que a través de los referidos oficios la UARIV respondió
de esa forma y conforme a sus competencias cada uno de los puntos relacionados
en la solicitud de 31 de marzo de 2025.
Así que, teniendo en consideración que la finalidad del presente trámite es obtener
el cumplimiento de la orden emitida por el juez de tutela y no necesariamente la
imposición de la sanción conforme lo ha indicado la Corte Constitucional en
distintos pronunciamientos, la Sala revocará la sanción impuesta a los
incidentados en razón a que mediante el alcance de 1 de octubre de 2025 –el cual
fue debidamente comunicado al correo electrónico señalado por la accionante en
su solicitud– la UARIV contestó la petición que fue objeto de amparo en el fallo de
tutela de 11 de julio de 2025».
32. Como se advierte, la autoridad judicial accionada concluyó que la UARIV
cumplió con la conducta esperada, pues, aunque no accedió a lo pedido, emitió una
respuesta clara, precisa y congruente que fue debidamente notificada al correo de
la incidentante.
33. De conformidad con lo anterior, esta Subsección estima necesario analizar de
manera integral la Resolución 1049 de 2019 6, con la finalidad de establecer si la
respuesta brindada por la UARIV, en efecto, contraría el proceso establecido para
el pago de la indemnización administrativa.
34. Al respecto, el artículo 17 ibidem establece que «el Método tiene como objetivo
generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso de la
medida de indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la
asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados
en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto
de Mediano Plazo del Sector».
35. De otra parte, la Resolución 581 de 2021 7 determinó como criterios de
priorización los siguientes: «tener: A) una edad igual o superior a 74 años, B) una
enfermedad huérfana, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, y C) una
discapacidad».
6 «Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se
crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan
otras disposiciones.
7 «Por la cual se modifica la Resolución 1049 de 2019 en lo que tiene que ver la situación de urgencia manifiesta
o extrema vulnerabilidad en virtud de la edad y se dictan otras disposiciones».
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36. En ese orden de ideas, resulta evidente que la UARIV no contrarió el proceso
establecido para el pago de la indemnización administrativo, por el contrario, le
comunicó a la accionante que el desembolso está condicionado a los resultados
del Método Técnico de Priorización o al cumplimiento de algún criterio de
priorización por parte de la persona interesada, de conformidad con las normas que
rigen el asunto.
37. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que las garantías
propias del derecho de petición se circunscriben a la formulación del escrito, la
pronta resolución, la existencia de una respuesta de fondo y la notificación de la
decisión al interesado 8, mas no necesariamente, una solución beneficiosa.
38. Así las cosas, esta Sala concluye que la decisión judicial adoptada por el
Tribunal no incurrió en el defecto sustantivo aludido, en la medida en que la
respuesta emitida por la UARIV fue clara, precisa y congruente, y la imposibilidad
de establecer una fecha cierta para el pago de la indemnización se encuentra
supeditado a la disponibilidad de los recursos de que se dispongan para tal fin y del
puntaje obtenido a partir del método de priorización, de conformidad con la
normatividad que regula la materia.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
39. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 9, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
40. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
41. Respecto del precedente vertical 10, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
42. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso 11.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
9 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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43. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación 12.
44. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto
45. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente judicial, en relación con la sentencia SU 034 de
2018 y los autos 206 de 2017 y 331 de 2019, las cuales fijan una fecha cierta y
razonable de 60 días para resolver peticiones de indemnización administrativa o
justificar su imposibilidad, toda vez que la autoridad judicial accionada convalidó la
respuesta insuficiente que brindó la UARIV frente a la petición radicada el 31 de
marzo de 2025.
46. Asimismo, consideró desconocidas las sentencias T-004 de 2018 y SU-254 de
2013, las cuales prohíben convalidar respuestas meramente formales que se limitan
a explicar el Método Técnico de Priorización sin resolver de fondo las peticiones
sobre plazos, cifras o aplicación de principios constitucionales.
47. No obstante, como se indicó anteriormente, la UARIV sí respondió la petición
presentada el 31 de marzo de 2025 y, aunque no accedió a lo solicitado, explicó al
accionante las razones por las cuales no podía hacerlo. En particular, señaló que
no era posible indicar un plazo exacto o aproximado para el pago de la
indemnización, pues este se encuentra supeditado a la aplicación del Método
Técnico de Priorización, dado que no existe el presupuesto suficiente para efectuar
el pago a todas las víctimas en un mismo periodo, argumento que ha sido
respaldado por la jurisprudencia de esta Corporación 13.
48. En ese orden de ideas, esta Subsección estima que el Tribunal accionado se
limitó a acatar la jurisprudencia aplicable en asuntos de peticiones y el pago de la
indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado, motivo por el cual,
no se encuentra configurado el desconocimiento del precedente judicial.
49. En consecuencia, se anticipa que se negarán las pretensiones de la acción de
tutela formulada por la señora Ruth Esther Pinchao Álvarez.
12 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
13 Consejo de Estado, ssentencia del 14 de agosto de 2025, con radicado 11001-03-15-000-2025-02495-01.
C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia del 30 de octubre de 2025, con radicado 11001-03-15-000-2025-
02784-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, entre otras.
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50. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas, por los motivos expuestos
previamente.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones formuladas por la señora Ruth Esther
Pinchao Álvarez, de conformidad con las consideraciones de la presente
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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