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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06911-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06911-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 27 de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo solicitado para, en su lugar, declarar improcedente la acción constitucional por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06911-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

12 de febrero de 2026

Demandante: Ruth Esther Pinchao Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06911-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06911-01
Demandante: RUTH ESTHER PINCHAO ÁLVAREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Temas: Tutela contra providencia judicial. Decisión adoptada dentro del
grado jurisdiccional de consulta en el trámite del incidente de
desacato.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del
27 de noviembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 4 de noviembre de 2025, la señora Ruth Esther Pinchao
Álvarez, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E con el fin de que
se garanticen los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y reparación
integral, y amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de petición.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión del proveído del 8
de octubre de 2025 del tribunal accionado que revocó el auto del 3 octubre de la
misma data, que declaró en desacato al director técnico de reparaciones y director
general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (en
adelante UARIV) y los sancionó a cada uno con multa equivalente a 1 smlmv. Todo
en el marco del grado jurisdiccional de consulta por la presunta desobediencia del
fallo de tutela del 11 de julio de 2025, adelantado dentro del radicado 11001-33-35
010-2025-00260-00/01/02.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:

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Demandante: Ruth Esther Pinchao Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06911-01

1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, dignidad humana
y reparación integral, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y la
jurisprudencia SU-388 de 2005, SU-195 de 2012 y T-760 de 2008.

2. Dejar sin efecto el Auto No. 052 del ocho (8) de octubre de 2025, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección E, dentro
del grado jurisdiccional de consulta, por constituir vía de hecho y desconocer la cosa
juzgada constitucional reforzada.

3. Mantener en firme, incólume y plenamente vigente el Auto del tres (3) de octubre de
2025, emitido por el Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Bogotá, que declaró el
desacato e impuso sanción a los funcionarios de la UARIV, al haber verificado la
ausencia de cumplimiento material de la orden impartida en la sentencia de tutela del
11 de julio de 2025, confirmada el 20 de agosto de 2025.

4. Ordenar al Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Bogotá continuar con el trámite
incidental de desacato y adoptar, dentro de un término perentorio, todas las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento material, efectivo, claro y congruente de la
sentencia mencionada, requiriendo a la UARIV para que fije el período de entrega de
la indemnización administrativa conforme al artículo 14, inciso 4, de la Resolución 1049
de 2019, bajo el enfoque diferencial reforzado previsto en la Ley 1448 de 2011.

5. Prevenir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca de expedir decisiones que
revivan debates resueltos por fallos de tutela en firme, o que convaliden prácticas
regresivas que desnaturalicen la fuerza vinculante del desacato, conforme a la
jurisprudencia SU-225 de 1998, SU-047 de 2019 y Auto 206 de 2017.

6. Ordenar a la UARIV abstenerse de invocar metodologías administrativas internas o
criterios de priorización para suspender, retrasar o condicionar el cumplimiento material
de órdenes judiciales confirmadas en segunda instancia, recordando que ningún acto
administrativo infralegal prevalece sobre la sentencia de tutela (art. 4 C.P.; SU-388 de
2005).

7. Disponer que el juez de instancia ejerza seguimiento judicial continuo del
cumplimiento material de la orden impartida, exigiendo informes periódicos certificados
a la UARIV hasta que la reparación sea satisfecha, conforme a los estándares de la
Corte Constitucional en T-760 de 2008 y T-388 de 2013.

8. Advertir formalmente a los servidores públicos involucrados que la desobediencia
reiterada, injustificada o aparente constituye falta gravísima sancionable
disciplinariamente según la Ley 1952 de 2019, y que, de persistir la contumacia, se
dispondrá la remisión de copias para lo de su competencia.

9. Exhortar a la UARIV para que adopte medidas internas de mejora administrativa
destinadas a evitar la revictimización institucional, garantizar tiempos razonables, y
armonizar la aplicación del método técnico de priorización con los mandatos
constitucionales de progresividad y dignidad humana, en cumplimiento del Auto 373 de
2016 y la sentencia T-025 de 2004.

10. Recordar que esta solicitud no pretende privilegios, sino el respeto básico por la
dignidad humana, la igualdad material y la efectividad de los derechos fundamentales
reconocidos a las víctimas del conflicto armado, principios que constituyen eje axial del
Estado Social de Derecho.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por la tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:

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Demandante: Ruth Esther Pinchao Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06911-01

Relató que es madre cabeza de hogar y que ella y su grupo familiar son víctimas
del conflicto armado interno en Colombia, reconocidos en el Registro Único de
Víctimas (en adelante RUV), bajo el hecho victimizante de desplazamiento SIPOD
422398.

Señaló que solicitó a la UARIV el reconocimiento y pago de una indemnización
administrativa, la cual fue concedida mediante la Resolución No 04102019-1220767
del 26 de mayo de 2021.

Afirmó que, el 31 de marzo de 2025, pidió de la aludida entidad información
relacionada con (i) la fecha exacta en la que le sería sufragada la indemnización
administrativa; (ii) la cantidad de requerimientos similares que le anteceden
(priorizados y no priorizados); (iii) el monto destinado al pago de las
indemnizaciones en cada vigencia fiscal; (iv) el puntaje y el turno asignado; (v) el
número de solicitudes radicadas y canceladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 y 2024; (v) la posibilidad de desembolsar un anticipo a los menores de edad
que integran su núcleo familiar; y (vi) la existencia de alguna novedad por subsanar
para actualizar el RUV. Sin obtener respuesta alguna.

Mostró que la administración, previamente, le había dado a conocer, el 5 de julio,
24 de agosto y 8 de noviembre de 2022 que no era posible establecer una fecha
exacta o probable para el pago, así como tampoco asignar un turno para el efecto,
ya que los desembolsos están sujetos a la aplicación del Método Técnico de
Priorización (en adelante MTP) y a la disponibilidad presupuestal. Máxime cuando
no había acreditado situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.

Detalló que, como su petición de 31 de marzo de 2025 no fue atendida, acudió a la
acción de tutela, la cual fue conocida por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá; instancia que, a través de la sentencia del 11 de julio de
2025, (i) evidenció que, en el curso de la actuación, la administración expidió el
oficio de 1º de julio de 2025, con radicado LEX 8646663, que no abordó de manera
clara, de fondo y puntal cada uno de los requerimientos formulados; (ii) amparó su
derecho fundamental de petición; y (iii) ordenó a la UARIV completar la respuesta
brindada. Decisión que fue apelada por la entidad referida.

Puntualizó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por medio del fallo del 20 de agosto de 2025, confirmó lo decidido
por el a quo, porque el oficio «identificado con el código lex 8646663 (sin fecha),
notificado el 1 de julio de 2025, no es una respuesta de fondo a lo solicitado por la
accionante, pues no absuelve cada uno de los numerales elevados».

Esbozó que propició la apertura de un trámite incidental en contra de los
funcionarios de la UARIV que tienen a cargo el cumplimiento del fallo de tutela del
11 de julio de 2025.

Especificó que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
por auto del 3 de octubre de 2025, declaró que el director técnico de reparaciones
y director general de la UARIV incurrieron en desacato y, en consecuencia, los
sancionó a cada uno con multa equivalente a 1 smlmv.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
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Recalcó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por vía del proveído del 8 de octubre de 2025, revocó la anterior
sanción porque la UARIV atendió todos los requerimientos de la señora Pinchao
Álvarez con las respuestas del 13 y 25 de agosto, 4 y 16 de septiembre y el alcance
del 1 de octubre de 2025.

1.4. Sustento de la vulneración

La actora aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Adujo que la providencia del 8 de octubre de 2025 adolece de defectos sustantivo,
fáctico, y procedimental absoluto; desconocimiento del precedente y violación de la
cosa juzgada constitucional, en la medida en que fundó su determinación en
consideraciones que no son propias del incidente de desacato, y convalidó las
«respuestas de la UARIV que son materialmente insuficientes, ambiguas y
violatorias del precedente vinculante».

Estimó que el tribunal accionado avaló la imposibilidad aducida por la UARIV de
informar un plazo exacto o probable de pago de la indemnización administrativa y,
con ello, desconoció el inciso 4 del artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019, que
impone el deber de dar a conocer a la víctima el periodo de que dispone para hacer
efectivo el pago de esa compensación.

Argumentó que la autoridad accionada no tuvo en cuenta que la UARIV no articuló
su respuesta con el precedente del Consejo de Estado que estableció un término
de 60 días para resolver las reclamaciones de indemnización, y la jurisprudencia de
la Corte Constitucional (sentencia SU 034 de 2018 y autos 206 de 2017 y 331 de
2019) que exigió la fijación de una fecha cierta y razonable o la justificación detallada
de esa imposibilidad.

Puso de relieve que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también (i)
desconoció las providencias T-004 de 2018 y SU-254 de 2013 que prohíben
convalidar respuestas meramente formales; (iii) posibilitó que la UARIV aplicara la
Resolución 1049 de 2019, pese a que el caso no guardaba relación, semejanza y/o
analogía; y (iii) dejó de verificar si esa entidad «había cumplido la carga de la prueba
respecto a la imposibilidad de pago».

Denotó, respecto de lo último, que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá evidenció, en su momento, que la UARIV solo allegó «datos
globales» y omitió atender puntualmente la información presupuestal y estadística
requerida, con lo cual «no cumplió a cabalidad lo ordenado».

Arguyó que el fallo de tutela que amparó su derecho fundamental de petición
consolidó una cosa juzgada constitucional reforzada, la cual no permite reabrir la
valoración material del cumplimiento.

Insistió en que la UARIV ha desplegado actuaciones aparentemente formales,
sostenidas en el tiempo, que no satisfacen materialmente la orden emitida dentro
del fallo de tutela del 11 de julio de 2025. Comportamiento que agrava el daño que
afronta, prolonga su afectación y la revictimiza.

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Demandante: Ruth Esther Pinchao Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
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1.5. Trámite de la primera instancia

Por auto del 5 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia
admitió la demanda de tutela, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y como terceros con interés, al juez Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, al director de la UARIV y a los señores Adith Rafael Romero
Polanco y Sergio Daniel Agón Martínez, en calidad de director general y director
técnico de reparaciones de la última autoridad.

1.6. Intervenciones

1.6.1 La UARIV evidenció que no tiene injerencia frente a la solicitud de dejar sin
efecto la providencia del 8 de octubre de 2025, emitida dentro del radicado 11001-
33-35 010-2025-00260-02. Por lo mismo, señaló que no tiene legitimación en la
causa por pasiva y pide su desvinculación, así como la del señor Adith Rafael
Romero Polanco, actual director general de la entidad.

1.6.2 El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá efectuó
la remisión digital del expediente con radicado 11001-33-35-010-2025 00260-00.

1.6.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E reseñó que la acción de tutela es improcedente.

Subrayó que la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela contra
decisiones adoptadas en el marco de otro mecanismo de igual naturaleza resulta
improcedente, salvo en situaciones excepcionales en las que «se configure fraude
que dé lugar a una cosa juzgada fraudulenta».

Estimó que la accionante, en ningún momento, alegó un fraude en el trámite de la
acción de tutela ni en el incidente de desacato o en el grado de consulta. Lo anterior,
si se considera que «su inconformidad se circunscribe a la revocatoria de la sanción
impuesta, en tanto considera que el tribunal reabrió un debate probatorio ya agotado
en el proceso de tutela».

Iteró que, en todo caso, no incurrió en los defectos alegados, por cuanto fundamento
su decisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; verificó que no se hubiera
vulnerado el debido proceso de los funcionarios de la UARIV sancionados; y analizó
los elementos objetivo -incumplimiento de la orden de tutela- y subjetivo -la conducta
de la persona encargada de acatar la orden judicial-, con el fin de establecer si se
debía confirmar o revocar el auto del 3 de octubre de 2025.

Resaltó que la UARIV demostró interés en dar cumplimiento a lo ordenado, al
responder los requerimientos efectuados por el a quo y allegar varias respuestas
que emitió con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del 11 de julio de 2025,
estas son: los oficios del 13 y 25 de agosto, 4 y 16 de septiembre y el alcance del 1
de octubre de 2025.

Enfatizó que la UARIV cumplió con la conducta esperada al expedir las referidas
respuestas, las cuales, en su conjunto, daban cumplimiento a lo ordenado en el fallo

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del 11 de julio de 2025.

Sostuvo que efectuó una valoración exhaustiva del acervo probatorio, al punto que
elaboró un cuadro comparativo entre cada pedimento realizado por la accionante
en la solicitud de 31 de marzo de 2025 y las respuestas brindadas por la UARIV. De
ahí que no existió una omisión probatoria, una insuficiencia de los medios de
convicción o una estimación arbitraria que configure un defecto fáctico.

Expresó que no se apartó del procedimiento fijado en el artículo 52 del Decreto 2591
de 1991 para el grado jurisdiccional de consulta y actuó con competencia, al ser el
superior jerárquico del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.

Concluyó que la actora acudió a la acción de tutela en contravía de su naturaleza
residual, por el hecho de no compartir el auto del 8 de octubre de 2025 que revocó
la sanción impuesta al director general y director técnico de reparaciones de la
UARIV.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 27 de
noviembre de 2025, denegó la desvinculación solicitada por la UARIV y las
pretensiones de la acción de tutela.

Estableció que la UARIV sí tiene interés en el resultado de este mecanismo porque
actuó como como accionada en la tutela que dio lugar al incidente de desacato.

Comprobó que dicha entidad respondió la petición de 31 de marzo de 2025 y,
aunque no accedió a lo requerido, explicó a la accionante las razones por las cuales
no podía hacerlo. «En particular, señaló que no era posible indicar un plazo exacto
o aproximado para el pago de la indemnización, pues este se encuentra supeditado
a la aplicación del Método Técnico de Priorización, dado que no existe el
presupuesto suficiente para efectuar el pago a todas las víctimas en un mismo
periodo», motivación que ha sido respaldada por la jurisprudencia de esta
Corporación.

Estimó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se limitó a acatar la
jurisprudencia relativa al derecho fundamental de petición y al pago de las
indemnizaciones administrativas a las víctimas del conflicto armado.

1.8. Impugnación

Con escrito recibido el 10 de diciembre de 2025, la señora Ruth Esther Pinchao
Álvarez impugnó la decisión de primera instancia, por cuanto desconoce la doctrina
constitucional e incurre en una valoración errónea de los defectos alegados.

Reiteró que el fallo del a quo lo que hizo fue validar la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que se fundó en una «errónea conclusión de que
la UARIV emitió una respuesta "clara, precisa y congruente"».

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Recalcó que la jurisprudencia constitucional ha evidenciado, en casos análogos,
que la información de la UARIV en torno a las indemnizaciones «ha sido confusa,
incompleta, equivocada e incluso contradictoria», ya que no ha utilizado un lenguaje
claro ni ha guardado la diligencia que se espera de la entidad que administra el
Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Enfatizó que las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia T-041 de 2025
deben ser extendidas a los casos, como el de ella, que tienen la misma situación
fáctica y jurídica, lo que garantiza así la igualdad de trato.

Acentuó que la actuación desplegada por la UARIV guarda similitud con los
elementos descritos por la doctrina para el tipo penal de fraude procesal, pues
suministró a la autoridad judicial un acto administrativo con apariencia de
cumplimiento, pero que, en realidad omitió de manera consciente el deber
establecido en el inciso 4 del artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019, esto es,
dar a conocer el período aproximado de pago.

Afirmó que el tribunal accionado «lejos de ejercer el control estricto que exige el
Decreto 2591 de 1991, avaló la respuesta insuficiente y con ello permitió que una
actuación administrativa potencialmente engañosa lograra su propósito: cerrar el
estudio del incumplimiento, perpetuando la incertidumbre y negando la efectividad
del amparo previamente concedido».

Iteró que la decisión de primera instancia es «irrazonable y desproporcionada»,
máxime cuando acepta la excusa de falta de presupuesto y la necesidad de aplicar
el MTP, sin garantizar, en últimas, los principios de progresividad y enfoque
diferencial.

Exhibió que en el acervo probatorio obran dos respuestas de la UARIV, a saber: «(i)
la proferida a favor de la señora Stella Flor Luligo, en la cual se le fija un cronograma
concreto de pago, con inclusión en ejecución para noviembre de 2025, dispersión
el último día hábil de ese mes y notificación en diciembre de 2025; y (ii) la emitida a
favor del señor Manuel Isaac Berrío López, mediante la cual igualmente se le
reconoce una “ruta prioritaria según la Resolución 582 de 2021” y se le establece
un horizonte temporal definido para el desembolso en noviembre de 2023»
Documento que ponen en evidencia que la UARIV sí fija fechas y plazos concretos
cuando así lo quiere.

Repitió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lejos de ejercer el control
estricto que le impone el Decreto 2591 de 1991 frente al cumplimiento material de
las órdenes de tutela, avaló una respuesta manifiestamente insuficiente y, con ello,
permitió que se perpetue la incertidumbre y se niegue la eficacia del amparo
reconocido.

Desarrolló, nuevamente, los defectos planteados en el escrito inicial de este
mecanismo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

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La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) procedencia de la
acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato; (iii) grado
jurisdiccional de consulta en el trámite del incidente por desacato; (iv) requisitos de
procedibilidad adjetiva y de encontrarse superados, y (v) estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a

1 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato

Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que
se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:

[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en
el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte
ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada […]2.

2 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06911-01

En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional
es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio
del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel
es una responsabilidad subjetiva […]»3 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad
objetiva, en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es
necesario que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o
culposamente del agente.

La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que
pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa
incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no
puede ser utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del
interesado […]4.

El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe
verificar de manera rigurosa.

Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario
el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar
a la imposición de sanciones5.

Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra
limitado a establecer:

i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,
ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se pueda
reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido
de aquella.

2.5. Grado jurisdiccional de consulta en el trámite del incidente por desacato

3 Sentencia T-763 de 1998
4 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011
5 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a la

naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada
por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la
comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la
responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los
presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia
de esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá
el examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales».

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Es un control que funciona automáticamente, y busca garantizar la corrección de la
sanción, en caso de que sea impuesta por el juez de primera instancia. Al respecto
en la sentencia C-243 de 1996, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo
52 del decreto 2591 de 1991, se dijo:

[…] la correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991,
parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce
de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un
trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del
recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado
de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico
revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no se erige
como un medio de impugnación. Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de
tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata
de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de
celeridad6.

En esa medida, el juez que decide la consulta ejerce su competencia sobre dos
asuntos estrechamente relacionados pero diferentes. Primero, debe verificar si hubo
un incumplimiento y si este fue total o parcial. En ambos casos apreciará en las
circunstancias del caso concreto la causa del incumplimiento con el fin de identificar
el medio adecuado para asegurar que se respete lo decidido. Segundo, una vez
verificado el incumplimiento, el juez de consulta debe analizar si la sanción impuesta
en el incidente de desacato es la correcta. Ello comprende corroborar que no se ha
presentado una violación de la Constitución o de la ley, y asegurarse de que la
sanción es adecuada, dadas las circunstancias específicas de cada caso, para
alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acción de tutela, es decir,
asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia.

En el evento en que el juez en consulta encuentre que no ha habido incumplimiento,
no procede la sanción por desacato. Igualmente, cuando el juez en consulta estime
que la sanción impuesta no es correcta, puede adoptar una decisión que reúna las
condiciones que señala la Corte Constitucional.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia Constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este presupuesto
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:

«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente

6 Corte Constitucional, sentencia C-243/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) En este fallo se resolvió

declarar exequible la disposición acusada salvo un aparte en el que se indicaba que la consulta se
da en efecto devolutivo.

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económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)

En el asunto sub judice, la señora Ruth Esther Pinchao Álvarez cuestionó el
proveído del 8 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E que revocó la decisión que declaró en desacato al
director técnico de reparaciones y director general de la UARIV y los sancionó a
cada uno con multa equivalente a 1 smlmv.

En su sentir, dicha determinación adolece de defectos sustantivo, fáctico, y
procedimental absoluto; desconocimiento del precedente y violación de la cosa
juzgada constitucional, en la medida en que (i) fundó su determinación en
consideraciones que no son propias del incidente de desacato; (ii) convalidó las
«respuestas de la UARIV que son materialmente insuficientes, ambiguas y
violatorias del precedente vinculante»; y (ii) desconoció el inciso 4 del artículo 14 de
la Resolución 1049 de 2019, y el precedente del Consejo de Estado y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias SU 034 de 2018, T-004 de
2018 y SU-254 de 2013 y autos 206 de 2017 y 331 de 2019). Proceder que, en su
sentir, perpetúa la incertidumbre; niega la efectividad del amparo concedido;
prolonga la afectación del daño y la revictimiza.

Al descender al caso concreto, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante auto del 8 de octubre de
2025, revocó la sanción impuesta al director técnico de reparaciones y director
general de la UARIV porque con las respuestas ofrecidas, se entiende por
contestada la petición que fue objeto de amparo en el fallo de tutela de 11 de julio
de 2025.

Determinó que la UARIV, en el trámite incidental, demostró interés en acatar lo
ordenado, al punto que al analizar uno a uno los pedimentos de la accionante,
determinó que todos fueron atendidos en las respuestas de 13 y 25 de agosto, 4 y
16 de septiembre y el alcance del 1 de octubre de 2025.

Por lo tanto, concluyó que la UARIV cumplió con la conducta esperada al expedir
las referidas contestaciones, «las cuales en su conjunto se estima que cumplen con
lo ordenado en el fallo de 11 de julio del [2025]. Además, se acreditó que dichas
respuestas fueron debidamente notificadas a la incidentante al correo señalado por
ella en la petición».

De la revisión de los cargos plateados por la accionante, los elementos probatorios
imperantes y del auto cuestionado, la Sala estima que el asunto no goza de
relevancia constitucional y, por ende, se debe revocar la decisión de primera
instancia.

En efecto, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la identidad
o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales,
toda vez que la discusión planteada por la tutelante pone en evidencia una
inconformidad con la conclusión a la que llegó el tribunal dentro del grado

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jurisdiccional de consulta identificado con el radicado 11001-33-35 010-2025-
00260-02.

En efecto, se hace evidente que la señora Ruth Esther Pinchao Álvarez busca
imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, lo cual denota un desconcierto
respecto al sentido de la decisión; máxime si se tiene en cuenta que esa autoridad
judicial, analizó uno a uno los requerimientos de la antes nombrada y estableció que
todos fueron atendidos, a través de las diversas respuestas que dio la UARIV.

Ahora bien, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el
escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se evidencia
prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada ni un desconocimiento de la condición de sujeto de especial
protección de la actora, al ostentar la calidad de víctima del desplazamiento forzado.

Inclusive, se echa de menos un análisis concreto de cómo la autoridad accionada
excedió el marco de su competencia y/o cuál o cuáles respuestas de la UARIV son
materialmente ilegales por desconocimiento el inciso 4 del artículo 14 de la
Resolución 1049 de 2019, omisivas, insuficientes y/o ambiguas para efecto de
evidenciar que se debía mantener la sanción que impuso el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Lo anterior, pone de relieve el
argumento según el cual, el presente mecanismo constitucional viene a plantear
inconformidades de la actora.

En suma, en el presente caso, se advierte que el objetivo de la señora Pinchao
Álvarez es convertir la acción de tutela en una tercera instancia, en la que no se
exponen elementos que permitan colegir la trasgresión de garantías
constitucionales y sus reparos no trascienden del ámbito de la apreciación personal
respecto de la providencia cuestionada.

Por otra parte, la accionante señaló que el auto del 8 de octubre de 2025 se aparta
de un precedente del Consejo de Estado y de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencias SU 034 de 2018, T-004 de 2018, SU-254 de 2013, T-041
de 2025 y autos 206 de 2017 y 331 de 2019) que, de una u otra forma, prohíben
convalidar respuestas meramente formales, pero no cumple con la carga de
acreditar que los casos analizados en esas providencias son similares o idénticos
al suyo, ni argumenta el por qué el grado jurisdiccional de consulta debe ser decidido
en sentido contrario.

Conforme con lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia que
negó el amparo de los derechos fundamentales de la señora Ruth Esther Pinchao
Álvarez, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir
el presupuesto de la relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 27 de noviembre de 2025, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo solicitado
para, en su lugar, declarar improcedente la acción constitucional por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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