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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06917-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06917-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jaime Chávez Suárez, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Reconocer personería al abogado Édgar Leonardo Bojacá Castro como apoderado de la Contraloría General de la República, en los términos del poder allegado con la tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06917-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-00
Accionante: JAIME CHÁVEZ SUÁREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra acto administrativo que declaró
la responsabilidad fiscal. Defectos sustantivo y fáctico. Requisito de
la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jaime Chávez Suárez, quien actúa mediante apoderado
judicial, contra la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de noviembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica, confianza
legítima y pro homine, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Se deje sin efectos las siguientes providencias judiciales: Sentencia del 18 de octubre de
2018, proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y b) Sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Estas decisiones
fueron expedidas dentro del Proceso judicial del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación inicial 25000234100020140142800

En consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda presentada por mi
poderdante y que dio lugar al proceso judicial del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación inicial 25000234100020140142800”.

2. Hechos

El accionante relató que fue representante legal de la EPS SaludCoop entre los
años 1998 a 2010, tiempo en el que desarrolló actividades de aseguramiento,

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Demandante: Jaime Chávez Suárez

atención y gestión del riesgo en salud conforme a lo establecido en la Ley 100 de
1993.

Afirmó que la Contraloría General de la República en auto núm. 010 de 4 de abril
de 2011, abrió indagación preliminar con ocasión de unas denuncias sobre
presuntos desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad
Social y sobrecostos de medicamentos. Posteriormente, en auto núm. 000277 de 7
de noviembre de 2012, la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva imputó responsabilidad fiscal, entre otros, al señor
Jaime Chávez Suárez, en cuantía de $1.376.622.593.000.

Sostuvo que la Contraloría General de la República en decisión núm. 01890 de 13
de noviembre de 2013, declaró la responsabilidad fiscal del señor Chávez Suárez,
decisión que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio de apelación, los
cuales fueron resueltos de manera desfavorable en auto núm. 405 de 3 de febrero
de 2014 y en la decisión núm. 011 de 11 de febrero de 2014.

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Contraloría General de la República, con la
pretensión de que se anularan los fallos de responsabilidad fiscal, así como los
autos que resolvieron los recursos, y a título de restablecimiento del derecho se
dejara sin efecto la obligación de pago de la sanción impuesta.

Señaló que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 18 de octubre de 2018, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en tanto declaró la nulidad parcial de la decisión de
responsabilidad fiscal núm. 01890 de 13 de noviembre de 2013, del auto núm. 405
de 3 de febrero de 2014 y de la decisión núm. 011 de 11 de febrero de 2014, y
ordenó a la Contraloría General de la República que solo exigiera y cobrara, de
manera solidaria, “únicamente los valores liquidados como daño patrimonial
correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, cuyos
montos, de manera individual, se constatan en los folios 101 a 109 y 143 del Fallo de
responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, esto es, la suma de UN
BILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON DIECISÉIS
CENTAVOS ($1.164.075.857.019,16)”.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación. La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 8 de mayo
de 2025, la confirmó íntegramente, por considerar que los argumentos planteados
en el recurso de apelación no resultaban suficientes para la configuración de las
causales de nulidad alegadas en la demanda.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con requisitos generales de
procedencia, en tanto i) las sentencias objetadas vulneran su derecho fundamental
al debido proceso por la deficiente valoración probatoria, lo que demuestra la
relevancia constitucional, ii) no cuenta con otro mecanismo de defensa para
reprochar las decisiones de las autoridades judiciales accionadas, iii) la solicitud de
amparo se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a la última providencia
que se profirió en el proceso, iv) se identificaron los hechos que vulneraron sus
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Demandante: Jaime Chávez Suárez

derechos fundamentales y v) no se ataca una providencia dictada en otra acción de
tutela.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo,
toda vez que quebrantaron el principio de legalidad, como componente del debido
proceso, ante la falta o indebida aplicación de las normas jurídicas y la
jurisprudencia aplicable sobre los recursos de la salud, las normas contables
aplicables y la normatividad de la responsabilidad fiscal.

Sostuvo que en las sentencias objetadas se indicó que las EPS no pueden usar
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para prestar servicios
directamente, postura que desconoce el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, que
establece que la función básica de las EPS es organizar y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del POS. Además, que el artículo 180 de la misma
normativa autoriza a las EPS a crear IPS propias bajo ciertos requisitos.

Agregó que de las sentencias SU-480 de 1997, C-572 de 2003, C-1041 de 2007 y
C-262 de 2013 de la Corte Constitucional, se observa que las EPS estaban
abiertamente facultadas por la ley para prestar directamente los servicios de salud
del POS y, además, se acepta que las entidades promotoras de salud pueden
integrarse verticalmente con IPS para prestar directamente el mencionado servicio.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas señalaron que las UPC son para
1

financiar servicios del POS, mas no activos fijos, lo que omite que no existe norma
expresa que prohibiera que las EPS utilicen los recursos de la UPC para inversiones
en infraestructura durante los años 1998 a 2010.

Resaltó que en la sentencia C-262 de 2013 de la Corte Constitucional, se reconoció
la ausencia de prohibición legal y la posibilidad de destinar recursos al
fortalecimiento institucional si se orientaban a la garantía del POS. Además, que
las limitaciones de la Ley 1438 de 2011 o la interpretación de la Contraloría General
de la República sobre el uso de la UPC no pueden aplicarse a períodos anteriores
en los que no existía norma expresa que restringiera esas inversiones.

Aseguró que en las providencias objetadas se consideró ilegal las inversiones de
Saludcoop por estar destinadas a actividades de prestación directa, desconociendo
que el aseguramiento incluye la organización y garantía del acceso, lo que permite
integrar las IPS propias si esto optimiza la prestación del POS. Sin embargo, no
existe norma ni jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se restringa a
las EPS el uso de los recursos obtenidos por concepto de copagos y cuotas
moderadoras para actividades legítimamente vinculadas con su objeto misional,
como la adquisición de activos fijos, infraestructura para la prestación de servicios
del POS o para la administración de la entidad promotora, o la constitución de
sociedades que presten servicios complementarios al asegurado.

Afirmó que la tesis de la Sección Primera del Consejo de Estado, según la cual la
sentencia C-262 de 2013 no podía aplicarse al caso por tratarse de una decisión
posterior a los hechos fiscalizados (1998 a 2010), vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, pues la Corte Constitucional en la
mencionada decisión no se limitó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de una
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Unidad de Pago por Capitación.
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norma nueva, sino que examinó directamente el contexto normativo y
jurisprudencial previo al año 2011.

Agregó que no se trata de extender retroactivamente una norma nueva, sino de
aplicar la interpretación conforme al artículo 241 de la Constitución Política, lo que
corresponde de manera exclusiva a la Corte Constitucional. Por consiguiente, la
sentencia C-262 de 2013 es aplicable para valorar la legalidad de las decisiones de
la Contraloría General de la República en relación con hechos ocurridos entre los
años 1998 a 2010, porque no introdujo una nueva regla, sino que reconoció la
ausencia de prohibición expresa en dicho período y precisó cómo debía entenderse
la destinación de la UPC y el carácter apropiable del excedente operacional.

Señaló que las sentencias objetadas incurrieron en un error al sostener que los
recobros por servicios no POS no constituían recursos propios de la EPS, porque
no se demostró que estos hubieran sido pagados con recursos distintos a la UPC,
sin embargo, ninguna norma vigente entre 1998 al 2010 obligaba a las EPS a
sufragar los mencionados servicios con recursos propios o de crédito. Igualmente,
la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008 reconoció el carácter
obligatorio de los recobros y el derecho de las EPS a obtenerlos oportunamente.

Asimismo, mencionó que las Resoluciones núm. 1804 de 2004 y 724 de 2008 de la
Superintendencia Nacional de Salud que establecieron el Plan Único de Cuentas
de las EPS, en las que previeron expresamente el registro contable de los servicios
no POS y de los recobros al extinto Fosyga, lo que demuestra que dicho recobro
constituye un recurso propio de las entidades promotoras, pues ingresa como
compensación de un costo ya registrado en el estado de resultados. Agregó que
ordenar que los reembolsos deban volver al ciclo de la UPC generan un
desequilibrio económico y un doble costo para la EPS.

Indicó que la EPS no está obligada a demostrar que los servicios no POS se
pagaron con recursos propios o crédito, pues la carga la tiene la Contraloría General
de la República de probar que se desviaron dineros parafiscales.

Sostuvo que la Contraloría General de la República no demostró que el actor obró
con dolo o con culpa grave, porque el ente de control simplemente asume que si
conocía las normas y, en consecuencia, se configuró el dolo, pero sin demostrarlo.

Por otro lado, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico, “porque a las pruebas obrantes dentro del expediente se les dio
consecuencias irrazonables y desproporcionadas a su naturaleza”.

Aseguró que hubo una indebida valoración probatoria de los testimonios del señor
Jaime Arias y Gustavo Morales Cobo, las actas del Consejo de Administración de
Saludcoop y a los conceptos de entidades públicas, entre ellas, de la misma
Contraloría General de la República. Igualmente, se desconoció el dictamen pericial
elaborado por los contadores Luis Humberto Ramírez Barrio y Luis Abelardo
Ramírez Malaver, pues se declaró probada las objeciones propuestas por la
Contraloría General de la República.

Por último, manifestó que “el desconocimiento en este asunto del principio de pro
homine implicó la consecuente y evidente violación de los derechos fundamentales
de mi cliente, debido a que es evidente que existe otra interpretación al respecto de
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los hechos objeto del proceso judicial bajo estudio que, en resumen, es favorable
al ser humano y a su dignidad”.

4. Trámite procesal

Por auto de 6 de noviembre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales accionadas.
Asimismo, a la Contraloría General de la República, como terceros interesados en
el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 169285, 169277 a
169281 de 10 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Primera

El magistrado del despacho ponente de la decisión de segunda instancia solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que el propósito de la parte accionante es reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y atacar las decisiones allí adoptadas, so pretexto de que se
incurrió en un defecto sustantivo y fáctico, cuando en realidad está discutiendo las
consideraciones plasmadas en la sentencia acusada.

Sostuvo que la parte actora omitió explicar e identificar en el escrito de tutela en
qué aparte de la sentencia acusada interpretó el artículo 177 de la Ley 100 de 1993,
pues fundamentó la configuración del defecto sustantivo en una supuesta indebida
interpretación del mencionado artículo, pero tal interpretación no fue abordada en
la providencia, de manera que el endilgado defecto parte de una premisa que no
corresponde con el contenido de la providencia atacada. Agregó que el accionante
no cumplió con la carga de identificar las normas infringidas o la interpretación
irrazonable de la norma, en la providencia objetada.

5.2. Respuesta de la Contraloría General de la República

El apoderado de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela o, en su lugar, se niegue el amparo solicitado por la inexistencia de la
vulneración de algún derecho fundamental.

Señaló que el accionante utiliza la solicitud de amparo como una tercera instancia,
con el fin de proponer una nueva valoración de las pruebas, los elementos de la
responsabilidad fiscal y de las actuaciones que adelantó la EPS.

Indicó que el demandante cuenta con el recurso extraordinario de revisión, lo que
a su vez conlleva que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

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Para terminar, manifestó que las decisiones judiciales censuradas son compatibles
con el debido proceso, la presunción de legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Contraloría General de la República, la importancia constitucional
de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud y con el respeto de los
parámetros aplicables al trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
establecidos en la Ley 610 de 2000.

5.3. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, guardó silencio a pesar de que notificó en debida forma el auto
admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica, confianza
legítima y pro homine del accionante.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese
tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión
objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en
el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus
objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces,
que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos
que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Jaime Chávez Suárez, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
considera que la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica, confianza
legítima y pro homine, con las sentencias de 8 de mayo de 2025 y 18 de octubre
de 2018, en su orden, en las que se anuló parcialmente los actos administrativos
que lo declararon responsable fiscalmente.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, para lo cual se
mencionarán las actuaciones y argumentos más relevantes del proceso ordinario 6,
así:

El señor Jaime Chávez Suárez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Contraloría General de la República7, con el fin de que se anulara:
i) la decisión con responsabilidad fiscal núm. 01890 de 13 de noviembre de 2013,
ii) el auto núm. 0405 de 3 de febrero de 2014 y iii) el “fallo de apelación y consulta”
núm. 011 de 11 de febrero de 2014. A título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se dejara sin efecto la obligación de pago de la suma de
$1.421.174.298.105,40, el reconocimiento y pago de los perjuicios morales
causados por las decisiones antes mencionadas equivalente a 500 smlmv y el pago
de los perjuicios por el daño causado a la alteración grave a las condiciones de
existencia por valor de 500 smlmv.

Por lo anterior, el demandante alegó, entre otros cargos, la falsa motivación por la
indebida aplicación del artículo 177 y 182 de la Ley 100 de 1993 y sus normas
reglamentarias, por la indebida aplicación de las normas sobre la identificación e
inversión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
específicamente en lo relacionado con los recursos de la Unidad de Pago por
Capitación -UPC- y los recursos de las cuotas moderadoras y copagos, como lo
relacionado con servicios no POS.

Asimismo, alegó que las afirmaciones que se plasmaron en las decisiones de
responsabilidad fiscal no se ajustan a lo resuelto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-262 de 2013, en lo atinente en que la prestación del servicio de salud,
directa o indirectamente por la EPS, es parte de las funciones a su cargo que son
financiadas con la UPC y otros recursos del sistema.

Agregó que las normas que regulan el sistema de salud señalan que la UPC se
destina para cubrir el POS y la financiación del sistema, por lo que se ha entendido
que ello cubre la atención en salud y los gastos administrativos.

La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 18 de octubre de 2018, declaró probadas las
objeciones formuladas por la Contraloría General de la República contra el
dictamen pericial rendido dentro del proceso por dos contadores públicos 8. Luego,
desestimó la tacha de testigo formulada por la entidad demandada. Por otro lado,
declaró la nulidad parcial del fallo de responsabilidad fiscal núm. 01890 de 13 de
noviembre de 2013, del auto núm. 00504 de 3 de febrero de 2014 y del fallo de
apelación y consulta núm. 011 de 11 de febrero de 2014, única y exclusivamente,
6
Se advierte que, si bien no se plasman la mayoría de cargos que se plantearon en el proceso ordinario y que fueron objeto
de análisis por parte del juez natural del asunto, lo cierto es que estos fueron estudiados por la Sala, cuestión diferente es
que, con un fin práctico y por razones de metodología solo se mencionan los más relevantes para la acción de tutela.
7
Radicado núm. 25000-23-41-000-2014-01428-01
8
Señores Luis Humberto Ramírez Barrio y Luis Abelardo Ramírez Malaver.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00
Demandante: Jaime Chávez Suárez

en cuanto se le impuso al señor Jaime Chávez Suárez la obligación de resarcir al
patrimonio público la cuantía indexada de $1.421.178.399.072,78.

En consecuencia, ordenó a la Contraloría General de la República abstenerse de
cobrar el valor total del daño fiscal ($1.421.178.399.072,78), sino que, solo exija,
de manera solidaria, únicamente los valores liquidados como daño patrimonial
correspondientes a los años 2002 a 2010, cuyo monto corresponde a
$1.164.075.857.019,16.

En lo relacionado con el dictamen pericial presentado por la parte demandante, el
Tribunal indicó que las afirmaciones de los contadores públicos carecían de
firmeza, precisión y claridad, pues llegan a conclusiones sin hacer un análisis
detallado y minucioso de la situación que les permitiera realmente refutar la
auditoría detallada y completa que si elaboró el ente de control fiscal y que
demostraba el daño fiscal.

En cuanto al cargo relacionado con la indebida aplicación del marco normativo que
regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Tribunal señaló que no
era de recibo la afirmación del demandante consistente en que con cargo a los
recursos de la UPC podía invertirse en activos fijos, pues, como se indicó, las
normas vigentes para la época en que se configuraron los hechos objeto de
reproche en los actos administrativos acusados prohibían tales conductas.

Agregó que no era suficiente que el demandante alegara que los recobros no POS,
reembolsos del SOAT, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, son
recursos de la EPS porque esos gastos se cubrieron con recursos propios, sino que
ante lo evidenciado por la Contraloría General de la República, debió desvirtuar con
pruebas las conclusiones a las que llegó el ente de control fiscal y demostrar que,
en efecto, la EPS contó y sufragó con recursos propios los gastos correspondientes
a los servicios o procedimientos no POS, lo cual no ocurrió.

Por otra parte, frente a las normas referentes a la inversión de los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud precisó que la Resolución núm. 724
de 2008 no autorizó a realizar gastos, inversiones y operaciones con cargo a los
recursos parafiscales, cuando lo cierto es que dicho acto solo contiene el catálogo
y/o relación de cuentas a efectos de que se lleve la información contable por parte
de las EPS, ordenadas por clase, grupo, cuenta y subcuenta del activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, gastos, costos de los servicios, cuentas de orden deudoras y
cuentas de orden acreedora, para los respectivos controles contables.

Asimismo, el Tribunal, en lo relacionado con que no existe una reglamentación que
enumere específicamente los gastos administrativos que se consideran
relacionados con la prestación del servicio de salud, advirtió que la Corte
Constitucional ha indicado que recursos del sistema pueden ser destinados a
gastos administrativos, siempre que los mismos tengan por objeto la garantía que
el sistema pueda operar y llevarse a cabo los gastos médicos, por lo que esta
censura tampoco estaba llamada a prosperar.

De otro lado, en lo referente con la sentencia C-262 de 2013 y la supuesta
interpretación consistente en que las EPS pueden invertir en activos fijos con el fin
de cumplir su objetivo que no es otro que la prestación del servicio de salud directa
o indirectamente, aclaró que la responsabilidad fiscal no deviene del supuesto de
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Demandante: Jaime Chávez Suárez

si la EPS podía o no invertir sus recursos propios y recursos del crédito en la
adquisición de activos fijos, sino del hecho de que fueron con recursos parafiscales
o públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que se financiaron
gastos que no guardaban relación de causalidad con los gastos o costos
ocasionados en la prestación de servicios incluidos en el POS y de los gastos
administrativos que guarden una relación de causalidad con dichos servicios y lo
que le correspondía a la parte demandante era desvirtuar los hallazgos encontrados
por el ente de control frente a las operaciones e inversiones que se hicieron, que
bien pudo realizar la EPS con recursos propios, pero se habían sufragado con
recursos parafiscales.

Agregó que no debía desconocerse que los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son parafiscales, es decir, son recursos públicos que las
EPS y el Fosyga administran, y deben invertirse exclusivamente en beneficio del
sistema, dado que tienen una destinación específica, y que la Unidad de Pago por
Capitación se trata de recursos parafiscales que pertenecen al mencionado
sistema, que debían ser utilizadas para la prestación de los servicios de salud
previstos en el POS, sin que puedan catalogarse como rentas propias de la EPS.

El señor Jaime Chávez Sánchez interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, para lo cual, en primer lugar, desarrolló unos acápites en los que explicó
aspectos generales sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, el papel de las EPS, los recursos de la salud, entre otros temas.

En segundo lugar, se refirió a la objeción del dictamen pericial, para lo cual
manifestó que los contadores públicos que lo elaboraron cuentan con amplia
experiencia en su profesión y, además, que se omitió que dicha prueba técnica se
aportó al proceso con el fin de que se evidenciara que Saludcoop no usó lo recursos
parafiscales en aquellas operaciones o inversiones que son inaceptables para la
Contraloría General de la República.

Por otro lado, volvió a plantear los reparos relacionados con i) los recursos
provenientes de los recobros por servicios no POS y de accidente de trabajo y
enfermedad profesional y ii) la falsa motivación por la indebida aplicación de las
normas sobre inversión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud y los gastos de las EPS, entre otros cargos.

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 8 de mayo de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual precisó que los reproches
presentados en el recurso de apelación se circunscriben a la objeción del dictamen
y a la negativa de las pretensiones, por lo que no se hizo ningún estudio respecto
a lo que resultó favorable en primera instancia.

Luego, señaló que le asistió razón al a quo al declarar probada la objeción grave
frente al dictamen aportado por el demandante, pues lo pretendido con dicha
prueba era “evaluar y analizar” la información contable y financiera de la decisión
con responsabilidad fiscal núm. 001890 de 2013, cuando la Contraloría General de
la República fundamentó la decisión en el informe técnico contable y financiero de
4 de octubre de 2011, respecto del manejo de los recursos parafiscales
administrados por parte de la EPS Saludcoop. Por consiguiente, en sede
administrativa debió controvertirse el mencionado informe técnico, sin embargo, lo
que se observa es que, en sede judicial, se pretendió aportar un dictamen para
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cuestionar lo decidido en sede administrativa de lo establecido en el mencionado
informe, cuando del mismo se corrió traslado a las partes durante el trámite del
proceso fiscal y el hoy demandante no lo controvirtió.

Agregó que en el proceso ordinario no puede el demandante “objetar” en sede
judicial las conclusiones vertidas en la decisión de responsabilidad fiscal, cuando
en realidad lo que pretende es cuestionar el informe técnico frente al cual en el
proceso fiscal no manifestó objeción alguna.

En lo relacionado con la funcionalidad del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y sus recursos, precisó que dichos argumentos no están encaminados a
desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la decisión de
responsabilidad fiscal o, en su defecto, que los actos acusados transgredan las
normas superiores en que deberían fundarse o que se hayan expedido con
violación del derecho de audiencia y de defensa. Por el contrario, está encaminado
a manifestar que en dado caso de resarcir la suma impuesta en el fallo con
responsabilidad fiscal y pagarlo al ADRES, los recursos parafiscales van a perder
la naturaleza jurídica, sin embargo, ese aspecto es ajeno al proceso de
responsabilidad fiscal porque precisamente no ataca los fundamentos de la
decisión de la Contraloría General de la República.

Resaltó que en el fallo de responsabilidad fiscal se detallaron cada una de las actas
de las sesiones del consejo de administración que demostraron la participación del
señor Chávez Suárez en las decisiones determinantes en la destinación y
desviación de los recursos parafiscales, así como las operaciones indebidas que
se aprobaron y ejecutaron sobre recursos públicos.

Por otra parte, la Sección Primera del Consejo de Estado se refirió al reproche
planteado por el demandante relacionado con que las inversiones efectuadas en
infraestructura y equipos médicos para la prestación directa del servicio de salud
no constituye desviación de recursos parafiscales porque se trata de actividades
propias del objeto de la EPS orientadas a garantizar la prestación del servicio de
salud, sin embargo, la autoridad judicial accionada aclaró que el actor sustentó sus
reparos sin tener en cuenta el fundamento de la Contraloría General de la República
para declarar la responsabilidad fiscal, puesto que el organismo de control precisó
que la naturaleza parafiscal de los recursos que manejaba Saludcoop tenían una
destinación específica, mientras que el demandante pretende justificar las
inversiones en el objeto de la EPS cuando ello no constituye la razón de la sanción
impuesta.

Agregó que para la declaración de nulidad de los actos acusados se requería que
estuviera evidenciada la existencia de una falsa motivación de hecho o de derecho
o una infracción en las normas superiores en las que debieron fundarse, lo que
precisamente explica que se cuestione el contenido del acto para que se pueda
determinar si se configura o no algún yerro. Por consiguiente, la nulidad no se
predica partiendo de argumentos que no tengan relación con lo resuelto por el
organismo de control.

Con respecto al argumento relacionado con la falsa motivación por la indebida
aplicación de la Ley 100 de 1993 y demás normas que la reglamentan, la autoridad
judicial accionada precisó que “en este reproche se remite al contenido de los
argumentos indicados en la demanda, en parte debido a que la sentencia de
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primera instancia se remitió a las consideraciones precedentes al tratarse de un
punto ya estudiado. En ese escenario, no es posible desprender las razones de
inconformidad con la decisión del a quo y, por el contrario, se trata de aspectos que
ya fueron abordados por esta Sala en los cargos examinados”.
En esos mismos términos, se refirió al cargo relacionado con la falsa motivación y
violación de las normas en que deberían fundarse, por la indebida aplicación del
marco normativo que identifica los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, el cual la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que
no tenía la virtualidad de controvertir lo resuelto en la sentencia de primera
instancia.
Por otro lado, se refirió al alegato encaminado a señalar que el artículo 182 de la
Ley 100 de 1993 permite que los recursos de la UPC sean invertidos en activos
fijos de tecnología y hotelería, sin embargo, aclaró que el demandante no explicó
por qué tal argumento enervaba los fundamentos de derecho expuestos en el
recurso de apelación. En efecto, resaltó que “en el fallo con responsabilidad fiscal
se indicó que, los recursos que integran la UPC están integrados por aquellos de
tipo administrativo destinados a la prestación del servicio de salud, de modo que,
la Contraloría no niega que los recursos parafiscales pueden financiar los gastos
administrativos en relación de causalidad con el gasto médico. Por lo tanto, en los
términos expuestos del recurso de apelación, no es posible dar prosperidad a este
reproche”.
Frente a los argumentos del demandante con los que pretendía desvirtuar que los
recobros por servicios no POS y de enfermedad profesional no tienen la naturaleza
de recursos parafiscales, explicó que el actor no expone las razones por las que las
consideraciones de la Contraloría General de la República resultan contrarias al
ordenamiento jurídico, más aún cuando dicho organismo de control consideró que
sí tenían la naturaleza de parafiscales con fundamento en la sentencia SU-480 de
1997 y el artículo 14, literal g) de la Ley 1122 de 2007, y a partir de allí es que
sostuvo que cuando las EPS financian servicios no incluidos en el POS y tales
recursos se reincorporan al ciclo como recobros obtenidos, tales ingresos reciben
el tratamiento de recursos parafiscales, teniendo en cuenta que la fuente original
de financiación fueron los recursos del sistema que la EPS recibe por concepto de
UPC.
Ahora bien, con respecto a que la interpretación realizada en la decisión de
responsabilidad fiscal es contraria a la sentencia C-262 de 2013, la autoridad
judicial accionada mencionó que el actor omitió que la mencionada sentencia es
posterior a los hechos investigados y que, además, estudió la exequibilidad del
artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, es decir, una norma que igualmente se profirió
después de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad fiscal.
Asimismo, el examen de constitucionalidad versó sobre una norma que no existía
en el período comprendido entre 1998 a 2010, lapso en el que se presentó la
desviación de los recursos de naturaleza parafiscal.
Luego, la Sección Primera del Consejo de Estado aclaró que el mecanismo que
permitió establecer el desvío de los recursos por parte de Saludcoop EPS, fue el
análisis de los estados de flujo de efectivo, a partir de la información y/o documentos
recaudados en el proceso administrativo, tales como los libros de contabilidad, los
estados financieros certificados y dictaminados, las actas de los órganos
cooperativos y demás documentos aportados al proceso, pero el accionante para
sustentar este cargo parte del dictamen que aportó con la demanda, el cual no se
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tuvo como prueba por cuanto se aceptó la objeción por error grave que contra el
mismo formuló la parte demandada.
Finalmente, como último aspecto relevante de la sentencia objetada se evidencia
que la autoridad judicial accionada recordó el deber de probar los supuestos de
hecho de las normas que consagran los efectos que persigue el demandante -
artículo 167 del Código General del Proceso-, razón por la cual señaló que en el
recurso de apelación el demandante insiste en cuestionar los resultados que arrojó
el informe técnico practicado por la Contraloría General de la República para
establecer el detrimento patrimonial en el proceso de responsabilidad fiscal, pero
no probó que la cuantificación del daño no corresponda a lo que realmente se
determinó.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues pretende utilizar el
mecanismo constitucional como una tercera instancia, con el fin de insistir en un
debate de naturaleza legal, como los es lo relacionado con los actos administrativos
que declararon fiscalmente responsable al señor Jaime Chávez Suárez y que las
autoridades accionadas mantuvieron la presunción de legalidad.
Al estudiar los argumentos planteados por el accionante, se observa que su
reproche se limita a la configuración de los defectos sustantivo, falta o indebida
aplicación de las normas jurídicas y la jurisprudencia aplicable sobre los recursos
de la salud, las normas contables aplicables y la normatividad de la responsabilidad
fiscal, y fáctico por indebida valoración probatoria de los testimonios del señor Jaime
Arias y Gustavo Morales Cobo, las actas del Consejo de Administración de
Saludcoop y los conceptos de entidades públicas, entre ellas, de la misma
Contraloría General de la República, además que se desconoció el dictamen pericial
elaborado por los contadores Luis Humberto Ramírez Barrio y Luis Abelardo
Ramírez Malaver.

Al respecto, la Sala advierte que los reparos planteados en la solicitud de amparo
fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Sección Primera del Consejo de
Estado, así como de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quienes a partir del marco normativo que regulaba
el Sistema General de Seguridad Social en Salud para la época en que ocurrieron
los hechos, una valoración en conjunto del material probatorio que obraba en el
proceso ordinario y en atención de la jurisprudencia vigente, precisaron que el
demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, más aún cuando de estos se evidenciaba la
desviación de recursos parafiscales por parte del demandante, sin que lograra
demostrar, tanto en sede administrativa como judicial, que no ocurrió ningún
detrimento de los recursos públicos.

Igualmente, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en la demanda y en el recurso de apelación, con los argumentos que
se plantean en el escrito de tutela, por parte del accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20199, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la

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M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”10 (Negrilla y
resalta de la Sala)

Aunado a lo anterior, la providencia objetada fue dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, por lo que la verificación del requisito de la relevancia
constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este caso,
teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 201011, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202212,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.

A su vez, en sentencia SU-451 de 202413, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
10
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
11
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
13
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
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al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, así como
los principios a la seguridad jurídica, confianza legítima y pro homine, en este caso,
a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate legal
y probatorio relacionado con la anulación de los actos administrativos por medio de
los cuales la Contraloría General de la República lo declaró responsable
fiscalmente.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que la misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jaime
Chávez Suárez, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la Sección
Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Reconocer personería al abogado Édgar Leonardo Bojacá Castro como
apoderado de la Contraloría General de la República, en los términos del poder
allegado con la tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del
Proceso.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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