RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06917-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06917-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06917-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06917-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Responsabilidad fiscal / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia
constitucional. Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el tutelante contra la
sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente el trámite constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 4 de noviembre de 2025, el señor Jaime Chávez Suárez, a través de apoderado,
promovió acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado y la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia2.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 18 de octubre de 2018 y 8 de
mayo de 2025, emitidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 3 que instauró contra la Contraloría General de la Nación, con el fin de
obtener la anulación de los actos administrativos 4 que lo declararon fiscalmente
responsable y el consecuente pago de los perjuicios materiales causados con esas
decisiones, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.

1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B.
2 También invocó la protección de los principios a la seguridad jurídica, confianza legítima y pro homine.
3 Expediente 25000-23-41-000-2014-01428-01.
4 Fallo de responsabilidad fiscal 1890 de 13 de noviembre de 2013, auto 405 de 3 de febrero de 2014 y fallo de

apelación y consulta 11 de 11 de febrero de 2014.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

3.
En la providencia de 8 de mayo de 2025 de la Sección Primera del Consejo de
Estado se confirmó la de 18 de octubre de 2018, mediante la cual se accedió de
manera parcial a las pretensiones5. Se concluyó, entre otras determinaciones, que
(i) era viable la prosperidad a la objeción grave frente al dictamen allegado con la
demanda; (ii) el tutelante conoció las irregularidades que se le imputaron y los
períodos que se le endilgaron; (iii) a aquel se le imputó responsabilidad fiscal en
calidad de miembro del consejo de administración de Saludcoop EPS OC, por
intervenir, entre los años 2002 a 2010, en las operaciones de desvío y apropiación
indebida de los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) en beneficio de esa EPS, lo que contribuyó a la consolidación del
daño fiscal; y, (iv) en el fallo de responsabilidad fiscal se detalló cada una de las actas
de sesiones del consejo de administración que demostraron la participación del
accionante en las decisiones determinantes en la destinación y desviación de los
recursos parafiscales, así como las operaciones indebidas que se aprobaron y
ejecutaron sobre recursos públicos.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo porque se
quebrantó el principio de legalidad, al omitir aplicar o aplicar de manera indebida las
normas y la jurisprudencia relativas a los recursos de la salud, las normas contables
que se avenían al caso y los elementos de la responsabilidad fiscal.

5.
Precisó que al afirmar que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) están
diseñadas exclusivamente para el aseguramiento, no para la prestación directa de
servicios de salud, se desconoce el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, según el cual
la función básica de las EPS es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la
prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS), en armonía con los artículos 156
(letras i y k), 179, 180 y 183 (parágrafo) ibidem y las sentencias SU-480 de 1997, C-
572 de 2003, C-1041 de 2007 y C-262 de 2013 de la Corte Constitucional.

6.
Asimismo, indicó que durante el período auditado (1998-2010) no existía norma
expresa que prohibiera a las EPS usar los recursos de la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) para inversiones en infraestructura directamente relacionadas con
la prestación de los servicios del POS o con el cumplimiento de su función de
aseguramiento, dado que esta limitación surgió con la Ley 1438 de 2011. Por tanto,
los recursos invertidos en clínicas propias, en tecnologías, sedes y dotación médica,
no fueron desviados, sino dirigidos a cumplir aquella función.

7.
Precisó que se consideraron ilegales las inversiones de Saludcoop por estar
destinadas a actividades de prestación directa, desconociendo que la función de
aseguramiento incluye la organización y garantía del acceso, lo que permite integrar

5 Anuló de manera parcial los actos administrativos acusados, en cuanto a que impuso al accionante la obligación

de resarcir al patrimonio público $1.421.178.399.072,78, para que la demandada solamente le exigiera y cobrara,
de manera solidaria, únicamente los valores liquidados como daño patrimonial de los años 2002 a 2010, cuyos
montos, de manera individual, corresponden a $1.164.075.857.019,16. A título de restablecimiento del derecho,
dispuso que la demandada si ya recibió el pago por parte del tutelante en suma superior a la anterior, le restituyera
a este la diferencia.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

IPS propias si esto optimiza la prestación del POS. No existe en el ordenamiento
jurídico, ni antes ni después de la Ley 1438 de 2011 norma alguna que haya
restringido a las EPS el uso de los recursos obtenidos por concepto de copagos y
cuotas moderadoras para actividades legítimamente vinculadas con su objeto
misional, como la adquisición de activos fijos, infraestructura para la prestación de
servicios del POS o para la administración de la EPS, o la constitución de sociedades
que presten servicios complementarios al aseguramiento.

8.
También se desconoció jurisprudencia constitucional6 que reconoce a las EPS el
derecho a apropiarse del excedente operacional, siempre que este derive de
eficiencia y no del incumplimiento de sus obligaciones. Se invalidó toda apropiación
sin considerar si hubo cumplimiento. Criterio que desconoció que aunque las EPS
son gestoras de recursos públicos, pueden apropiarse del excedente operativo una
vez hayan cumplido sus obligaciones con los afiliados y el sistema y utilizar esos
recursos libremente.

9.
Se incurrió en un yerro al indicar que los recobros por servicios no POS no
constituían recursos propios de la EPS, porque no se demostró que estos hubieran
sido pagados con recursos distintos a la UPC. Ello, por cuanto (i) ninguna norma
entre 1998 y 2010 obligaba a las EPS a sufragar los servicios NO POS con recursos
propios o de crédito; (ii) en la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional
reconoció el carácter obligatorio de los recobros y el derecho de las EPS a obtenerlos
oportunamente, lo cual significa que el recobro no es un retorno a la UPC, sino el
mecanismo para restablecer el equilibrio financiero de la EPS que asumió un costo
que no le correspondía. También la sentencia C-262 de 2013 reiteró que, aun cuando
la UPC es un recurso parafiscal, la EPS tiene derecho a apropiarse de un beneficio
económico; (iii) las normas contables y la trazabilidad del registro de los servicios NO
POS y sus recobros (Resoluciones 1804 de 2004 y 724 de 2008 de la
Superintendencia Nacional de Salud) demuestran que el recobro reconocido y
pagado por el Fosyga constituye un recurso propio de la EPS, pues ingresa como
compensación de un costo ya registrado en el Estado de Resultados, por lo que esos
recobros no pueden retornar al ciclo de la UPC; (iv) la Contraloría en su documento
Criterios del Ejercicio del Control Fiscal – 2010 reconoció que los excedentes,
utilidades y reembolsos eran apropiables por la EPS y podían destinarse a fines
misionales; y, (v) cuando se obliga a la EPS a asumir servicios NO POS se le
imponen cargas que desbordan sus obligaciones contractuales y afectan su
equilibrio económico, por lo que el derecho al recobro pretende restablecer ese
equilibrio.

10.
Por otro lado, las autoridades judiciales al sostener que no es aplicable la
sentencia C-262 de 2013 por tratarse de una decisión posterior a los hechos
fiscalizados, vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa,
al desconocer su naturaleza de precedente interpretativo y declarativo. Sentencia

6 Sentencias C-978 de 2010, C-979 de 2010, T-760 de 2008 y C-262 de 2013.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

que confirmaba la legalidad de las inversiones realizadas por Saludcoop durante el
período fiscalizado, al reconocer la ausencia de prohibición expresa en dicho período
y precisó cómo debía entenderse la destinación de la UPC y el carácter apropiable
del excedente operacional.

11.
Además, en este punto advirtió que se constituyó defecto fáctico. Conforme al
artículo 4 de la Ley 610 de 2000, la conducta del gestor fiscal debe ser dolosa o
gravemente culposa. Sin embargo, en su caso no se demostró dolo en las
actividades consideradas como desvío de recursos de la salud. Como lo acreditan
los testimonios de los señores Jaime Arias y Gustavo Morales Cobo
(Superintendente de Salud), al informar que desde el inicio del sistema ha habido
diferentes consideraciones sobre el manejo de los recursos de las EPS, discusiones
sobre cuáles eran sus recursos y cómo podían utilizarlos, incluso si de podían o no
efectuar inversiones y qué gastos eran admisibles. Incertidumbre que conllevó que
se solicitaran conceptos de expertos y se acudiera a los conceptos emitidos por los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el de Protección Social.

12.
Además, de las actas del Consejo de Administración de Saludcoop, se evidencia
que la única intención de efectuar las inversiones y gastos en infraestructuras
asistenciales (hospitalarias) y administrativos y en equipos médicos era garantizar y
mejorar la atención en salud de sus afiliados y que todas estas inversiones y gastos
se ordenaron con recursos de libre disposición de la entidad (excedentes) y recursos
de financiación, cuyo pago tampoco estaba previsto con recursos parafiscales.

13.
En esa medida, no se acreditó que con conocimiento e intención desviara recursos
parafiscales. Por el contrario, se comprobó que las inversiones permanentes y los
gastos de financiación nunca se proyectaron efectuar con recursos parafiscales y.
que, retirando los gastos administrativos no aceptados por la Contraloría, lo que se
genera es un mayor excedente que son recursos propios de la EPS. Es decir, actuó
con la convicción y entendimiento de que su conducta estaba ajustada a la normativa
y jurisprudencia.

14.
En ese sentido, se efectuó una valoración probatoria sin tener en cuenta las reglas
de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes y a las pruebas obrantes
dentro del expediente se les dio consecuencias irrazonables y desproporcionadas a
su naturaleza. Puntualmente, a los testimonios de los señores Jaime Arias y Gustavo
Morales Cobo, a las actas del consejo de administración de Saludcoop y a los
conceptos de entidades públicas. Así como al dictamen pericial elaborado por los
contadores públicos Luis Humberto Ramírez Barrio y Luis Abelardo Ramírez
Malavar, en el que se demostró por diferentes metodologías y formas de cálculo que
Saludcoop no desvió el uso de los recursos parafiscales. Frente al cual se avalaron
unas objeciones genéricas, carentes de sustento técnico y procesal, lo que
contradice el artículo 228 del Código General del Proceso (CGP) y el artículo 29
Superior, al privarle a la defensa de que su dictamen fuera valorado en igualdad de
condiciones frente al informe de la Administración, máxime cuando se soportaron en
4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

la misma fuente: los estados financieros certificados y dictaminados de Saludcoop
EPS. Es decir, a pesar de que el informe cumplía los estándares técnicos y contables
exigidos por la ley, fue desestimado por razones formales o sin valoración sustantiva.

B. Sentencia de primera instancia

15.
Mediante sentencia de 4 de diciembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia, al no
satisfacer el presupuesto de relevancia constitucional. Estimó que la parte actora
pretende utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia, con el fin
de insistir en un debate de naturaleza legal, como lo es lo relacionado con los actos
administrativos que lo declararon fiscalmente responsable y que las autoridades
accionadas mantuvieron la presunción de legalidad.

16.
El reproche del tutelante se limita a la configuración de los defectos (i) sustantivo,
por falta o indebida aplicación de las normas jurídicas y la jurisprudencia sobre los
recursos de la salud, las normas contables aplicables y la normativa de la
responsabilidad fiscal; y (ii) fáctico, por indebida valoración probatoria de los
testimonios del señor Jaime Arias y Gustavo Morales Cobo, las actas del consejo de
administración de Saludcoop y los conceptos de entidades públicas, entre ellas, de
la misma Contraloría General de la República, además que se desconoció el
dictamen pericial elaborado por los contadores Luis Humberto Ramírez Barrio y Luis
Abelardo Ramírez Malaver.

17.
Sobre tales reproches, se advierte que emitieron pronunciamiento las autoridades
judiciales, quienes a partir del marco normativo que regulaba el Sistema General de
Seguridad Social en Salud para la época en que ocurrieron los hechos, una
valoración en conjunto del material probatorio que obraba en el proceso ordinario y
en atención a la jurisprudencia vigente, precisaron que el demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, más aún
cuando de estos se evidenciaba la desviación de recursos parafiscales por parte del
demandante, sin que lograra demostrar, tanto en sede administrativa como judicial,
que no ocurrió ningún detrimento de los recursos públicos.

18.
Además, existen similitudes en los reproches que se desarrollaron en la demanda
y en el recurso de apelación, con los argumentos que se plantean en el escrito de
tutela.

C. La impugnación

19.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia. Sostuvo que
los temas planteados en la solicitud de amparo implican una arbitraria,
desproporcionada e indebida restricción de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, dada la existencia de defectos
sustanciales y fácticos debidamente desarrollados, por tanto, es un asunto de
5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

relevancia constitucional y no de mera legalidad. En ese sentido, reiteró la
argumentación contenida en dicho escrito para que fuera analizada.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

E. Análisis del caso concreto

21.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por el tutelante sea
suficiente para tener por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional,
motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada.

22.
Para que se habilite el examen de constitucionalidad de la decisión judicial
censurada, se debe acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que
no se configura en este asunto. Los reproches de la parte actora evidencian una
inconformidad con la manera como se zanjó el litigio en la providencia objeto de
censura. Como lo anotó el a quo, pretende emplear esta acción como una instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de
reabrir el debate probatorio y jurídico ya definido por el juez natural de la causa.

23.
Aunque la parte actora invoca las causales específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial de defectos sustantivo y fáctico, los argumentos
están dirigidos a que se acoja la tesis de interpretación normativa y probatoria que
pregona sobre la manera de solucionar la controversia que suscitó, relacionada con
la legalidad de la decisión de la Contraloría General de la República de hallarlo
fiscalmente responsable por intervenir, durante los años 2002 a 2010, en las
operaciones de desvío y apropiación indebida de los recursos parafiscales del
Sistema General de Seguridad Social de Salud, en su condición de miembro del
consejo de administración de Saludcoop EPS. Ello, por resultarle contrario a sus
intereses el modo en que fue zanjado el asunto por el juez natural de la causa, sin
destinar argumentación alguna dirigida a desvirtuar desde la óptica constitucional
que lo considerado por dicha autoridad judicial quebranta los derechos
fundamentales invocados.

24.
El tutelante señala que no se tuvo en cuenta que las EPS también están diseñadas
para organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del POS, por
tanto, podían destinar dineros para tal propósito, de conformidad con los artículos
156 (letras i y k), 177, 179, 180 y 183 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993 y las

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

sentencias SU-480 de 1997, C-572 de 2003, C-1041 de 2007 y C-262 de 2013 de la
Corte Constitucional. Además, se omitió que durante el período auditado (1998-
2010) no existía norma que le impidiera a Saludcoop emplear recursos de la UPC u
obtenidos por copagos o cuotas moderadoras para financiar servicios POS. Dicha
limitación surgió con la Ley 1438 de 2011.

25.
La autoridad judicial anotó que en el fallo de responsabilidad fiscal se señalaron
las normas y la jurisprudencia que sustentaban su decisión, además de todo el
material probatorio que fue recaudado. Puntualmente, se indicó que, en lo atinente
a la naturaleza de los recursos invertidos, la Contraloría calificó los ingresos que
recibió Saludcoop EPS por concepto de UPC, copagos, cuotas moderadoras,
sanciones por inasistencia, recobros NO POS y recobros ARP-ARL, así como sus
rendimientos financieros, como recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud de naturaleza parafiscal que no pueden incorporarse a su patrimonio ni
confundirse con sus propias rentas ni bienes. Por tanto, dichos recursos se debían
destinar específicamente a financiar el aseguramiento obligatorio en salud de los
afiliados al Sistema mediante la garantía de los servicios incluidos en el POS.

26.
Con base en ello, aunque no se prohíbe la contratación directa con la red propia
de los servicios incluidos en el POS con cargo a los recursos del SGSSS, no le está
permitido que estos financien directamente los gastos administrativos que ocasiona
dicha red, ni sus inversiones e infraestructura o equipo médico científico, ni incurrir
en costos de financiación más allá de lo permitido por la Constitución, la ley y la
jurisprudencia. Es decir, cuando no están en consonancia con el gasto médico. Por
tanto, los arrendamientos, inversiones, gastos de viaje, honorarios y bonificaciones
con ocasión de actividades de la EPS diferentes a la organización y garantía de la
prestación es los servicios incluidos en el POS a los afiliados devienen en gastos no
autorizados con cargo a los recursos del SGSSS.

27.
También se precisó que la sentencia C-262 de 2013 fue emitida de manera
posterior a los hechos investigados y estudió la exequibilidad del artículo 23 de la
Ley 1438 de 2011, es decir, una norma que también fue expedida después de dichos
hechos. Por ende, no es válido que se afirme que conforme a dicho fallo sí es posible
con cargo al componente de gastos administrativos de la UPC invertir en
infraestructura y en equipos médicos.

28.
Por otro lado, el tutelante indicó que se omitió considerar que las EPS tienen
derecho a apropiarse del excedente operacional, cuando derive de la eficiencia y no
del incumplimiento de sus obligaciones, y que el recobro no es un retorno a la UPC,
sino el mecanismo para restablecer el equilibrio financiero de la EPS.

29.
Al respecto, en el fallo de responsabilidad fiscal, en el aparte citado por la
autoridad judicial, se aclaró que no se desconocía el derecho de las EPS a obtener
una legítima ganancia al final de cada ejercicio anual, solo como resultado
operacional eficiente y eficaz. No obstante, con la desviación indebida de los
7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

recursos del SGSSS en que incurrió Saludcoop, entró en mora en el pago de las
cuentas con los proveedores de servicios de salud diferentes a su propia red,
situación que no solo produce un daño fiscal, sino que pone en peligro el riesgo de
la liquidez y sostenibilidad financiera del Sistema en su conjunto.

30.
En cuanto a los recobros, la autoridad judicial anotó que en el fallo de
responsabilidad fiscal se concluyó que estos tenían la naturaleza de parafiscales con
fundamento en la sentencia SU-480 de 1997 y el artículo 14, letra g, de la Ley 1122
de 2007, y a partir de allí sostuvo que cuando las EPS financian servicios no incluidos
en el POS y tales recursos se reincorporan al ciclo como recobros obtenidos,
aquellos reciben el tratamiento de recursos parafiscales, teniendo en cuenta que la
fuente original de financiación fueron los recursos del Sistema que la EPS recibe por
concepto de UPC.

31.
Con base en lo hasta aquí anotado, el juez natural de la causa concluyó que la
Contraloría determinó y cuantificó el daño porque estaba acreditado que Saludcoop
EPS desvió los recursos del Sistema que son de naturaleza fiscal, para fines
diferentes al aseguramiento o garantía de los servicios incluidos en el POS y a los
gastos administrativos u operativos que guarden relación de causalidad con el gasto
médico.

32.
Para la Sala, lo considerado por el juez natural, referente a la naturaleza de los
recursos que se calificaron como desviados y su destinación, no comporta algún tipo
de arbitrariedad ni capricho. No se desconoció que las EPS pueden invertir recursos
parafiscales para garantizar la prestación de servicios del POS y de recibir ingresos
por ganancias operacionales. Distinto es que se haya determinado que las
inversiones investigadas no cumplían ese fin, pues beneficiaban a Saludcoop, y
dichos desvíos impedían que esa entidad recibiera los aludidos ingresos. Por ende,
aunque el accionante insista en calificar las inversiones efectuadas con recursos
parafiscales como relacionadas a la prestación de servicios en salud, lo cierto es que
ello denota su pretensión de imponer el alcance que considera se le debe otorgar a
esas inversiones, lo cual desborda las competencias del juez de tutela, pues
implicaría abordar el estudio de normativa y jurisprudencia para elaborar una tesis
que zanje el litigio suscitado como si se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.

33.
Conforme al anterior panorama, la Sala evidencia la pretensión de que se imponga
la tesis defendida por la parte actora sobre la interpretación de la autoridad judicial
acerca de la naturaleza de los recursos presuntamente desviados de manera
indebida por parte de Saludcoop, sin tener en cuenta las razones que se brindaron
en la providencia para clasificarlos de naturaleza parafiscal y, por tanto, de
destinación específica, consistente en garantizar la prestación de servicios POS, lo
cual no lo constituían ni se relacionaban con las inversiones hechas por la aludida
EPS.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

34.
Sin perjuicio de lo determinado sobre el uso de los recursos de la EPS, el tutelante
advirtió que no se comprobó que hubiere actuado con dolo en las presuntas
irregularidades, presupuesto necesario para atribuirle responsabilidad fiscal. De ello
no dan cuenta los testimonios de los señores Jaime Arias y Gustavo Morales Cobo
(Superintendente de Salud), ni los distintos conceptos de entidades públicas, ni las
actas del consejo de administración de Saludcoop. Por el contrario, comprueban que
las inversiones y gastos en infraestructuras asistenciales (hospitalarias) y
administrativas y en equipos médicos era garantizar y mejorar la atención en salud
de sus afiliados.

35.
En lo que atañe al dolo, como elemento subjetivo de la conducta investigada, se
precisó que el tutelante en su condición de miembro del consejo de administración
de Saludcoop EPS entre los años 2002 a 2010, sí ejerció gestión fiscal, pues
intervino en la aprobación y estructuración de los negocios que condujeron al daño
patrimonial, para lo cual, precisamente, tuvo en cuenta las actas del consejo de
administración de Saludcoop. Ello, en atención a sus funciones en aquella calidad,
previstas en el artículo 62 de los estatutos de Saludcoop EPS.

36.
Asimismo, citó lo analizado por la Contraloría en el fallo de responsabilidad fiscal,
de lo que dedujo que la conducta reprochada radicó en que se desviaron recursos
públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en beneficio de
Saludcoop EPS y de sus empresas vinculadas, pues como miembro del consejo de
administración, entre los años 2002 a 2010, tenía, entre otras, las funciones de
aprobar o improbar los estados financieros, así como la de estudiar y adoptar el
proyecto de presupuesto del ejercicio económico entregado por la presidencia
ejecutiva y velar por su adecuada ejecución, sin que esté acreditado que el tutelante,
por lo menos, hubiese indagado acerca de los recursos que se invertían, esto es, su
naturaleza o procedencia a efectos de determinar si se trataba de recursos propios
de la EPS o de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como
son los parafiscales.

37.
También se aclaró que, aunque el tutelante insistía en que para la época de los
hechos no existía claridad y certeza respecto de cuáles recursos eran de naturaleza
parafiscal, lo cierto es que no desvirtuó los fundamentos de derecho con los que la
Contraloría consideró e identificó los recursos de naturaleza parafiscal. Asimismo,
de los conceptos allegados no era dable inferir que su conducta estaba ajustada a la
norma y a la jurisprudencia.

38.
De acuerdo con lo descrito, no corresponde a la realidad la afirmación de que no
se demostró el dolo en la conducta endilgada, pues precisamente se analizaron las
actas de administración de Saludcoop para tal propósito, con las que se demostraba
su intervención en la aprobación del uso de los dineros investigados. Asimismo, se
advirtió su omisión de indagar por el origen de esos recursos. Diferente es que el
tutelante considerara que ello no resultaba suficiente, máxime cuando insiste en que

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

ese dinero tuvo como fin garantizar la prestación de los servicios POS, lo cual quedó
desvirtuado en sede administrativa, determinación que no se varió en sede judicial.

39.
Por último, manifiesta el accionante que se desestimó por razones formales y sin
valoración sustantiva el informe pericial aportado con la demanda, con el que se
demostraba que no existió el endilgado desvío de recursos. No obstante, se
evidencia que en el recurso de apelación también se formuló similar reproche, por
cuanto el a quo había aceptado la objeción formulada por la parte demandante, al
estimar que se pretendía refutar y/o desvirtuar los hallazgos fiscales con los estados
financieros de Saludcoop ESP, sin confrontarlos o analizarlos frente a algún otro
papel o documento de la EPS o de otra entidad.

40.
Sobre el particular en la sentencia acusada se consideró que se compartía lo
determinado en primera instancia y, además, el objeto de ese elemento de
convicción era “evaluar y analizar” la información contable y financiera del fallo con
responsabilidad fiscal, el cual se fundamentó en el informe técnico contable y
financiero de 4 de octubre de 2011, relativo al manejo de los recursos parafiscales
administrados por parte de la EPS Saludcoop.

41.
En virtud de lo anterior, la autoridad judicial advirtió que el aludido informe técnico
debió controvertirse en sede administrativa y no judicial, máxime cuando de aquel,
mediante auto de 28 de diciembre de 2011, se corrió traslado a las partes durante el
trámite del procedimiento fiscal y el tutelante no lo controvirtió. Es decir, aunque
pretende desvirtuar las conclusiones a las que se arribó en el fallo de responsabilidad
fiscal, lo que en realidad persigue es cuestionar el informe técnico que le sirvió de
base a este, respecto del cual no manifestó objeción alguna.

42.
En ese sentido, la Sala no advierte que la prosperidad de la objeción al dictamen
que presentó el tutelante en el proceso ordinario se haya desestimado por cuestiones
formales, en razón a que se remitió al fin de dicho elemento de convicción, con base
en el cual se determinó que este pretendía atacar el informe técnico que le sirvió de
fundamento a la decisión de declararlo fiscalmente responsable fiscal, por tanto, lo
procedente era que fuera atacado en sede administrativa. Dicha situación impidió
que fuera analizado por la autoridad judicial, lo cual implica que, en efecto, no se
haya efectuado una valoración sustantiva de este, pero ello se justificó en que no era
viable que tuviera como objeto controvertir un medio de prueba frente al cual en la
oportunidad otorgada en sede administrativa no se emitió pronunciamiento alguno,
en razón a que ello sería revivir ese debate en sede judicial.

43.
Conforme al anterior panorama, la Sala advierte la ocurrencia del defecto fáctico
alegado se sustentó en que no se demostró la existencia de dolo en la conducta que
dio origen a que fuera hallado fiscalmente responsable y a que se debió haber
valorado el dictamen aportado con la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual comporta una imposición respecto de qué elementos debían
examinarse y la manera como se debió haber realizado su valoración.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

44. Para acreditar la presunta omisión o indebida valoración probatoria alegada, no

basta con exponer inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juez
natural de la causa o que no se consideraron algunas particularidades que
demostraban las pruebas allegadas. Para tal efecto, es indispensable acreditar en
ese escenario la configuración de algún tipo de arbitrariedad, la inobservancia de los
postulados de la sana crítica o que las situaciones que no se tuvieron en cuenta
tenían la potencialidad de influir de manera directa en el sentido de la decisión a
adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó en este asunto constitucional. Ello,
por cuanto al juez de tutela le está vedado arrogarse la competencia de efectuar un
ejercicio valorativo sobre los elementos de convicción o imponer un grado de certeza
sobre los mismos, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

45. Por consiguiente, para esta Sala el hecho de que no se hayan valorado los medios

de convicción como lo pregona la parte actora ni fueran aceptados los elementos de
convicción que allegó a las diligencias ordinarias, denota un simple desacuerdo con
lo concluido al respecto, por ende, lejos de comportar defecto fáctico, materializa la
autonomía judicial de la que están revestidas las autoridades judiciales para decidir
las controversias puestas en su conocimiento con base en el material probatorio
debidamente recaudado, por lo que no es dable que se pretenda imponer una tesis
probatoria sobre el litigio. Acceder a ello implicaría invadir la órbita de competencia
del juez natural, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como
una tercera instancia, en el que se valore de nuevo el material probatorio recaudado
para arribar a una conclusión que defina la controversia.

46.
Así las cosas, se evidencia que las inconformidades del tutelante no demuestran
afectación constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que
acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales, pues solo evidencian su desacuerdo con la manera en que se zanjó
el litigio por resultarle desfavorable a sus intereses. Ello impide que la discusión
trascienda al ámbito constitucional, pues la acción de tutela no puede emplearse
como una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se
debe desarrollar uno de validez

47.
Por tanto, aunque no se haya zanjado la controversia de manera favorable al
tutelante, no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial para imponer el
criterio que defiende. La simple inconformidad de criterios, no comporta en sí la
acreditación de la afectación constitucional que se requiere para conceder el amparo
reclamado, ni habilita el estudio de fondo de la tutela. No basta para tal efecto invocar
unas causales específicas de procedibilidad de la tutela y derechos fundamentales
que se estiman vulnerados y expresar un desacuerdo con la decisión judicial
atacada.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-01
Accionante: Jaime Chávez Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera

48.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional, al no superar el requisito de relevancia
constitucional.

49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.