Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06919-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06919-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06919-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-01
Demandante: JORGE EMILIO RAMÍREZ GASCA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Tema: Tutela contra providencia judicial - Confirma improcedencia por
no cumplir requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025, mediante la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró la improcedencia del mecanismo
constitucional por no superar el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Jorge Emilio Ramírez Gasca promovió acción de tutela1 contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2, en la que solicitó
la protección de sus garantías constitucionales al debido proceso, a la seguridad social
y de acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 24 de julio de 2025, que revocó la decisión
proferida el 18 de octubre de 2023 por el Juzgado Veinticinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C. y, en su lugar, declaró terminado el proceso ejecutivo
identificado con radicado 11001-3335-025-2018-00274-00/01.
1 Índice 002 de Samai. Tutela presentada el 4 de noviembre de 2025.
2 Sala integrada por los magistrados Alba Lucía Becerra Avella, Israel Soler Pedroza y Cerveleón
Padilla Linares.
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Demandante: Jorge Emilio Ramírez Gasca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:
[…]
SEGUNDO: Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO Y LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DECLARAR
que la providencia de fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025), y las
subsiguientes que dependan de ella, emanadas del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D”, violan los artículos 29, 83
y 229 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial de fecha veinticuatro (24) de
julio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “D” – MP. Dra. ALBA LUCÍA
BECERRA AVELLA, por medio de la cual se ordenó revocar la sentencia de primera
instancia, por haberse omitido la valoración integral del título ejecutivo adosado al
expediente y en consecuencia se confirme la decisión de fecha dieciocho (18) de
octubre de 2023 emitida por el JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.3
1.3. Hechos
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en
sentencia del 19 de abril de 2016 ordenó a la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES, «reliquidar la pensión de vejez del señor Jorge Emilio
Ramírez Gasca, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante
el último año de servicios, esto es, por el lapso comprendido entre el 30 de julio de
2002 y el 30 de julio de 2003, incluyendo, el sueldo, adición al sueldo, 1/12 parte de
la bonificación por servicios, adición a la bonificación por servicios, 1/12 parte de la
prima semestral, adición prima semestral, 1/12 parte de la prima de vacaciones,
adición a la prima de vacaciones, 1/12 parte de la prima de navidad y 1/12 parte del
quinquenio, efectiva a partir del 4 de enero de 2013, fecha en la cual adquirió el status
jurídico de pensionado por edad, sin aplicación de prescripción trienal pues ésta no
se causó». Lo anterior, junto con la respectiva orden de actualización de la condena.
En razón a ello Colpensiones profirió la Resolución GNR 278700 del 20 de septiembre
de 2016 con la que no estuvo conforme el actor por contener error en su liquidación
al indicar que la mesada pensional para el año 2013, fecha en la cual alcanzó el status
pensional el demandante, era la suma de $2.685.273, siendo lo correcto que dicho
monto correspondía para el año 2003.
Inconforme con ello, el señor Ramírez Gasca elevó demanda ejecutiva que
correspondió al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. bajo
radicado 11001-3335-025-2018-00274-00, que profirió mandamiento de pago en
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
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Demandante: Jorge Emilio Ramírez Gasca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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proveído del 20 de febrero de 2020 y posteriormente el 18 de octubre de 2023 en
sentencia ordenó de seguir adelante la ejecución por el monto de $ 26,157,754, a
título de mesadas pensiónales, indexación y aportes a pensión; y $ 29,246.234, por
los intereses de mora causados entre el 19 de abril de 2016 y el 11 de agosto de 2023.
Inconforme con la decisión, la parte ejecutada elevó recurso de apelación discutiendo
que la obligación había sido cancelada por la entidad a través del acto administrativo
GNR 278700 del 20 de septiembre de 2016. Advirtió sobre las excepciones que
habían sido propuestas de inepta demanda por falta de requisitos formales y
habérsele dado a la misma un trámite diferente al que correspondía y aludió a la
inexistencia de título ejecutivo y ausencia de los presupuestos exigidos por el artículo
422 del CGP para reclamar ejecutivamente la obligación.
Recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D en proveído del 24 de julio de 2025 que revocó la decisión
del a quo y declaró terminada la ejecución por no reunir los requisitos de ley.
Como sustento, señaló que en la demanda ejecutiva se afirmó que la entidad
demandada incurrió en error al determinar, como mesada para el 4 de enero de 2013,
la suma de $2.685.273,17 [monto liquidado por Colpensiones en la Resolución N.°
GNR 2787700 del 16 de septiembre de 2016], pues a juicio del actor se debió tomar
ese valor y actualizarlo de conformidad con el I.P.C., certificado por el DANE y así
establecer en realidad cual era la mesada pensional para el referido año en que
adquirió el estatus, por lo que la inconformidad se circunscribió únicamente a que no
se indexó la primera mesada teniendo en cuenta que la misma se liquidó con base en
los factores percibidos en el último año de prestación del servicio público que lo fue
entre el 30 de julio de 2002 y el 30 de julio de 2003.
Así, descartó que la discusión contemplara que se hubiera dejado de incluir factores
o que los valores tenidos en cuenta para la liquidación no correspondieran a los
montos percibidos por tales emolumentos, pues esto no fue planteado en la demanda.
Por lo tanto, cuestionó que en primera instancia se hubiera procedido a indexar la
primera mesada pensional y con fundamento en ello liquidar el crédito sin estudiar si
el título ejecutivo reunía los elementos requeridos por la ley respecto a si la obligación
reclamada era clara, expresa y exigible.
Sostuvo que «luego de analizada la sentencia del 19 de abril de 2016, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aportada en la presente demanda como
título ejecutivo se advierte que la obligación pretendida por el ejecutante no es
expresa, clara ni exigible, habida cuenta que lo reclamado en la demanda ordinaria
como restablecimiento del derecho, fue que se le reliquidara la pensión de jubilación
del demandante con inclusión en el IBL de los factores percibidos en el último año de
la prestación del servicio oficial por parte del señor Ramírez Gasca, cuyo lapso fue
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Demandante: Jorge Emilio Ramírez Gasca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
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entre el 30 de julio de 2002 y el 30 de julio de 2003, sin que allí se reclamara la
indexación de la primera mesada, y por ende, el fallo presentado como título ejecutivo
NO contiene dicha obligación».
Entonces, concluyó que era improcedente continuar la ejecución al no existir en la
orden judicial objeto de ejecución una condena en los términos reclamados por la
ejecutante, pues en dicha sentencia del proceso ordinario «se dispuso sobre la
actualización de la condena en los términos del artículo 187 del CPACA, dando
aplicación a la fórmula establecida por el Consejo de Estado, lo cual solo es aplicable
a las mesadas causadas desde la adquisición del estatus de pensionado y hasta la
fecha de ejecutoria de la sentencia, pero de ninguna manera se condenó a la
accionada a la indexación de la primera mesada, pues con la demanda ordinaria no
se solicitó, ni tampoco en ninguna de sus partes -motiva o resolutiva-, el referido fallo
se pronunció sobre condenar a la actualización de la primera mesada».
El proveído cuestionado fue notificado a las partes el 30 de julio de 20254.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció la prueba
pericial y la liquidación contable que cumplía con la formula establecida en la
sentencia del proceso ordinario y omitió la jurisprudencia constitucional y del Consejo
de Estado, que «garantizan el derecho fundamental a la actualización de la primera
mesada pensional como medio para preservar el poder adquisitivo, el mínimo vital y
la dignidad humana del pensionado».
Consideró que la decisión acusada le generó una afectación directa, clara y de
carácter irreparable de su derecho a la seguridad social al no permitir la ejecución
completa el título ejecutivo base de acción. Señaló que la Corte Constitucional ha
establecido de manera reiterada que «la liquidación de pensiones debe basarse en el
promedio de salarios del último año de servicio y no puede desatender la indexación
de la primera mesada cuando exista un lapso entre la causación y el reconocimiento,
pues ello afecta el mínimo vital y la dignidad humana».
Señaló que la sentencia de ad quem ignoró que el título base de la ejecución ordenó
expresamente la actualización de valores conforme al IPC, lo que incluye la indexación
de la primera mesada pensional, por lo que desnaturalizó la indexación al tratarla
como un simple ajuste técnico y no como garantía del poder adquisitivo y del mínimo
vital.
Argumentó que el presente asunto reviste de relevancia constitucional porque
involucra la protección de derechos fundamentales consagrados en la Constitución
4 Índice 019 de Samai en el proceso 11001-3335-025-2018-00274-01.
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Política de Colombia, como el derecho a la seguridad social, la dignidad humana y el
derecho al mínimo vital.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 6 de noviembre de 20255, el magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, admitió la solicitud de amparo contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
Igualmente, dispuso la vinculación del Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de
Circuito Judicial de Bogotá y de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, para que realizaran las manifestaciones que consideraran
pertinentes.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones6
Aludió a la improcedencia de la acción, así como a su falta de legitimación en la causa
por pasiva y de manera general advierte que el asunto ya había sido objeto de estudio
por otro Juez el cual no accedió a las pretensiones solicitadas por el accionante, por
lo que la presente acción de tutela debe ser declarada improcedente ante la existencia
de la cosa juzgada, sin embargo, no suministró información concreta al respecto.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D7
La Magistrada ponente de la decisión cuestionada, manifestó que no existió
irregularidad alguna al momento de proferir el fallo de segunda instancia y estima que
la tutela resulta en tal sentido improcedente.
Aludió que para la emisión de su decisión se apoyó «en la jurisprudencia que el
Consejo de Estado, ha establecido en las providencias del 10 de julio de 2003, exp.
14.083, ejecutante: Jorge Enrique Rengifo Lozano, C.P., Dra., María Elena Giraldo
Gómez;12 de agosto de 2004, exp. 21.823, Ejecutante: Constructora Jaramillo y
Asociados Ltda., C.P., Dr., Ramiro Saavedra Becerra; 9 de septiembre de 2015,
radicado bajo el N.° 25000232600020030197102 (42294); 20 de agosto de 2020,
Radicación N.° 76001-23-33-000-2018-01039-01(25258) reiterando en providencia de
5 Ver índice 004 de Samai.
6 Ver índice 008 de Samai.
7 Ver índice 009 de Samai.
5
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-01
26 de febrero de 2014, Exp. 19250, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 13 de
febrero de 2020, C.P., Dr., William Hernández Gómez, Radicación N.° 11001-03-15-
000-2019-04626-01(AC).»
Advirtió que el proceso ejecutivo, no constituye una instancia donde se pueda
controvertir la existencia o monto de los derechos exigidos, ni es dable en esta etapa
al juez de la ejecución, modificar las obligaciones contenidas en los títulos que
pretenden ejecutarse, como lo era la sentencia proferida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Por lo anterior, reiteró que la discusión sobre la indexación de la primera mesada,
debió ser objeto de debate en el curso del medio de control aludido, sin embargo, allí
no fue planteado, y tampoco en el referido fallo se hizo pronunciamiento alguno en
ese sentido.
1.6.3. El juzgado vinculado guardó silencio, pese a encontrarse notificado de este
asunto.
1.7. Sentencia de primera instancia8
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió fallo el 12 de diciembre
de 2025 en el que declaró la improcedencia de la tutela, al no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.
Como fundamento, señaló que los reproches de la parte actora no se encuentran
debidamente justificados y están encaminados a revivir el análisis jurídico efectuado
por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso
ordinario.
Una vez analizados los argumentos planteados en la decisión censurada, concluyó
que la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta para declarar que la pretensión de
cobrar la indexación de la primera mesada era improcedente, lo planteado en el escrito
de demanda ejecutiva, así como lo ordenado en la sentencia base de acción junto con
la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Por lo tanto, indicó que no bastaba con manifestar inconformidades respecto a las
decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos
especiales de procedencia cuando en este asunto la discusión queda restringida a
asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional.
8 Ver índice 012 de Samai.
6
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1.8. Impugnación9
La parte accionante manifestó que la decisión del a quo incurre en un error de enfoque
constitucional al reducir el debate planteado a una discrepancia legal y económica
cuando en realidad se debate la efectividad de derechos fundamentales, la
vulneración al derecho al debido proceso y la protección reforzada al mismo,
«teniendo en cuenta que para el caso aunque pudiese preverse la existencia de otro
mecanismo para la solución y garantía de los derechos invocados, también es deber
del juzgador verificar si dichos mecanismos son propicios, efectivos y factibles en la
búsqueda de la garantía de protección de los derechos vulnerados».
Insistió en la transgresión de sus derechos con la decisión que adoptó el tribunal
accionado pues la falta de actualización e indexación adecuada de la primera mesada
representa una afectación directa y grave a sus derechos, limitándole el acceso a un
ingreso que garantice sus condiciones de vida digna.
Aludió a su calidad de sujeto de especial protección constitucional por ser una persona
de 68 años y tener un delicado estado de salud al ser diagnosticado con «neurolisis
de raíces espinales, neurolisis de plexo lumbar, síncope y colapso, otro dolor crónico,
dolor crónico intratable, seudoartrosis consecutiva a fusión o artrodesis, entre otros
diagnósticos, patologías que comprometen gravemente su columna vertebral,
generándole dolores crónicos e intensos que le impiden llevar una calidad de vida
adecuada».
Reiteró que el fallo incurrió en un error al desconocer la reiterada jurisprudencia de la
Corte Constitucional, según la cual la indexación de la primera mesada se incorpora
de pleno derecho al monto reconocido para la pensión, aun en aquellos casos en que
el pensionado no la haya solicitado de manera expresa y refirió nuevamente los
defectos de la sentencia cuestionada, catalogando esta vez de manera concreta un
defecto fáctico por omisión valorativa.
Igualmente, aludió a los argumentos que procedencia de la tutela que fueron
expuestos en el libelo inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
9 Ver índice 016 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 12 de febrero de 2026. Sentencia de
primera instancia notificada el 5 del mismo mes y año.
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2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado10.
2.2. Cuestión previa
La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó su
desvinculación del presente trámite, tras considerar que no le asiste legitimación en la
causa por pasiva. Si bien dicha autoridad elevó tal solicitud dentro del presente
trámite, el a quo al momento de proferir la sentencia omitió pronunciarse al respecto,
por lo que será resuelta en esta oportunidad.
Sobre el particular, la Sala no accederá a lo pretendido. Esto, en virtud de que su
vinculación a este asunto resulta relevante como tercero ante un eventual interés que
le puede representar el presente fallo en el evento de emitirse una decisión favorable
al actor.
2.3 Problema jurídico
Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca lo
resuelto el 12 de diciembre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia de la acción. Para tal efecto, es
necesario abordar el siguiente interrogante:
• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales del tutelante, con
ocasión de la providencia del 24 de julio de 2025, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
revocó la decisión proferida el 18 de octubre de 2023 por el Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. y, en su lugar, declaró
terminado el proceso ejecutivo identificado con radicado 11001-3335-025-
2018-00274-00/01.?
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el criterio
de relevancia constitucional y iii) el caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
10 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
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contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su procedencia.13
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-215 de 2022, en la que se explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
9
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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico15; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional16.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal17”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales18”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
[…]
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
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Demandante: Jorge Emilio Ramírez Gasca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-01
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal20. (Resaltado de la
Sala)
2.6. Caso concreto
De la revisión del expediente correspondiente al proceso ejecutivo, los cargos
planteados por la parte accionante, el fallo de primera instancia y la impugnación, la
Sala estima que el asunto no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe
confirmar la decisión del 12 de diciembre de 2025 que declaró su improcedencia.
La parte actora pretende que por medio de este mecanismo constitucional se deje sin
efectos la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada, que revocó la del a
quo, y en su lugar, declaró la terminación del proceso ejecutivo adelantado por el actor
para el cumplimiento de la sentencia base de acción.
Consideró que el fallador de segunda instancia valoró indebidamente las pruebas
documentales al descartar la prueba pericial y la liquidación que cumplía con la
fórmula establecida en la sentencia del proceso ordinario, al igual que omitió la
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, que garantizan el derecho a la
actualización de la primera mesada pensional como medio para preservar el poder
adquisitivo, el mínimo vital y la dignidad humana del pensionado.
De sus reproches se entiende que alegó los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento de precedente, pues tal como lo resumió el a quo constitucional, la
discusión se plantea en esencia porque se (i) ignoró que la sentencia base de la
ejecución ordenó expresamente la actualización de valores conforme al IPC, lo que
incluye la indexación de la primera mesada pensional; (ii) desnaturalizó la indexación
al tratarla como un simple ajuste técnico y no como garantía del poder adquisitivo y
del mínimo vital; (iii) incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración de un peritaje
y del título; (iv) desconoció los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional sobre la protección del derecho pensional; y (v) dio por terminado el
proceso ejecutivo pese a la existencia de un título con obligación clara, expresa y
exigible o, en su defecto, determinable mediante una operación aritmética.
Por su parte, la autoridad judicial accionada al proferir su decisión de terminación de
la ejecución advirtió sobre el incumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 422 del CGP frente a la obligación que se ejecuta.
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Ibid.
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Para el efecto, consideró que: «luego de analizada la sentencia del 19 de abril de
2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aportada en la presente
demanda como título ejecutivo se advierte que la obligación pretendida por el
ejecutante no es expresa, clara ni exigible. En ese sentido, habida cuenta que lo
reclamado en la demanda ordinaria como restablecimiento del derecho, fue que se le
reliquidara la pensión de jubilación del demandante con inclusión en el IBL de los
factores percibidos en el último año de la prestación del servicio oficial por parte del
señor Ramírez Gasca, cuyo lapso fue entre el 30 de julio de 2002 y el 30 de julio de
2003, sin que allí se reclamara la indexación de la primera mesada, y por ende, el fallo
presentado como título ejecutivo NO contiene dicha obligación».
Con base en el anterior panorama, se evidencia que los reparos expuestos en el
escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que
justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime, cuando no se evidencia,
prima facie, vulneración de los derechos fundamentales por parte de la accionada,
aun cuando los hechos expuestos involucren afectación a una persona que pretende
protección constitucional por su condición de adulto mayor y estado de salud.
La decisión acusada expuso los argumentos por los que decidió terminar la ejecución,
pese a que sus efectos no fueron los esperados por el tutelante, pues contrario a lo
considerado por el señor Jorge Emilio Ramírez Gasca, el ad quem estudió los
elementos de convicción probatorios y jurídicos que le llevaron a concluir la falta de
cumplimiento de los requisitos legales del título ejecutivo para declarar la terminación
del cobro perseguido, bastando con ello el análisis que realizó al título base. Estudio
con el que no estaría conforme la parte actora quien basó sus reproches en un
presunto defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento de precedente, según se
deduce de los argumentos expuestos.
Es preciso mencionar que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica y
las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de estos. Lo
cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las
autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no es viable su
reproche en este escenario constitucional.
Además, cabe advertir que, sobre el cargo por desconocimiento de precedente,
concretamente esta Sección ha considerado que la parte que lo invoca debe cumplir
con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la
ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior; (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte
el fallador de instancia y, (iv) la razón por la que debía aplicarse ese precedente, lo
que no se cumplió por el tutelante, quien solamente se enfocó en argumentar sobre la
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actualización de la primera mesada pensional como medio para preservar su poder
adquisitivo, el mínimo vital y la dignidad humana del pensionado.
Así, la Sala estima que la acción de tutela en cuestión viene a reiterar los argumentos
que fueron estudiados a lo largo del medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho, así como del proceso ejecutivo, lo cual, conforme quedó consignado en
precedencia, desnaturaliza el mecanismo de amparo al pretender que éste se
constituya en una instancia adicional.
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por el extremo
accionante busca mutar el amparo constitucional en un nuevo escenario de discusión
judicial.
Aunado a lo que antecede, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial.
Por lo anterior, se concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó
el requisito de relevancia constitucional y, en tal sentido, se impone confirmar la
decisión de primera instancia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora
Colombiana de Pensiones.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de
la presente acción.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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