RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06932-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06932-01

Fecha
16 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06932-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Rosa María Rivera Taborda, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06932-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías /
Defectos fáctico y sustantivo
Decisión: Revocar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Rosa María Rivera Taborda, en contra
de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Rosa María Rivera Taborda promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 63001-33-33-007-2024-00071-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, el
municipio de Armenia y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2,
con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los
cuales se le negó la sanción moratoria, de conformidad con los parámetros
establecidos en la Ley 1071 de 2006 y 1955 de 2019.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELAROSAMA(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante Fomag.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, en
sentencia del 15 de noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda al considerar que la entidad territorial incurrió en mora en la expedición,
notificación y posterior envío del acto administrativo que reconoció las cesantías,
pues desde que recibió la solicitud, hasta el momento en que se expidió la Resolución
2236 del 9 de diciembre de 2021, superó el término de 15 días. En contra de esta
decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 2 de mayo de 2025
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el conteo de la sanción moratoria en el pago de las cesantías
realizada en primera instancia no fue el adecuado, comoquiera que no tuvo en cuenta
el sistema de información Humano en Línea como modelo de atención de las
prestaciones económicas de los docentes provisto por el Fomag y, que de acuerdo
con los términos precisados en el precedente jurisprudencial sobre la materia, no se
observaba la generación de una sanción por mora.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en un defecto fáctico por determinar una fecha de inicio de la actuación
administrativa distinta a la demostrada en la constancia generada por el Sistema
Humano en Línea, pues el contenido del referido soporte, registraba que ello sucedió
el 29 de septiembre de 2021, cuando formalmente solicitó y cargó la documentación
requerida para el reconocimiento de las cesantías parciales; sin embargo, el tribunal
tomó una fecha posterior, bajo la consideración de que esta gestión se hizo de
manera completa hasta el 7 de diciembre de 2021, máxime cuando no identificó cuál
fue el requerimiento de documentación que efectuó el municipio de Armenia.

2.5. En defecto sustantivo al interpretar la norma aplicable de manera incompatible
con los hechos del caso concreto, pues lo decidido resultó abiertamente contrario a
lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1272 de 2018, los cuales estipulan
como único condicionamiento para que inicie el cómputo del término de 15 días
hábiles, la presentación completa de la solicitud en sede administrativa. Mientras que,
la etapa de validación de la documentación constituyó un acto propio de la entidad
territorial, que determina si la misma se encuentra debidamente presentada, sin que
pudiera entenderse como el momento en que se formaliza la radicación en la medida
que su realización oportuna no dependió del docente, cuya única responsabilidad fue
cargar todos los documentos e información pedida en el aplicativo Humano en Línea.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, en sentencia del
2 de mayo de 2025 proferida dentro del medio de control identificado con No. 63001-33-
33-007-2024-00071- 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora ROSA MARÍA RIVERA TABORDA, al haber

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la
valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de
los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación
fáctica de la accionante Rosa María Rivera Taborda y, (ii) aplicando en debida forma la
normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo
definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en
favor de los docentes del Fomag.[…]». [sic]

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia 3
luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al
interior del proceso contencioso, solicitó que se abstuvieran de resolver en el fallo
pretensiones que lo afectaran ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales de su parte, por cuanto fueron dirigidas respecto de la actuación
surtida en segunda instancia.

5. La Secretaría de Educación Municipal de Armenia4 pretendió que se
negara, o en su defecto, se declarara improcedente el amparo pretendido ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales de la demandante, pues
no se observa que la decisión de la autoridad judicial haya sido arbitraria, ya que de
acuerdo con la normativa aplicable, la fecha de radicación de la solicitud inició una
vez aportada y validada toda la documentación exigida para el trámite, razón por la
cual, antes de que se allegara la totalidad de la documentación requerida era
imposible para la entidad territorial proceder al estudio de fondo sobre la viabilidad
de reconocimiento de las cesantías parciales.

5.1. En la Plataforma Humano se evidenció que el trámite de certificaciones
salariales y laborales se solicitó el 28 de septiembre de 2021 y la radicación completa
de la documentación por parte del docente y su validación, se produjo el 7 de
diciembre de 2021; motivo por el cual, únicamente a partir de lo establecido por el
Fomag en el instructivo, se debía tener como radicada la solicitud de reconocimiento
y pago de las cesantías el día en que la peticionaria incorporó o cargó a la Plataforma
Humano en Línea la totalidad de los documentos que se requerían, es decir, cuando
la petición estuvo completa, tal como se pudo inferir de los artículos 2.4.4.2.3.2.1 y
24.4.4.2.3.2.22 del Decreto No. 1075 de 2015, modificado por el Decreto 942 de
2022.

5.2. Si se aceptara la tesis de la demandante se patrocinaría la deslealtad y mala
fe en las actuaciones administrativas, al permitir que se dé inicio al término que tiene
la entidad para resolver la respectiva solicitud a pesar de que esté incompleta,

3 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «17RECIBEPRUEBAS_of114Respuestavincul(.pdf)

NroActua 10».
4 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «19RECIBEMEMORIAL_RESPUESTASEM(.pdf)

NroActua 11».
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

máxime si el espíritu de las normas es que el usuario autogestione sus solicitudes a
través de la plataforma tecnológica Humano en Línea.

6. El Ministerio de Educación Nacional5 requirió que se declarara
improcedente la petición de amparo por no acreditar el requisito general de la
relevancia constitucional pues se trató de una controversia económica que reviste
una afectación del patrimonio público e involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela.

7. El Tribunal Administrativo del Quindío guardó silencio.

1.3 . Sentencia de primera instancia6

8. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 27 de noviembre de
2025 declaró improcedente el amparo pretendido por no superar el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que la inconformidad planteada giró en torno a
la falta de reconocimiento de la sanción moratoria, asunto que no involucró la
afectación de derechos fundamentales, cuya naturaleza era eminentemente
económica.

1.4. El escrito de impugnación7

9. Rosa María Rivera Taborda impugnó la sentencia de primera instancia, para
lo cual, además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, indicó que,
si acreditó el requisito general de la relevancia constitucional por violación de la
garantía fundamental del debido proceso. Asimismo, recordó que el Consejo de
Estado8 ha señalado que la petición de cesantías se entendería formalmente
radicada desde el momento en que se completa el cargue de la documentación
requerida, no en una etapa posterior de la actuación administrativa.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

5
Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«27RECIBEMEMORIAL_2025EE344667Comunica(.pdf) NroActua 12».
6 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «32Sentencia_31ACfExp20250693200R(.pdf)

NroActua 15».
7 Ver índice 20 de Samai. Archivo denominado «35_MemorialWeb_Otro-
IMPUGNACIONROSAMAR(.pdf) NroActua 20».
8 Al respecto citó: i) Sección Segunda, Subsección A, CP Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del

25 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-05598-00; ii) Sección Segunda, Subsección
A, CP Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de octubre de 2025, Rad.
11001031500020250607200.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

15. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

18. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos fundamentales de Rosa
María Rivera Taborda con ocasión de la sentencia del 2 de mayo de 2025, mediante
la cual, en segunda instancia, negó las pretensiones dirigidas al reconocimiento de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, con la que incurrió,
presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

19. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

20. Aclarado lo anterior, se encuentran superados los requisitos de procedibilidad
de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

2.4.2. Defecto fáctico

21. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,17 tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»20.

22. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Defecto sustantivo

23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

24. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión

17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo

Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

2.4.4. Sobre el caso concreto

26. Rosa María Rivera Taborda acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío
mediante la cual, en segunda instancia, negó las pretensiones dirigidas al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

27. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en un defecto fáctico por determinar una fecha de inicio de la actuación
administrativa distinta a la demostrada en la constancia generada por el Sistema
Humano en Línea, pues el contenido del referido soporte, evidenciaba que ello
sucedió el 29 de septiembre de 2021, cuando formalmente solicitó y cargó la
documentación requerida para el reconocimiento de las cesantías parciales; sin
embargo, el tribunal tomó una fecha posterior, bajo la consideración de que la gestión
se hizo de manera completa el 7 de diciembre de 2021.

28. En defecto sustantivo al interpretar la norma aplicable de manera incompatible
con los hechos del caso concreto, pues lo decidido resultó contrario a lo dispuesto en
la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1272 de 2018, los cuales estipulan como único
condicionamiento para que inicie el cómputo del término de 15 días hábiles, la
presentación completa de la solicitud en sede administrativa.

29. Al respecto, la Sala aclara que los mencionados defectos van a ser estudiados
en conjunto, comoquiera que ambos están dirigidos a cuestionar la fecha que la
autoridad judicial demandada aceptó por radicada la solicitud prestacional y la cual
le sirvió de fundamento para negar el reconocimiento de la mora pretendida.

30. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis probatorio
efectuado por el Tribunal Administrativo del Quindío relacionado con el trámite
evidenciado en la plataforma «Sistema Humano en Línea», así:

«[…] En estos términos, consultada la «GUIA DEL DOCENTE PARA SOLICITAR
CESANTÍAS EN EL SISTEMA HUMANO EN LÍNEA», allí se indica que, a efectos de
proceder con el trámite de solicitud de prestaciones, el docente debe contar con la historia
laboral y factores salariales certificada por la Secretaría de Educación, la cual se realizará
a través del Sistema de Humano en Línea de forma previa, y que aprobada dicha
certificación, puede iniciarse el proceso de radicación de la solicitud de sus cesantías. En
tal virtud, el 28 de septiembre del 2021 es la fecha que como se evidencia de la prueba
documental allegada, corresponde a aquella en que se solicitó por la docente demandante
la certificación de historia laboral necesaria, a la par que con los demás documentos
previos y necesarios exigidos por el FOMAG para dar inicio al proceso de radicación de
la prestación respectiva; solicitud que según el agotamiento del procedimiento solo
se realizó hasta el 7 de diciembre de ese mismo año cuando la docente completó la
documental necesaria para su trámite de cesantía parcial para educación.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

Y es que, de la trazabilidad del historial del proceso en la plataforma o aplicativo Humano
en Línea - el cual fue allegado tanto por la demandante como por el ente territorial
demandado -, se desprende que solo hasta el 07 de diciembre de 2021 fue radicada la
solicitud arrojando un número que para este caso es ARMEN20211207VN5007532; fecha
y nomenclatura de radicación que concuerda con aquella transcrita en el acto
administrativo de reconocimiento de la prestación - Resolución 2236 del 9 de diciembre–
y que fue objeto de aclaración en la Resolución 322 del 15 de febrero del 2022.

Aunado a lo anterior, el programa en línea que creó y estandarizó el FOMAG para que los
docentes procedieran a la reclamación de sus cesantías, es conocido a nivel nacional en
cada una de las secretarías de educación de las entidades territoriales las que brindan a
los interesados una guía del paso a paso para el proceso de solicitud de sus prestaciones,
así como videos tutoriales que explican la ejecución de la solicitud pretendida en cada una
de las etapas.

Es de advertir que conforme está diseñado el programa solo una vez cargada y agotada
una etapa previa documental de historia laboral y salarial es cuando el sistema certifica la
fecha de radicación de la reclamación administrativa de reconocimiento de prestaciones
económicas como es la cesantía.

Si bien es cierto las entidades públicas no pueden exigir a sus administrados
certificaciones o documentos que reposen en sus archivos para efectos de tramitar y
resolver las peticiones que se quieran elevar (CPACA art 9 num 4, Decreto 019 de 2012
art 9), no es menos cierto que el diseño del programa no permite cargar y/o caracterizar e
identificar una reclamación administrativa y una fecha de radicado diferente a la que el
sistema arroja.

Es de señalar que la parte actora conocía el proceso de Humano en Línea, tanto así, que
allegó junto con el escrito de demanda la documental que evidenciaba la trazabilidad del
proceso ejecutado en dicha plataforma sin que ésta hubiera sido objeto de alguna tacha
o desconocimiento por parte de la interesada.

Así las cosas, esta Sala considera que le asiste razón al ente territorial apelante, razón
por la cual el conteo de la sanción moratoria en el pago de las cesantías realizada en
primera instancia no fue el adecuado, ello, porque no tuvo en consideración el sistema de
información Humano en Línea como modelo de atención de las prestaciones económicas
de los docentes provisto por el FOMAG.

Con la finalidad de esclarecer la situación en torno a la mora deprecada por la parte actora,
se abordará el trámite administrativo que se surtió por el Municipio para así definir si le
asiste o no el derecho reclamado respecto del ente territorial.

Sobre el particular, se tiene que la administración mediante Resoluciones No 2236 del 9
de diciembre del 2021 y No. 322 del 15 de febrero del 2022 –aclaratoria-, notificada en
esa misma fecha a través del programa Humano en Línea, reconoció a la demandante la
cesantía parcial que solicitó el 7 de diciembre del 2021.

En este punto, resulta oportuno traer a colación las hipótesis que pueden resultar de la
solicitud de reconocimiento de las cesantías según la sentencia de unificación del Consejo
de Estado, veamos:

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

Conforme a lo expuesto, es claro que la situación fáctica de la señora Riviera Taborda
encuadra en la cuarta hipótesis, en tanto el Municipio de Armenia expidió el acto de
reconocimiento de las cesantías el 9 de diciembre del 2021 y lo notificó en esa misma
fecha a través del programa humano en línea, es decir dentro de los 15 días que tenía
para tal efecto, los cuales finiquitaban el 29 de diciembre de 2021. Debe anotarse que
subsiguientemente, la resolución fue objeto de aclaración, sin discrepancia de la parte
interesada sobre esa actuación, notificación que se hizo el 15 de febrero del 2022, lo que
hizo que la ejecutoria de esa actuación administrativa finiquitara el día 15 de febrero del
2022.

En este orden y en tanto la parte actora no renunció a términos ni interpuso recursos, la
decisión quedó ejecutoriada el 16 de febrero del 2022, y según se pudo verificar de la
prueba documental recopilada, el acto administrativo se remitió de forma automática al
FOMAG por medio del programa Humano en Línea el día 17 de febrero del 2022 – fecha
en que el docente aprobó el acto –; luego se puede concluir que el ente territorial no
desatendió los plazos y procedimientos que señala el Decreto Nacional 1272 de 2018
para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, dado que el acto administrativo de reconocimiento
de la prestación de la señora ROSA MARIA RIVERA TABORDA se expidió en tiempo, fue
objeto de aclaración y quedó ejecutoriado el 17 de febrero del 2022 cuando finalmente se
dio aprobación al acto por la propia parte interesada y el pago realizado por el Fondo
acaeció el 28 de febrero del 2022, es decir, dentro de los 55 días a la ejecutoria del acto.
Es más, si en gracia de discusión, se tomara como hito de conteo de una posible sanción
por mora el acto administrativo inicial que reconoce la prestación, esto es, sin la aclaración
que hizo FOMAG, es decir, el notificado el día 9 de diciembre del 2021, tampoco se
generaría una sanción por mora, al haberse pagado el 28 de febrero del 2022, es decir,
en el día límite o que habría empezado a generarse una sanción ya que aquel día no
alcanzó a completarse sin pago. […]». [sic]

31. Como se observa, el Tribunal Administrativo de Quindío advirtió que la solicitud
de pago de cesantías parciales de Rosa María Rivera Taborda quedó radicada
completamente el 7 de diciembre de 2021, conforme se consignó en la resolución de
reconocimiento de cesantías allegada con la demanda, la cual estaba ejecutoriada y
gozaba de presunción de legalidad, por no ser recurrida administrativamente ni
demandada. La anterior conclusión fue ratificada con la documentación aportada con
la demanda y la contestación, en concreto, la información del sistema de radicación
de la solicitud.

32. En ese entendido, concluyó que, si bien el 29 de septiembre del 2021 se
solicitaron los documentos necesarios para dar inicio al proceso de radicación de la

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

prestación, lo cierto era que solo hasta el 7 de diciembre de 2021 la entidad territorial
tuvo por radicada la solicitud porque en esa fecha fue presentada de forma completa;
de allí que el 9 de diciembre de 2021 el municipio de Armenia expidiera y notificara
el acto de reconocimiento de las cesantías a través del programa «Humano en línea».

33. Revisado el expediente del proceso ordinario y la decisión adoptada por la
autoridad judicial, se advierte que con la demanda se aportó el reporte de la
plataforma «Sistema Humano en Línea», en el que se registró la siguiente
información:

34. Al respecto, debe precisarse que la controversia planteada en el presente
asunto giró en torno a la fecha en la que se radicó la solicitud de pago de cesantías
parciales por compra de vivienda, pues:

34.1. La demandante en el escrito inicial señaló que aquella fue radicada el 29 de
septiembre de 2021, como se observa:

«[…] El día 29 de septiembre de 2021, la docente Rosa María Rivera Taborda presentó
petición de reconocimiento de cesantías a través del Sistema Humano en Línea, obteniendo
una respuesta positiva por Resolución No. 2236 del 9 de diciembre de 2021, acto que fue
objeto de aclaración mediante Resolución No. 0322 del 15 de febrero de 2022. Por su parte,
la Fiduprevisora S.A. desembolsó los recursos el 28 de febrero de 2022. […]». [sic]

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

34.2. El Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia enjuiciada estableció
como fecha de presentación el 7 de diciembre de 2021, al considerar:

«[…] solicitud que según el agotamiento del procedimiento solo se realizó hasta el 7 de
diciembre de ese mismo año cuando la docente completó la documental necesaria para
su trámite de cesantía parcial para educación. […]». [sic]

35. Deducciones que tienen su génesis en el referido documento, es decir, el
reporte de la plataforma «Sistema Humano en Línea» en el cual, como se puede
apreciar, figuran ambas fechas denominadas «solicitar certificación» y «prestación
en estudio», respectivamente, sin embargo, llama la atención de la Sala que en aquel
también obra la actuación denominada «validación de documentos» del 2 de
diciembre de 2021, la cual especificó que, una vez fueran aprobados sus documentos
se radicaría su solicitud.

36. En concordancia con lo anterior, resulta razonable la inferencia efectuada por
el Tribunal Administrativo de Quindío al concluir que la solicitud fue radicada de
manera completa el 7 de diciembre de 2021, en la medida en que ello fue consignado
en la resolución de reconocimiento de cesantías, la cual se encuentra ejecutoriada y
goza de presunción de legalidad en todo su contenido, como se evidencia:

37. La cual, pese a ser aclarada posteriormente, mantuvo la fecha inicial, como se
observa:

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

38. Máxime si se tiene en cuenta que la demandante no aportó prueba, más allá
del reporte de la plataforma «Sistema Humano en Línea», que permitiera ratificar la
fecha en la cual, aseguró, radicó la solicitud.

39. Sumado a esto, como lo afirmó el tribunal demandado, debe tenerse en cuenta
que «en tanto la parte actora no renunció a términos ni interpuso recursos, la decisión quedó
ejecutoriada el 16 de febrero del 2022» y, además, revisado el documento de
trazabilidad, en todo momento se le informó a la demandante que la fecha de
radicación se generaría con la aceptación de la información y documentación, lo cual
solo ocurrió el 7 de diciembre de 2021.

40. Por otra parte, si bien la demandante sustentó su escrito de impugnación en
pronunciamientos proferidos en sede de tutela por el Consejo de Estado, es
pertinente aclarar que, pese a que aquellos obedecieron a situaciones en las que
también se discutió la fecha de radicación de la solicitud para determinar el momento
a partir del cual debía iniciarse el conteo del término para reclamar la sanción por
mora en el pago de cesantías parciales, lo cierto es que fueron emitidos en procesos
de naturaleza constitucional con efectos inter-partes. Además, no puede perderse de
vista que los supuestos fácticos deben analizarse de manera particular de acuerdo
con el material probatorio aportado en cada caso en concreto, lo cual impide aplicar
un criterio decisional de manera indistinta.

41. De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso,
se encuentra, que las actuaciones de la autoridad judicial demandada, lejos de
incurrir en los defectos endilgados, fueron realizadas conforme a la jurisprudencia y
normas de su función judicial, debido a que se apoyó en el material probatorio obrante
en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso
concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de
autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones, en consecuencia,
las diferencias en el estudio de las pruebas aportadas no constituyen una indebida
valoración.

42. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

43. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06932-01
Demandante: Rosa María Rivera Taborda

3. Conclusión

44. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Rosa
María Rivera Taborda en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Quindío.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Rosa María Rivera Taborda, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.