Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06939-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06939-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06939-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00 (11012)
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: defectos fáctico y sustantivo, defecto
procedimental absoluto, desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución. Subtema 3: cosa juzgada. Subtema 4: inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el
Juzgado Quince Administrativo de Bogotá.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz, presentó acción de tutela, con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad
humana, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Quince Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, con ocasión de las sentencias proferidas el 31 de agosto de 2022 y
24 de agosto de 2023, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con
radicado número 11001-33-35-015-2021-00042-00/01.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, que tuvo como fin, dejar sin efecto los fallos disciplinarios de
primera y segunda instancia del 7 de abril y 20 de junio de 2017, por los cuales se
le sancionó con suspensión e inhabilidad general por el término de diez años, por
haberse ausentado de su lugar de servicio sin contar con permiso para ello o que
existiera justificación al respecto; así como de la Resolución número 03231 del 12
de julio de 2017, por medio de la cual se ejecutó la sanción impuesta.
3. Solicitó a título de restablecimiento del derecho su reintegro al cargo de
patrullero o a otro de mejor categoría, así como el pago de los salarios y demás
emolumentos prestacionales dejados de percibir con ocasión de su retiro, al igual
que el reconocimiento de perjuicios morales.
4. En concepto del accionante, con los actos proferidos por la Policía Nacional, se
le violaron los derechos de defensa y debido proceso; además se encontraban
falsamente motivados y fueron expedidos con desvío de poder.
5. Se trasgredió el debido proceso, en cuanto el auto que ordenó la apertura de la
investigación disciplinaria fue proferido por un funcionario de menor cargo; el auto
que llamó a audiencia, en su parte resolutiva no estableció la conducta cometida, ni
cuáles son los cargos que se le imputan, ni el título objetivo; además que no se hizo
precisión de la violación efectiva de la norma y fueron valoradas ciertas pruebas
antes del respectivo momento procesal oportuno, lo que constituye un
prejuzgamiento.
6. Manifestó que la decisión se sustentó solo en pruebas testimoniales, lo cual
atenta el principio de la comunidad de la prueba, en el sentido de que para tomar
una decisión se tiene que hacer una valoración integral de todo el material
probatorio.
7. Adicionalmente, en contra de su derecho de defensa, no fueron observados
también otros elementos probatorios, tales como su hoja de vida, la intachable
trayectoria en la entidad, el que no contaba con antecedentes disciplinarios, como
las circunstancias en que ocurrieron los hechos por los cuales se le investigó y
finalmente sancionó, con lo cual se permitía excluir o atenuar la culpa que le fue
endilgada al respecto.
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 2, certificado 57A7E9B34ABD7E46
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2
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8. Igualmente, argumentó que los actos acusados adolecían de falsa motivación y
fueron expedidos con desviación de poder, en cuanto no se fundamentaron en un
análisis valorativo de las pruebas y en ningún aparte de la decisión disciplinaria se
hizo referencia a que no se logró demostrar la tipicidad de la conducta y la intención
de incurrir en la falta de forma dolosa.
9. Sostuvo que se buscó su destitución de la entidad, cuando por el contrario de
acuerdo con las pruebas y el procedimiento llevado a cabo al respecto, no era
posible sancionarlo o se le debió imponer la mínima sanción.
10. El Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, por sentencia del 31 de agosto de
20222, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la parte actora
presentó recurso de apelación.
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
mediante providencia del 24 de agosto de 20233, confirmó el fallo de primera
instancia. Argumentó que, se encontró demostrado que el señor Edwin Ricardo
Calixto Ruíz si se ausentó de su lugar de trabajo o facción sin contar con el permiso
para ello y sin que existiera causa que justificara su actuar.
12. Consideró que, al verificar los hechos y las pruebas que se tuvieron en cuenta
para asignar la sanción impuesta objeto de debate, no se evidencia vulneración
alguna en la valoración de los medios probatorios, ya que dentro de los principios
que rigen la actuación disciplinaria se encuentra el de libertad probatoria,
consagrado en la Ley 734 de 2002 y adicionalmente el demandante tuvo la
posibilidad de participar en las diligencias de recepción de declaración de forma
directa o a través de su apoderado.
13. Precisó que, en el desarrollo de la acción disciplinaria adelantada contra el
demandante, se analizaron y apreciaron las pruebas de acuerdo con las reglas de
la sana crítica, a partir de un estudio racional, lógico y objetivo, según la capacidad
que tenían los documentos y testimonios para demostrar los hechos investigados.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
14. La parte actora solicitó en el escrito de tutela4 lo siguiente:
PRETENSIÓN PRINCIPAL:
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 2, certificado 5923524C62192EA7 1F58908B2D1071A4
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3 Samai, exp. 11001-33-35-015-2021-00042-01, índice 12, certificado D3DD3175B5A71A6B
7108AE0D616D2005 B39E8CE497EE84F9 B20418E3E92E5904.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 2 certificado. 57A7E9B34ABD7E46
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1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, trabajo, mínimo vital y dignidad humana del señor
EDWIN RICARDO CALIXTO RUIZ.
2. DEJAR SIN EFECTOS las siguientes providencias judiciales por estar viciadas de:
• Defecto fáctico (omisión probatoria)
• Defecto sustantivo (inaplicación de normas)
• Violación directa de la Constitución
• Defecto procedimental absoluto
• Desconocimiento del precedente
a) Sentencia del Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección
Segunda, de fecha 31 de agosto de 2022, radicado 11001-33-35-015-2021-00042-
00.
b) Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda
Subsección B, de fecha 24 de agosto de 2023.
3. ORDENAR al Juzgado 15 Administrativo de Bogotá que profiera NUEVA
SENTENCIA dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de este fallo de tutela, en
la cual:
a) Valore integralmente el testimonio del Patrullero Pablo Ángel Castillo Cubillos como
prueba determinante.
b) Analice el testimonio del Subteniente Yor's Larinzon Marentes Daza (policía de
control).
c) Considere el archivo del proceso penal militar como indicio relevante.
d) Aplique el artículo 41 de la Ley 1015/2006 sobre exclusión de responsabilidad
disciplinaria
e) Aplique el principio "in dubio pro reo" ante la contradicción probatoria.
f) Analice la proporcionalidad de la sanción considerando mis antecedentes
disciplinarios (ninguno) y la buena conducta.
g) Considere la inexigibilidad de otra conducta dado mi deber de proteger la vida y
salud del compañero.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:
4. En caso de NO anular las sentencias judiciales, ORDENAR al Juzgado 15
Administrativo que DECLARE LA NULIDAD de los actos administrativos disciplinarios
por:
• Violación del debido proceso en la etapa disciplinaria.
• Vencimiento de términos perentorios (22 meses vs. 9 meses).
• Aplicación indebida del procedimiento verbal.
• Prejuzgamiento (convalidación anticipada de pruebas)5.
5 Adicionalmente también solicitó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que consisten en:
PRETENSIÓN DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
5. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Policía Nacional de Colombia - Ministerio de Defensa
Nacional:
a) REINTEGRAR al señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz al cargo de Patrullero de la Policía Nacional o a uno de
igual o superior jerarquía, con todos los derechos y prerrogativas, sin solución de continuidad.
b) RECONOCER Y PAGAR los salarios, primas, bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir
desde el 15 de julio de 2017 hasta la fecha efectiva del reintegro, debidamente indexados.
c) RECONOCER Y PAGAR los aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL, caja de compensación)
correspondientes al periodo de desvinculación ilegal.
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15. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante expuso que las
providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B y el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá incurren en
defecto fáctico y sustantivo, defecto procedimental absoluto, desconocen el
precedente judicial y violan en forma directa la Constitución.
16. Indicó que se incurrió en defecto fáctico por omisión probatoria, puesto que no
se valoró por el operador judicial, el testimonio rendido por el patrullero Pablo Ángel
Castillo Cubillos y el Subintendente Yor’s Larinzo Marentes Daza; y el proceso penal
militar del que también fue objeto al respecto del que se ordenó su archivo. Además,
valoró en forma sesgada y asimétrica el resto de las declaraciones y no se aplicó
ante la duda probatoria, el principio de in dubio pro-reo.
17. Igualmente, que se incurrió en defecto material o sustantivo, al no dar aplicación
a las normas que eran relevantes para otorgar solución al caso; como lo son, el
artículo 29 de la Constitución, el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 y los artículos 12,
17 y 41 de la Ley 1015 de 2006, que regulan el principio de favorabilidad, las
circunstancias de exclusión de responsabilidad en materia disciplinaria y el principio
de la proporcionalidad que se debe aplicar al momento de establecerse la sanción
disciplinaria. Así mismo, al no analizar frente al comportamiento por el cual fue
juzgado, lo que en la doctrina se denomina la existencia de la «inexigibilidad de otra
conducta».
18. Argumentó que en la decisión se desconocieron o no aplicaron los artículos 1,
2, 13, 25, 29 y 83 de la Constitución, en los que se establece, que se deben respetar
los principios de la confianza legitima y de la buena fe; la presunción de inocencia;
que se debe proteger la vida y la salud de las personas; valorar en igualdad de
condiciones los testimonios, sin observar el rango del declarante; como tener en
cuenta que con la sanción impuesta de destitución y diez años de inhabilidad se
atenta contra su derecho al trabajo, pues se le impide poder acceder a otro empleo.
19. Por otra parte, afirmó que se incurrió en defecto procedimental absoluto, puesto
que no se cumplió en el trámite del proceso disciplinario, con el término perentorio
establecido para llevarse a cabo la etapa de la indagación preliminar, dispuesto en
d) LEVANTAR la inhabilidad de 10 años registrada en la Procuraduría General de la Nación, ordenando la
actualización inmediata de los sistemas de información.
e) RECONOCER Y PAGAR los intereses moratorios conforme al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
sobre las sumas adeudadas.
PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA:
6. CONDENAR a la Nación - Policía Nacional al pago de PERJUICIOS MORALES a favor del señor Edwin
Ricardo Calixto Ruiz por la suma de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,
por:
• Afectación psicológica y emocional (ansiedad, depresión, pérdida de autoestima).
• Estigmatización social por sanción máxima disciplinaria.
• Pérdida de vínculos familiares.
• Destrucción del proyecto de vida profesional.
• Afectación de la dignidad humana durante 8 años.
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Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
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el artículo 151 de la Ley 734 de 2002; se aplicó equivocadamente a este, las reglas
del procedimiento verbal establecido en el artículo 175 de la norma; se procedió a
convalidar de manera anticipada ciertas pruebas documentales a partir del auto de
apertura de la investigación cuando esto debió ser realizado al final en su respectiva
etapa.
20. Además, no se le permitió ejercer en debida forma su derecho de contradicción
frente a las declaraciones rendidas, como tampoco pudo ser escuchado de manera
personal antes de ser proferida la decisión.
21. Finalmente manifestó que se procedió con la decisión a desconocer respectivo
precedente judicial, al no ser observado lo señalado en las sentencias C-495 de
2019, con relación a la aplicación de la presunción de inocencia en materia
disciplinaria y T-233 de 2007, respecto a la valoración irracional de la prueba
testimonial.
2.3. Trámite procesal
22. La presente solicitud de amparo fue remitida por auto del 5 de noviembre de
20256, proferido por el Juzgado Cincuenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, en
aplicación de las reglas de reparto propias de las acciones de tutela.
23. El despacho ponente mediante auto del 11 de noviembre de 2025 7, admitió el
escrito de tutela y ordenó notificar a la autoridad accionada, es decir al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y al Juzgado
Quince Administrativo de Bogotá; igualmente puso en conocimiento del escrito de
tutela a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en su condición de
tercero interesado. Asimismo, negó la solicitud de medida provisional que había sido
presentada por la parte accionante, al igual que la práctica de una prueba
testimonial también requerida con el escrito de demanda.
2.4. Intervenciones
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B8
solicitó que se declarara improcedente la acción porque no se cumple con el
requisito de inmediatez y el accionante ya había presentado igualmente, una acción
de tutela con las mismas pretensiones a las ahora invocadas.
25. Asimismo, argumentó que, como la sentencia proferida por esta autoridad
judicial, por la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, data del 24 de agosto de 2023 y fue notificada a las
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 4, certificado 8BC83E250D78899F
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7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 6, certificado BA5C4C82B2BB70D8
BF672DD4C1F1179A 3B8CBCE3BF02E21C B984F6CEE85747EC.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 11, certificado C07717618EE46929
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6
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Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
partes el 17 de octubre de la misma anualidad, fecha en la cual el señor Edwin
Ricardo Calixto Ruiz conoció de la decisión adoptada, han trascurrido más de dos
años desde que se emitió dicha providencia y se radicó el mecanismo de amparo.
26. Por otra parte, informó que el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, ya había
presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado con las mismas
pretensiones, esto es, para que se deje sin efectos las sentencias emitidas por los
jueces ordinarios, al alegar que estos incurrieron en un falso raciocinio, pues
omitieron llevar a cabo una apreciación conjunta de los respectivos medios de
convicción a la luz de los estándares de la sana crítica.
27. Resaltó que en la acción de tutela que fue tramitada bajo el número de radicado
11001-03-15-000-2024-00130-00, se profirió sentencia de primera instancia el 1 de
febrero de 2024, en el sentido de negar el amparo solicitado. Dicha decisión fue
confirmada a través de providencia del 21 de marzo de 2024.
28. Respecto de los argumentos planteados en el escrito de tutela, manifestó que
se debe indicar que la decisión emitida en segunda instancia por dicho tribunal se
adoptó con fundamento en las pruebas documentales y testimoniales que fueron
recaudadas en el curso del proceso, que permitieron establecer las conclusiones
descritas en la providencia objeto de acción constitucional.
29. Destacó que contrario a lo indicado por la parte actora los argumentos descritos
en la sentencia de segunda instancia no fueron producto de una valoración
inadecuada, sino que obedecieron precisamente a una verificación concienzuda de
las documentales y los testimonios que reposaban en el proceso disciplinario que
fue adelantado en contra del demandante.
30.Concluyó que el hecho de que no se haya accedido a las pretensiones de la
demanda, no significa que la valoración de los jueces no haya sido la adecuada.
31. Además, indicó que se pretende por la parte actora, es convertir el presente
medio constitucional en un nuevo debate probatorio en el que el juez de tutela avale
su sentir, cuando se encuentra debidamente probado que cometió la falta que le fue
endilgada y por la cual fue sancionado, esto es la prevista en el numeral 27 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, «Ausentarse del lugar de facción o sitio donde
preste su servicio sin permiso o causa justificada».
32. El Juzgado Quince Administrativo de Bogotá9 remitió mediante enlace de
acceso el correspondiente expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado número 11001-33-35-015-2021-00042-00 y argumentó que los
fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de sustento para adoptar la
decisión de negar las pretensiones dentro del referido asunto, se encuentran
contenidos en la sentencia proferida por esta sede judicial el 31 de agosto de 2022.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 10, certificado E03E18A472652C27
2D4DC0FA7AF7E947 920A58915A344809 D7FA5FA32E3CD810.
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Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
33. Adujo que durante su trámite se le garantizó el debido proceso a las partes y la
sentencia fue proferida a la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicables al
caso. Igualmente, se concedió el recurso de apelación al demandante, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, por sentencia del 24 de agosto de 2023, en la que confirmó la
decisión.
34. Finalmente, sostuvo que la parte actora ya había interpuesto otra acción de
tutela contra ese despacho judicial por los mismos hechos. Acción que fue conocida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, bajo el radicado número 11001-03-15-000-2024-00130-00 y resuelta
mediante sentencia del 1 de febrero de 2024, en la cual se negó el amparo solicitado
por el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, la cual al ser impugnada fue confirmada
por la Sección Quinta de esta corporación, en sentencia del 1 de febrero de 2024.
35. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional10 argumentó que
no existe la vulneración de los derechos fundamentales que es alegada por el señor
Edwin Ricardo Calixto Ruiz, puesto que dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento fueron valoradas cada una de las pruebas decretadas y
practicadas dentro del proceso disciplinario identificado bajo el radicado de número
DIPON-2015-161.
36. Indicó que, no se le puede endilgar al respecto responsabilidad alguna, puesto
que el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, tuvo la oportunidad en la etapa procesal
respectiva dentro de la investigación disciplinaria de poder ejercer su derecho de
defensa y contradicción, frente a lo cual prefirió en algunas ocasiones guardar
silencio o no asistir a las diligencias pertinentes, sin efectuar objeción alguna o tacha
con respecto a las pruebas; razón por la cual, ahora no puede alegar su propia
culpa.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer
de la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Edwin Ricardo Calixto
Ruiz en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B y del Juzgado Quince Administrativo de Bogotá.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 12, certificado E4F0079DAAA69E1E
06D06CAFDA9585C9 E3CBF3D85EF10749 55CA4B6355D44237.
8
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3.2. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa por activa del señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, se
encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las sentencias
que, a su juicio desconocieron sus derechos fundamentales.
39. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y del Juzgado
Quince Administrativo de Bogotá, porque fueron las autoridades judiciales que
profirieron las providencias dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho que se cuestionan en esta acción constitucional.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
40. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso indebido de este
mecanismo constitucional12.
41.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial [subsidiariedad].
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez].
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
43. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.4. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si ¿la solicitud de tutela presentada por el
señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz configura cosa juzgada o comporta una actuación
temeraria al haber acudido ante el juez constitucional en más de una oportunidad,
con idénticos supuestos de hecho y de causa petendi?
3.5. De la cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria
45. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga
a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr dar así con la
terminación definitiva de las controversias y alcanzar un estado de seguridad
jurídica14.
46. Por su parte, la tutela está establecida, como un mecanismo de amparo
preferencial, idóneo y efectivo para salvaguardar los derechos fundamentales
constitucionales, la cual se caracteriza por ser un procedimiento sumario, garante
del debido proceso, cuya instancia final corresponde a la Corte Constitucional ante
quien opera un proceso de selección cuya decisión, en todo caso, les imprime a las
providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada constitucional.
47. Respecto a la configuración y naturaleza de la cosa juzgada en el marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T- 089 del 201915 consideró:
[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad
mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la
configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la
Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada,
en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de
tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no
selección de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la
Constitución Política de Colombia16. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe
13 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
15 Corte Constitucional, sentencia T-089 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
16 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: «Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional».
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
“(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello
desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema
jurídico”17.
Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional
deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin
de identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud
de amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.
Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las
sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas, de tal manera que, sobre aquellos asuntos tratados y
decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo
pronunciamiento”18 […].
48. Es así como, el uso de la solicitud de tutela debe ser racionalizado y atender
al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez constitucional, éste no puede
ser nuevamente puesto en conocimiento bajo los mismos supuestos y con idénticas
pretensiones y partes ante otra autoridad, pues ello implicaría el quebrantamiento
del principio de la cosa juzgada constitucional e inclusive se podría incurrir en un
actuación temeraria, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1992, el
cual estipula:
[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales,
se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de
los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
49. Tal como lo dispone la norma en cita, al presentarse dos o más solicitudes
de amparo bajo supuestos similares estas deberán ser rechazadas o decididas
desfavorablemente; sin embargo, hay que tener en cuenta que para que se
configure una actuación temeraria, además, deben concurrir los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional19:
«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces,
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
es indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones
de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el
mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o
a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera
de sus representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo
mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos
mismos hechos que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las
demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de
un mismo derecho fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar
de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían
17 Sentencia T-001 de 2016.
18 Sentencia C-622 de 2007.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-507 de 2011, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del
desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia
de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del
derecho de acción […]».
50. Luego, corresponde a los jueces de tutela verificar de manera rigurosa los
citados requisitos a partir de la presunción de buena fe del accionante, pues no es
suficiente con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario examinar
las razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están
plenamente justificados, para determinar la existencia o no de una actuación
temeraria.
3.6. Caso Concreto
51. En el caso bajo estudio, el señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz, pretende que se
deje sin efectos las sentencias del 31 de agosto de 2022 y 24 de agosto de 2023
proferidas por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por las cuales
fueron negadas las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado número 11001-33-35-015-2021-00042-
00/01.
52. Pues bien, de acuerdo con los informes allegados al presente trámite
constitucional, se observa que existe otra solicitud de tutela identificada con el
número de radicado 11001-03-15-000-2024-00130-00/01, la cual posiblemente se
fundamentó bajo supuestos fácticos, jurídicos y probatorios similares a los traídos
en esta oportunidad.
53. De esta manera, al comparar ambos asuntos se extrae lo siguiente:
Acciones Expediente 11001-03-15-000- Expediente 11001-03-15-000-
de tutela 2025-06939-00 2024-00130-00/01
Parte Edwin Ricardo Calixto Ruíz Edwin Ricardo Calixto Ruíz
accionante
Parte Juzgado Quince Administrativo de Juzgado Quince Administrativo de
demandada Bogotá y Tribunal Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B Subsección B
Causa Se alegó la vulneración de los derechos Se alegó la vulneración de los
Petendi fundamentales al debido proceso, derechos fundamentales al debido
acceso a la administración de justicia, proceso y acceso a la administración
igualdad, trabajo, mínimo vital y dignidad de justicia, los cuales consideró
humana, los cuales consideró quebrantados con las sentencias del
quebrantados con las sentencias del 31 31 de agosto de 2022 y 24 de agosto
de agosto de 2022 y 24 de agosto de de 2023, proferidas por el Juzgado
2023, proferidas por el Juzgado Quince Quince Administrativo de Bogotá y
Administrativo de Bogotá y Tribunal Tribunal Administrativo de
Administrativo de Cundinamarca, Cundinamarca, Sección Segunda,
Sección Segunda, Subsección B. Subsección B.
Objeto «PRETENSIÓN PRINCIPAL: «1. Se tutelen derechos
constitucionales al debido proceso en
1. TUTELAR los derechos favor del señor: EDWIN RICARDO
fundamentales al debido proceso, CALIXTO RUIZ, mayor de edad
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
acceso a la administración de justicia, identificado con cedula de ciudadanía
igualdad, trabajo, mínimo vital y dignidad N 1.052389.959 de Duitama Boyacá,
humana del señor EDWIN RICARDO dentro del proceso, radicado: número:
CALIXTO RUIZ. 110013335015-2021-00042-01,
tramitado ante juzgado 15
2. DEJAR SIN EFECTOS las siguientes administrativo de Bogotá, por la
providencias judiciales por estar viciadas violación de derecho, conforme se
de: narra en la presente acción.
• Defecto fáctico (omisión probatoria)
• Defecto sustantivo (inaplicación de 2. Se tutelen derechos al acceso a la
normas) administración de justicia en favor del
• Violación directa de la Constitución señor: EDWIN RICARDO CALIXTO
• Defecto procedimental absoluto RUIZ, mayor de edad identificado con
• Desconocimiento del precedente cedula de ciudadanía N 1.052389.959
de Duitama Boyacá, dentro del
a) Sentencia del Juzgado 15 proceso, radicado: número:
Administrativo del Circuito Judicial de 110013335015-2021-00042-01,
Bogotá - Sección tramitado ante juzgado 15
Segunda, de fecha 31 de agosto de administrativo de Bogotá, por la
2022, radicado 11001-33-35-015-2021- violación de derecho conforme se
00042-00. narra en la presente acción.
b) Sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Sección Segunda 3. Se tutelen derechos a la defensa
Subsección B, de fecha 24 de agosto de técnica en favor del señor: EDWIN
2023. RICARDO CALIXTO RUIZ, mayor de
edad identificado con cedula de
3. ORDENAR al Juzgado 15 ciudadanía N 1.052389.959 de
Administrativo de Bogotá que profiera Duitama Boyacá, dentro del proceso,
NUEVA SENTENCIA dentro de los 30 radicado: número: 110013335015-
días siguientes a la ejecutoria de este 2021-00042-01, tramitado ante
fallo de tutela, en la cual: juzgado 15 administrativo de Bogotá,
a) Valore integralmente el testimonio del por la violación de derecho conforme
Patrullero Pablo Ángel Castillo Cubillos se narra en la presente acción.
como prueba determinante.
b) Analice el testimonio del Subteniente 4. Se tutelen derechos a la tutela
Yor's Larinzon Marentes Daza (policía de judicial efectiva en favor del señor:
control). EDWIN RICARDO CALIXTO RUIZ,
c) Considere el archivo del proceso penal mayor de edad identificado con cedula
militar como indicio relevante. de ciudadanía N 1.052389.959 de
d) Aplique el artículo 41 de la Ley Duitama Boyacá, dentro del proceso,
1015/2006 sobre exclusión de radicado: número: 110013335015-
responsabilidad disciplinaria 2021-00042-01, tramitado ante
e) Aplique el principio "in dubio pro reo" juzgado 15 administrativo de Bogotá,
ante la contradicción probatoria. por la violación de derecho conforme
f) Analice la proporcionalidad de la se narra en la presente acción.
sanción considerando mis antecedentes
disciplinarios (ninguno) y la buena 5. Se tutelen derechos a obtener la
conducta. garantía de la Constitución
g) Considere la inexigibilidad de otra ARTÍCULO 89. Además de los
conducta dado mi deber de proteger la consagrados en los artículos
vida y salud del compañero. anteriores, la ley establecerá los
demás recursos, las acciones, y los
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: procedimientos necesarios para que
puedan propugnar por la integridad
4. En caso de NO anular las sentencias del orden jurídico, y por la protección
judiciales, ORDENAR al Juzgado 15 de sus derechos individuales, de
Administrativo que DECLARE LA grupo o colectivos, frente a la acción u
NULIDAD de los actos administrativos omisión de las autoridades públicas
disciplinarios por: en favor del señor: EDWIN RICARDO
• Violación del debido proceso en la CALIXTO RUIZ, mayor de edad
etapa disciplinaria. identificado con cedula de ciudadanía
• Vencimiento de términos perentorios N 1.052389.959 de Duitama Boyacá,
(22 meses vs. 9 meses). dentro del proceso, radicado: número:
110013335015-2021-00042-01,
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
• Aplicación indebida del procedimiento tramitado ante juzgado 15
verbal. administrativo de Bogotá, por la
• Prejuzgamiento (convalidación violación de derecho conforme se
anticipada de pruebas)» narra en la presente acción.
6. Se tutelen derechos a obtener la
garantía de la Constitución
ARTÍCULO 29. El debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas» [sic para
toda la cita].
54. Así pues, al cotejar los escritos de tutela con los radicados números 11001-03-
15-000-2025-06939-00 y 11001-03-15-000-2024-00130-00/01, se puede advertir
que ambas solicitudes de amparo fueron presentadas por el señor Edwin Ricardo
Calixto Ruíz contra el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
55. De igual manera, se observa que las dos acciones se fundamentan en una
causa similar, en cuanto cuestionan posibles irregularidades de naturaleza
probatoria, normativa, jurisprudencial y procedimental ocurridas en las providencias
proferidas el 31 de agosto de 2022 y el 24 de agosto de 2023, por las mencionadas
autoridades judiciales.
56. Asimismo, se destaca que las dos solicitudes de amparo guardan relación en el
contenido de la pretensión, toda vez que se dirigen a que el juez de tutela acceda
principalmente al amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, se dejen sin efectos las decisiones
cuestionadas para que se emita una nueva providencia en la que se anule la
actuación administrativa que lo sancionó disciplinariamente.
57. No obstante, en el asunto que actualmente se estudia por esta Sala, se advierte
que con la demanda de tutela el accionante también: a) adicionó otros derechos
fundamentales y b) adecuó las pretensiones de amparo en el sentido pedirle al juez
de tutela que: i) deje sin efecto las sentencias del 31 de agosto de 2022 y del 24 de
agosto de 2023, ii) anule los actos administrativos que lo sancionaron
disciplinariamente, iii) ordene su reintegro a la Policía Nacional y iv) ordene el pago
de los salarios y prestaciones dejadas de percibir y una indemnización, por concepto
de perjuicios morales.
58. Aunado a lo mencionado, para el tutelante la sanción disciplinaria que se le
impuso de inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos, es un hecho que
vulnera sus derechos fundamentales de manera actual y permanente, dado que no
le permite acceder a un empleo ni ejercer su profesión de auxiliar de enfermería en
entidades públicas, por lo que, en su criterio, se encuentra facultado para ejercer la
acción de tutela interpuesta.
59. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que a pesar de existir identidad de
partes, causa y objeto entre las tutelas con radicados 11001-03-15-000-2025-
14
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
06939-00 y 11001-03-15-000-2024-00130-00/01, no se evidencia la existencia de
una acción temeraria por parte del señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz, pues en la
demanda estudiada en esta ocasión se puede deducir que la presentación de la
solicitud de amparo obedeció a que el actor tenía el convencimiento errado que por
agregar, modificar o ampliar algunos derechos y pretensiones a la nueva demanda
de tutela, se entendería que se trataba de otra acción diferente a la impetrada en
otra oportunidad.
60. Sin embargo, al constatarse la situación fáctica, se advierte que tienen la misma
finalidad, es decir, la revocatoria de las sentencias del 31 de agosto de 2022 y el 24
de agosto de 2023, proferidas por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.
61.Adicionalmente, el tutelante justificó la presentación de una nueva acción
constitucional alegando la necesidad de proteger sus derechos fundamentales
pues, a su juicio, la sanción disciplinaria impuesta le ocasiona un perjuicio actual y
permanente.
62. Por lo expuesto, es posible concluir que el accionante en el presente asunto
actuó bajo la errada convicción de que podía acudir de manera indefinida a la acción
de tutela, lo cual se derivó del desconocimiento de las reglas jurídicas que la rigen
dada su condición profesional como auxiliar de enfermería. En consecuencia, no es
dable advertir la existencia de una actuación temeraria, toda vez que no se observa
ni se acredita un comportamiento de mala fe o con ánimo fraudulento contra la
administración de justicia por parte del tutelante.
63. A pesar de lo anterior, se advierte que el asunto ya fue decidido de forma previa
dentro del expediente con radicado 11001-03-15-000-2024-00130-00/01, por lo que
resulta evidente que en esta ocasión se configura la cosa juzgada.
64. Adicionalmente, se debe indicar que, una vez consultada la página web de la
Corte Constitucional, se observa que dicha corporación judicial mediante auto de 24
de mayo de 202420, no seleccionó para revisión la referida tutela.
65. Luego, tal como lo ha considerado igualmente la misma Corte Constitucional,
su no selección para revisión configura la cosa juzgada constitucional.
66. Así lo ha referido dicha corporación judicial en las sentencias SU-1219 de
200121 y SU-397 de 202222, en las que en dicho sentido explicó: «[…] la decisión de
la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia
de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta
sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Salvo la
eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma Corte
20 Corte Constitucional, acción de tutela: T-10173044.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-1219 del 21 de noviembre de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-397 del 10 de noviembre de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela
de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y
definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la seguridad jurídica y se
manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema
jurídico».
67. Por otra parte, cabe advertir que la solicitud de tutela tampoco supera el
requisito de inmediatez, puesto que, al examinar el referido expediente en el
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI, se advierte que la providencia expedida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se notificó a las partes e intervinientes, el
17 de octubre de 202323. No obstante, el escrito de tutela fue presentado por la
accionante hasta el 5 de noviembre de 202524, es decir, transcurridos más de 2
años, de manera que superó el plazo razonable para acudir ante el juez
constitucional.
4. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la presente solicitud de
amparo por existir cosa juzgada.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
23 Samai, exp. 11001-33-35-015-2021-00042-01, índice 14
24 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 1.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00
Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
17
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