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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06951-00

Fecha
19 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06951-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral de la señora Diana Gicela Reyes Castro, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas que, dentro de los 2 días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones de la actora, luego de lo cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas deberá en un término de 2 días contados a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión de las vacaciones de la señora Diana Gicela Reyes Castro, correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y 30 de marzo de 2024, conforme con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedido, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991 CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06951-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06951-001
Accionante: : Diana Gicela Reyes Castro
Accionados: : Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas
Acción : Tutela
Tema : Solicitud de expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal para concesión de vacaciones
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por
Diana Gicela Reyes Castro contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca y Amazonas y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al descanso y la desconexión laboral.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
actora frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la
acción de tutela; y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de
este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00
Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
Accionado: DESAJ de Cundinamarca y Amazonas y otro

La señora Diana Gicela Reyes Castro, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al descanso y la desconexión laboral presuntamente vulnerados por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas.

Por consiguiente, requirió que se ordene «[…] a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca, que en el término [de 15 días posterior a la notificación del fallo de tutela] , se
sirva expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el pago y disfrute de las vacaciones
vencidas; así como al Tribunal Superior [del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas], como
nominador, [le] conceda las vacaciones solicitadas que se causaron en periodo de vacaciones individuales
[…] quedaron pendientes».

1.3. Hechos2

En el escrito de tutela se indica que, la accionante se desempeñó como juez en
provisionalidad del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot entre el 9 de
septiembre de 2019 y el 11 de septiembre de 2025, periodo durante el cual regía el
sistema de vacaciones individuales. Explicó que, al entrar en vigencia la Ley 2430 de
2024 el 9 de octubre de 2024, ya tenía causado un periodo de vacaciones entre el 1 de
abril de 2023 al 30 de marzo de 2024, que no le fue pagado ni disfrutado.

Indicó que, tras reintegrarse el 12 de septiembre de 2025 como Juez Tercera Civil
Municipal de Girardot, despacho con vacaciones colectivas, solicitó desde julio de 2025
la certificación de su periodo pendiente. No obstante, la Dirección Seccional expidió el
certificado DESAJCUNCER25-761 el 14 de julio de 2025, en el cual señaló que, solo
cuenta con un periodo por pago y disfrute correspondiente al 1 de abril de 2024 al 31 de
marzo de 2025. Asimismo, tanto esa entidad como el Tribunal Superior negaron su
solicitud al considerar que actualmente se encuentra bajo régimen de vacaciones
colectivas.

La actora aseguró que, esta interpretación desconoce que el periodo reclamado se causó
bajo el régimen individual y que nunca le fue reconocido, lo que, en la práctica, le genera
una vulneración a sus derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral.

1.4. Argumentos de la tutela.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00
Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
Accionado: DESAJ de Cundinamarca y Amazonas y otro

La accionante indicó que su inconformidad se debe a que, las autoridades accionadas
desconocieron que el periodo de vacaciones que reclama fue causado bajo el régimen
de vacaciones individuales, antes de la entrada en vigor de la Ley 2430 de 2024 y que,
pese a ello, le aplicaron de manera estricta el régimen de vacaciones colectivas para
negar su reconocimiento y disfrute.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 6 de
noviembre de 20253, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó
notificar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
y Amazonas, así como al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y
Amazonas4, en su respuesta a la acción, afirmó que esta resulta improcedente dado que
no existe vulneración por parte de la entidad. En relación con la solicitud de descanso
remunerado, indicó que, expidió el Certificado de Vacaciones No. DESAJCUNCER25-
1021 el 1 de octubre de 2025, en el cual consta un periodo pendiente de pago y disfrute
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de
2025.

Asimismo, señaló que, tras la expedición de la Ley 2430 de 2024, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial emitió un comunicado general el 13 de diciembre de 2024,
enviado a los correos institucionales. Allí precisó que, los funcionarios judiciales con
periodos de vacaciones pendientes antes de la entrada en vigencia de la ley debían
informar a la entidad sobre los mismos, a más tardar el 28 de febrero de 2025, pero la
actora no realizó dicho trámite.

2.1.2. El Tribunal Superior de Cundinamarca5. solicitó que, se declare la improcedencia
de la acción de tutela, con base a la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales e incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto la accionante
cuenta con otros mecanismos de defensa.

3
Visible en el expediente digital en SAMAI 04.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9
5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11
3

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Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
Accionado: DESAJ de Cundinamarca y Amazonas y otro

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela es procedente; de serlo, se
deberá analizar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al
descanso y la desconexión laboral, al abstenerse injustificadamente de tramitar la
solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal para el pago y disfrute de las
vacaciones vencidas de la señora Diana Gicela Reyes Castro, pese a tener el deber legal
de garantizar su descanso si la actora cumplió con los requisitos legales para su disfrute.

3.3. La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4. Derecho al Trabajo.

El derecho al trabajo, tal como lo reconocen los artículos 25, 26 y 334 de la Constitución,
en el ámbito individual, implica la libertad de cada persona de escoger y desempeñar

4

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Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
Accionado: DESAJ de Cundinamarca y Amazonas y otro

una profesión u oficio en condiciones dignas. Desde la perspectiva colectiva, impone a
las autoridades el deber de implementar políticas que fomenten el pleno empleo 6.

La Corte Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones que el trabajo es un derecho
fundamental, no solo por su importancia dentro del Estado social de derecho, sino
también por su papel esencial en la vida de las personas. Su carácter fundamental radica
en que es un elemento inherente a la dignidad humana, ya que, a través del trabajo, el
individuo encuentra los medios para su sustento, desarrolla sus capacidades y aporta a
la sociedad. Sin este, no podría garantizarse una existencia digna, pues es la vía principal
para la autosuficiencia y el crecimiento personal.

Conforme a la jurisprudencia que en esta materia ha producido la Corte Constitucional,
es posible identificar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección del
derecho al trabajo cuando:

1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que consiste en toda acción u
omisión que impida el ejercicio de la facultad de desarrollar una labor remunerada en un
espacio y tiempo determinado7.

Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un desconocimiento de las
condiciones dignas y justas en las que el trabajador debe realizar su labor.

Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La remuneración no puede ser
simplemente simbólica. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el
trabajador, a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el cual vincule su
potencial de trabajo a los fines que interesan al patrono. No puede congelarse indefinidamente

2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque injustificado del núcleo
esencial. 8

No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo especifico, en
su lugar determinado ni la permanencia absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica
la prosperidad de la acción de tutela, solamente hay lugar al estudio del caso, cuando existe
debilidad manifiesta o se trata una trabajadora embarazada.

3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario más la prueba de
vulneración al mínimo vial del trabajador. La situación económica de la empresa no es óbice
para dejar de pagar durante varios meses los salarios de los empleados. 9

4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa, pero faltó en el procedimiento
a los principios de buena fe al no expresar los hechos precisos e individuales que provocan
la justa causa de terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de enterarse de
los motivos que originaron el rompimiento de la relación laboral y pueda hacer uso del derecho
a la defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo 10

5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual salario igual. Un tratamiento
diferente que vulnere este principio se considera una discriminación, es un trato diferente sin
justificación racional ni razonable11.

6
Sentencia SU- 601 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
7
Sentencia T-047 de 1995. y T-779 de 1998.
8
Sentencias C-671 y C-671 de 1999, T-799 y T-888 de 1999.
9
Sentencias SU-995 de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz, T-151 de 1998.
10
Sentencia C-593 de 1998, C-299 de 1998 y T-546 de 2000.
11
Sentencias C-479 de 1992, T-230 de 1994.
5

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Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
Accionado: DESAJ de Cundinamarca y Amazonas y otro

3.5. Solución al caso concreto.

La sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la accionante cumple
los requisitos de procedencia de esta acción:

(i) Inmediatez. Se satisface el requisito, teniendo en cuenta que la acción fue
presentada dentro de un plazo razonable contado desde las respuestas
emitidas por las entidades accionadas a la solicitud de vacaciones.

(ii) Subsidiariedad. Se considera procedente, dado que, si bien, la actora podría
interponer los recursos de ley correspondientes, lo cierto es que, tratándose
del derecho al descanso, en el contexto de la concesión de vacaciones, la vía
ordinaria resulta ser idónea pero ineficaz para obtener la protección efectiva de
sus derechos fundamentales, debido al tiempo que normalmente puede tomar
la definición de este asunto, lo que haría que una respuesta tardía por parte de
la justicia impida el disfrute del derecho de la actora12.

(iii) Legitimación por activa. Se cumple, por cuanto, fue la accionante quien
radicó la solicitud de vacaciones.

(iv) Legitimación por Pasiva. Se configura, teniendo en cuenta que, los
accionados son las autoridades involucradas en el trámite de dicha solicitud.

Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene
que, colma los requisitos de establecidos en el Decreto 2591 de 1991, por lo que, esta
Sala examinará el fondo del asunto bajo los hechos específicos alegados por la tutelante.

3.6. Hechos Probados.

a) En julio de 2025, la señora Diana Gicela Reyes Castro solicitó a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas certificado de disponibilidad
presupuestal para concesión de vacaciones lo más pronto posible, correspondientes al
periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y el 30 de marzo de 2024, causado por
su labor como juez primero de familia de Girardot, desde el 9 de septiembre de 2019

12
En la sentencia SU 296 del 2023, La Corte estableció que las trabas administrativas o presupuestales (como la falta de CDP o
conflictos sobre quién debe cubrir el reemplazo) no son razones constitucionalmente válidas para negar el derecho fundamental al
descanso. El Estado tiene la obligación de garantizar el goce efectivo de las vacaciones y no puede trasladar su ineficiencia
administrativa (falta de planeación o presupuesto) al trabajador. La tutela es el mecanismo idóneo cuando la negativa afecta la salud
o la vida digna del servidor.
6

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Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
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hasta el 11 de septiembre de 2025.

b) El 14 de julio de 2025, mediante Certificación DESAJCUNCER25-761, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, manifestó que, el
régimen correspondiente a la actora es el de vacaciones colectivas, conforme al artículo
146 de la Ley 270 de 1996, modificado por el Articulo 74 de la Ley 2430 de 2024.
Igualmente indicó que, revisada la base de datos, se pudo establecer un periodo de
vacaciones pendientes de pago y disfrute, causado entre el 1° de abril de 2024 y el 31 de
marzo 2025.

c) El 16 de septiembre de 2025, la demandante solicitó al Tribunal Superior de
Cundinamarca que, le concediera el disfrute de las vacaciones pendientes
correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de marzo
de 2024.

d) El 16 de mayo de 2025, el Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante Oficio N.º
711, solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial el CDP para cubrir el
pago correspondiente a la persona que realizara el reemplazo.

e) El 14 de octubre de 2025, el Tribunal Superior, mediante Oficio N.º 1079 de 2025,
informó a la actora que, la Sala de Gobierno de la Corporación, a través del Acuerdo N.º
101 del 7 de octubre, negó la solicitud de vacaciones. Esta decisión se fundamentó en la
certificación DESAJCUNCER25-761 del 14 de julio de 2025, en la cual se indica que la
actora está sujeta al régimen de vacaciones colectivas, lo que impide el otorgamiento de
vacaciones individuales.

3.6.1 Frente a la vulneración de derechos fundamentales.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental en Colombia, consagrado en el artículo
25 de la Constitución Política, que establece que «[…] Toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas». Este elemento es fundamental no solo para el adecuado

desarrollo económico del Estado y la sociedad, sino como punto de apoyo para que el
individuo alcance su pleno potencial.

La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho al trabajo no se limita a la mera
ocupación, sino que implica el acceso a un empleo en condiciones que respeten la
dignidad humana. Esto incluye aspectos como la remuneración justa, la seguridad social,

7

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y el descanso necesario.

En la jurisprudencia constitucional, el derecho al trabajo se ha despojado de cualquier
connotación de actividad degradante o meramente instrumental. Por el contrario, se le
confiere la naturaleza de un derecho fundamental en condiciones dignas y justas13. Esto
implica que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo
integral del ser humano. La Corte Constitucional ha enfatizado que el trabajo digno abarca
no solo la posibilidad de obtener un ingreso, sino también el respeto por la salud, la
seguridad, la libertad de asociación y, crucialmente, el descanso.

En ese sentido, y al tratarse de un derecho fundamental, la jurisprudencia
constitucional14, ante la reiterada negación de solicitudes de vacaciones de funcionarios
y empleados judiciales bajo el pretexto de no haber disponibilidad presupuestal ha
insistido en la relevancia del descanso como parte esencial de la dignidad del trabajador,
indicando que incluso en estos casos «[…] una vez las vacaciones se han causado, no deben existir
condicionamientos o cortapisas para su otorgamiento y la contratación de la persona que remplazará al
trabajador en las labores que le corresponden».

La Corte15 ha sostenido que las vacaciones no son un privilegio, sino una necesidad vital
para la recuperación del trabajador del desgaste que produce la actividad laboral;
permiten reponer energías, dedicarse a actividades personales, familiares y recreativas,
lo que contribuye a su bienestar físico y mental, y a su integración social. Esta
recuperación es fundamental para que el trabajador pueda continuar desempeñando sus
funciones de manera eficiente y productiva.

La Corte ha reconocido que el descanso es una necesidad vital para la salud física y
mental del trabajador, y para la protección de su dignidad humana y su libre desarrollo
de la personalidad.

Así las cosas, luego de identificar la relevancia de la que se nutre la petición de amparo
de la señora Reyes Castro, esta Sala considera que, la negativa de expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal para el pago y disfrute de las vacaciones vencidas,
constituye una vulneración de los derechos fundamentales al descanso y la desconexión
laboral, máxime al considerar que dentro del expediente no existe evidencia por parte de
las autoridades accionadas de un pago y disfrute correspondiente al periodo comprendido

13
Corte Constitucional, sentencia T 482 de 1993.
14
Corte Constitucional, sentencia SU 296 del 2023.
15
Ibidem.
8

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entre el 1° de abril de 2023 y 30 de marzo de 2024.

Conforme a lo anterior, respecto a los documentos anexados al trámite, se observa que,
el último soporte expedido por las autoridades accionadas corresponde al Oficio N.º 555
del 6 de junio de 2023, mediante el cual el Tribunal Superior de Cundinamarca y
Amazonas concedió 50 días de vacaciones, del 20 de junio al 8 de agosto de 2023, por
los periodos laborados entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2023.

Si bien el Tribunal de Cundinamarca afirmó en su contestación que, en el expediente
laboral y en las certificaciones oficiales no existe soporte que acredite la existencia del
periodo como pendiente. Lo cierto es que, revisado los documentos adjuntos a este
trámite, se advierte la existencia de la Certificación DESAJCUNCER25-761 del 14 de julio
de 202516, expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, en la cual se indicó que, revisada la base de datos
institucional, la actora presenta un (1) periodo de vacaciones pendientes de pago y
disfrute, causado entre el 1° de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

De igual forma, la Dirección Seccional manifestó que, el 13 de diciembre de 2024,
mediante la Circular DEAJC24-47, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
remitió un comunicado general a los correos institucionales de los servidores, donde
solicitó a los funcionarios afectados por la transición normativa, informar en enero a las
oficinas de talento humano de las respectivas seccionales, dando a entender que la
actora no cumplió con dicha directriz.

16
Visible en SAMAI, índice 8, archivo «21_MemorialWeb_Respuesta-CertificacionDESAJC(.pdf) NroActua 8»
9

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Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
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En este contexto, cabe recalcar que, si bien la circular de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial establece disposiciones sobre los funcionarios que pueden verse
afectados por la transición derivada de la Ley 2430 de 2024, que modificó el régimen de
vacaciones de los juzgados promiscuos de familia, pasando de individuales a colectivas,
dicha circular corresponde a una norma de carácter reglamentario y no se opone a la
garantía y satisfacción del derecho a disfrutar las vacaciones, de manera que,
corresponde a la entidad garantizar los derechos fundamentales de la actora,
disponiendo las medidas que considere pertinentes para mitigar los efectos del cambio
normativo.

En el presente caso, ante la falta de demostración de la satisfacción del derecho a las
vacaciones de la actora, resulta viable tutelar los derechos en ciernes y, ordenar a las
entidades responsables que, de no haberlo realizado o compensado en dinero, ejecuten
todas las gestiones tendientes a garantizar el derecho al disfrute de las vacaciones de la
actora correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y 30 de
marzo de 2024.

IV. DECISIÓN

Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente asunto el tutelante
10

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Accionante: Diana Gicela Reyes Castro
Accionado: DESAJ de Cundinamarca y Amazonas y otro

demostró que, la situación traída a controversia vulnera sus derechos fundamentales al
descanso y la desconexión laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la república y por
autoridad de la Constitución Política.

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral
de la señora Diana Gicela Reyes Castro, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas que, dentro de los 2 días
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones de la actora,
luego de lo cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
deberá en un término de 2 días contados a partir de dicha comunicación, pronunciarse
sobre la concesión de las vacaciones de la señora Diana Gicela Reyes Castro,
correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y 30 de marzo de
2024, conforme con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedido, en la forma y
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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