Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06958-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL REQUISITO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO. SANCIÓN
MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. REITERACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 28 de enero de 2026, proferida por la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO, actuando a través
de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los
principios pro homine y prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, al haber proferido la
providencia de 2 de mayo de 2025 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de 2024-00040-01.
I.2.- Hechos
Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del
MUNICIPIO DE ARMENIA2, por lo que se encuentra afiliada al
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO (FOMAG) 3.
Señaló que el 23 de febrero de 2022 solicitó al FOMAG el pago de
las cesantías parciales, prestación que le fue reconocida a través de
la Resolución núm. 1099 de 26 de mayo de ese año y le fueron
canceladas el 4 de agosto de la misma anualidad.
Manifestó que el FOMAG omitió consignar en el término de ley las
cesantías que le correspondía por los servicios prestados, por lo que
2
En adelante MUNICIPIO
3
En adelante FOMAG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
le solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de dicha prestación social, reclamación que fue resuelta
de manera desfavorable por el MUNICIPIO mediante Oficio núm.
ARM2023ER017638 de 9 de octubre de 2023.
Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL4, el
FOMAG, el MUNICIPIO y LA FIDUPREVISORA S.A., a la cual se
le asignó el número único de radicación 2024-00040-00 y
correspondió en primera instancia al JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 5 que, mediante
sentencia de 30 de septiembre de 2024, accedió a las súplicas
incoadas.
Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el MUNICIPIO
interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el
TRIBUNAL que, mediante providencia de 2 de mayo de 2025,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda.
I.3 Fundamentos de la solicitud
4
En adelante Ministerio.
5
En adelante Juzgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico, por cuanto, en su criterio, omitió efectuar una
valoración adecuada e integral de los elementos de juicio obrantes
en el expediente ordinario cuestionado. En particular, reprochó que
se haya desestimado la fecha de radicación consignada en el formato
de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 21 de
febrero de 2022, y si se haya tomado la de 25 de mayo de ese año,
cuando el MUNICIPIO adelantaba la etapa de estudio de la
prestación económica solicitada.
Reprochó que es una carga desproporcionada exigirle que
demostrara que la solicitud fue radicada el 21 de febrero de 2022,
cuando el aplicativo “Humano en Línea” dejó constancia de esa
gestión bajo el registro “Envío de documentación”, por lo que el
TRIBUNAL no podía desconocer tal registro, el cual acreditaba la
presentación en debida forma de la petición.
Resaltó que la decisión del TRIBUNAL incurrió en el defecto
material o sustantivo, ya que efectuó una interpretación errada de
la normativa que regula el procedimiento del reconocimiento y pago
de las cesantías.
Aseguró que se condicionó el conteo del inicio de la actuación a una
fecha posterior a la radicación de la solicitud, lo que desconoció lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
previsto en las leyes 1071 de 31 de julio de 2006 6 y 1272 de 23 de
julio de 2018 7.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende que:
“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO, en sentencia del 2 de mayo de 2025 proferida dentro
del medio de control identificado con No. 63001-33-33-007-
2024-00040-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO
HOMINE de la señora CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO,
al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios
de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco
normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis
integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr
el esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Clara
Inés Valencia Chavarro y, (ii) aplicando en debida forma la
normatividad que reglamenta las competencias en el
procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor
de los docentes del Fomag […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
6
Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.
7
Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se
reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO - FOMAG solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo de la referencia, así también se
le desvincule, toda vez que carece de legitimación para actuar, pues
no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales
deprecados.
I.6.2.- El JUZGADO sostuvo que lo pretendido por la actora es crear
una tercera instancia dentro del proceso ordinario cuestionado, lo
que hace improcedente la presente solicitud de amparo.
I.6.3.- LA FIDUPREVISORA S.A., también solicitó la
improcedencia y ser desvinculada de la acción de tutela de la
referencia.
I.6.4.- El MUNICIPIO guardó silencio pese a ser vinculado en
debida forma.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 28 de enero de
2026, declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer del
requisito general de la relevancia constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
Para lo anterior, consideró que la tutelante somete a discusión en el
escenario constitucional un debate que rodea una discusión
meramente legal y económica.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia de tutela proferida en primera
instancia insistiendo en que se configuró el defecto fáctico en el
asunto ante la errada interpretación de las pruebas allegadas al
plenario, de las cuales se acreditaba el momento en que radicó la
solicitud de cesantías en la plataforma digital dispuesta para tal fin.
Alegó que la interpretación dada por el a quo resulta equivocada
cuando se examinan con detenimiento los argumentos expuestos en
la solicitud de amparo, pues el reproche formulado no se dirige a
replantear el litigio ordinario, sino a demostrar la configuración de un
defecto fáctico con incidencia directa en el derecho fundamental al
debido proceso.
Aseguró que la autoridad judicial accionada también incurrió en
defecto sustantivo al interpretar la norma aplicable de manera
incompatible con los hechos dispuestos para el asunto.
En ese orden de ideas, solicitó que se revoque la decisión del a quo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados
como violados.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que el MINISTERIO - FOMAG y LA
FIDUPREVISORA S.A., solicitaron ser desvinculados de la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que dichas autoridades fungieron como parte
demandada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionado, les asiste interés directo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por
la cual la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la providencia de 2 de mayo de 2025, proferida
por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2024-00040-01.
A juicio de la actora, el TRIBUNAL omitió efectuar una valoración
adecuada e integral de los elementos de juicio obrantes en el
expediente ordinario cuestionado. En particular, reprochó que se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
haya desestimado la fecha de radicación consignada en el formato
de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 21 de
febrero de 2022, y si la de 25 de mayo de ese año, cuando el
MUNICIPIO adelantaba la etapa de estudio de la prestación
económica solicitada.
Sumado a ello, que se efectuó una interpretación errada de la
normativa que regula el procedimiento del reconocimiento y pago de
las cesantías.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 28 de enero de
2026, declaró improcedente el amparo solicitado, al no cumplir con
el requisito de la relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia y señaló que el presente asunto si
reviste verdadera relevancia constitucional pues está demostrada la
vulneración de sus derechos fundamentales invocados, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
• De la relevancia constitucional
La Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de
amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria
solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2024-
00040-01.
En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se
discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la
procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
27 de noviembre de 20198, sostuvo lo siguiente:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
8
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.
De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental
alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,
que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela.
Dicha posición fue reiterada por la Sala que, mediante sentencia de
15 de julio de 20219, declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional,
en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas
providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una
sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: Bolivia Mercedes Pacheco
González. M.P. Oswaldo Giraldo López
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela». 11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
La Sala advierte que el núcleo del reproche formulado por la parte
accionante se circunscribe a una mera discrepancia con la valoración
probatoria realizada por la autoridad judicial demandada, en relación
con la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago
de cesantías que según la interpretación de la accionante fue
presentada el 21 de febrero de 2022, no obstante, el TRIBUNAL
concluyó que se materializó el 25 de mayo de ese año, por lo que al
efectuar los cómputos legales, encontró que no se configuró la mora
alegada como fundamento de su pretensión.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que en la providencia acusada
se puso de presente que, si bien era cierto que el 21 de febrero de
2022 la actora pidió la certificación de historia laboral necesaria, a la
par que los demás documentos necesarios y exigidos por el FOMAG
para dar inicio al proceso de radicación de la prestación solicitada, no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
era menos cierto que la solicitud y agotamiento del procedimiento se
realizó hasta el 25 de mayo de ese mismo año, cuando la docente
completó la documentación necesaria para dar trámite al
reconocimiento y pago de la cesantía parcial deprecada.
Lo anterior pone de manifiesto que la valoración probatoria se
construyó a partir de los elementos de juicio obrantes en el
expediente y se expresó de manera razonada en la providencia
cuestionada. En ejercicio de su independencia y con fundamento en
el principio de autonomía judicial, el juez natural del proceso adoptó
una interpretación jurídica que, aunque pueda ser controvertida por
la parte actora, no por ello deviene en inconstitucional, pues el rol
del juez de tutela no puede confundirse con el de una instancia
revisora de las decisiones adoptadas por jueces ordinarios en el
marco de su competencia.
Así, cuando la providencia judicial cuestionada se encuentra
debidamente motivada, se sustenta en el acervo probatorio
disponible y no desconoce de manera flagrante derechos
fundamentales, debe prevalecer el respeto por la autonomía judicial
como garantía esencial de la imparcialidad y estabilidad del orden
jurisdiccional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora.
Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela
interviene cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de
tal magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la
que cuentan las partes y, que, por demás, tiene una incidencia
directa en la decisión, situación que aquí no se demostró́, pues, muy
por el contrario, se observa que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se han surtido todas las etapas
garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa de las
partes e intervinientes, sin que se avizore la vulneración de derechos
fundamentales.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
Cabe señalar que, esta Sección 20 ha venido reiterando, de manera
pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados a
controversias de índole meramente legal y económica, por lo que no
cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.
En ese sentido, para la Sala la interpretación normativa y probatoria
que desarrolló el TRIBUNAL en el ejercicio de la autonomía
interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los lineamientos
establecidos en el ordenamiento jurídico ni en el análisis del
problema jurídico planteado en el proceso ordinario.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
20
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) y LA
FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.