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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06958-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06958-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 20 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001-03-15- 000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01 Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) y LA FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06958-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL REQUISITO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO. SANCIÓN
MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 28 de enero de 2026, proferida por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1, que

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO, actuando a través

de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los

principios pro homine y prevalencia del derecho sustancial sobre el

formal, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, al haber proferido la

providencia de 2 de mayo de 2025 dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de 2024-00040-01.

I.2.- Hechos

Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del

MUNICIPIO DE ARMENIA2, por lo que se encuentra afiliada al

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO (FOMAG) 3.

Señaló que el 23 de febrero de 2022 solicitó al FOMAG el pago de

las cesantías parciales, prestación que le fue reconocida a través de

la Resolución núm. 1099 de 26 de mayo de ese año y le fueron

canceladas el 4 de agosto de la misma anualidad.

Manifestó que el FOMAG omitió consignar en el término de ley las

cesantías que le correspondía por los servicios prestados, por lo que

2
En adelante MUNICIPIO
3
En adelante FOMAG.

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3

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

le solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el

pago tardío de dicha prestación social, reclamación que fue resuelta

de manera desfavorable por el MUNICIPIO mediante Oficio núm.

ARM2023ER017638 de 9 de octubre de 2023.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL4, el

FOMAG, el MUNICIPIO y LA FIDUPREVISORA S.A., a la cual se

le asignó el número único de radicación 2024-00040-00 y

correspondió en primera instancia al JUZGADO SÉPTIMO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 5 que, mediante

sentencia de 30 de septiembre de 2024, accedió a las súplicas

incoadas.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el MUNICIPIO

interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el

TRIBUNAL que, mediante providencia de 2 de mayo de 2025,

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones

de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

4
En adelante Ministerio.
5
En adelante Juzgado.

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto fáctico, por cuanto, en su criterio, omitió efectuar una

valoración adecuada e integral de los elementos de juicio obrantes

en el expediente ordinario cuestionado. En particular, reprochó que

se haya desestimado la fecha de radicación consignada en el formato

de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 21 de

febrero de 2022, y si se haya tomado la de 25 de mayo de ese año,

cuando el MUNICIPIO adelantaba la etapa de estudio de la

prestación económica solicitada.

Reprochó que es una carga desproporcionada exigirle que

demostrara que la solicitud fue radicada el 21 de febrero de 2022,

cuando el aplicativo “Humano en Línea” dejó constancia de esa

gestión bajo el registro “Envío de documentación”, por lo que el

TRIBUNAL no podía desconocer tal registro, el cual acreditaba la

presentación en debida forma de la petición.

Resaltó que la decisión del TRIBUNAL incurrió en el defecto

material o sustantivo, ya que efectuó una interpretación errada de

la normativa que regula el procedimiento del reconocimiento y pago

de las cesantías.

Aseguró que se condicionó el conteo del inicio de la actuación a una

fecha posterior a la radicación de la solicitud, lo que desconoció lo

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previsto en las leyes 1071 de 31 de julio de 2006 6 y 1272 de 23 de

julio de 2018 7.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende que:

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO, en sentencia del 2 de mayo de 2025 proferida dentro
del medio de control identificado con No. 63001-33-33-007-
2024-00040-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO
HOMINE de la señora CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO,
al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios
de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco
normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis
integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr
el esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Clara
Inés Valencia Chavarro y, (ii) aplicando en debida forma la
normatividad que reglamenta las competencias en el
procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor
de los docentes del Fomag […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

6
Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.
7
Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se
reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO - FOMAG solicitó que se declare

improcedente la solicitud de amparo de la referencia, así también se

le desvincule, toda vez que carece de legitimación para actuar, pues

no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales

deprecados.

I.6.2.- El JUZGADO sostuvo que lo pretendido por la actora es crear

una tercera instancia dentro del proceso ordinario cuestionado, lo

que hace improcedente la presente solicitud de amparo.

I.6.3.- LA FIDUPREVISORA S.A., también solicitó la

improcedencia y ser desvinculada de la acción de tutela de la

referencia.

I.6.4.- El MUNICIPIO guardó silencio pese a ser vinculado en

debida forma.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 28 de enero de

2026, declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer del

requisito general de la relevancia constitucional.

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Para lo anterior, consideró que la tutelante somete a discusión en el

escenario constitucional un debate que rodea una discusión

meramente legal y económica.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia de tutela proferida en primera

instancia insistiendo en que se configuró el defecto fáctico en el

asunto ante la errada interpretación de las pruebas allegadas al

plenario, de las cuales se acreditaba el momento en que radicó la

solicitud de cesantías en la plataforma digital dispuesta para tal fin.

Alegó que la interpretación dada por el a quo resulta equivocada

cuando se examinan con detenimiento los argumentos expuestos en

la solicitud de amparo, pues el reproche formulado no se dirige a

replantear el litigio ordinario, sino a demostrar la configuración de un

defecto fáctico con incidencia directa en el derecho fundamental al

debido proceso.

Aseguró que la autoridad judicial accionada también incurrió en

defecto sustantivo al interpretar la norma aplicable de manera

incompatible con los hechos dispuestos para el asunto.

En ese orden de ideas, solicitó que se revoque la decisión del a quo

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y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados

como violados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala advierte que el MINISTERIO - FOMAG y LA

FIDUPREVISORA S.A., solicitaron ser desvinculados de la presente

acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que dichas autoridades fungieron como parte

demandada dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho cuestionado, les asiste interés directo

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en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por

la cual la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta

de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la providencia de 2 de mayo de 2025, proferida

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2024-00040-01.

A juicio de la actora, el TRIBUNAL omitió efectuar una valoración

adecuada e integral de los elementos de juicio obrantes en el

expediente ordinario cuestionado. En particular, reprochó que se

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haya desestimado la fecha de radicación consignada en el formato

de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 21 de

febrero de 2022, y si la de 25 de mayo de ese año, cuando el

MUNICIPIO adelantaba la etapa de estudio de la prestación

económica solicitada.

Sumado a ello, que se efectuó una interpretación errada de la

normativa que regula el procedimiento del reconocimiento y pago de

las cesantías.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 28 de enero de

2026, declaró improcedente el amparo solicitado, al no cumplir con

el requisito de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia y señaló que el presente asunto si

reviste verdadera relevancia constitucional pues está demostrada la

vulneración de sus derechos fundamentales invocados, para lo cual

reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

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verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

La Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de

amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria

solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2024-

00040-01.

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del

requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se

discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la

procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna

de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

27 de noviembre de 20198, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional

8
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental

alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,

que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la

intervención del juez de tutela.

Dicha posición fue reiterada por la Sala que, mediante sentencia de

15 de julio de 20219, declaró la improcedencia de la acción de tutela

por no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional,

en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas

providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una

sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: Bolivia Mercedes Pacheco
González. M.P. Oswaldo Giraldo López

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela». 11

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,

[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria

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de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

La Sala advierte que el núcleo del reproche formulado por la parte

accionante se circunscribe a una mera discrepancia con la valoración

probatoria realizada por la autoridad judicial demandada, en relación

con la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago

de cesantías que según la interpretación de la accionante fue

presentada el 21 de febrero de 2022, no obstante, el TRIBUNAL

concluyó que se materializó el 25 de mayo de ese año, por lo que al

efectuar los cómputos legales, encontró que no se configuró la mora

alegada como fundamento de su pretensión.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que en la providencia acusada

se puso de presente que, si bien era cierto que el 21 de febrero de

2022 la actora pidió la certificación de historia laboral necesaria, a la

par que los demás documentos necesarios y exigidos por el FOMAG

para dar inicio al proceso de radicación de la prestación solicitada, no

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era menos cierto que la solicitud y agotamiento del procedimiento se

realizó hasta el 25 de mayo de ese mismo año, cuando la docente

completó la documentación necesaria para dar trámite al

reconocimiento y pago de la cesantía parcial deprecada.

Lo anterior pone de manifiesto que la valoración probatoria se

construyó a partir de los elementos de juicio obrantes en el

expediente y se expresó de manera razonada en la providencia

cuestionada. En ejercicio de su independencia y con fundamento en

el principio de autonomía judicial, el juez natural del proceso adoptó

una interpretación jurídica que, aunque pueda ser controvertida por

la parte actora, no por ello deviene en inconstitucional, pues el rol

del juez de tutela no puede confundirse con el de una instancia

revisora de las decisiones adoptadas por jueces ordinarios en el

marco de su competencia.

Así, cuando la providencia judicial cuestionada se encuentra

debidamente motivada, se sustenta en el acervo probatorio

disponible y no desconoce de manera flagrante derechos

fundamentales, debe prevalecer el respeto por la autonomía judicial

como garantía esencial de la imparcialidad y estabilidad del orden

jurisdiccional.

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Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente

acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia

constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales invocados por la actora.

Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela

interviene cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de

tal magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la

que cuentan las partes y, que, por demás, tiene una incidencia

directa en la decisión, situación que aquí no se demostró́, pues, muy

por el contrario, se observa que en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho se han surtido todas las etapas

garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa de las

partes e intervinientes, sin que se avizore la vulneración de derechos

fundamentales.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional.

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Cabe señalar que, esta Sección 20 ha venido reiterando, de manera

pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados con el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados a

controversias de índole meramente legal y económica, por lo que no

cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.

En ese sentido, para la Sala la interpretación normativa y probatoria

que desarrolló el TRIBUNAL en el ejercicio de la autonomía

interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los lineamientos

establecidos en el ordenamiento jurídico ni en el análisis del

problema jurídico planteado en el proceso ordinario.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia

que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no

cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

20
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-01
Actora: CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) y LA

FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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