Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06959-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06959-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06959-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Seis (6) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-06959-011
Accionante : María Luceidy Carmona
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
Vinculados : Juzgado Treinta (30) Administrativo de Medellín y otros2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial - reparación directa por
hacinamiento durante privación de la libertad
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del 29 de enero de 2026, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado3, que declaró la improcedencia de la tutela por falta de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela, y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2. La demanda de tutela
3. La señora María Luceidy Carmona, actuando a través de apoderada judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la dignidad humana y el
acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), los señores Heilbar Marcial Fuertes Carmona, Heilbar Alejandro Fuertes
González y Wilfer Camilo Fuertes Carmona.
3
M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06959-01
Accionante: María Luceidy Carmona
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
4. Por consiguiente, solicitó:
[…]
SEGUNDA: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia No. 85 del 03 de julio de
2025, proferida por la SALA PRIMERA DE DECISIÓN del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.
TERCERA: ORDENAR a la SALA PRIMERA DEDECISIÓN del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que en el término que se le determine, profiera
una nueva sentencia teniendo en cuenta las pruebas aportadas y el precedente
judicial aplicable.
1.3. Hechos4
5. Heilbar Marcial Fuertes Carmona estuvo recluido en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín (EPMSC) Bellavista
entre el 11 de septiembre de 2015 y el 13 de febrero de 2017, fecha en que fue
trasladado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) La Esperanza.
6. Por lo anterior, el señor Fuertes Carmona, la accionante y otros de sus
familiares5 presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de justicia y del Derecho, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC), en la que solicitaron que se declarara a las demandadas
solidariamente responsables de todos los daños y perjuicios causados a los
demandantes, con motivo de la reclusión, en condiciones inhumanas, del señor
Heilbar, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fue sometido
durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2015 y el 13 de
febrero de 2017.
7. Pusieron, entonces, de presente que, desde el día en que ingresó al EPMSC
Bellavista, al recluso le fue asignado el patio 2 que presentaba:
[…] un alto grado de HACINAMIENTO, carecía de espacio adecuado donde pudiera
instalarse, no le fueron suministrados elementos de aseo, así como tampoco ningún
elemento para dormir, por lo que, como pudo, se acomodó en uno de los pasillos
de la cárcel en el cual debía dormir por horas, turnándose con otros internos […] las
duchas y los baños de la cárcel carecían de puertas, por lo que para su utilización
no contaba con la intimidad necesaria para realizar sus necesidades fisiológicas […]
fueron pocos los elementos suministrados y que fue sometido a largos periodos de
ayuno […] la cárcel BELLAVISTA carece de espacios adecuados para aislar a las
personas que padecen enfermedades contagiosas ,y la sección de sanidad no est[á]
lo suficientemente [sic] dotada para prestar los servicios de salud […].
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 4.
5
Heilbar Alejandro Fuertez González, Wilfer Camilo Fuertes Carmona, en nombre propio, y los menores M.A.F.C. y C.A.F.R.
actuando por medio de su padre Heilbar Marcial Fuertes Carmona.
2
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8. El proceso, bajo el radicado número 05001-33-33-030-2019-00130-00, fue
conocido, en primera instancia por el Juzgado Treinta (30) Administrativo de
Medellín que, en sentencia del 24 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la
demanda, por considerar probadas las excepciones de ausencia de acreditación
del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil
extracontractual, e improcedencia de la indemnización del daño por vulneración
de bienes constitucionales y convencionales amparados a favor de quienes no
fueron víctimas directas del daño, ambas propuestas por la USPEC.
9. Como fundamento de esa decisión, el Juzgado expuso que:
[…] este asunto se examinará desde el régimen de imputación subjetivo de la Falla
del Servicio, en la medida en que se tratan de daños causados al administrado que
obedecen indefectiblemente a fallas en el sistema penitenciario y carcelario a nivel
nacional, debido a las omisiones, retardos, cumplimientos defectuosos de las
obligaciones constitucionales, legales o reglamentarias, que impera en este
régimen de imputación, como lo expuso el Consejo de Estado en jurisprudencia
relacionada en la estructura de esta providencia, y que obliga además, a que la
parte pretensora, a demostrar los perjuicios que dice haber sufrido.
En tal sentido, el solo hecho notorio de existir un Estado de Cosas Inconstitucional
en el Sistema Penitenciario y Carcelario, permitiría inferir la existencia de un daño
antijurídico al demandante señor HEILBAR MARCIAL FUENTES [sic] CARMONA,
consistente en la afectación a su dignidad humana derivada del hacinamiento
carcelario de que fue objeto durante el tiempo de su reclusión. […]
Sin embargo, en palabras del Consejo de Estado, dicha afectación a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos como la dignidad humana, no
implica automáticamente la resarcibilidad pecuniaria del perjuicio. […]
Ahora, en cuanto a la acreditación de los perjuicios morales alegados en la
demanda, debe concluir esta Agencia Judicial que NO FUERON PROBADOS
durante el proceso, pues si bien el señor HEILBAR MARCIAL FUENTES [sic]
CARMONA fue privado de la libertad, no se logró constatar una especial condición
de congoja o tristeza que tuviera relación directa con las condiciones de
hacinamiento de su reclusión.
Al respecto, debe precisarse que la parte demandante no se ocupó de probar,
cuáles fueron las afectaciones reales y concretas que le produjo dicho
hacinamiento, para el tiempo en que estuvo purgando condena en la cárcel
Bellavista, pues si bien afirma que el centro penitenciario donde fue recluido tenía
una capacidad para albergar aproximadamente a 378 personas y que para el tiempo
de su detención ascendían 1661 aproximadamente (encontrándose con una
sobrepoblación carcelaria de más del 500%), no aportó pruebas que indicaran, por
lo menos de manera sumaria, de qué manera se vio afectado su alojamiento, su
alimentación, su salud, la falta de atención médica y condiciones de sanidad, como
lo afirmó en la demanda […]. En otras palabras, la sola condición de Hacinamiento
no se traduce en la existencia de un daño, razón por la cual debe siempre probarse
las consecuencias dañinas de este.
10. En desacuerdo con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que planteó que el a quo no realizó una valoración adecuada de
las pruebas allegadas, pues era a las entidades demandadas, por su posición de
3
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Accionante: María Luceidy Carmona
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garante durante la reclusión, a quienes les correspondía demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones. Así, en tanto se encuentra acreditada la
sobrepoblación carcelaria en el patio donde se encontraba el señor Fuertes
Carmona, no se le podía exigir prueba de las afectaciones padecidas. En todo
caso, hizo referencia a los informes de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
para los años 2014, 2015 y 2017, así como a la Resolución No. 002390 del 2016
del INPEC, que darían cuenta de las condiciones de violación sistemática de
derechos en el EPMCSC Bellavista. Para la demostración del daño moral, puso
de presente que debía aplicarse la jurisprudencia del Consejo de Estado que exige
dar un tratamiento probatorio más flexible a quien padece una vulneración de ese
tipo.
11. En sentencia de segunda instancia, del 3 de julio de 2025, la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera
instancia. Para ello, la autoridad judicial expuso que, con el fin de probar el daño
antijurídico como elemento necesario para estructurar la responsabilidad
administrativa, es necesario que el daño se presente como cierto, real y personal,
de manera que no se puede partir de supuestos hipotéticos o genéricos. Así,
aunque los apelantes tuvieron razón en que se constituyen en un hecho notorio
las condiciones en que permanecen recluidos los internos en las diferentes
cárceles del país, ello no era suficiente para que se presumiera el daño antijurídico,
pues, debieron probar las situaciones particulares en que permaneció recluido el
señor Fuertes Carmona.
12. En su escrito de tutela, la accionante alegó que la decisión atacada adolece de
defecto fáctico, por cuanto, el Tribunal concluyó que no se había probado el daño
antijurídico ocasionado al señor Fuertes Carmona, pese a que existían pruebas
suficientes de ello, como (i) las decisiones de la Corte Constitucional sobre estado
de cosas inconstitucional (ECI) en materia carcelaria (T-158 de 1998, T-388 de
2013, T-762 de 2015, T-409 de 2015 y SU-122 de 2022) que dan cuenta de la
violación generalizada y sistemática de los derechos fundamentales de la
población reclusa como hecho notorio; y (ii) los informes del INPEC, la Defensoría
del Pueblo, la Personería de Medellín y la Procuraduría General de la Nación
aportados en el proceso ordinario.
1.4. Contestaciones de la acción
4
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13. 1.4.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario6 se refirió a un proceso
distinto al aquí estudiado (proceso de tutela con radicado 76001-2204-000-2025-
01646-00, impetrado por la accionante María Disney Paola Osorio Castrillón).
14. 1.4.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho7 expuso que la decisión acusada
fue «tan ajustada a derecho» que «el mismo juez constitucional ha revisado un caso idéntico y ha
negado el amparo solicitado, con los mismos hechos, pretensiones (difiere es en la cantidad de
demandantes) motivo de hacinamiento carcelario, la misma cárcel de Bellavista y las mismas
pruebas», en referencia a la sentencia del 24 de julio de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-
000-2023-03269-00). En la citada providencia, esta Corporación señaló que «la
decisión del Honorable Tribunal Administrativo de Antioquía en su sentencia, cumple con la ley y la
jurisprudencia sobre la falta o falla del servicio, ya que dentro del plenario obraría prueba del sustrato
material de las condiciones objetivas generales en las que se materializó el cumplimiento de la
condena en el establecimiento penitenciario y carcelario; pero en parte alguna está acreditado que
por tales condiciones se hayan causado perjuicios ciertos a la dignidad del interno entendido como
quedó dicho atrás».
15. 1.4.3. El Juzgado Treinta (30) Administrativo de Medellín8 allegó copia del
expediente digital del proceso, sin pronunciarse al respecto.
16. 1.4.4. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios9 solicitó ser
desvinculada del presente trámite constitucional, en tanto no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la actora y no es la autoridad competente para dejar sin
efectos la sentencia atacada.
1.5. Providencia impugnada10
17. Mediante sentencia del 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional. Como fundamento de esa decisión, adujo que la actora
reiteró los argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, «lo que permite
evidenciar que la inconformidad […] se generó con las conclusiones del juez natural, las cuales no
coinciden con sus intereses». Adicionalmente, negó la solicitud de desvinculación
invocada por la USPEC, en tanto comparece en calidad de tercero con interés, por
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 10, archivo 10.
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12, archivo 14.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 11 y 13.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14, archivo 19.
10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 25.
5
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Accionante: María Luceidy Carmona
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haber sido demandada en el proceso de reparación directa en el que se profirió el
fallo cuestionado.
1.6. La impugnación11
18. Inconforme con esa determinación, la tutelante impugnó el fallo de primera
instancia. Entonces, aseguró que no es cierto que busque constituir una tercera
instancia o reabrir el debate probatorio, sino que la acción se circunscribe a la
protección de sus derechos fundamentales vulnerados como consecuencia del
defecto fáctico en que incurrió la autoridad judicial accionada. Reiteró que la
decisión atacada contiene una valoración arbitraria o caprichosa de las pruebas,
pues, dio por no probadas las condiciones particulares de reclusión del señor
Fuertes Carmona que emergían clara y objetivamente, por lo menos, de la
contestación del INPEC al derecho de petición radicado por el mismo y el auto que
fijó fecha para la audiencia inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. En virtud de los artículos 3212 del Decreto Ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201915 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2. La acción
20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
11
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 39.
12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6
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Accionante: María Luceidy Carmona
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.4. Problema Jurídico
21. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia
del 3 de julio de 2025, por medio de la cual, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó todas las pretensiones de la demanda presentada
por la señora María Luceidy Carmona, su hijo Heilbar Marcial Fuertes Carmona y
otros familiares (expediente 05001-33-33-030-2019-00130-01) y, en caso
afirmativo, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad, la dignidad humana y el acceso a la administración de justicia invocados
en la solicitud de amparo, al configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento
del precedente judicial.
2.5. La acción de tutela contra providencias judiciales
22. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
23. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
16
Sentencia C-590 de 2005.
17
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7
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término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
24. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.6. Caso concreto
25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) contrario a lo señalado por
la Sala de primera instancia, el asunto planteado sí comporta relevancia
constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, la dignidad humana y el acceso a la
8
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administración de justicia, por una indebida valoración de las pruebas; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una
sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la
providencia atacada quedó ejecutoriada el 10 de julio de 202518 y la solicitud de
amparo se radicó el 5 de noviembre de 2025, es decir, dentro de los seis meses
siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.
26. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial invocadas por la parte demandante.
2.6.1. Defecto fáctico
27. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 19. Así mismo, este
defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 20.
28. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento en
que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u
omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente21. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que tenga
la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo tanto,
que afecte directamente los derechos del accionante.
18
Visible en el expediente electrónico del proceso 05001-33-33-030-2019-00130-01 en SAMAI, índice 10, según el cual se
notificó electrónicamente el 3 de julio de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días siguientes,
esto es, el 7 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
20
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
21
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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29. En el sub lite, la accionante argumenta que se configuró un defecto fáctico en su
dimensión negativa, por cuanto, el Tribunal concluyó que no se había acreditado el
daño cierto padecido por el señor Fuertes Carmona mientras estuvo recluido en el
EPMSC Bellavista, pese a que sí existían pruebas suficientes de ello, así:
[…] respecto del INPEC: … - Informó además que al ingreso del demandante
se le hizo entrega de una colchoneta, un kit de aseo y un menaje y
posteriormente le fueron entregados kits de aseo en seis oportunidades.
Omite la Sala del Tribunal, que ese informe reporta entregas en el año 2016, lo que
muestra que nada se le entregó en 2015 y tampoco en 2017. De igual forma,
elementos de cama no le fueron entregados.
[…] Revisado el documento denominado 06. CONTESTACION INPEC, AUTO FIJA
FECHA AUD INICIAL, Y MEMORIAL DEMANDANTE (respuesta INPEC derecho
[sic]. de petición).pdf., mismo al que alude la Sala del Tribunal.
[…] Desconoce esta apoderada, de dónde deduce la Sala que se disponía de espacio
para visita conyugal, cuando también se probó que al señor Heilbar Marcial, no le fue
asignada celda en Bellavista, el INPEC reporta asignación de patio, pero no de celda.
[…] Mediante Resolución 002390 del 10 de mayo de 2016, (DENTRO DEL PERIODO
DE RECLUSIÓN DEL SEÑOR HEILBARA MARCIAL) expedida por el Director del
INPEC, por medio de la cual se declara la emergencia penitenciaria y carcelaria de
los establecimientos de reclusión de orden nacional del INPEC, precisó dentro de sus
consideraciones que:
“… Existen determinadas circunstancias que afectan el buen funcionamiento
del Sistema Penitenciario y Carcelario, no pueden ser superadas mediante el
procedimiento previsto para la toma de decisiones en condiciones de
normalidad; que existen situaciones graves y sobrevinientes de atención en
salud y de orden sanitario que afectan los derechos fundamentales
constitucionales de la población privada de la libertad”.
Pese que se presentaron pruebas conducentes, pertinentes y útiles, sobre las
condiciones particulares de reclusión del señor Heilbar Marcial, la Sala, insiste en
varios apartes de la sentencia: […] no existe prueba alguna referida de manera
concreta a las condiciones de reclusión del señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona
[…].
Se concluye que[,] s[í] existe en el expediente prueba concreta a las condiciones de
reclusión del señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona, principalmente en documento
denominado06.CONTESTACION INPEC, AUTO FIJA FECHA AUD INICIAL, Y
MEMORIAL DEMANDANTE (respuesta INPEC der. de petición).pdf., en las pruebas
aportadas por el INPEC […].
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30. Ahora bien, se observa que, la providencia censurada se refirió a los elementos
de prueba mencionados por la actora (incluso las decisiones de la Corte
Constitucional sobre el ECI), de la siguiente manera:
[…] revisado el material probatorio allegado al expediente, se encuentra acreditado
que el señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona fue privado de su libertad por orden de
autoridad judicial siendo recluido en el EPCMS de Medellín “Bellavista”, entre el 22
de septiembre de 2015 y el 7 de febrero de 2017, fecha esta última en la que fue
trasladado al establecimiento Penitenciario la Esperanza de Guaduas (cd. fls. 115).
Así mismo, se encuentra acreditado que durante el tiempo que permaneció recluido,
fue asignado al patio 2 de dicho establecimiento.
Se encuentra igualmente acreditado que sobre las condiciones de los internos en las
cárceles del país, la Corte Constitucional en diversas providencias ha declarado el
estado de cosas inconstitucional. Así por ejemplo, en sentencia de tutela T-153 de
1998 expuso que la sobrepoblación carcelaria contraría los objetivos del sistema
penitenciario dirigidos a la resocialización del infractor, indicando que a los reclusos
pese a soportar un vínculo de sujeción para con el Estado que les limita algunos
derechos como la libertad física, la locomoción, los derechos políticos, se les debe
mantener incólumes los derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, la igualdad,
a la libertad religiosa, a la salud y al debido proceso. Posteriormente, a través de
sentencia de tutela T- 388 de 2013, señaló que las condiciones de reclusión y el grave
hacinamiento de los centros penitenciarios contribuían a la violación de los derechos
a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización de los internos.
A su vez, a través de sentencia de tutela T-762 del 16 de diciembre de 2015, reiteró
el estado de cosas inconstitucional […].
Ahora bien, en relación con las condiciones específicas del centro penitenciario
Bellavista, en el cual se encontraba recluido el señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona
para los años 2015 a 2017, se allegó el siguiente material probatorio
• Informe semestral del Gobierno Nacional al Estado de Cosas Inconstitucional del
Sistema Penitenciario y Carcelario, fechado el 8 de junio de 2018, que no contiene
información específica en relación con las condiciones de los reclusos, sino que hace
un análisis de las gestiones adelantadas entre otras, de manera específica en torno
a la ampliación o rehabilitación de cupos (cd. fls. 98).
• Informe trimestral de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015, elaborado el 7 de
diciembre de 2017 por la Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la
República y Defensoría del Pueblo, que indica (cd. fls. 98):
“- Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellín, Bellavista: existen 595
órdenes médicas pendientes de ejecutar y 292 por autorizar. El diagnostico de
tuberculosis es tardío; hay tardanza en el suministro de medicamentos; falta
mantenimiento de los equipos de odontología; y el ascensor del servicio de sanidad
se encuentra fuera de servicio.”
No obstante, se tiene que la información contenida en los anteriores informes, data
de fechas posteriores al traslado del aquí demandante al establecimiento de
Guaduas, no siendo posible que se tenga en cuenta tal información por cuanto no da
razón de las condiciones específicas de reclusión en que aquel permaneció en la
cárcel Bellavista.
• Se allegó igualmente copia de la historia clínica que da cuenta del examen de
ingreso realizado al demandante el 9 de noviembre de 2015, así como las atenciones
médicas recibidas en el establecimiento de Guaduas.
• Se allegó igualmente información que reposa en acción de tutela adelantada ante el
Tribunal Superior de Medellín- Sala Laboral, que da cuenta de las condiciones de
hacinamiento en el centro penitenciario, las condiciones en que debían dormir,
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humedades, entre otros. Sin embargo, habrá de indicarse que las actuaciones
adelantadas datan del año 2013, fecha para la cual el demandante aún no se
encontraba recluido en dicho centro penitenciario, sin que se hubiese aportado
información adicional del seguimiento de las órdenes emitidas, para el periodo de
reclusión 2015 a 2017 que interesa a este proceso.
• Con ocasión del decreto de pruebas, el INPEC rindió informes12 en los que afirmó
que para el periodo en que el demandante estuvo recluido en la cárcel Bellavista, el
patio 2 al que aquel fue asignado tenía una sobrepoblación del 160%, albergando un
total de 1405 personas pese a que su capacidad era para 540.
Informó además que al ingreso del demandante se le hizo entrega de una colchoneta,
un kit de aseo y un menaje y posteriormente le fueron entregados kits de aseo en seis
oportunidades.
Sostuvo que el patio 2 cuenta con servicio de agua, sanitarios y duchas con
subdivisiones, paredes y pisos en cerámica, lámparas antivandálicas; que se
suministraba servicio de alimentación entre las 5:30 y 7:00 para el caso del desayuno,
entre las 9:30 y 12:00 para el caso del almuerzo y entre las 14:30 y las 16:30 para el
caso de la cena.
En relación con el régimen de visitas señaló que aquel se garantiza a todos los
internos, disponiendo además de un espacio para la visita conyugal lo que se apoya
además en los listados visibles en Cd. fls. 115, que da cuenta que el demandante
recibía visita de sus familiares y amigos con regularidad. Adicionalmente, aclara que
el pico y placa dispuesto, aplica para los visitantes y no para los internos, quienes
tienen la posibilidad de recibir visitar todos los fines de semana.
Añadió que se cuentan con un total de 101 actividades para redención de trabajo,
estudio y enseñanza.
Teniendo en cuenta lo anterior, tal como se expuso anteriormente, a efectos de
determinar la configuración del daño antijurídico como elemento necesario para
estructurar la responsabilidad administrativa en cabeza de las demandadas, es
necesario que dicho daño se presente como cierto, real y personal, no siendo posible
que se parta de supuestos hipotéticos o genéricos.
En este sentido, considera la Sala necesario resaltar que a pesar de que el problema
de hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios es suficientemente
conocido, ello no basta para perseguir una indemnización dentro del medio de control
de reparación directa, pues se torna necesario que se allegue suficientes elementos
de convicción para acreditar la afectación del sujeto en particular.
Es así que si bien, le asiste razón al recurrente y se constituye en un hecho notorio,
las condiciones en que permanecen recluidos los internos en las diferentes cárceles
del país, entre ellas en la conocida como Bellavista en la ciudad de Medellín,
condiciones que ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, pueden derivar en una violación de los derechos fundamentales
y las garantías mínimas de que debe gozar esta población, ello no es suficiente para
que, como lo pretende la parte actora, sin que se requiera mayor disquisición al
respecto, se presuma el daño antijurídico causado a toda la población carcelaria.
Para ello, se tiene en cuenta que en las decisiones arriba citadas, a través de las
cuales se declaró el estado de cosas inconstitucionales en las penitenciarías del país,
entre ellas se repite, Bellavista, cuando se alude a las condiciones de los internos se
hace mención en forma genérica a las condiciones en que aquellos permanecen
recluidos, así como sucede en los informes rendidos por la Defensoría del Pueblo, la
Personería de Medellín y la Procuraduría General de la Nación, sin que sea dable de
ello definir en concreto, la situación o las condiciones particulares en que permaneció
recluido el señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona.
Nótese como dentro del texto de la demanda, la parte actora alude a las
circunstancias que en su sentir configuran el hecho dañoso, dadas por las largas
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horas de ayuno, la falta de un sitio para dormir y recibir visita conyugal, baños,
elementos de cama y aseo, aspectos estos sobre los que insiste en el recurso de
apelación; no obstante, ninguno de los medios de prueba allegados al plenario, logra
dar cuenta de que estas circunstancias correspondan específicamente a los
padecimientos que debió soportar el señor Fuertes durante su reclusión; pues no se
allega por ejemplo peticiones que en este sentido haya elevado aquel para que le
fuesen suministrados aquellos elementos o garantizado esos mínimos a los que alude
en sus pretensiones.
Ahora, si bien ha indicado el Consejo de Estado que este tipo de asuntos, en que se
debaten las violaciones al derecho a la integridad de las personas privadas de la
libertad, generadas por el hacinamiento carcelario, se caracterizan por la limitación
en los medios de prueba13, ello no puede derivar en una excusa para la inactividad
probatoria de a quien le corresponde la carga de probar los supuestos de hecho que
originan la petición indemnizatoria; pues ha sido igualmente enfático el máximo
tribunal, en señalar que “las condiciones de hacinamiento pueden resultar propicias
para la causación y exacerbación en la población reclusa de daños individuales
esencialmente inmateriales14, pero no por ese motivo hay lugar a pretextar la
absoluta falta de prueba, con mayor razón cuando se trata de acciones de carácter
indemnizatorio.”15 (Negrillas de la Sala)
De acuerdo con lo expuesto, lo cierto es que en el presente asunto, no existe prueba
alguna referida de manera concreta a las condiciones de reclusión del señor Heilbar
Marcial Fuertes Carmona y que sustente las afirmaciones expuestas en el libelo
introductor, en el sentido de acreditar que efectivamente debió padecer todas aquellas
situaciones relacionadas con las condiciones de hacinamiento, situación que se
repite, no puede obviarse en este medio de control.
Es igualmente necesario resaltar que la mayor parte de los informes provenientes de
los órganos de control, en los que pretendió la parte demandante fundamentar su
recurso de apelación, datan de fechas diferentes a aquellas que corresponden al
periodo de reclusión del demandante, y así mismo, se echan de menos varios de los
informes a que aquella alude en el escrito de recurso.
Es así, que resulta forzoso concluir que ante tal panorama, muy a pesar de acreditarse
las condiciones de hacinamiento, a partir simplemente de su consideración no es
posible, establecer las condiciones concretas de reclusión del demandante, que
deriven en la procedencia del reconocimiento de la indemnización peticionada dentro
del medio de control de la referencia, en tanto se repite, a partir de tal situación
genérica no es posible presumir como lo pretende el actor, la configuración del daño
antijurídico y con ello de los perjuicios ocasionados
Por el contrario, existe prueba allegada por la parte demandada que da cuenta de la
atención en salud brindada al interno, que contrarían las afirmaciones del actor quien
además no allega prueba alguna que permita demostrar que le fue negada la atención
o que requiriendo ésta, le fue prestada de manera deficiente.
Se allegó igualmente prueba del acceso a la compra de productos del expendio, que
desvirtuarían las afirmaciones sobre el ayuno prolongado a que era sometido; se
acreditó igualmente las visitas recibidas por el interno, entre otros.
31. Como se extrae de lo anterior, con base en los informes rendidos por el INPEC,
el Tribunal tuvo por acreditado que el patio 2 del EPMSC Bellavista, al cual fue
asignado el señor Fuertes Carmona, presentaba una sobrepoblación del 160%; que
el recluso recibió una colchoneta, un kit de aseo y un menaje y, posteriormente, kits
de aseo en seis oportunidades; que el patio contaba con servicio de agua, sanitarios
y duchas con subdivisiones, paredes y pisos en cerámica y lámparas antivandálicas;
que le suministraban alimentación en tres jornadas diarias; que se le garantizaba el
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
régimen de visitas (en concordancia con los listados de visitas periódicas recibidas
por el interno); y que el establecimiento ofrecía 101 actividades para redención de
pena.
32. La accionante sostiene que el Tribunal incurrió en defecto fáctico al no inferir que,
durante 2015 y 2017, al recluso no se le entregaron elementos de aseo, que no se
le asignó celda y que carecía de espacio para la visita conyugal. Sin embargo, el
Tribunal, al valorar diferentes pruebas (entre ellas, la historia clínica del recluso, los
informes del INPEC sobre el patio 2, y los informes de seguimiento al ECI
elaborados por la Procuraduría, la Defensoría y la Presidencia), concluyó que se
acreditaba la entrega regular de elementos mínimos, la disponibilidad de
instalaciones sanitarias y la efectiva recepción de visitas.
33. Si bien el actor alega que la documental denominada “06. CONTESTACION
INPEC, AUTO FIJA FECHA AUD INICIAL, Y MEMORIAL DEMANDANTE” (que
contiene la respuesta del INPEC a un derecho de petición) demostraba las
circunstancias que afectan el buen funcionamiento del Sistema Penitenciario y
Carcelario, el Tribunal sostuvo que ninguna prueba, incluida esa, permitía tener por
demostradas las situaciones particulares de padecimiento alegadas en la demanda
(largas horas de ayuno, ausencia de sitio para dormir, imposibilidad de visita
conyugal, carencia de elementos de cama y aseo), máxime cuando no obraban en
el expediente peticiones del propio interno reclamando esos mínimos. Esa lectura
del Tribunal constituye una conclusión razonable, contrario a lo alegado por la
actora. Así, lo que subyace a este reproche no es una omisión de valoración, sino
una discrepancia en las conclusiones que el juez natural extrajo.
34. Algo equivalente ocurre con la Resolución 002390 del 10 de mayo de 2016,
expedida por el director del INPEC, mediante la cual se declaró la emergencia
penitenciaria y carcelaria. Aunque la accionante la invoca como prueba directa de
las condiciones particulares de reclusión del señor Fuertes Carmona, se trata de un
acto administrativo de alcance general que constata una situación estructural del
sistema penitenciario nacional, sin referirse de manera específica al patio 2 del
EPMSC Bellavista y, mucho menos, a la situación individual del recluso.
35. El Tribunal apreció ese contexto general (tan es así que lo dio por acreditado
como hecho notorio), pero distinguió, de manera ajustada al régimen de
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Accionante: María Luceidy Carmona
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responsabilidad aplicado, el reconocimiento de un escenario estructural de violación
de derechos frente a la prueba del daño concreto, individualizado y resarcible
padecido por el demandante.
36. De esta forma, la autoridad judicial no desconoció los medios de prueba
allegados, sino que, por el contrario, los examinó en conjunto para concluir,
razonablemente, que los demandantes solo acreditaron un contexto general de
hacinamiento y crisis carcelaria, mas no un daño cierto, concreto e individualizado
padecido por el señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona durante el período de su
reclusión. En ese sentido, la parte actora, al plantear un perjuicio en términos
generales e indeterminados, partiendo de la situación estructural del
establecimiento penitenciario, no demostró de manera suficiente el daño como
elemento indispensable para reconocer la responsabilidad estatal.
37. En conclusión, no es cierto que el accionado omitió realizar una valoración
integral de las pruebas del expediente, y, particularmente, las que son relacionadas
en el escrito de tutela. Cosa distinta es que, no hayan sido apreciadas en el sentido
reclamado por la accionante.
38. Esta diferencia no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto, en
cumplimiento de sus competencias jurisdiccionales, el juez natural tiene la potestad
de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción
obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza,
siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica,
conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
2.6.2. Defecto por desconocimiento del precedente judicial
39. Valga la pena recordar que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
15
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Accionante: María Luceidy Carmona
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia22, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo23 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe24.
40. Sobre el particular, es preciso señalar que aplica la primera modalidad de
desconocimiento del precedente constitucional, en razón a que la discusión
planteada gira en torno a si el Tribunal incurrió, en su sentencia del 3 de julio de
2025, en un desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional mediante
las que declaró y precisó las circunstancias del ECI en materia penitenciaria y
carcelaria. En particular, la accionante argumenta que se configuró este defecto en
los siguientes términos:
Ahora bien, la crisis de derechos humanos en Bellavista no fue un invento de los
demandantes en acción de reparación directa, ni mucho menos de la Corte
Constitucional, debiéndose por el contrario aceptar también los hechos que fueron
constatados por el máximo tribunal constitucional, que motivaron y motivan la
declaratoria del ECI. Por tan potísima razón, haciendo parte de tal crisis y sometido a
las consecuencias devastadoras del hacinamiento, lo lógico es concluir que el señor
Heilbar Marcial no podía ser la excepción a tan infame tratamiento. Es que un
elemental principio de lógica indica que cuando “el todo está afectado, también lo está
la parte”. Por eso resultaría absurdo exigir a los demandantes que, siendo parte de la
generalidad de reclusos sometidos a tratos inhumanos y degradantes en el EMPSC
BELLAVISTA, situación advertida por la Corte Constitucional y los órganos de control,
tenga que demostrar que “también” que hacía parte de tal crisis. Al contrario, era
obligación de las entidades demandadas acreditar que a él se le trataba dignamente,
a pesar del estado de cosas inconstitucional en que se hallaba. […]
No puede perderse de vista que la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional
(ECI) desde la sentencia T-158 de 1998, posteriormente en la sentencia T-388 de
2013, luego la sentencia T-762 de 2015, por último, la sentencia SU-122 de 2022,
22
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
23
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
24
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Accionante: María Luceidy Carmona
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
han precisado que el hacinamiento vulnera los derechos de las personas así
recluidas, declaratoria que no excusa la omisión en el cumplimiento de obligaciones
Estatales.
41. Al respecto, la Sala observa que no le asiste razón a la accionante, por cuanto,
en la sentencia del 3 de julio de 2025, la autoridad judicial demandada hizo expresa
referencia a las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015, así:
Se encuentra igualmente acreditado que[,] sobre las condiciones de los internos en
las cárceles del país, la Corte Constitucional en diversas providencias ha declarado
el estado de cosas inconstitucional. Así por ejemplo, en sentencia de tutela T-153 de
1998 expuso que la sobrepoblación carcelaria contraría los objetivos del sistema
penitenciario dirigidos a la resocialización del infractor, indicando que a los reclusos
pese a soportar un vínculo de sujeción para con el Estado que les limita algunos
derechos como la libertad física, la locomoción, los derechos políticos, se les debe
mantener incólumes los derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, la igualdad,
a la libertad religiosa, a la salud y al debido proceso.
Posteriormente, a través de sentencia de tutela T- 388 de 2013, señaló que las
condiciones de reclusión y el grave hacinamiento de los centros penitenciarios
contribuían a la violación de los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud
y a la resocialización de los internos.
A su vez, a través de sentencia de tutela T-762 del 16 de diciembre de 2015, reiteró
el estado de cosas inconstitucional aludiendo a la violación masiva de los derechos
constitucionales a la vida en condiciones dignas, a la salud, al agua potable, a la
resocialización de los condenados penalmente; el incumplimiento prolongado de las
obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas
recluidas; la institucionalización de prácticas en el sistema penitenciario y carcelario
que son evidentemente inconstitucionales y la falta de adopción de las medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias y eficaces por parte de las
autoridades encargadas, para evitar la vulneración de derechos.
42. Así, reconoció el alcance de cada uno de esos fallos en la declaratoria y
reiteración del ECI, así como las afectaciones que la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que ese hecho genera sobre los derechos a la dignidad humana,
vida, salud y resocialización de la población reclusa. Más aún, el Tribunal admitió
expresamente que las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios
del país, entre ellos el EPMSC Bellavista, constituyen un «hecho notorio».
43. Sin desconocer el precedente constitucional, el Tribunal precisó que el
reconocimiento del ECI y la acreditación del contexto estructural de hacinamiento
no relevan al demandante de la carga de probar el daño antijurídico cierto, concreto,
personal e individualizado padecido por la víctima dentro del medio de control de
reparación directa. En palabras de esa autoridad judicial: «a partir de tal situación
genérica no es posible presumir como lo pretende el actor, la configuración del daño antijurídico».
44. Efectivamente, las sentencias T-158 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y
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SU-122 de 2022 no permiten establecer una presunción de daño antijurídico
individualizado a favor de cada uno de los reclusos del país, susceptible de ser
invocada automáticamente en sede de reparación directa. Por el contrario, la
pretensión de la accionante de invertir a carga de la prueba no encuentra respaldo
en el precedente invocado.
45. Esta lectura coincide con la jurisprudencia del Consejo de Estado 25, a la que se
refirió el Tribunal para sustentar su decisión, según la cual, si bien las condiciones
de hacinamiento pueden propiciar la causación de daños individuales,
esencialmente inmateriales, a la población reclusa y, por ello, en este tipo de
asuntos se admite cierta flexibilización probatoria dada la especial situación de
sujeción en que se encuentra esa población, «no por ese motivo hay lugar a pretextar la
absoluta falta de prueba, con mayor razón cuando se trata de acciones de carácter indemnizatorio».
46. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
un actuar caprichoso o ilegal de la autoridad accionada, en la medida en que su
decisión estuvo debidamente motivada, y no se apartó injustificadamente de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, situación de la que se colige que no
incurrió en desconocimiento del precedente.
47. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
48. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte
accionante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en las
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial invocadas. Por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional para, en su lugar,
negar la solicitud de amparo al no encontrar configurados tales defectos.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: Alberto
Montaña Plata, sentencia del 20 de noviembre de 2020, Rad. 18001-23-33-000-2013-00216-01.
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Accionante: María Luceidy Carmona
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 29 de enero de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, para, en su
lugar, NEGAR la solicitud de amparo presentada por la señora María Luceidy
Carmona, conforme a la motivación de esta providencia
SEGUNDO. Por conducto de Secretaría General, REMITIR el memorial aportado
por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (índice 10, archivo 10 del
expediente electrónico del presente proceso en SAMAI) al proceso correcto con
radicado 76001-2204-000-2025-01646-00, adelantado ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19
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