RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06961-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06961-00

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06961-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso el Consorcio Corredor Bolívar por conducto de apoderado, por las razones expuestas en la presente providencia. 28 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional. www.consejodeestado.gov.co 9 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00 Accionante: Consorcio Corredor Bolívar Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06961-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Declara improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por el Consorcio Corredor Bolívar2, por conducto de
apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente
ocurrida con ocasión de la providencia del 28 de abril de 2025 3 que confirmó la
sentencia del 17 de julio de 2023 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, dentro del
medio de control de controversias contractuales seguido bajo el radicado 05001-23-
33-000-2023-00031-00/01 (70.364) .

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela se colige que, el 30 de mayo de 2019, el Consorcio
Corredor Bolívar y el Municipio de Medellín suscribieron un contrato4. De acuerdo
con la parte actora, en desarrollo de su ejecución se realizaron varias modificaciones
al instrumento contractual5. El contrato concluyó el 17 de abril de 2021 y las obras

1
Acción de tutela presentada el 5 de noviembre de 2025.
2
Integrado por las sociedades Megaproyecto Vial Siglo XXI S.A.S. y HR Constructora S.A.S, con una participación del
50% cada una, para desarrollar el contrato núm. 4600081197 para construir obras de espacio público por el sistema
de precios unitarios, que ascendió a un valor de diez mil ochocientos cuarenta y tres millones setecientos ochenta y
dos mil doscientos cuarenta y un pesos ($10.843.782.241) “incluido el AIU del 27.50%, que fue suscrito con el Municipio
de Medellín el día 30 de mayo de 2019.
3
Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 05001-23-33-000-2023-00031-01. Notificada el 14 de mayo de 2025.
4
Destinado a la construcción del espacio público del Corredor Bolívar - etapa 2-, el cual fue objeto de modificaciones
en valor y plazo. Índice 12 del aplicativo SAMAI, certificado 55CAF3B7EFE6243 2 0556F98F1A085F85
A6644BB01EA88621 659325F3979A055629, Contrato.
5
Por distintos motivos, entre los cuales estuvo una suspensión inicial de cinco meses, ampliada ante la falta de
pronunciamientos del Ministerio de Cultura y del ICANH, por el surgimiento de hallazgos arqueológicos en la zona de
labor. De conformidad con el expediente, las modificaciones contractuales fueron realizadas en las siguientes fechas
17 de septiembre de 2019, 16 de diciembre de 2019, 10 de marzo de 2020, 11 de agosto de 2020, 9 de octubre de
2020 y 15 de enero de 2021.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

fueron recibidas a satisfacción el 17 de mayo del mismo año6.

3. El consorcio accionante sostuvo que, el 6 de diciembre de 2021, durante la
etapa de liquidación, radicó una reclamación por desequilibrio económico7,
documento que fue recibido por la interventoría ese mismo día8. Señaló que el 7 de
enero de 20229, la interventoría remitió concepto técnico10, recomendando reconocer
parcialmente los rubros planteados en la reclamación y negar otros.

4. Señaló también que, al momento de suscribir el acta de liquidación bilateral
fechada manualmente el día 20 de diciembre de 2021, manifestó expresamente que
firmaba con la salvedad anexa, (la cual aparece suscrita con fecha 3 de febrero de
2022), debido a los costos en que incurrió por protocolos de bioseguridad y mayor
permanencia en la obra entre otros11.

5. El actor expuso que la información disponible en el SECOP confirmaba que el
acta de liquidación bilateral fue publicada el 25 de abril de 2022, lo que, conforme al
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 201512, revelaba que la fecha del 20 de
diciembre no correspondía a la fecha real de suscripción del documento. Igualmente,
indicó que el municipio de Medellín, al responder la reclamación13, nunca mencionó
la supuesta liquidación previa.

6. Aseguró que tampoco la interventoría, en su pronunciamiento del 7 de enero
de 2022, hizo referencia alguna a un acta de liquidación ya existente, de modo que
para enero y febrero de 2022 el contrato aún no estaba liquidado. Alegó que solo el
8 de julio de 202214, el municipio referido incorporó expresamente el acta en el
trámite de conciliación extrajudicial, lo que demostraría que se perfeccionó en fecha
muy posterior a la fecha que se consignó con sello manual inicialmente.

7. Adicionalmente, sostuvo que el acta requería la firma de doce funcionarios de
nivel directivo, circunstancia que hacía imposible su suscripción el mismo día. Afirmó
que su representante firmó el 3 de febrero de 2022, dejando constancia de la
salvedad en anexo separado por falta de espacio físico, y que los representantes del
Municipio conocían dicha salvedad al momento de firmar, descartándose así
cualquier actuación unilateral del contratista.

8. Ante la situación descrita en precedencia y luego improbado el acuerdo
conciliatorio extrajudicial entre el Consorcio Corredor Bolívar y el municipio de
Medellín ante la Procuradora 112 Judicial II para Asuntos Administrativos
Delegada15, el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Quinta de Decisión conoció

6
Índice 12 del aplicativo SAMAI, certificado 55CAF3B7EFE6243 2 0556F98F1A085F85 A6644BB01EA88621
659325F3979A055629, ACTA DE RECIBO DE OBRA CORREDOR BOLIVAR (1).pdf
7
Bajo radicado núm. 202110412271
8
Con radicado 0153
9
Índice 12 del aplicativo SAMAI, certificado 55CAF3B7EFE6243 2 0556F98F1A085F85 A6644BB01EA88621
659325F3979A055629, 03-102-0001-2022.pdf
10
A la supervisora del contrato Doris Valencia Jaramillo
11
Hurtos en obra, Paro Nacional 2019, Paro Nacional 2021, hallazgos arqueológicos, etc
12
Decreto 1082 de 2015: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a
publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación,
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.”.
13
A través del radicado 202230063749 del 21 de febrero de 2022
14
Mediante radicado 202220075613
15
Ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

de la demanda16 presentada por la parte actora, y mediante providencia del 17 de
julio de 2023 negó lo pretendido17. La decisión fue apelada18 por el consorcio citado,
siendo confirmada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en
sentencia del 28 de abril de 202519.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte actora sustentó su acción en lo que consideró un defecto fáctico en
la providencia, consistente en que la autoridad judicial accionada habría valorado de
manera irrazonable el material probatorio relativo a las salvedades consignadas en
el acta de liquidación bilateral del contrato. Además, indicó que la Subsección B
desatendió el alcance jurídico de la reclamación efectuada y desconoció pruebas
determinantes sobre los mayores costos asumidos durante la ejecución contractual.

10. Alegó que el fallo incurrió en una omisión crítica de valoración, al no advertir
que la interventoría emitió su concepto el 7 de enero de 2022 sin hacer mención a
una supuesta liquidación firmada el 20 de diciembre de 2021, lo que resultaba
contrario al comportamiento esperado en el marco de la contratación estatal. Afirmó
que dicho silencio evidenciaba, de manera objetiva, que el contrato no estaba
liquidado en esa fecha.

11. Adicionalmente, adujo que la providencia cuestionada consideró inexistente
dicha salvedad al estimar que al haber sido suscrita con fecha 3 de febrero de 2022,
era posterior a la consignada en el acta de liquidación, esto es, 20 de diciembre de
2021, sin analizar en su sentir, la contradicción temporal derivada de la imposición
de un sello manual.

12. Por otro lado, adujo que el municipio de Medellín respondió a la reclamación
económica el 21 de febrero de 2022 sin referirse a una liquidación previa, lo que, a
su entender, ratificaba que el acta no había sido suscrita. Para el actor, la autoridad
judicial accionada omitió armonizar estos documentos y prefirió otorgar
credibilidad exclusiva al fechador mecánico del acta, pese a su contradicción
con el comportamiento contractual previo.

13. Subrayó que el acta fue publicada en el SECOP hasta el 25 de abril de
2022, lo que, conforme al Decreto 1082 de 2015, evidenciaba que su firma debió
ocurrir dentro de los días inmediatamente anteriores y no el 20 de diciembre de 2021.
Así las cosas, reprochó que la sentencia desconoció esta regla y pasó por alto un
elemento objetivo que, según la sana crítica, debilitaba la conclusión de que la
liquidación hubiera sido suscrita en diciembre de 2021.

16
En la que la parte actora solicitó la revisión judicial del contrato núm. 4600081197 de 2019 y de su acta de liquidación
bilateral suscrita el 20 de diciembre de 2021, con el fin de que se determinaran nuevamente los valores derivados de
su ejecución y se reconocieran los mayores costos que afirmó haber asumido. Como consecuencia, pidió el pago de
dichos valores actualizados, incluidos intereses moratorios conforme al artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, así como la
respectiva indexación, y que se condenara al Municipio de Medellín al pago de costas y agencias en derecho.
17
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, comoquiera que, la parte actora no impugnó judicialmente el acto
administrativo contenido en el oficio 202230063749 del 21 de febrero de 2022, mediante el cual, la entidad pública
demandada le negó al Consorcio Corredor Bolívar la reclamación económica por desequilibrio económico. La autoridad
judicial precisó que, como dicho acto administrativo no fue objeto de una demanda de nulidad, su contenido resultaba
amparado por la presunción de legalidad y, por consiguiente, la decisión que allí constaba no podía modificarse a través
de un proceso judicial en el que el demandante omitió impugnarlo.
18
Índice 12 del aplicativo SAMAI, certificado 55CAF3B7EFE6243 2 0556F98F1A085F85 A6644BB01EA88621
659325F3979A055629, 32RecursoApelacionDte.pdf
19
Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 05001-23-33-000-2023-00031-01. Notificada el 14 de mayo de 2025.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

14. Aunado a lo anterior, señaló que solo hasta julio de 2022 el Municipio
mencionó expresamente el acta, circunstancia que el fallo no valoró y que, según la
parte accionante, confirmaba la inexistencia de una liquidación previa en diciembre.
Por ello sostuvo que la autoridad judicial construyó una conclusión contraevidente,
incompatible con la integralidad del material probatorio.

15. En ese entendido, a juicio del consorcio actor, la autoridad judicial reprochada
incurrió en una lectura fragmentada y restrictiva de las diligencias contractuales,
particularmente respecto de la oportunidad y suficiencia de las salvedades, lo cual,
desde su perspectiva, condujo a un análisis probatorio incompleto, reprochando que
esta supuesta omisión habría tenido incidencia directa en la negativa de las
pretensiones, afectando su derecho fundamental al debido proceso.

16. Ahora bien, aunque la parte actora invocó formalmente un defecto fáctico, el
escrito de tutela revela un cuestionamiento implícito por trasgresión del principio
de congruencia20, al sugerir que el Consejo de Estado no resolvió integralmente los
argumentos expuestos en la apelación. En particular, el actor sostuvo que la
sentencia omitió pronunciarse de manera plena sobre el alcance de las constancias
dejadas en la liquidación bilateral y sobre la naturaleza postcontractual de ciertos
actos21.

17. Para el accionante, esta supuesta falta de correspondencia entre lo debatido
y lo resuelto constituyó una incongruencia externa que afectó la validez de la
providencia judicial, en tanto desatendió planteamientos esenciales dirigidos a
demostrar que la revisión contractual era procedente y que la administración no
podía crear limitaciones adicionales al medio de control.

18. Así las cosas, tácitamente, el reproche se orientó a sostener que el fallo de
segunda instancia excedió o desatendió el marco fijado por el recurso de apelación,
al reafirmar la tesis sobre la insuficiencia de las salvedades sin analizar, en el sentir
del consorcio accionante, los argumentos relativos a la improcedencia de considerar
actos posteriores a la liquidación y la indebida carga probatoria exigida al contratista.

2.3. Pretensiones

19. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:

«(…) PRIMERA.- Se declare que en la decisión sobre el proceso de
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES cuyo radicado fue 05001-23-33-000-
2023-00031-01 (70.364), que surtió apelación en el CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B, Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ promovido
por el demandante CONSORCIO CORREDOR BOLÍVAR en contra del

20
El actor adujo que el fallo edificó su conclusión sobre la premisa de la supuesta firma del acta de liquidación en
diciembre de 2021, pero esta no fue propuesta por las partes, no contó con respaldo probatorio suficiente y
contradecía la totalidad del material documental obrante en el expediente. En ese entendido, al resolver con
fundamento en hechos no debatidos, ni pretendidos, ni excepcionados, y al construir una narrativa ajena a los límites
fijados en el proceso, censuró que el juez natural desbordó la litis e impuso razones extrañas al marco de discusión con
lo que se configuró un quebrantamiento del principio de congruencia trasgrediendo con ello el debido proceso.
21
En particular, la salvedad presentada por la parte actora, de fecha 3 de febrero de 2022.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, existió una vía de hecho y por ende una violación
al derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 29 de la
Constitución Política de 1991.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de la anterior se disponga dejar sin
efectos el fallo proferido por la SUBSECCIÓN B, SECCIÓN TERCERA, SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO, y en
su lugar se ordene a la sección tutelada que analice nuevamente a la luz de
estos argumentos el fallo por ella proferido y emita una decisión de reemplazo.»
(Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

20. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 6 de
noviembre de 202522 a través del cual se ordenó notificar como accionado al Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B y como interesados en el resultado del
proceso se vinculó a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, al Municipio de Medellín, a la Procuraduría Primera Delegada ante el
Consejo de Estado, al representante legal del Megaproyecto Vial Siglo XXI S.A.S. y
HR Constructora S.A.S y a todos los demás personas vinculadas al medio de control
de controversias contractuales seguido bajo el radicado 05001-23-33-000-2023-
00031-00/01 (70.364).

21. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su competencia y se reconoció personería al abogado Juan Diego
Restrepo Rueda, con tarjeta profesional 129.584 del Consejo Superior de la
Judicatura como apoderado de la parte actora.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia23 remitió el vínculo de acceso al
expediente, pero no emitió ningún pronunciamiento adicional.

2.4.2. El municipio de Medellín24 sostuvo que las decisiones del Tribunal
Administrativo de Antioquia y del Consejo de Estado se ajustaron plenamente al
marco normativo y probatorio del litigio, por lo cual no existió vulneración alguna de
derechos fundamentales. Señaló que las autoridades judiciales aplicaron
correctamente las reglas sobre reclamaciones económicas en la liquidación bilateral
del contrato y resaltó que la salvedad introducida por el contratista con posterioridad
a la liquidación fue extemporánea e ineficaz.

22. Asimismo, afirmó que las inconformidades del actor correspondían a
discrepancias con la valoración probatoria realizada por los jueces naturales, mas no
a la configuración de un defecto fáctico ni a una vía de hecho. En esa línea, recordó
que la tutela contra providencias judiciales es de procedencia excepcional y que en
este caso no se acreditaron los requisitos generales ni específicos establecidos por
la jurisprudencia constitucional.

23. Finalmente, la entidad solicitó rechazar las pretensiones, declarar probadas

22
Índice 5 del aplicativo SAMAI
23
Índice 12 del aplicativo SAMAI
24
Índice 16 del aplicativo SAMAI

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

las excepciones propuestas y, de ser procedente, imponer condena en costas a la
parte actora, al estimar que la acción carecía de sustento constitucional y pretendía
reabrir un debate ya resuelto en sede judicial ordinaria.

2.4.3. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado guardó silencio.

2.4.4. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

25. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, con ocasión
de la providencia del 28 de abril de 202525 que confirmó la sentencia del 17 de julio
de 2023 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de
controversias contractuales seguido bajo el radicado 05001 23-33-000-2023-00031-
00/01 (70.364) incurrió en un defecto fáctico y con este trasgredió el derecho
fundamental al debido proceso del consorcio Corredor Bolívar.

26. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de subsidiariedad.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

27. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando

25
Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 05001-23-33-000-2023-00031-01. Notificada el 14 de mayo de 2025.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

desborda los límites que la Carta le impone.

29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

30. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

31. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.

32. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

33. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia26.

34. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

4. Análisis del caso concreto

35. La Sala advierte que la parte actora cuestionó la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, aduciendo un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria. Sin embargo, del contenido del recurso de

26
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno
de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el
artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones».

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

apelación27 presentado en el proceso ordinario, se evidencia que el consorcio
planteó expresamente la vulneración del principio de congruencia por la supuesta
decisión extra petita adoptada por el Tribunal.

36. En efecto, el apelante sostuvo que la autoridad judicial de primera instancia
resolvió sobre aspectos no discutidos, omitiendo pronunciarse sobre el verdadero
problema jurídico. Ese reproche, claramente identificado como una censura por
incongruencia, fue puesto a consideración del Consejo de Estado y constituye el
núcleo material de la inconformidad que ahora se pretende reprocesar mediante la
presente acción.

37. Aunque la tutela se formula bajo un presunto “defecto fáctico”, la lectura integral
del libelo demuestra que el actor insiste en que las sentencias desconocieron lo
pedido, lo debatido y lo exceptuado, configurando en su sentir una ruptura del
principio de congruencia. Se trata, entonces, de un reproche dirigido a la estructura
decisional de la providencia y no a una irregularidad de índole constitucional.

38. El principio de congruencia, exige que el juez se mantenga dentro del marco
fijado por las partes y por la litis. Su eventual desconocimiento constituye un vicio de
sentencia que pertenece al ámbito de la legalidad procesal y cuya corrección
corresponde al juez natural mediante los mecanismos previstos en la ley.

39. En este contexto, el artículo 250 del CPACA establece el recurso
extraordinario de revisión como instrumento idóneo para impugnar fallos
ejecutoriados cuando se alegan vicios estructurales de la sentencia, incluidas las
nulidades originadas en la incongruencia de la decisión. Dicho recurso constituye,
por mandato legislativo, el mecanismo específico para examinar los cargos que aquí
formula el actor.

40. En ese entendido, esta Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente, porque la controversia aquí planteada encuadra dentro de los
supuestos del numeral 5.° del artículo 250 del CPACA el cual consagra la
procedencia del recurso extraordinario de revisión por falta de congruencia como una
causal de nulidad de la sentencia27, que es precisamente el argumento que sustenta
la solicitud de amparo.

41. Así las cosas, el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, establece lo
siguiente:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.»

42. Es de advertir que en el presente asunto no se acredita la amenaza inminente
de los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su protección, ni

27 Al respecto, se pronunció esta corporación en la providencia del 26 de agosto de 2021, seguida bajo el radicado 11001-03-25-
000-2017-00852-00(4598-17), MP William Hernández Gómez, citando la sentencia del 29 de septiembre de 2015 dictada por la
Sección Tercera, Subsección B, radicado: 2002-02456-01 (35824). “(...)” la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron
de fundamento a la decisión, o cuando se basa en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas.
“(...)”

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera urgente, toda vez
que lo debatido es estrictamente jurídico y guarda relación con la validez procesal de
una sentencia ejecutoriada, materia que no compromete un riesgo inmediato o
irremediable que habilite la actuación del juez constitucional.

43. Aunado a lo anterior, en el caso concreto, la sentencia del Consejo de Estado
se encuentra ejecutoriada y revestida de cosa juzgada, presupuesto que habilita la
interposición del recurso extraordinario de revisión. No obstante, la parte actora no
acreditó haber promovido este mecanismo ni explicó por qué sería ineficaz para
corregir la incongruencia que él mismo denunció en el trámite ordinario.

44. Por lo expuesto, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de
los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos.

45. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional28 ha sido clara en reiterar que
las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que
el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

46. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte accionante
no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para
obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se rechazará por improcedente
la presente acción de tutela.

47. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente, pues, se reitera,
dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental
quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría
irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un
derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones que le encomendó la Carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso el Consorcio
Corredor Bolívar por conducto de apoderado, por las razones expuestas en la
presente providencia.

28
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06961-00
Accionante: Consorcio Corredor Bolívar

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con salvamento parcial de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.