Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06963-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06963-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06963-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
15 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06963-00
Accionante: MARIA TERESA CAMPOS CASTIBLANCO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN E
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia proferida por un Tribunal Administrativo.
Improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado judicial, María Teresa Campos Castiblanco ejerció acción
de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que profirió sentencia el pasado 24 de octubre de 2025 y que
puso fin al proceso contencioso administrativo identificado con el número 11001-33-
42-051-2023-00384-00/01. Con el fin de facilitar la exposición cronológica de los
antecedentes se explicará el decurso del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho y posteriormente los fundamentos del escrito de
amparo.
Antecedentes del proceso contencioso administrativo 11001-33-42-051-2023-
00384-00/01
2. Se indicó que la tutelante se vinculó a la Policía Nacional mediante sucesivos
contratos de prestación de servicios en calidad de optómetra desde el 1° de
noviembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019. Para la demandante, durante
dicho periodo, realizó funciones cumpliendo los requisitos de una relación laboral.
Por tal motivo, inició proceso contencioso administrativo con el fin de que se
declarara la existencia del contrato laboral.
3. En primera instancia, la demanda fue repartida al Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá. En sentencia de 23 de mayo de 2024, esa
autoridad judicial resolvió no declarar probada la excepción de prescripción y
declarar la nulidad de los oficios No. GS2023-005759 - REG1 del 3 de mayo de
2023 y GS 2023-394347- MEBOG del 8 de agosto de 2023. En consecuencia,
ordenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional el reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales
derivadas de la relación laboral.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06963-00
Accionante: María Teresa Campos Castiblanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
4. La decisión fue apelada, y en fallo de 24 de octubre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, confirmó
parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la nulidad de los actos
administrativos, pero declaró la excepción de prescripción de los derechos
reclamados. En este sentido, expresó que la relación laboral encubierta entre la
demandante y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional finalizó el 20 de
diciembre de 2019, por lo que el plazo para reclamar los derechos venció el 20 de
diciembre de 2022. Sin embargo, la demandante presentó su solicitud el 30 de
marzo de 2023, excediendo el plazo establecido. Por lo tanto, el Tribunal declaró
probada la excepción de prescripción respecto de las prestaciones sociales dejadas
de percibir durante la vinculación comprendida entre el 1 de noviembre de 2014 y el
20 de diciembre de 2019. A título de cuestión previa, respecto de la suspensión de
la prescripción decretada por la pandemia del COVID-19, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca adoptó la tesis mayoritaria de la sala, según la cual, para el
cómputo de la prescripción en el caso analizado, no debe considerarse la
suspensión de términos ordenada por el Gobierno Nacional en el Decreto 564 del
15 de abril de 2020. Este decreto, emitido en el marco del Estado de Emergencia
por la pandemia, solo aplica a los términos dentro de los procesos judiciales y no a
las actuaciones administrativas. Por lo tanto, la suspensión de términos no afecta el
cálculo de la prescripción en este caso.
Fundamentos del escrito de amparo
5. La tutelante sostiene que la decisión del tribunal Administrativo de Cundinamarca
de declarar la prescripción de los derechos reclamados constituye un defecto
sustantivo al realizar una interpretación errónea y restrictiva e inaplicar el decreto
497 de 2020, así como las Resoluciones Nos. 929 del 17 de marzo, 01072 del 30
de marzo, 01111 del 13 de abril, 01224 del 27 de abril, 01280 del 11 de mayo, 01368
del 22 de mayo, 01397 del 29 de mayo, 01665 del 30 de junio, 01786 del 15 de julio
y 01907 del 31 de julio de 2020, mediante las cuales se suspendió los términos de
prescripción y caducidad por 107 días por parte del Consejo Superior de la
Judicatura entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020 y los términos administrativos
internos por 168 días por Policía Nacional entre el 18 de marzo y el 1° de septiembre
de 2020.
6. Afirmó que la decisión implicó una vulneración del derecho al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva, a la debida administración de justicia, al trabajo en
condiciones justas y a la dignidad humana. Sostuvo la tutelante:
“En el presente caso, el fallo proferido el 24 de octubre de 2025 por la Sección
Segunda, Subsección E, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurre
en un defecto sustantivo o material, en los términos definidos por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-649 de 2017, al aplicar de manera restrictiva
el Decreto 564 de 2020 e inaplicar el Decreto 491 de 2020, así como las
Resoluciones Nos. 929 del 17 de marzo, 01072 del 30 de marzo, 01111 del 13
de abril, 01224 del 27 de abril, 01280 del 11 de mayo, 01368 del 22 de mayo,
01397 del 29 de mayo, 01665 del 30 de junio, 01786 del 15 de julio y 01907 del
31 de julio de 2020 expedidas por la Policía Nacional, que suspendieron los
términos de prescripción y caducidad y de los procedimientos administrativos
durante la emergencia sanitaria. Si el Tribunal hubiese aplicado correctamente
dichas disposiciones, habría concluido que no se configuró la prescripción
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Accionante: María Teresa Campos Castiblanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
alegada y, en consecuencia, habría confirmado en su totalidad el fallo de
primera instancia proferido por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá”
7. Solicitó que se “revoque” parcialmente el fallo de segunda instancia emitida el 24
de octubre de 2025 por la sección segunda, subsección E, del tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el numeral primero que declara la prescripción
de las prestaciones sociales y derechos laborales reconocidos en el fallo judicial de
primera instancia. Y en consecuencia que se confirme en su integridad la sentencia
proferida por el juzgado 51 administrativo del Circuito de Bogotá.
Trámite de tutela
8. En un primer momento, el despacho sustanciador requirió al profesional del
derecho que se identificó como apoderado de la tutelante para que allegara poder
que lo facultara para ejercer la representación judicial de la señora María Teresa
Campos Castiblanco en el asunto de la referencia, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia. El requerimiento fue satisfecho y en esa
medida, inmediatamente después, se admitió la petición de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E. Se
vinculó como tercero con interés al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional –
Dirección de Sanidad – Seccional de Sanidad de Bogotá, al Ministerio Público, y a
los demás intervinientes del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-42-051-2023-00384-00/01. Y
se ordenó al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá
remitiera enlace con el proceso contencioso administrativo.
9. En juzgado vinculado remitió copia digital del expediente ordinario1 . El tribunal
accionado intervino2 con el fin de explicar que en la decisión cuestionada se explicó
ampliamente las razones por las cuales correspondía modificar la sentencia de
primera instancia y declarar la prescripción de las prestaciones sociales reclamadas
por la actora. Por ello estimó que la decisión cuestionada respetó los derechos
fundamentales de la actora y no se incurrió en irregularidad procesal que justifique
el amparo solicitado.
CONSIDERACIONES
Competencia
10. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
1 Índice samai 15.
2 Indice samai 17.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06963-00
Accionante: María Teresa Campos Castiblanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Problema jurídico
11. En el asunto de la referencia, la tutelante acude al juez constitucional con el fin
de señalar que, la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, incurrió en defecto sustantivo por aplicar una interpretación restrictiva
del Decreto Legislativo 564 de 2020, y declarar la prescripción de los derechos
reclamados. El tribunal accionado sostuvo que la providencia cuestionada explicó
suficientemente las razones por las cuales, correspondía la declaratoria de esa
prescripción, motivo por el cual, estima que el amparo no está llamado a prosperar.
Por lo anterior, como primer problema jurídico corresponde determinar si la acción
de tutela es procedente para cuestionar la providencia censurada.
12. Por lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, se reiterará el
precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencias judiciales y se
procederá a resolver el caso concreto.
Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.
13. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20053, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
14. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
3 Corte Constitucional C-590 de 2005.
4 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06963-00
Accionante: María Teresa Campos Castiblanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
15. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales10.
16. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por
un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas
de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la
valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y
contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la
garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por
factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una
decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06963-00
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con
los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por
los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos
(precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y
razonada por qué se cambia de precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.
17. Examinado lo anterior, corresponde resolver el primer problema jurídico.
Análisis del caso concreto
18. En el sublite, la sala declarará improcedente el amparo solicitado por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. En las sentencias SU-033 de
201811, SU-128 de 202112 y la SU-215 de 202213, la Corte Constitucional ha indicado
que la acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para cuestionar
providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya fueron
estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada como una
tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos14. Se indica que:
“Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”
y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”.
19. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.
20. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
11 M.P. Alberto Rojas Ríos.
12 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
13 M.P. Natalia Ángel Cabo
14 SU-128 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06963-00
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
21. En el caso concreto, la acción de tutela se utiliza para reabrir una discusión
procesalmente estudiada en dos instancias, y en esa medida se acude al medio
constitucional como una instancia adicional. En el trámite de la primera instancia del
proceso contencioso administrativo, la entidad accionada, en la contestación de la
demanda argumentó que operaba la prescripción trienal15. Ello fue examinado
dentro del fallo de primera instancia (folio 15 a 16) y fue resuelta en contra de la
entidad pública. En la apelación16, la Policía Nacional explícitamente solicitó que se
declarara la prescripción de los derechos afectados por dicho fenómeno jurídico
trienal. Se lee en el escrito de apelación: “Se insiste en lo relacionado con la
prescripción de los derechos prestacionales de aquellos contratos con anterioridad
superior a los tres años contados a partir de la reclamación administrativa”17.
22. En la providencia de segunda instancia, la Sala cuestionada asumió
competencia sobre lo apelado, y frente a lo cual, la parte tutelante tuvo oportunidad
de refutar a través de los alegatos pertinentes. En esa medida, examinado el
desarrollo del decurso del proceso judicial ordinario se verifica que, la tutela se
utiliza para reabrir una discusión procesal que se surtió en dos instancias y que fue
resuelta por los jueces competentes.
23. La jurisprudencia de la Corte además señala que carecen de relevancia
constitucional las tutelas en las que se discuten aspectos de índole legal o infra
constitucional. Examinado los fundamentos del amparo, se concluye que los
mismos cuestionan que la decisión del tribunal administrativo no tuvo en cuenta un
decreto legislativo y varias resoluciones de la Policía Nacional, las cuales no
permiten desarrollar mandatos constitucionales concretos. Quiere decir esto que, la
petición de amparo de la tutelante confronta la decisión judicial censurada contra un
decreto legislativo y resoluciones administrativas, pero no está en condiciones de
plantear una contradicción entre la providencia atacada y alguna norma
constitucional concreta.
24. De conformidad con el criterio fijado por el juez de instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió de manera expresa y razonada el debate
relativo a la prescripción trienal de los salarios y prestaciones reclamados. En
efecto, concluyó que la relación laboral encubierta entre la señora María Teresa
Campos Castiblanco y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional finalizó el 20
de diciembre de 2019, de modo que el término de tres años para formular la
reclamación vencía el 20 de diciembre de 2022. Como la solicitud administrativa fue
presentada el 30 de marzo de 2023, el Tribunal declaró probada la excepción de
prescripción respecto de las prestaciones dejadas de percibir entre el 1.º de
noviembre de 2014 y el 20 de diciembre de 2019. A título de cuestión previa, precisó
que, conforme a la tesis mayoritaria de dicha Sala, no resultaba aplicable la
suspensión de términos prevista en el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, pues
dicha medida -expedida en el marco del Estado de Emergencia por la pandemia del
COVID-19- solo se proyectaba sobre los términos de los procesos judiciales, y no
15 Índice samai 28 del proceso No. 11001334205120230038400. Allegado al expediente de tutela en
índice samai 15.
16 Índice samai 31 de la primera instancia del proceso ordinario.
17 Folio 5 del escrito de apelación.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06963-00
Accionante: María Teresa Campos Castiblanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
sobre las actuaciones administrativas, razón por la cual no incidía en el cómputo de
la prescripción en el caso concreto.
25. En este contexto, la Subsección considera que la acción de tutela interpuesta
por la parte demandante reabre el debate ya resuelto por el juez de instancia, al
insistir en que la prescripción debía computarse con la suspensión de términos
derivada de la emergencia sanitaria para procesos judiciales. A través del amparo
constitucional, la actora controvierte nuevamente la interpretación adoptada por el
Tribunal y pretende que se reevalúe el alcance del Decreto 564 de 2020 -así como
de otras disposiciones expedidas durante la pandemia- para extender el término de
reclamación. Con ello, la tutela se orienta a cuestionar el juicio jurídico ya efectuado
sobre la prescripción trienal y a sustituir el criterio del juez natural del proceso, lo
que desconoce que dicha discusión fue abordada y definida de manera expresa en
la sentencia de segunda instancia, en ejercicio de la función jurisdiccional ordinaria.
26. En consecuencia, la acción de tutela plantea discrepancias de criterio con el fallo
cuestionado y que no acogió las razones de la parte tutelante dentro del proceso
ordinario. En ese aspecto la Corte Constitucional ha señalado que, la acción de
amparo es improcedente cuando se utiliza para plantear razones alternativas al fallo
censurado o un criterio jurídico diferente al que fue acogido por la corporación
judicial.
27. Por las dos anteriores razones se declarará improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por María
Teresa Campos Castiblanco por las razones contenidas en la providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
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