Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06965-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06965-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06965-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
11 de diciembre de 2025
Demandante: HDI Seguros Colombia S.A.,
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06965-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06965-00
Demandante: HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad HDI Seguros Colombia S.A. (antes Liberty Seguros S.A.), por medio
de apoderado, presentó acción de tutela1 en contra del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
Según la parte actora, la referida autoridad judicial vulneró tales garantías con la
providencia del 18 de julio de 2025, que confirmó y adicionó2 la sentencia de 17
de octubre de 2019, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones del medio
de control de reparación directa con radicado 25000-23-36-000-2015-02762-02
(67.325), promovido por esta sociedad contra Computadores para Educar3.
1.2. Pretensiones
1 Samai, índice 1. Mediante escrito radicado el 5 de noviembre de 2025.
2 La sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 18 de julio de 2025, en el numeral primero
de la parte resolutiva indica: PRIMERO: CONFIRMAR Y ADICIONAR la Sentencia de 17 de
octubre de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, la cual quedará así: […].
3 Persona jurídica sin ánimo de lucro conformada por la asociación exclusiva de entidades públicas,
en los términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998.
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Demandante: HDI Seguros Colombia S.A.,
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06965-00
En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:
Con base en lo anteriormente expuesto solicito que se declare que los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de HDI SEGUROS COLOMBIA
S.A. fueron vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por haber incurrido en defecto
fáctico, sustantivo o material y desconocer el precedente judicial en la sentencia del
18 de julio de 2025.
Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia del 18 de julio
de 2025 emitida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el medio de control de
controversias contractuales(sic) con radicado No. 25000-23-36-000-2015-02762-02
(67.325) y, en su lugar, se ordene a la Subsección B de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que emita una nueva
sentencia en el proceso mencionado observando la interpretación razonables de las
normas sobre liquidación bilateral de contratos estatales, el precedente reiterado en
la materia sobre sus efectos y alcances y realice una debida valoración de las
pruebas respecto a los hechos.4
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
La parte actora afirmó que, mediante el CONPES 3063 de 1999 se aprobó el
desarrollo e implementación del programa Computadores para Educar y que el
Decreto 2324 de 2000 definió que su implementación se desarrollaría, mediante
los mecanismos de colaboración entre entidades públicas.
Indicó que el objeto de dicho programa consistía en la distribución de equipos de
cómputo en instituciones educativas públicas urbanas y rurales del país.
Asimismo, manifestó que, por medio de documento privado del 22 de noviembre
de 2000, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
constituyeron la Asociación Computadores para Educar.
Narró que Computadores para Educar y la sociedad Datapoint de Colombia S.A.S.
(en adelante, Datapoint) suscribieron el contrato de compraventa 108 del de 2012,
el cual se rige por el Estatuto de Contratación Pública y las normas
complementarias. Afirmó que el objeto contractual consistía en «entregar, a título
de compraventa 107.202 computadores portátiles y 214.404 ratones (…)» en
atención a las especificaciones del contrato.
Puso de presente que el contrato se encontraba amparado, mediante la garantía
única de cumplimiento consignada en la Póliza BO 2079327 y sus respectivos
anexos, expedida por Liberty Colombia Compañía de Seguros S.A. (en adelante,
Liberty)
4 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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Subsección B
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Manifestó que por medio de la Resolución 173 del 11 de septiembre de 2014, la
directora ejecutiva de Computadores para Educar, con fundamento en los
informes rendidos por la interventoría, declaró el incumplimiento contractual de la
sociedad Datapoint e impuso una multa por $1.604.180.466 pesos.
Advirtió que mediante la Resolución 189 del 17 de octubre de 2014 se confirmó la
sanción a la sociedad Datapoint, pero advirtió que se redujo el valor de la multa a
la suma de $ 1.336.817.055 pesos. Además, indicó que para el momento en que
fue notificado dicho acto administrativo desconocía la existencia del acta
liquidación suscrita por las partes.
En esa medida, expresó que el 30 de abril de 2015 Computadores para Educar y
Datapoint, de común acuerdo, suscribieron el acta de liquidación del contrato de
compraventa sin comunicarle y aseguró que en dicho acto se dejó constancia que
las partes se declaraban a paz y salvo por todo concepto, por lo que entendió que
la obligación de pagar la multa por parte de Datapoint se había extinguido.
Argumentó que según el artículo 1097 del Código de Comercio, Computadores
para Educar, quien era el asegurado no podía renunciar en ningún momento a sus
derechos contra terceros responsables del siniestro, pues el incumplimiento de
esta obligación generaría la pérdida del derecho a la indemnización pactada en el
contrato de seguro.
Afirmó que el 4 de mayo de 2015, Computadores para Educar remitió a Liberty el
número de cuenta para el pago de la multa conforme con los términos de la
Resolución 189 de 2014 y certificó que no existían sumas a compensar a favor del
contratista.
También, explicó que Liberty el 12 de mayo de 2015, bajo la convicción de que
aún era deudora, en virtud del error en que la hizo incurrir Computadores para
Educar, con la certeza de dar cumplimiento al contrato de seguro, efectuó el pago
de la sanción, en los términos de los actos administrativos expedidos.
Por lo anterior, Liberty señaló que el 7 de diciembre de 2015 presentó demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra Computadores para
Educar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que negó
las pretensiones de la demanda, porque el acta de liquidación no extinguió la
obligación de Liberty de pagar el valor del siniestro por incumplimiento y debido a
que el acto administrativo que lo declaró se presumía legal. Además, en razón a
que el pago realizado tenía como fuente obligacional un contrato de seguro y la
declaración de incumplimiento de la entidad, por lo que no se configuró un pago
de lo no debido ni un enriquecimiento ilícito.
Señaló que el recurso fue resuelto el 18 de julio de 2025, por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B confirmando y adicionando la decisión, con
fundamento en que en el acta de liquidación bilateral del contrato solo se mencionó
la existencia de la multa impuesta y que no contuvo acuerdos, conciliaciones o
transacciones de carácter extintivo a los que hubieran llegado las partes para
poner fin a las divergencias presentadas durante la ejecución contractual, por lo
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que estimó que la declaración de paz y salvo por todo concepto no constituyó una
condonación del derecho de la entidad al pago de la multa.
Manifestó que el 26 de agosto de 2025 solicitó la adición de la sentencia de
segunda instancia, que fue resuelta de manera favorable, el 17 de octubre de esta
anualidad, relacionada con la condena en costas impuesta en primera instancia y
anotó que la decisión frente a la adición de la sentencia no cambiaría la decisión
tomada en segunda instancia.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio del accionante, la sentencia del 18 de julio de 2025 de la Sección Tercera,
Subsección B vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, pues interpretó y desconoció erróneamente las normas sobre liquidación
bilateral de los contratos estatales en cuanto a su alcance y sus efectos, las
normas sobre irrenunciabilidad de derechos en el contrato de seguro, el
precedente judicial sobre la materia sin justificación alguna y valoró indebidamente
las pruebas practicadas en el proceso.
Señaló que la sentencia hizo una interpretación inadecuada sobre el alcance y
efecto de la liquidación bilateral de los contratos estatales lo que conllevo a que
se configurara un defecto sustantivo y la violación del precedente jurisprudencial
sobre el tema.
Frente al primer defecto manifestó que la decisión se basó en una interpretación
equivocada y errónea de artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de
2007 y de los artículos 1602, 1603 y 1625 del Código Civil.
Indicó que existió una interpretación inadecuada del artículo 60 de la Ley 80 de
1993, pues según esta disposición cuando existe la declaración de paz y salvo por
todo concepto, en el acta de liquidación, esto implica que las partes han llegado a
acuerdos, conciliaciones y transacciones, por lo que en concordancia con el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en dicha acta se debían consignar las
salvedades, que en este caso sería la existencia de una multa, lo que no se hizo.
Adujo que la decisión cuestionada ignoró que de acuerdo con el artículo 1603 del
Código Civil los contratos se deben ejecutar de buena fe, principio que no tuvo en
cuenta Computadores para Educar al declarar a paz y salvo a Datapoint, sin el
consentimiento de Liberty y posteriormente a dicha declaratoria proceder a
cobrarle la multa de la que el principal obligado era dicha empresa.
Señaló que es una decisión en contra de lo dispuesto por los artículos 1711, 1712
y 1713 del Código Civil, por cuanto no tuvo en cuenta que Computadores para
Educar condonó la deuda de la multa a Datapoint al afirmar que todo estaba a paz
y salvo. Igualmente, sostuvo que al no dejar salvedades sobre la multa renunció
al cobro de esta lo que generó la pérdida de la indemnización derivada del contrato
de seguro, por lo que afirmó que las partes decidieron transar dicha obligación y
no la declararon como pendiente.
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Argumentó que es una decisión contradictoria, pues la sentencia comienza
dándole la razón a dicha compañía en cuanto consideró que el principal obligado
del pago de la multa era Datapoint y no Liberty. No obstante, indicó que
posteriormente la decisión señala que cuando se anuncie que las partes no tienen
deudas pendientes esto no quiere decir que opere algún modo de extinción de las
obligaciones.
Hizo notar que era tanta la contradicción que existía en la sentencia que incluso
esta afirmaba que para que las pretensiones contractuales de una de las partes
tengan vocación de prosperidad se debieron dejar las salvedades claras en la
liquidación y en este caso, no se consignó la excepción de pagar la multa por parte
de Datapoint.
Frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial anotó que la sentencia
se apartó de este, pues la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado afirma que el acta de liquidación debe contener todos aquellos aspectos
económicos del contrato, incluidas las multas y porque las circunstancias que no
fueron objeto de salvedad no pueden ser reclamadas con posterioridad ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Citó la sentencia del 18 de julio de 2012, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, con radicación 05001-23-24-000-1995-01110-01(21483) y
señaló que en esta se consideró que todas las inconformidades debían constar en
el acta de liquidación bilateral incluso aquellas relacionadas con los actos
administrativos por los que se imponían sanciones.
En esa medida, reiteró que, en este caso, la entidad contratista no dejó salvedad
alguna frente a la falta de pago de la multa por parte de Datapoint y/o Liberty para
el momento de la suscripción de dicha acta, a pesar de mencionarla, lo que daba
a concluir que las partes llegaron a un acuerdo sobre dicha sanción que se
traducía en extinción de la obligación.
Asimismo, hizo referencia a las siguientes sentencias de la citada Corporación:
radicaciones 05001-23-31-000-1998-00038-01(27777), 20 de octubre de 2014;
25000-23-26-000-2012-00553-01(52129), 26 de julio de 2021; 5001-23-31-000-
2010-01456-01(49840), 18 de diciembre de 2020; 85001-23-31-000-2008-00064-
01(44.239), 31 de mayo de 2019, 25000-23-33-000-2012-00253-01(59297), 17 de
marzo de 2021; 25000-23-26-000-2009-01020-01(48684), 11 de octubre de 2021.
Mencionó que estas decisiones explicaban que no se pueden reclamar derechos
o prestaciones sobre las cuales no se dejaron salvedades en el acta de liquidación,
lo que implicaba la renuncia al derecho de realizar alguna reclamación.
Rescató que, en la sentencia del 10 de abril de 1997, expediente 10.608 el
Consejo de Estado, Sección Tercera se dispuso que «cuando la liquidación del
contrato se realiza entre la administración y su contratista, si no se deja salvedad
en el acta en relación con reclamaciones que tengan cualquiera de las partes, no
es posible que luego se demande judicialmente el pago de prestaciones surgidas
del contrato».
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También, indicó que en la decisión del 28 de junio de 2026 la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó sobre la materia, recalcando que
en el acta de liquidación bilateral deben constar todas aquellas obligaciones
pendientes de pago, incluidas las multas, y que si no existen salvedades se
entiende que las partes se declaran a paz y salvo.
En relación con el defecto fáctico manifestó que existió una indebida valoración de
las pruebas allegadas al proceso y legalmente practicadas, porque las partes
reconocieron que, si bien a Datapoint se le impuso una multa por el incumplimiento
de las obligaciones, las partes decidieron transar y se declararon a paz y salvo por
todo concepto, lo que tuvo como efecto la extinción del pago de la multa.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 10 de noviembre de 2025, el consejero ponente admitió la
acción de tutela y notificó a los magistrados que integran el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B y ordenó vincular como terceros con interés al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y a
Computadores para Educar (demandado en el proceso ordinario).
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
El magistrado ponente de la providencia contra la cual se promovió esta acción de
tutela indicó que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado el
proceso contenía los argumentos y elementos necesarios para que el juez
constitucional tomara la decisión que en derecho correspondiera, por lo que
estaría presto a atender lo que dispusiera la sala que decidiera la acción de tutela.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Precisó que por parte de ese despacho no se presentó ninguna violación a los
derechos fundamentales de la parte actora. Además, resaltó que no evidenciaba
que los accionantes hubiesen acreditado el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, por lo que no resultaba procedente
analizar nuevamente una cuestión jurídica ya definida, como si se tratara de una
tercera instancia por parte del juez constitucional.
1.6.3. Asociación Computadores para Educar
Subrayó que de la revisión, análisis y estudio detallado de los hechos y los
fundamentos en que se sustenta esta acción es claro que lo pretendido por Liberty,
hoy HDI Seguros Colombia S.A., consiste en someter al conocimiento del juez
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constitucional asuntos que fueron debatidos y resueltos en cada una de las
instancias previstas en sede ordinaria por el ordenamiento jurídico.
Consideró que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional al tratarse de un asunto meramente legal que no plantea debate
jurídico sobre el alcance y goce de derechos fundamentales, sino sobre aspectos
de otro orden no susceptibles de ser ventilados por vía de este mecanismo
juridicial. Además, advirtió que no existe actuación arbitraria por parte de la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
Resaltó que la argumentación expuesta a lo largo del escrito de tutela carece de
una exposición coherente encaminada a demostrar el presunto desconocimiento
de derechos fundamentales que ameriten conceder el amparo, por lo que indicó
que contrario a esto, el relato de la parte actora gira en torno al debate jurídico
alrededor de las pretensiones y a las pruebas, lo que ratifica la improcedencia de
esta acción.
Sostuvo que se trata de un asunto de legalidad cuya resolución compete al juez
natural y no al constitucional, por lo que la tutela se está utilizando como una
tercera instancia para debatir una interpretación jurídica que resultó desfavorable
para el accionante.
Consideró que la sentencia atacada no incurrió en una valoración manifiestamente
irrazonable o arbitraria, sino que realizó una inferencia jurídica a partir de un hecho
probado, lo cual es parte de la función judicial ordinaria y no es corregible por vía
de tutela.
En relación con el defecto sustantivo sostuvo que el Consejo de Estado como
fallador de segunda instancia, partió del análisis y valoración probatoria bajo las
reglas de la lógica y la sana crítica, del cúmulo de documentos que hacían parte
integral del contrato suscrito, en armonía con las demás pruebas incorporadas al
expediente en las oportunidades previstas legalmente. En esa medida, expuso
que las conclusiones de la corporación encontraron sustento en la normativa y
jurisprudencia pertinente, la cual es debidamente referenciada en la sentencia
objeto de esta acción. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela.
1.6.4. HDI Seguros Colombia S.A.
Informó que el 17 de octubre de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado accedió a la solicitud de adición de la sentencia controvertida,
en el sentido de modificar la condena en costas a HDI, por concepto de agencias
en derecho. Esta decisión fue notificada el 10 de noviembre5.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
5 Samai, índice 39 del proceso ordinario.
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La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad invocados por HDI Seguros Colombia S.A, con la providencia del 18 de
julio de 2025, que confirmó y adicionó la sentencia de 17 de octubre de 2019, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, negó las pretensiones del medio de control de reparación directa
con radicado 25000-23-36-000-2015-02762-02 (67.325), promovido por esta
sociedad contra Computadores para Educar.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración6
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,
expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta
el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
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consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, pues no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.
En el presente caso, la parte actora le atribuye la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso a la providencia del 18
de julio de 2025, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo
de Estado confirmó y adicionó la sentencia de 17 de octubre de 2019, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, negó las pretensiones del medio de control de reparación directa
con radicado 25000-23-36-000-2015-02762-02 (67.325), promovido por esta
sociedad contra Computadores para Educar.
Frente a esta decisión, la parte actora afirmó en el escrito de tutela que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en un defecto sustantivo, pues
la decisión se basó en una interpretación equivocada de los artículos 60 de la Ley
80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, así como de los artículos 1602, 1603 y
1625 del Código Civil.
Indicó que existió una interpretación inadecuada del artículo 60 de la Ley 80 de
1993, pues según esta disposición cuando existe en el acta de liquidación la
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declaración de paz y salvo por todo concepto, esto implica que las partes han
llegado a acuerdos, conciliaciones y transacciones, por lo que en concordancia
con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en dicha acta se deben consignar las
salvedades.
En esa medida, señaló que, en este caso, debió consignarse la existencia de una
multa que se había impuesto a Datapoint y las partes no lo hicieron. Igualmente,
argumentó que la decisión cuestionada ignoró que el artículo 1603 del Código
Civil, dispone que los contratos se deben ejecutar de buena fe, principio que no
tuvo en cuenta Computadores para Educar al declarar a paz y salvo a Datapoint,
sin el consentimiento de Liberty y posteriormente a dicha declaratoria proceder a
cobrarle la multa de la que el principal obligado era dicha empresa.
Además, afirmó que la decisión cuestionada no tuvo en cuenta que según el
artículo 1625 del Código Civil uno de los modos de extinción de las obligaciones
es la convención de las partes, por lo que cuando Computadores para Educar
declaró a paz y salvo a Datapoint, se extinguió la obligación de pagar la multa.
La parte actora, frente a este defecto, también señaló que la decisión cuestionada
se fundamentó en contra de los artículos 1711, 1712 y 1713 del Código Civil, por
cuanto no tuvo en cuenta que Computadores para Educar condonó la deuda de la
multa a Datapoint al declarar que no tenía deudas. Igualmente, sostuvo que al no
dejar salvedades sobre la multa renunció al cobro de esta lo que generó la pérdida
de la indemnización derivada del contrato de seguro, por lo que insistió en que las
partes transaron dicha obligación, pues no la declararon como pendiente.
El demandante también reprocha el desconocimiento del precedente
jurisprudencial, pues considera que la sentencia se apartó de este, debido a que
la Sección Tercera del Consejo de Estado afirma que el acta de liquidación debe
contener todos aquellos aspectos económicos del contrato, incluidas las multas.
Además, porque las circunstancias que no fueron objeto de salvedad no pueden
ser reclamadas con posterioridad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Como fundamentó de lo anterior, citó varias decisiones8y concluyó que no se
pueden reclamar derechos o prestaciones sobre las cuales no se dejaron
salvedades en el acta de liquidación, lo que implica la renuncia al derecho de
realizar alguna reclamación.
Asimismo, reprochó un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas
allegadas al proceso, porque al existir una transacción de las partes, el efecto
generado fue la extinción del pago de la multa y como consecuencia la declaratoria
de paz y salvo por todo concepto.
Del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro que el reparo
consiste, en síntesis, en el desacuerdo por parte de Liberty Seguros S.A., frente a
8 Relacionadas en el capítulo 1.4. Sustento de la vulneración.
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la suscripción del acta de liquidación del contrato de compraventa 108 de 2012
que, de común acuerdo, pactaron Computadores para Educar y Datapoint, por
medio de la cual se declararon a paz y salvo por todo concepto, a pesar de haberse
establecido el incumplimiento del contrato por parte dicha empresa, lo que
ocasionó que se impusiera una multa que fue cancelada por dicha aseguradora.
Así, para Liberty el pago realizado a Computadores para Educar no lo debió
realizar, pues dicha entidad no le comunicó que había suscrito el acta de
liquidación y se había declarado a paz y salvo, circunstancia que llevaría a que se
extinguiera la multa impuesta por el incumplimiento de Datapoint y a cargo de la
aseguradora.
En esa medida, para la Sala los defectos alegados coinciden en una misma
inconformidad consistente en que la suscripción por mutuo acuerdo entre las
partes del acta de liquidación y la declaratoria de paz y salvo por todo concepto
para Liberty genera también la extinción del pago de la multa que debía cancelarse
por el incumplimiento de Datapoint, por lo que para la aseguradora se generó un
pago de lo no debido.
Frente a esta censura se advierte que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, con base en la normativa sobre contratación estatal y la
jurisprudencia de dicha sección, en la providencia cuestionada, señaló que cuando
las partes declaraban estar a paz y salvo por todo concepto, estas declaraciones
deben entenderse como acuerdos en virtud de los cuales se afirma que no existe
entre las partes obligaciones pendientes por cumplir, por lo que de ellas no es
posible concluir, que opere alguno de los modos de extinción de las obligaciones
reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano, como el mutuo disenso, la
novación, la transacción o la remisión.
Ahora bien, adicionalmente, la providencia enjuiciada, indicó que en el acta de
liquidación bilateral del contrato de compraventa 108 de 2012 únicamente se
mencionó la existencia de la multa impuesta por Computadores para Educar a
Datapoint y la Sala, de acuerdo con lo expuesto en la decisión consideró que la
estipulación en virtud de la cual las partes se declararon a paz y salvo por todo
concepto no constituyó una renuncia o condonación del derecho de la entidad al
pago de la multa, ni mucho menos comportó la extinción de cualquier obligación
que existiera entre estas, como se observa a continuación:
38. Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, y en atención a que en el acta de
liquidación bilateral del contrato de compraventa No. 108 de 2012 nada más se
mencionó la existencia de la multa impuesta por CPE a Datapoint, y que el acta no
contuvo acuerdos, conciliaciones o transacciones de carácter extintivo a los que
hubieran llegado las partes para poner fin a las divergencias presentadas durante
la ejecución contractual, la Sala estima que la estipulación en virtud de la cual CPE
y Datapoint se declararon a paz y salvo por todo concepto no constituyó una
abdicación, condonación o renuncia del derecho de la entidad al pago de la multa,
ni mucho menos comportó la extinción de cualquier obligación que existiese entre
las partes del contrato de compraventa No. 108 de 2012. Lo anterior, sin perjuicio
de que, como consecuencia de la falta de inclusión de salvedades por parte de CPE
en el acta de liquidación bilateral, las eventuales pretensiones que en el futuro la
entidad o Liberty –luego de haber satisfecho la prestación asegurada y, en
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consecuencia, de haberse subrogado, por ministerio de la primera parte del inciso
primero del artículo 1096 del Código de Comercio y el numeral 3 del artículo 2033
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en los derechos de CPE contra
Datapoint– quisieran formular en contra de Datapoint estuvieran destinadas a
fracasar.
[…]
Asimismo, para la Sección Tercera, Subsección B al no acreditarse los supuestos
a partir de los cuales, la parte demandante afirmó que Computadores para Educar
perdió su derecho a la indemnización o que se extinguió la obligación a cargo de
Liberty, el pago de la multa realizado por esa aseguradora correspondió al
cumplimiento de la obligación principal a cargo de esta en virtud de la garantía de
cumplimiento, lo que para dicha subsección descarta, la procedencia de las
pretensiones principales y subsidiarias del pago de lo no debido y enriquecimiento
sin causa, como así lo señaló:
39. Así las cosas, al no haberse acreditado los supuestos a partir de los cuales la
parte demandante afirmó que CPE perdió su derecho a la indemnización o que se
extinguió la obligación a cargo de Liberty –la renuncia de los derechos de CPE
contra Datapoint o la extinción de cualquier obligación existente entre las partes del
contrato de compraventa No. 108 de 2012 como consecuencia de la inclusión, en el
acta de liquidación bilateral del referido contrato, de la estipulación en virtud de la
cual CPE y Datapoint se declararon a paz y salvo por todo concepto–, la Sala
concluye que el pago de $1.336.817.055,oo realizado por Liberty a CPE el 12 de
mayo de 201535 correspondió al cumplimiento de la obligación principal a cargo de
la aseguradora en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento No. BO-2079327,
lo que descarta, de tajo, la procedencia de las pretensiones principales y
subsidiarias de pago de lo no debido y enriquecimiento sin causa. Por consiguiente,
se adicionará la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar probadas
las excepciones propuestas por CPE.
Por lo anterior, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es relevante
desde el punto de vista constitucional, debido a que la discusión se circunscribe al
análisis normativo frente a la liquidación de común acuerdo de los contratos
estatales, aspecto que fue abordado y zanjado por el juez natural. Además, porque
esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia»
que se emplee, para interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural.
Del análisis realizado se observa es que la aseguradora simplemente manifiesta
su inconformidad con las conclusiones y lo resuelto por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado y lo que pretende es reabrir un debate que
se encuentra superado pues no existe una argumentación tendiente a demostrar
la grave violación de sus derechos fundamentales y solo plantea un desacuerdo
con la interpretación de la normativa dispuesta para la liquidación de los contratos
estatales. Lo anterior, con el fin de que el juez de tutela reevalúe la postura
finalmente adoptada por la autoridad judicial accionada, circunstancia que es
improcedente.
Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
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realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.
Como se observa, la intención del accionante es imponer una postura que resulte
favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e impide
al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Ahora bien, en lo referente al desconocimiento del precedente, a juicio de la parte
actora, la decisión sometida a discusión se apartó de la línea jurisprudencial
relacionada con lo que debe constar en el acta de liquidación de los contratos,
pero no explica los motivos ni confronta los criterios jurisprudenciales aplicables y
se limita a señalar que según la jurisprudencia de la Sección Tercera el acta de
liquidación debe contener todos aquellos aspectos económicos del contrato,
incluidas las multas y que las circunstancias que no fueron objeto de salvedad no
pueden ser reclamadas con posterioridad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Si bien la parte actora solo cita varias decisiones de la Sección Tercera, en criterio
de la Sala, la compañía de seguros no cumplió con la carga iusfundamental
requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están
dirigidos a señalar que en dicho pronunciamiento no se tuvo en cuenta que con la
declaratoria de las partes de paz y salvo también se condonó la multa impuesta
por el incumplimiento del contratista pero no indicó cual regla o subregla de
derecho había sido desconocida o por qué ese caso le aplicaba específicamente
al suyo.
Nótese que, para respaldar la configuración del desconocimiento del precedente,
la parte tutelante citó varias decisiones de la Sección Tercera, pero no formuló
planteamientos que permitan deducir con claridad cómo la corporación enjuiciada
vulneró sus derechos fundamentales y desvirtuar las consideraciones que
respaldaron la decisión.
Por lo anterior, como se observa, la intención del accionante es imponer una
postura que resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la
acción de tutela e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de
fondo sobre el particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia
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constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate de
instancia, la acción de tutela será declarada improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia la acción de tutela presentada por la
sociedad HDI Seguros Colombia S.A., (antes Liberty Seguros S.A.).
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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