Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06965-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06965-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06965-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
19 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06965-01
Demandante: HDI Seguros Colombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 19 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06965-01
Demandante: HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de controversias
contractuales. Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 11
de diciembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 5 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, HDI Seguros Colombia
(antes Liberty Seguros S.A.), actuando por conducto de apoderado, pidió la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso.
A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 18 de julio de 2025, dictada por Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que confirmó la sentencia que denegó las pretensiones dentro
del proceso de controversias contractuales con radicado No. 25000-23-36-000-2015-
02762-02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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Demandante: HDI Seguros Colombia S.A.
Con base en lo anteriormente expuesto solicito que se declare que los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. fueron vulnerados por la Subsección
B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por haber
incurrido en defecto fáctico, sustantivo o material y desconocer el precedente judicial en la sentencia
del 18 de julio de 2025.
Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia del 18 de julio de 2025 emitida por
la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en el medio de control de controversias contractuales con radicado No. 25000-23-36-000-2015-
02762-02 (67.325) y, en su lugar, se ordene a la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que emita una nueva sentencia en el proceso
mencionado observando la interpretación razonables de las normas sobre liquidación bilateral de
contratos estatales, el precedente reiterado en la materia sobre sus efectos y alcances y realice una
debida valoración de las pruebas respecto a los hechos.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
En virtud de lo establecido en el documento CONPES 3063 de 1999 y el Decreto 2324
de 2000, se creó el programa Computadores para Educar, cuyo objeto consistió en la
distribución de equipos de cómputo en instituciones educativas públicas urbanas y
rurales del país. En consecuencia, se suscribió el documento privado de 22 de noviembre
de 2000, entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a
efectos de constituir la Asociación Computadores para Educar.
Computadores para Educar y la sociedad Datapoint de Colombia S.A.S. (en adelante,
Datapoint) suscribieron contrato de compraventa 108 de 2012, el cual se rige por el
Estatuto de Contratación Pública y las normas complementarias. El objeto contractual
consistía en «entregar, a título de compraventa 107.202 computadores portátiles y
214.404 ratones (…)» en atención a las especificaciones del contrato.
El contrato suscrito se encontraba amparado mediante la garantía única de cumplimiento
consignada en la Póliza BO 2079327 y sus respectivos anexos, expedida por Liberty
Colombia Compañía de Seguros S.A. (en adelante, Liberty).
Por medio de la Resolución 173 del 11 de septiembre de 2014, la directora ejecutiva de
Computadores para Educar, con fundamento en los informes rendidos por la
interventoría, declaró el incumplimiento contractual de la sociedad Datapoint e impuso
una multa por $1.604.180.466 pesos, decisión que fue confirmada parcialmente
mediante Resolución 189 del 17 de octubre de 2014, en la que se redujo el valor de la
multa a $1.336.817.055 pesos. Además, en ese acto administrativo se indicó que para
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el momento de su notificación se desconocía la existencia del acta de liquidación suscrita
por las partes.
El 30 de abril de 2015, Computadores para Educar y Datapoint, de común acuerdo,
suscribieron el acta de liquidación del contrato de compraventa y en dicho acto se dejó
constancia de que las partes se declaraban a paz y salvo por todo concepto, por lo que
se entendió que la obligación de pagar la multa por parte de Datapoint se había
extinguido.
En consecuencia, el 4 de mayo de 2015, Computadores para Educar remitió a Liberty el
número de cuenta para el pago de la multa conforme con los términos de la Resolución
189 de 2014 y certificó que no existían sumas a compensar a favor del contratista, de
manera que el 12 de mayo de 2015, Liberty efectuó el pago de la sanción, en los términos
de los actos administrativos expedidos.
3.2. Actuación Judicial
El 7 de diciembre de 2015, Liberty promovió demanda en ejercicio del medio de control
de controversias contractuales contra Computadores para Educar para que se declarara
que Computadores para Educar renunció a sus derechos contra DATAPOINT, con lo que
perdió el derecho a la indemnización proveniente de la Póliza No. BO 2079327 y, en
consecuencia, se ordenará el reembolso del pago de lo no debido efectuado por Liberty.
El proceso se adelantó con el radicado 25000-23-36-000-2015-02762-00 y correspondió
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que,
mediante fallo de 17 de octubre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda, por
considerar que el acta de liquidación no extinguió la obligación de Liberty de pagar el
valor del siniestro por incumplimiento y debido a que el acto administrativo que lo declaró
se presumía legal. Además, en razón a que el pago realizado tenía como fuente
obligacional un contrato de seguro y la declaración de incumplimiento de la entidad, por
lo que no se configuró un pago de lo no debido ni un enriquecimiento ilícito.
Inconforme con la decisión anterior, la sociedad accionante interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto negativamente por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que confirmó y adicionó la decisión en el sentido de declarar probadas las
excepciones propuestas por la demandada, con fundamento en que en el acta de
liquidación bilateral del contrato solo se mencionó la existencia de la multa impuesta y
que no contuvo acuerdos, conciliaciones o transacciones de carácter extintivo a los que
hubieran llegado las partes para poner fin a las divergencias presentadas durante la
ejecución contractual, de manera que la declaración de paz y salvo por todo concepto no
constituyó una condonación del derecho de la entidad al pago de la multa.
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El 26 de agosto de 2025, la demandante solicitó la adición de la sentencia de segunda
instancia, la que fue resuelta de manera favorable, el 17 de octubre de esta anualidad,
en relación con la condena en costas impuesta en primera instancia.
El Magistrado Fredy Ibarra Martínez salvó su voto por considerar que el paz y salvo entre
las partes equivale al finiquito de derechos y obligaciones propios del negocio y no
únicamente a un simple cruce de cuentas de la ejecución; por ende, la jurisprudencia de
la Sección ha entendido que el acuerdo de liquidación bilateral sin salvedades impide la
prosperidad de reclamaciones económicas de cualquier tipo, lo cual consideró
contradictorio en la providencia.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:
Defecto fáctico porque existió una indebida valoración de las pruebas allegadas al
proceso, pues no se tuvo en cuenta que las partes reconocieron que, si bien a Datapoint
se le impuso una multa por el incumplimiento de las obligaciones, las partes decidieron
transar y se declararon a paz y salvo por todo concepto, lo que tuvo como efecto la
extinción del pago de la multa.
Defecto sustantivo porque la providencia incurre en una interpretación inadecuada de
los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y 1602, 1603 y 1625 del
Código Civil, sobre el alcance y efecto de la liquidación bilateral de los contratos estatales,
pues cuando existe declaración de paz y salvo por todo concepto, esto implica que las
partes han llegado a acuerdos, conciliaciones y transacciones, de manera que en el acta
se debe consignar si existen salvedades, que en este caso sería la existencia de una
multa, lo que no se hizo y provocó que la aseguradora actuara de buena fe y realizara un
pago de lo no debido.
Advirtió que la decisión cuestionada contravino lo dispuesto en los artículos 1711, 1712
y 1713 del Código Civil, por cuanto no tuvo en cuenta que Computadores para Educar
condonó la deuda de la multa a Datapoint al afirmar que todo estaba a paz y salvo y al
no dejar salvedades sobre la multa, renunció a su cobro y de paso se perdió el derecho
a la indemnización derivada del contrato de seguro.
Desconocimiento del precedente desarrollado por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la que se ha precisado que el acta de liquidación debe contener todos aquellos
aspectos económicos del contrato, incluidas las multas, y que las circunstancias que no
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fueron objeto de salvedad no pueden ser reclamadas con posterioridad ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Citó las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
05001-23-24-000-1995-01110-01(21483) de 18 de julio de 2012, 05001-23-31-000-1998-
00038-01(27777) de 20 de octubre de 2014; 25000-23-26-000-2012-00553-01(52129) de
26 de julio de 2021; 5001-23-31-000-2010-01456-01(49840) de 18 de diciembre de 2020;
85001-23-31-000-2008-00064-01(44.239) de 31 de mayo de 2019, 25000-23-33-000-
2012-00253-01(59297) de 17 de marzo de 2021; 25000-23-26-000-2009-01020-
01(48684) de 11 de octubre de 2021.
También resaltó que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó
sobre la materia, recalcando que en el acta de liquidación bilateral deben constar todas
aquellas obligaciones pendientes de pago, incluidas las multas, y que si no existen
salvedades, se entiende que las partes se declaran a paz y salvo.
5. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de la
decisión cuestionada, indicó que el proceso contenía los argumentos y elementos
necesarios para que el juez constitucional tomara la decisión que en derecho
corresponda, por lo que estaría presto a atender lo que se disponga en la acción de
tutela.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, pidió
que se declarara la improcedencia de la acción, pues los accionantes no acreditaron el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, por lo que no
resultaba procedente analizar nuevamente una cuestión jurídica ya definida, como si se
tratara de una tercera instancia por parte del juez constitucional. Agregó que no se
presentó ninguna violación a los derechos fundamentales de la parte actora.
La Asociación Computadores para Educar se opuso a las pretensiones de la tutela por
cuanto estimó que se pretende someter al conocimiento del juez constitucional asuntos
que fueron debatidos y resueltos en cada una de las instancias previstas en sede
ordinaria por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, consideró que la acción de tutela
no cumple con el requisito de relevancia constitucional al tratarse de un asunto
meramente legal que no plantea debate jurídico sobre el alcance y goce de derechos
fundamentales, sino sobre aspectos de otro orden no susceptibles de ser ventilados por
vía de este mecanismo judicial. Además, advirtió que no existe actuación arbitraria por
parte de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
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6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia dictada el 11 de diciembre de 2025,
declaró improcedente la solicitud de amparo, al estimar que no se superaba el requisito
de relevancia constitucional, toda vez que los aspectos que fundamentaron en concreto
la acción de tutela son una reiteración de los fundamentos que la actora utilizó en la
demanda y en el recurso de apelación, los cuales estuvieron dirigidos a demostrar que
realizó un pago indebido de la multa que fue impuesta a Datapoint.
Destacó que los defectos alegados coinciden en una misma inconformidad consistente
en que la suscripción por mutuo acuerdo entre las partes del acta de liquidación y la
declaratoria de paz y salvo por todo concepto, para Liberty, genera también la extinción
del pago de la multa que debía cancelarse por el incumplimiento de Datapoint.
Afirmó que, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con base en la
normativa sobre contratación estatal y la jurisprudencia de dicha sección, en la
providencia cuestionada, señaló que cuando las partes declaraban estar a paz y salvo
por todo concepto, estas declaraciones deben entenderse como acuerdos en virtud de
los cuales se afirma que no existe entre las partes obligaciones pendientes por cumplir,
por lo que de ellas no es posible concluir, que opere alguno de los modos de extinción de
las obligaciones reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano, como el mutuo
disenso, la novación, la transacción o la remisión.
Agregó que, la providencia enjuiciada indicó que en el acta de liquidación bilateral del
contrato de compraventa 108 de 2012 únicamente se mencionó la existencia de la multa
impuesta por Computadores para Educar a Datapoint y la Sala, de acuerdo con lo
expuesto en la decisión consideró que la estipulación en virtud de la cual las partes se
declararon a paz y salvo por todo concepto no constituyó una renuncia o condonación
del derecho de la entidad al pago de la multa, ni mucho menos comportó la extinción de
cualquier obligación que existiera entre estas.
De lo expuesto concluyó que la aseguradora simplemente manifiesta su inconformidad
con las conclusiones y lo resuelto por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado, con lo que pretende reabrir un debate que se encuentra superado, pues no existe
una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de sus derechos
fundamentales y solo plantea un desacuerdo con la interpretación de la normativa
dispuesta para la liquidación de los contratos estatales. Lo anterior, con el fin de que el
juez de tutela reevalúe la postura finalmente adoptada por la autoridad judicial accionada,
lo cual es improcedente.
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7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Afirmó que contrario a lo afirmado por el a quo, lo que se pretende no es simplemente
que se imponga una postura favorable a sus intereses por estar en desacuerdo con la
providencia que se ha impugnado a través de la acción de tutela, sino que se expuso de
manera detallada las razones por las que es relevante en materia constitucional que una
sentencia judicial haya incurrido en vulneración del derecho al debido proceso de una de
las partes, al igual que el derecho a la igualdad y que en ese mismo sentido se haya
vulnerado el principio de seguridad jurídica.
Advirtió que los reparos que formula fueron advertidos por el consejero Fredy Ibarra
Martínez, quien salvó el voto y enrostró precisamente la valoración indebida de las
pruebas y la aplicación irracional de las normas aplicables al caso, lo que ameritaba un
análisis de fondo sobre lo pretendido en la acción de tutela.
Insistió en que existe una línea jurisprudencial consolidada que ha considerado que, en
los contratos estatales, las reclamaciones no reservadas expresamente en el acta de
liquidación bilateral se entienden renunciadas y no pueden reclamarse posteriormente,
por lo que era del caso analizar el defecto de desconocimiento del precedente en los
términos en que fue planteado.
Reiteró que en el caso bajo examen es un hecho indiscutido que el acta de liquidación
no contiene ninguna salvedad sobre la multa impuesta a Datapoint y que las partes se
declararon a paz y salvo por todo concepto, lo que imposibilitaba a Computadores para
Educar a cobrar el valor de la multa a HDI Seguros.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pues, en efecto, los argumentos
formulados por la demandante en la solicitud de amparo coinciden con los que se
desestimaron en la providencia cuestionada, de ahí que se evidencie que emplea este
mecanismo judicial como una tercera instancia.
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Demandante: HDI Seguros Colombia S.A.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y en la
impugnación, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de
controversias contractuales con radicado 25000-23-36-000-2015-02762-00/02, tal como
se concluyó en la sentencia impugnada.
Básicamente, tanto en la acción de tutela de referencia, como en el proceso de
controversias contractuales antes referido, la parte actora alegó que las autoridades
judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al desconocer que no
estaba obligada a pagar la multa que fue impuesta a la sociedad Datapoint, por cuanto
ésta y la parte demandada Computadores para Educar, no dejaron constancia en el acta
de liquidación del contrato sobre esta situación y por el contrario, se declararon a paz y
salvo, lo que exoneraba a la aseguradora de realizar cualquier tipo de pago que no
estuviera allí contemplado.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la providencia
dictada el 17 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, se lee lo siguiente:
No es cierto que LIBERTY fuera la principal obligada al pago de las multas, pues LIBERTY simplemente
es la garante.
La sentencia desconoce que DATAPOINT es el deudor de la obligación de pagar la multa.
El hecho de que exista un garante, en este caso una compañía de seguros que emitió una póliza de
seguro de cumplimiento no significa que la obligación a cargo del contratista desaparezca y sea
sustituida por la obligación a cargo del garante.
De hecho, la Resolución No. 173 del 11 de septiembre de 2014 de COMPUTADORES PARA EDUCAR
resolvió imponer la multa a DATAPOINT, quien es el deudor de la citada obligación: (…)
Es evidente que DATAPOINT era deudora del pago de la multa, por lo cual, si COMPUTADORES PARA
EDUCAR de manera consciente y autónoma decidió en el acta de liquidación final del contrato declarar
a DATAPOINT a paz y salvo, el efecto jurídico lógico y evidente es que dicha obligación se extinguió.
Así las cosas, y luego de firmar el acta liquidación (sic) final del contrato COMPUTADORES PARA
EDUCAR, carece del derecho de demandar el pago de la respectiva multa a DATAPOINT.
Pues bien, por efecto de la existencia del contrato de seguro y en consideración a normas imperativas
de carácter expreso si un asegurado (en este caso COMPUTADORES PARA EDUCAR) renuncia a sus
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derechos contra el responsable del siniestro (en este caso DATAPOINT que incumplió el contrato) la
conclusión no puede ser otra que el asegurado pierda el derecho de la indemnización.
Si bien LIBERTY se encontraba obligada a pagar la indemnización en favor de COMPUTADORES
PARA EDUCAR (en caso de no existir sumas a compensar o pago por parte del contratista), dicha
obligación se extinguió por el hecho de que esta entidad renunció a sus derechos en contra del
responsable del siniestro.
(…)
Sin embargo, la sentencia de manera contraevidente omite tener presente que la declaratoria de paz y
salvo del acta de liquidación del contrato se realizó por todo concepto, lo que lógicamente incluye la
multa de la cual era deudor responsable el contratista:
"CLÁUSULA TERCERA. Que a partir de la firma de la presente acta, las partes se declara (sic) a paz y
salvo por todo concepto relacionado con el contrato de compraventa No. 108-12, en cuanto tiene que
ver con los derechos y obligaciones derivados del mismo. ( ... )" (Se destaca)
La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 20 de octubre de 2014, Consejero Ponente:
Enrique Gil Botero, radicación No. 05001-23-31-000-1998-00038- 01(27777), precisa que la liquidación
tiene como epicentro el análisis del cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones
que surgieron del negocio jurídico del contrato:
(…)
De lo anterior se desprende que en el acta de liquidación deben constar todos aquellos aspectos
económicos, técnicos y jurídicos que afecten la relación contractual, lo cual incluye por supuesto las
multas impuestas que hayan sido pagadas o estén pendientes por pagar.
(…)
Es decir, en los eventos en que existe liquidación bilateral del contrato, las partes únicamente pueden
reclamar o exigir el cobro de las obligaciones que expresamente quedaron consignadas en el acta de
liquidación.
Precisamente lo que ocurrió en el caso que nos ocupa es que COMPUTADORES PARA EDUCAR
estando facultada para disponer del derecho que le asistía de hacer efectivas la multa impuesta al
contratista decidió condonarla y declararlo a paz y salvo.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado- Sección Tercera,
Subsección B, en sentencia dictada el 18 de julio de 2025, en la que se consideró:
34. En el caso sometido a consideración de la Sala, como ya se indicó, CPE y Datapoint consignaron
en el acta de liquidación bilateral del contrato de compraventa No. 108 de 2012, además del balance
económico de la ejecución contractual, una estipulación en virtud de la cual manifestaron estar (se
trascribe): “[A] paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato de compraventa No. 108-
12, en cuanto tiene que ver con los derechos y obligaciones derivados del mismo.”
35. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la locución sustantiva
paz y salvo designa un “[d]ocumento que se expide a una persona para certificar que no adeuda
dineros a una entidad oficial o a un particular.” En idéntico sentido, la expresión a paz y salvo es, de
conformidad con el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua
Española, una locución adverbial que significa “[s]in deudas con una entidad oficial o con un
particular.”
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36. En ese orden de ideas, y salvo que aparezca claramente otra “intención de los contratantes”, en
el marco de la contratación estatal las manifestaciones de voluntad incluidas en los actos de
autonomía privada celebrados por las partes contractuales –como la liquidación bilateral– en las
cuales se indique estar las partes del referido negocio jurídico “a paz y salvo por todo concepto” han
de ser entendidas estrictamente como declaraciones conforme con las cuales se afirma no existir
entre las partes obligaciones pendientes por cumplir, declaraciones de las cuales no resulta posible
extraer, en principio, que en virtud de ellas opere alguno de los modos de extinción de las
obligaciones reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano (v.g., mutuo disenso, novación,
transacción o remisión).
37. Por otro lado, y al margen de si resulta posible desvirtuar una declaración de estar las partes de
un contrato a paz y salvo por todo concepto, esta Corporación ha sostenido que, para que las
pretensiones contractuales elevadas por alguna de las partes luego de la liquidación bilateral del
contrato puedan ser acogidas, la parte interesada debe haber planteado salvedades claras y
suficientes en el acta de liquidación.
38. Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, y en atención a que en el acta de liquidación bilateral
del contrato de compraventa No. 108 de 2012 nada más se mencionó la existencia de la multa
impuesta por CPE a Datapoint, y que el acta no contuvo acuerdos, conciliaciones o transacciones
de carácter extintivo a los que hubieran llegado las partes para poner fin a las divergencias
presentadas durante la ejecución contractual, la Sala estima que la estipulación en virtud de la cual
CPE y Datapoint se declararon a paz y salvo por todo concepto no constituyó una abdicación,
condonación o renuncia del derecho de la entidad al pago de la multa, ni mucho menos comportó la
extinción de cualquier obligación que existiese entre las partes del contrato de compraventa No. 108
de 2012. Lo anterior, sin perjuicio de que, como consecuencia de la falta de inclusión de salvedades
por parte de CPE en el acta de liquidación bilateral, las eventuales pretensiones que en el futuro la
entidad o Liberty –luego de haber satisfecho la prestación asegurada y, en consecuencia, de haberse
subrogado, por ministerio de la primera parte del inciso primero del artículo 1096 del Código de
Comercio y el numeral 3 del artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en los
derechos de CPE contra Datapoint– quisieran formular en contra de Datapoint estuvieran destinadas
a fracasar.
39. Así las cosas, al no haberse acreditado los supuestos a partir de los cuales la parte demandante
afirmó que CPE perdió su derecho a la indemnización o que se extinguió la obligación a cargo de
Liberty –la renuncia de los derechos de CPE contra Datapoint o la extinción de cualquier obligación
existente entre las partes del contrato de compraventa No. 108 de 2012 como consecuencia de la
inclusión, en el acta de liquidación bilateral del referido contrato, de la estipulación en virtud de la
cual CPE y Datapoint se declararon a paz y salvo por todo concepto–, la Sala concluye que el pago
de $1.336.817.055,oo realizado por Liberty a CPE el 12 de mayo de 2015 correspondió al
cumplimiento de la obligación principal a cargo de la aseguradora en virtud de la póliza de seguro de
cumplimiento No. BO-2079327, lo que descarta, de tajo, la procedencia de las pretensiones
principales y subsidiarias de pago de lo no debido y enriquecimiento sin causa. Por consiguiente, se
adicionará la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar probadas las excepciones
propuestas por CPE.
Como se ve, la discusión que propone la accionante ya fue resuelta por el Consejo de
Estado que concluyó que, el que se haya consignado que Datapoint y Computadores
para Educar estaban a paz y salvo de las obligaciones derivadas del contrato de
compraventa No. 108 de 2012, no era óbice para asegurar que existió una abdicación,
condonación o renuncia del derecho al pago de la multa por incumplimiento, ni menos la
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extinción de alguna obligación que existiese entre las partes del contrato de compraventa.
Para el Consejo de Estado, solo si hubiera consignado expresamente en el acta de
liquidación del contrato que Computadores para Educar renunciaba a su derecho a ser
indemnizado, sería válida la tesis de Liberty en torno al pago indebido, lo cual no ocurrió.
Además, la Sala encuentra que, aunque la demandante alegó desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado, las razones que sustentaron la negativa del ad quem
también fueron justificadas en pronunciamientos de la Corporación, posición que era
válida en aplicación del principio de autonomía judicial.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de controversias contractuales con radicado 25000-23-36-000-2015-02762-00/02,
finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de controversias
contractuales, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no colma el requisito
de relevancia constitucional, de ahí que deba confirmarse la sentencia impugnada, que
la declaró improcedente.
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En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2025, por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la
Compañía HDI Seguros Colombia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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