Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06966-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06966-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06966-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Renson Andrés Segura Rivera.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Huila y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06966-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
12 de diciembre de 2025 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Renson Andrés Segura Rivera presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con
el fin obtener la nulidad del acta No. 002-APRO-GURET – 2.25 del 14 de
febrero de 2024 y de la Resolución No. 0867 del 15 de marzo de 2024,
mediante las cuales fue retirado del servicio activo.
1.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, mediante
auto de 12 de diciembre de 2024 inadmitió la demanda al advertir lo
siguiente: i) insuficiencia de poder, ii) inobservancia de lo previsto en el
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artículo 162-7 del CPACA, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080
de 2021, e iii) incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 162-8 del
CPACA, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.
1.3. Posteriormente, en auto de 29 de enero de 2026, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Neiva rechazó la demanda, al
considerar que la parte aquí actora guardó silencio dentro del término
concedido para subsanar los yerros anotados en el auto inadmisorio.
1.4. Contra la decisión anterior la parte accionante presentó recurso de
apelación argumentando que el 18 de diciembre del 2024 subsanó la
demanda y corrió traslado a las demás partes. Para el efecto aportó copia
de los pantallazos de envío de la subsanación a la demandada y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.5. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante decisión de 1° de julio
de 2025 confirmó el auto apelado, al considerar que si bien el actor
señala que “[…] subió el correo a la página de SAMAI […] no aporta la
trazabilidad de su envío ni acredita en forma alguna que intentó enviarla
al Juzgado para que se incorporara al expediente digital, tampoco aporta
el reporte de recibo, por eso se dejó la constancia de secretaría en torno
al vencimiento en silencio del término […]”. Por lo anterior, concluyó que
la parte actora desatendió el término procesal otorgado para subsanar
las falencias indicadas “[…] pues no remitió al correo habilitado ni ingresó
a la ventanilla digital el documento de subsanación […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
defecto procedimental por las siguientes razones:
“[…] a) El juzgado rechazó la demanda pese a que mi apoderado sí activó
actuaciones de subsanación (envíos a demandada, alegada carga a
SAMAI) y existía la posibilidad material de requerir una acreditación
mínima adicional, por ejemplo insistiendo en la remisión al correo
institucional del despacho o permitiendo la carga por ventanilla digital, en
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lugar de cerrar el acceso con la sanción máxima, es decir el rechazo de
la demanda.
b) El Tribunal confirmó con una verificación meramente formal, sin
desplegar un rol activo para despejar la duda sobre la trazabilidad
tecnológica, pese a que la controversia giraba precisamente sobre fallas
y/o limitaciones del sistema y sobre un envío ya acreditado a la
contraparte (art. 162-8 CPACA, uso TIC art. 186 CPACA).
c) La prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) exige soluciones
materialmente justas en contextos de Justicia: cuando hay actuación
diligente y prueba de remisión a la demandada, un requerimiento
correctivo (y no el rechazo) resultaba idóneo y proporcional. La Corte ha
ligado el exceso ritual a la afectación del acceso y a la imposibilidad de
discutir de fondo como se expuso en la sentencia T-310/23. […]”.
Sostuvo que se debía considerar una conducta concluyente que conllevaba a
la convalidación de la subsanación, pues en el trámite de la apelación quedó
demostrado que sí remitió la subsanación a la entidad demandada y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE el 18 de diciembre
de 2024. Aunado a ello, reiteró que incluso se había dejado constancia de
haber intentado cargarla a la plataforma SAMAI, lo que a su juicio demostraba
su actuación diligente.
Explicó que, a pesar de que se argumentara que la subsanación no se
presentó por el canal del despacho, lo cierto era que sí se cumplió con su
finalidad sustancial, esto es, dar traslado efectivo de la demanda y los anexos.
Por esta razón, consideró que “[…] en aplicación de la instrumentalidad de las
formas (art. 228 C.P.) y el estándar pro actione, no procedía la sanción extrema
del rechazo, sino admitir o, al menos, requerir el reenvío por el canal
institucional […]”. Agregó que las reglas de inadmisión y de rechazo se debían
interpretar con criterio finalista y no ritualista.
Reprochó que el tribunal accionado hubiese omitido verificar oficiosamente
elementos técnicos fácilmente constatables (bitácoras de correo institucional,
logs de SAMAI, acuses), pese a que el propio debate exigía tal comprobación.
Refirió que el salvamento de voto presentado frente a la decisión cuestionada
respaldaba la tesis de la acción de tutela, al sostener que: (i) aunque en el
poder no se relacionó expresamente la resolución cuya nulidad se pretende,
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no existía duda de que el mandato se confirió para demandar el acto de retiro
del servicio: y (ii) los reparos sobre direcciones y copia de la demanda eran
meros formalismos que no debían erigirse en barrera de acceso a la justicia.
Aseguró que la Corte Constitucional ha sostenido de forma constante que,
ante dudas razonables sobre el cumplimiento de requisitos formales, el juez
debe privilegiar la admisión y el estudio de fondo. Para el efecto, indicó que
“[…] este criterio se ha reiterado en tutelas y controles abstractos: T-229/2021
(enfatiza que el pro actione exige permitir el acceso y evitar interpretaciones
rigoristas), Auto A-434/2020 (toda demanda debe examinarse a la luz del
principio pro actione), y sentencia C-146/2015 y C-091/2022 (en control
abstracto, el principio pro actione guía la admisibilidad y disuade rechazos por
defectos puramente formales) […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1.- Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa
y acceso a la justicia.
2.- Dejar sin efectos la providencia del 01-07-2025 del Tribunal
Administrativo del Huila y, en consecuencia, revocar el auto del 29-01-
2025 del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva.
3.- Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva tener por
subsanada la demanda (en atención a las remisiones acreditadas y al
principio de prevalencia) o, subsidiariamente, conceder un término breve
(p. ej., 2 días) para reiterar el envío al correo institucional y cargar la
subsanación en SAMAI y admitir la demanda si se verifica el
cumplimiento.
4.- Prevenir a las autoridades judiciales accionadas para que, en
contextos de actuaciones electrónicas, adopten medidas de verificación
(bitácoras/ logs / acuses) antes de imponer sanciones procesales que
cierren el acceso al estudio de fondo.
5.- Medida provisional: mantener suspendidos los efectos de los autos
cuestionados hasta fallo de tutela.
6. Que se tenga por acreditada la subsanación del 18-12-2024 y su
traslado efectivo a la entidad demandada (Anexo [X] 6) y, en
consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva
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admitir la demanda o, subsidiariamente, otorgar un término breve para
reiterar su envío por el correo institucional y la carga en SAMAI. […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 7 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva y el
Tribunal Administrativo del Huila y se vinculó a la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, en calidad de tercero con interés en el
resultado del proceso.
2. El 12 de diciembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la acción de tutela de la referencia.
3. Mediante auto de 27 de febrero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo del Huila se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de amparo en razón a que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional dado que el actor no demostró cómo la
decisión judicial vulneraba directamente sus derechos fundamentales, sino
que simplemente: i) manifestó su desacuerdo con la conclusión del tribunal; ii)
propuso una interpretación alternativa de los mismos hechos y normas
procesales, y iii) pretende que la jurisdicción constitucional le otorgue la razón
como una tercera instancia.
Por otra parte, explicó que no se configuraba el defecto procedimental porque
lo afirmado por el solicitante no se ajustaba a la realidad procesal, pues en la
providencia cuestionada se había dejado claro que (i) el término de
subsanación venció en silencio, según constancia secretarial del 22 de enero
de 2025; (ii) las capturas de pantalla aportadas por el actor solo evidenciaban
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envíos a la Policía Nacional y a la ANDJE, pero no al juzgado ni al correo
institucional del despacho; (iii) el apoderado del accionante afirmó que subió
el archivo a SAMAI, pero no aportó ningún reporte, log, metadato, acuse ni
evidencia técnica de dicha carga; el tribunal verificó directamente el expediente
digital y constató que no existía registro alguno de radicación de la
subsanación, ni por ventanilla electrónica ni por correo del despacho y; la
conducta procesal del actor desconoció el deber legal de remitir la
subsanación al despacho que adelanta el proceso (art. 162-8 CPACA y art.
186 CPACA), pues solo la remitió a las demandadas e interviniente.
Asimismo, manifestó que no se configuró un defecto fáctico, pues si bien el
accionante sostuvo que no se valoraron las pruebas que demostraban su
diligencia y el envío de la subsanación, tal afirmación desconocía lo que
realmente constaba en el expediente.
2. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva adujo que el presente asunto
no goza de relevancia constitucional, en la medida de que se trata de una
discusión donde se debaten aspectos procesales relacionados con la falta de
subsanación de la demanda y su posterior rechazo, situaciones que fueron
objeto de estudio por las providencias de primera y segunda instancia.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de 12
de diciembre de 2025 declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.
Al respecto, sostuvo que “[…] el Tribunal Administrativo del Huila explicó los
motivos por los cuales no era posible revocar la decisión que rechazó la
demanda. En efecto, concluyó que, con el material aportado al plenario,
únicamente era posible verificar que la subsanación fue remitida a la entidad
demandada, pero no que hubiera sido aportada al expediente dentro del
término oportuno, como era carga procesal de la parte actora para que pudiera
ser valorada por la autoridad judicial […]”.
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A partir de lo anterior concluyó que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no apreció que
la decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los
hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos
fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos del escrito de tutela. Igualmente, manifestó que el
presente asunto sí goza de relevancia constitucional por la violación a los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Explicó que en este caso no se discute únicamente una diferencia
interpretativa sobre ritualidades de radicación, sino la vulneración de los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial, por haberse privilegiado la sanción
procesal más gravosa pese a existir elementos que demostraban una
actuación diligente y el cumplimiento material de finalidades del trámite.
Anotó que no pretende que el juez constitucional reemplace al juez natural
para decidir el fondo del medio de control ni para revalorar libremente el
expediente como una instancia adicional, sino que lo que busca es “[…] un
control de validez Constitucional de la decisión de rechazo y de su
confirmación, a partir de la posible configuración de un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y de un defecto fáctico por indebida valoración u
omisión de valoración de elementos concretos que daban cuenta de la
subsanación material, de la diligencia del apoderado y de la posibilidad de
adoptar una medida menos lesiva que el rechazo […]”.
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,
Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.
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En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en
el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 11001-33-42-067-2023-00164-01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales accionadas hayan
incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir
de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.
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Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que las autoridades accionadas debieron tener por subsanada la
demanda porque cumplió con la carga procesal de corregirla y enviarla a la
entidad demandada como Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y, por ende, se debió privilegiar el derecho sustancial sobre el formal,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial, máxime cuando lo que pretende el actor
es que se acoja su criterio por considerarlo más garantista del que adoptaron
las accionadas como si este mecanismo se tratase de una tercera instancia.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 12 de diciembre de 2025 proferido por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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