Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06969-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06969-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06969-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
15 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B, mediante la cual se negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Juan Guillermo Valencia Aristizábal, por conducto de apoderado judicial1, formuló acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la estabilidad laboral relativa, al trabajo en condiciones
dignas y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Decisión, con ocasión de la
sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-017-2020-00179-
01.
2. Hechos
Del escrito de tutela2 y los archivos allegados a este trámite se desprenden los siguientes
supuestos fácticos:
2.1. Juan Guillermo Valencia Aristizábal estuvo vinculado a la Registraduría Nacional del
Estado Civil mediante nombramiento en provisionalidad en el cargo de Técnico
Administrativo Código 4065-03, conforme a la Ley 1350 de 2009 y en las resoluciones
expedidas sucesivamente para tal efecto.
1
Jaime Valencia Aristizábal.
2
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 691402AACCE0BC5B 27E1D5DCAF1D06B9
3A0E9563375DF13B B1C58D7D870035D0.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
2.2. Mediante Oficio DDA-TH-1001-19-03 del 4 de febrero de 2020, la Registraduría
Nacional del Estado Civil le solicitó entregar el puesto de trabajo y las funciones que
desempeñaba, al tiempo que le informó la terminación de su vinculación laboral, razón
por la cual dejó de percibir remuneración y cesaron los derechos derivados de dicha
relación laboral.
2.3. En virtud de lo anterior, el señor Valencia Aristizábal promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Oficio DDA-
TH-1001-19-03 del 4 de febrero de 2020.
2.4. Mediante sentencia del 2 de marzo de 20233, el Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Medellín declaró la nulidad del Oficio DDA-TH-1001-19-03 del 4 de febrero de
2020. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil reintegrar al señor Valencia Aristizábal al cargo
que venía desempeñando, siempre que este no hubiera sido provisto mediante concurso.
Asimismo, dispuso el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta que se
hiciera efectivo el reintegro o el cargo fuera provisto mediante concurso, lo que ocurriera
primero.
2.5. Por medio de sentencia del 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó la decisión proferida el 2 de marzo de 2023 por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Medellín, declaró probada de oficio la excepción de
ineptitud sustancial de la demanda y negó las pretensiones.
Para sustentar dicha decisión, consideró que no se demandó el acto administrativo
definitivo y precisó que “la eventual nulidad del Oficio demandado no deriva en la súplica
consecuencial, aunado al hecho de que el nombramiento del demandante en el cargo que
ocupaba tenía fecha de conclusión, de modo que, al llegar esta, la cesación de sus
funciones constituía una consecuencia natural”.
2.6. El accionante señaló que en la demanda ordinaria se indicó, y así lo confirmó la
Registraduría Nacional del Estado Civil al contestarla, que no existió acto administrativo o
resolución distinta al Oficio DDA-TH-1001-19-03 del 4 de febrero de 2020. En
consecuencia, dicho oficio constituía el único acto susceptible de control judicial respecto
de la desvinculación del accionante.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió que se dejara
sin efectos la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y que se ordenara dictar una nueva decisión en la que se
reconociera que el Oficio DDA-TH-1001-19-03 tiene la naturaleza de acto administrativo
definitivo. Asimismo, solicitó que se garantizara la protección de los servidores vinculados
3
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado D41207EA6092B20B E7D0D80F45E2C48C
9A0ADB47E01CE21F EC8907DDE9A3CD34.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
en provisionalidad a la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a desvinculaciones
desprovistas de motivación y de acto administrativo formal.
Para sustentar su solicitud, la parte actora alegó la configuración de los siguientes
defectos:
3.1. Defecto sustantivo. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo al considerar que el Oficio DDA-TH-1001-19-03 constituía una simple
comunicación, sin atender a su contenido material y decisorio, y desconociendo el
precedente constitucional obligatorio en la materia. A su juicio, dicha interpretación
vulneró los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, acceso a la
administración de justicia e igualdad ante la ley.
En desarrollo de este cargo, el actor señaló que el Oficio DDA-TH-1001-19-03 constituía
un acto administrativo definitivo, de conformidad con el artículo 43 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto fue expedido
por autoridad competente, produjo efectos jurídicos inmediatos respecto del tutelante,
tuvo vocación de ejecutoriedad y materializó una decisión unilateral de la administración.
Agregó que, tanto la disposición normativa citada como la jurisprudencia del Consejo de
Estado han precisado que la naturaleza jurídica de un acto no depende de la
denominación atribuida al documento, sino de que su contenido exprese una
manifestación unilateral de voluntad de la administración con capacidad de producir
efectos jurídicos.
3.2. Desconocimiento del precedente. La parte actora alegó el desconocimiento del
precedente constitucional4 y del Consejo de Estado5 relacionado con la naturaleza
jurídica de los oficios de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad.
Para sustentar su postura, citó diversas providencias en las que se ha sostenido, de
manera reiterada, que la desvinculación de servidores provisionales debe formalizarse
mediante un acto administrativo debidamente motivado, en garantía de los derechos al
debido proceso y al trabajo.
Asimismo, señaló que, con independencia de la denominación atribuida al documento,
cuando este produce efectos jurídicos directos, como la desvinculación del servicio o la
orden de entrega del cargo, adquiere la naturaleza de acto administrativo definitivo y, por
ende, resulta susceptible de control judicial.
Además, invocó una decisión proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de
Medellín, en la que se reconoció que un oficio de desvinculación constituía un acto
administrativo y, en consecuencia, se ordenó el reintegro del servidor afectado.
Finalmente, señaló que la desvinculación afectó los derechos fundamentales al trabajo
(CP, art. 25) y a la seguridad social (CP, art. 48), así como la estabilidad laboral relativa de
4
Sentencias SU-917 de 2010, T-221 de 2014, SU-556 de 2019 y T-292 de 2017 de la Corte Constitucional
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 05001-23-33-000 2016-00249-01 (2021)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
los servidores vinculados en provisionalidad, lo que generó la pérdida de remuneración,
aportes y protección social.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 6 de noviembre de 2025 6, el Despacho ponente de la Sección
Segunda-Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; tuvo como
autoridad accionada al Tribunal Administrativo de Antioquia; y vinculó a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín
como terceros con interés.
Asimismo, requirió al referido juzgado para que remitiera copia digital del expediente
ordinario identificado con el radicado núm. 05001-33-33-017-2020-00179-00/01 y
reconoció personería al apoderado de la parte accionante.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.2. El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín 7 señaló que
las providencias proferidas dentro de la actuación cuestionada se fundamentaron en el
marco normativo y jurisprudencial aplicable a la controversia. En consecuencia, consideró
improcedente su cuestionamiento por vía de tutela, al no acreditarse ninguna de las
causales generales de procedibilidad de la acción contra providencias judiciales.
Adicionalmente, allegó copia digital del expediente ordinario tramitado ante ese despacho
judicial.
4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y
ausencia de relevancia constitucional. Subsidiariamente, pidió negar el amparo
solicitado, al estimar que no se acreditó vulneración directa de derechos fundamentales ni
la configuración de un perjuicio irremediable8.
En relación con el requisito de subsidiariedad, sostuvo que los mecanismos ordinarios de
defensa judicial existieron y fueron agotados por la parte actora, razón por la cual la
acción de tutela no podía utilizarse como una instancia o recurso adicional para reabrir
una controversia ya resuelta por el juez natural.
De otra parte, afirmó que no existía vulneración directa de derechos fundamentales, dado
que el debate planteado se circunscribía a la interpretación jurídica sobre el alcance de un
oficio de desvinculación, asunto de naturaleza eminentemente legal y no constitucional.
Asimismo, señaló que en el presente asunto no se configuró defecto alguno, pues el
Tribunal accionado, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, concluyó que
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Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 28DE904AFD5541D4 A24D00EF404E30DB
129026C6D31E1D22 C95BCA5CE9D4DE05.
7
Índice 0008 del expediente digital de primera instancia, certificado 0AF89DEBA6B2B581 350DC70C7BCA19A8
57273C580DCEB39A F1E574CC53EACCED.
8
Índice 0009 del expediente digital de primera instancia, certificado 571E5E920D35DE20 6AAE0353530D025A
3B237F38356BD419 19DFD5B4D77B2ECB.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
el oficio demandado carecía de contenido decisorio y, por ende, no constituía un acto
administrativo definitivo.
Finalmente, precisó que dicha interpretación no desconoció precedente vinculante, en la
medida en que dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado existen
pronunciamientos en ambos sentidos. Agregó que no se configuró una vía de hecho, toda
vez que esta no puede derivarse de la simple discrepancia frente a la valoración jurídica
efectuada por el juez de conocimiento.
4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio a pesar de haber sido
debidamente notificado
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 19 de diciembre de 20259, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B negó las pretensiones de la tutela.
En relación con el caso concreto, consideró que el apoderado judicial de la parte actora
incurrió en errores al estructurar la demanda ordinaria y las pretensiones formuladas,
circunstancia que condujo a la falta de prosperidad del medio de control por deficiencias
de carácter técnico. Lo anterior, por cuanto, según lo acreditado por el Tribunal
accionado, existía un acto administrativo definitivo que debió integrar las pretensiones de
la demanda, dado que el oficio cuestionado no reunía las características propias de un
acto susceptible de control judicial.
Asimismo, descartó la configuración del defecto por desconocimiento del precedente, al
considerar que “concretamente lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias
SU-917 de 2010, SU-556 de 2019, T-221 de 2014 y T-292 de 2017, así como por esta
Corporación en los radicados 05001-23-33-000-2016-00249-01 y 11001-03-15-000-
2014-04126-00, no se configuró en esta oportunidad”.
Para sustentar dicha conclusión, precisó que las providencias invocadas no contenían
una regla jurisprudencial aplicable al supuesto fáctico alegado por la parte actora, esto es,
al control judicial de un oficio que, con ocasión de la expiración del término de vinculación,
se limita a informar la entrega del cargo y del puesto de trabajo, sin adoptar una decisión
distinta de la previamente contenida en el acto de nombramiento.
En particular, profundizó en las siguientes consideraciones:
“Así, se tiene que, en las sentencias SU-917 de 2010, T-221 de 2014 la Corte analizó
el asunto relativo a la motivación de los actos de retiro; en la sentencia SU-556 de 2019
fue unificada la posición de ese Tribunal Constitucional en materia de principio de
subsidiariedad de la acción de tutela para reconocimiento y pago de pensión de
invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa; y, finalmente, en
9
índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado AEA2D240238618F3 D31A8E46B1B1A4A3
4399A2C8D0C02DF9 1816C43670DC8EA5.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
la sentencia T-292 de 2017 se refirió al control judicial de actos de trámite emitidos en
un concurso de méritos de etnoeducadores.
Por otra parte, en lo tocante a la sentencia proferida dentro del expediente 05001-23-33
000-2016-00249-01, se tiene que el actor no aportó la información completa acerca del
expediente en que fue proferida, y, una vez consultado el sistema de información de la
Rama Judicial, corresponde a una acción de tutela que nunca fue de conocimiento de
esta Corporación14.
Asimismo, se advierte que el caso tramitado bajo el radicado 11001-03-15-000-2014
04126-00, versó sobre la motivación de los actos administrativos de retiro, no sobre la
posibilidad de enjuiciar el oficio que comunica el término de expiración obrante en otro
acto administrativo.”
Con fundamento en lo anterior, concluyó que el Tribunal accionado sustentó
adecuadamente la providencia cuestionada y profirió la decisión dentro del ámbito de su
autonomía e independencia judicial, sin incurrir en el defecto relacionado con el
desconocimiento del precedente.
6. Impugnación10.
En el escrito de impugnación, la parte actora reiteró la descripción fáctica del asunto y
atribuyó a la sentencia de primera instancia la configuración de los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente constitucional y contencioso-administrativo, así como un
defecto procedimental derivado de la falta de motivación adecuada.
En ese sentido, insistió en que agotó integralmente las instancias ordinarias dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual la acción de
tutela constituye el último mecanismo disponible para corregir la alegada desviación
constitucional. Precisó que no pretende convertir la tutela en una tercera instancia, sino
obtener protección frente al perjuicio irremediable derivado de la pérdida del empleo, de
los ingresos y de la seguridad social, situación que, según afirmó, ha padecido desde el
año 2020. Asimismo, reiteró el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y
procedibilidad de la acción.
De otra parte, sostuvo que la sentencia impugnada desconoció el precedente que
reconoce a los oficios de desvinculación de servidores provisionales la naturaleza de
actos administrativos definitivos, sujetos a control judicial y a la exigencia de motivación.
A su juicio, ello vulneró el principio de prevalencia del derecho sustancial previsto en el
artículo 228 de la Constitución Política y generó un trato desigual frente a casos similares.
En esencia, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela relativos al
desconocimiento del precedente constitucional y contencioso-administrativo, con
referencia a las sentencias SU-917 de 2010, T-221 de 2014, SU-556 de 2019 y T-292 de
2017.
Asimismo, la parte actora invocó diversos precedentes judiciales 11 que, a su juicio,
10
Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 546DB080398CB661 063AA59B620E896C 16257183BCBE4001
64C4C20C925A5A80.
6
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Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
resultan aplicables al caso concreto, en los cuales se ha reconocido que los actos u
oficios de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad deben estar
debidamente motivados y son susceptibles de control judicial. En particular, citó
providencias del Consejo de Estado relacionadas con retiros en la Registraduría Nacional
del Estado Civil, en las que se concluyó que la ausencia de motivación vulnera el debido
proceso y desconoce la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
Del mismo modo, destacó que dichas decisiones consideran que las comunicaciones con
efectos desvinculantes constituyen verdaderos actos administrativos demandables.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la sentencia cuestionada desconoció
precedentes y generó un trato desigual frente a casos análogos. En particular, señaló que
los precedentes judiciales constituyen decisiones vinculantes, de conformidad con el
artículo 230 de la Constitución Política, y que la providencia impugnada los ignoró,
generando una situación de desigualdad respecto de asuntos similares, como el resuelto
por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Medellín en el caso de William Castrillón
Ciro.
Igualmente, profundizó en la configuración de un perjuicio irremediable, al señalar que el
accionante, actualmente de 50 años de edad, ha permanecido durante seis años sin
percibir ingresos laborales, circunstancia que, según afirmó, ha afectado su mínimo vital y
su acceso a la seguridad social, en los términos expuestos por la Corte Constitucional en
la sentencia T-292 de 2017.
Finalmente, solicitó que, en atención a la naturaleza del asunto y a los derechos
fundamentales invocados, el expediente fuera remitido a la Corte Constitucional para su
eventual revisión y decisión. Asimismo, pidió que se declarara la procedencia de la acción
de tutela y se revocara la sentencia impugnada, por configurarse vías de hecho judiciales.
Mediante auto del 4 de marzo de 202612, el magistrado ponente de la Sección Segunda-
Subsección B concedió la impugnación formulada por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
11
Identificados con los radicados números: 11001-03-15-000 2019-05310-00 del 12 de marzo de 2020 M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; 11001-03-15-000-2019 01437-00 del 24 de julio de 2019 MP. Danilo Rojas Betancourt; 11001-
03-15 000-2019-01247-01 del 12 de septiembre de 2019M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; 05001-23-31 000-2002-
02327-01 del 23 de septiembre de 2025;
12
Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 04E2EF63F0961A2C B73006B2DDD34984
6ACE9E5C530D35C0 980060425DCEB555.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que Juan Guillermo Valencia Aristizábal es titular de los derechos fundamentales que
estima vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05001-33-33-017-2020-00179-01.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia es la autoridad judicial que profirió la decisión
que, según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
19 de diciembre de 202513, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la tutela
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 14 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela15 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto16.
13
índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado AEA2D240238618F3 D31A8E46B1B1A4A3
4399A2C8D0C02DF9 1816C43670DC8EA5.
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06969-01
Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”18.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 19.
5. Caso concreto
5.1. La Sala anuncia que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
por las razones que pasan a exponerse.
Se alegó la configuración de un defecto sustantivo, al considerar que el Oficio DDA-
TH-1001-19-03 constituía un acto administrativo definitivo, de conformidad con el artículo
43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
tanto fue expedido por autoridad competente, produjo efectos jurídicos inmediatos
respecto del tutelante, tuvo vocación de ejecutoriedad y materializó una decisión
unilateral de la administración.
Asimismo, sostuvo que, tanto la disposición normativa citada como la jurisprudencia del
Consejo de Estado, han precisado que la naturaleza jurídica de un acto no depende de la
denominación atribuida al documento, sino de que su contenido exprese la voluntad
unilateral de la administración con capacidad de producir efectos jurídicos.
En segundo lugar, alegó el desconocimiento del precedente constitucional y contencioso-
administrativo relacionado con la naturaleza jurídica de los oficios de desvinculación de
19
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
10
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Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
funcionarios nombrados en provisionalidad. En particular, invocó las siguientes
providencias, en los términos previamente expuestos: (i) sentencia SU-917 de 2010; (ii)
sentencia T-221 de 2014; (iii) sentencia SU-556 de 2019; (iv) sentencia T-292 de 2017; (v)
una providencia del Consejo de Estado del año 2019 que no individualizó plenamente; (vi)
providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 05001-23-33-000-
2016-00249-01 (2021); (vii) providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
radicado 11001-03-15-000-2014-04126-00 (2015); y (viii) sentencia núm. 211 de 2025 del
Juzgado Octavo Administrativo Oral de Medellín, proferida dentro del caso de William
Castrillón Ciro.
Asimismo, en el escrito de impugnación, la parte actora reiteró las consideraciones
expuestas en la demanda de tutela e invocó diversos precedentes judiciales 20 que, a su
juicio, resultan aplicables al caso concreto, en los cuales se ha reconocido que los actos u
oficios de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad deben estar
debidamente motivados y son susceptibles de control judicial.
En particular, citó providencias del Consejo de Estado relacionadas con retiros de
servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las que se concluyó que la
ausencia de motivación vulnera el debido proceso y desconoce la jurisprudencia
constitucional sobre la materia. Del mismo modo, destacó que dichas decisiones
consideran que las comunicaciones con efectos desvinculantes constituyen verdaderos
actos administrativos demandables.
5.2. Ahora bien, en la sentencia del 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Antioquia-Sala Quinta de Decisión se refirió al régimen especial de carrera de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a la naturaleza del cargo de Técnico
Administrativo 4065-03:
“De tal suerte, que la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha mantenido regímenes
especiales de carrera desde sus orígenes de orden legal5, y en la actualidad
constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución
Política - modificado por el Acto Legislativo 01 de 20036 –, que dispuso que los cargos
de la entidad serían de «carrera administrativa especial», a la cual se ingresaría
exclusivamente por concurso de méritos; sin embargo, dispuso la flexibilidad del retiro
en atención a las necesidades del servicio y la libre remoción respecto de los empleos
de responsabilidad administrativa o electoral7.
Finalmente, en desarrollo del citado acto legislativo el Congreso de la República
expidió la Ley 1350 del 06 de agosto 20098, «Por medio de la cual se reglamenta la
Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
dictan normas que regulen La Gerencia Pública», en su artículo 6° reguló sobre la
naturaleza de los empleos de la entidad en cita, en los cuales estableció la existencia
de cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, dicha disposición fue
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C 553 de 2010, cuando
dispuso «los cargos de autoridad administrativa o electoral allí regulados son de libre
remoción y no de libre nombramiento, por lo cual deberán ser provistos exclusivamente
por concurso público de méritos».
20
Identificados con los radicados números: 11001-03-15-000 2019-05310-00 del 12 de marzo de 2020 M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; 11001-03-15-000-2019 01437-00 del 24 de julio de 2019 MP. Danilo Rojas Betancourt; 11001-
03-15 000-2019-01247-01 del 12 de septiembre de 2019 M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; 05001-23-31 000-2002-
02327-01 del 23 de septiembre de 2025;
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Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
Descendiendo al caso concreto, la Sala evidencia que el actor se venía desempeñando
en el cargo de Técnico Administrativo 4065-03, cuya naturaleza jurídica se encuentra
consagrada en el literal b del mencionado artículo 6° de la Ley 1350 de 2009 «Los
empleos adscritos a los Despachos del Presidente y Magistrados del Consejo Nacional
Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil», mismo que pertenece a la
carrera administrativa especial de la RNEC, como lo dispuso la Corte en sentencia
C-533 de 2010, en concordancia con el artículo 266 de la Constitución Nacional.
En lo que refiere, concretamente a las clases de nombramiento, el artículo 20 de la Ley
en cita, estableció el nombramiento provisional discrecional, en el que se dispuso:
[…] c) Nombramiento provisional discrecional: Esta clase de nombramiento es
excepcional y solo procederá por especiales razones del servicio. El término de la
provisionalidad se podrá hacer hasta por seis (6) meses improrrogables; deberá
constar expresamente en la providencia de nombramiento. En el transcurso del
término citado se deberá abrir el concurso respectivo para proveer el empleo
definitivamente […].
Del material suasorio obrante en el expediente se extrae que el demandante venía
desempeñando el mencionado cargo, mediante nombramientos provisionales
discrecionales de manera interrumpida desde el 02 de febrero de 20159 por lapsos de 3
y 6 meses, siendo su último nombramiento mediante Resolución N°621 del 30 de julio
de 2019 por el término de 6 meses a partir del 05 de agosto de 2019, a su vez, se indicó
que el nombramiento concluiría una vez finalizara dicho término, sin que se requiriera
acto administrativo.”
En consecuencia, el Tribunal consideró que el demandante podía ser separado del cargo
sin necesidad de motivación, en tanto su vinculación se hizo de manera discrecional y no
por intermedio de concurso de méritos. Por tanto, señaló:
“(…) [No era] necesario que la entidad nominadora profiriera un acto administrativo
dando por terminado su vínculo laboral como, en efecto, aconteció, puesto que su
ingreso se había procurado con fecha de conclusión, de forma que, al llegar ésta, lo
predecible era que no proseguía en la prestación del servicio a su cargo; en contrario,
su continuidad en el mismo era a discreción del empleador quien precisamente en uso
de ella, la finalizó.
Ello es así, en la medida que la vinculación con la Registraduría Nacional del Estado
Civil era precaria, determinada, no sólo por la calidad de su empleo «provisionalidad
discrecional» sino porque, tenía un límite temporal final, del cual él tenía pleno
conocimiento desde su inicio. Situación que no resulta atentatoria contra las garantías
laborales10.”
Sin embargo, la Sala estimó que lo demandado no era un acto administrativo, sino una
mera comunicación:
“Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que vencido el plazo dispuesto
en la Resolución N°621 del 30 de julio de 2019, la entidad demandada mediante Oficio
DDA-TH-1001-19-03 del 4 de febrero de 202011, le comunicó al actor la finalización
del nombramiento de acuerdo con el «ARTICULO 5 de la Resolución de nombramiento
N°621 del 30 de julio de 2019, el cual señala: «La duración de estos nombramientos
provisionales y encargos serán hasta por el termino de seis (06) meses y finalizará al
término del mismo, sin que para ello se requiera acto administrativo ni comunicación
alguna, en todo caso podrán darse por terminados en cualquier momento» […]» y es
dicha comunicación la que en el presente asunto es atacada en nulidad.
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Pretendió además que, como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad, se
ordene a la entidad demandada, reintegrar al señor Juan Guillermo Valencia
Aristizábal como empleado público sin solución de continuidad.
En efecto, evidencia la Sala que le asiste razón a la parte recurrente al afirmar que el
mencionado Oficio es una mera comunicación. Tras su revisión se advierte que este se
limita a informar al demandante sobre la decisión contenida en la Resolución N°621 de
2019, por lo tanto, carece de contenido decisorio, ya que no crea, modifica o extingue
situación jurídica alguna.
Conforme a lo anterior, es la referida Resolución la que declaró la voluntad de la
administración, que produjo efectos jurídicos definitivos para el demandante al tenor
del artículo 43 del CPACA, y por ende aquella susceptible de control jurisdiccional
contencioso administrativo como lo dispone el artículo 138 de idéntica codificación,
como quiera que es la que definió el plazo en el que el actor ocuparía el cargo de
Técnico Administrativo 4065-03.
Contrario a lo indicado por el Juez de primera instancia, no es plausible afirmar que con
la expedición del acto administrativo de nombramiento, el actor desconociera la
temporalidad de su vínculo, pues justamente no le era extraño que al culminar con el
término establecido en cada resolución se le separara del cargo, requiriendo así un
nuevo nombramiento- igualmente sujeto a un límite temporal- para mantener su
vínculo con la entidad. En ese sentido, el demandante tenía pleno conocimiento tanto
de la discrecionalidad inherente a su permanencia en el puesto como la temporalidad
del nombramiento la cual estaba sujeta a un plazo determinado lo que implicaba que, al
cumplirse el mismo, la cesación de sus funciones era la consecuencia natural.
Aunado a lo anterior, si en gracia de discusión se aceptaran los argumentos expuestos
por el a quo respecto al control judicial del Oficio, no puede perderse de vista la
presunción de legalidad que reviste al acto de carácter particular y concreto, que en
todo caso debe ser demandado en el término señalado por la ley. Es decir, la anulación
del Oficio cuestionado en el presente caso no tiene la entidad de modificar la decisión
de nombrar al demandante por un tiempo mayor al establecido en la Resolución N° 621
de 2019, mismo que se encuentra en firme y se presume legal, así como tampoco le
confiere una causal de permanencia en el cargo ni desvirtúa la facultad discrecional
conferida al nominador.
Así las cosas, se reitera que el acto administrativo que consolidó la situación jurídica
del demandante, esto es, aquel que estableció su nombramiento por un período de 6
meses, no fue objeto de reproche en el sub lite, en ese sentido debe recordarse que en
el presente medio de control es relevante identificar la actuación que produjo el
perjuicio, es decir, debe demandarse judicialmente aquel acto administrativo que
generó la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente
traducirse en un restablecimiento en favor de la parte demandante, pues precisamente
las pretensiones que se plantean en la demanda componen la órbita de decisión del
Juez: i) frente a una pretensión anulatoria, y ii) para determinar el alcance y los efectos
jurídicos que eventualmente se obtendrían con la nulidad del acto demandado; de
modo que, la falta de congruencia entre el acto cuestionado y el restablecimiento del
derecho pretendido, impide adoptar un decisión que acceda a las súplicas de la
demanda.
De conformidad con lo expuesto, al advertir que se omitió demandar el acto
administrativo definitivo, y que la eventual nulidad del acto demandado no deriva en la
súplica consecuencial, que en todo caso está dirigida a lograr el reintegro del
demandante al cargo que éste ocupaba, la Sala revocará la sentencia recurrida,
mediante la cual se accedió a las pretensiones y, en su lugar, declarará de oficio la
excepción de ineptitud sustancial de la demanda, y en consecuencia se negarán las
súplicas incoadas en la misma.” (Subrayas añadidas, negritas en el texto).
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5.3. En esta medida, la Sala estima que el reproche relativo al defecto sustantivo,
vinculado a la naturaleza jurídica del oficio demandado y al alcance del artículo 43 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde,
principalmente, a una controversia de orden legal relacionada con la calificación jurídica
de un documento.
Ahora bien, la conclusión desarrollada por el Tribunal accionado no se advierte arbitraria
y, además, resulta evidente que dicho aspecto fue objeto de debate dentro del proceso
contencioso-administrativo. Por tal razón, la Sala se abstendrá de efectuar un análisis de
fondo del cargo formulado y, en consecuencia, de pronunciarse sobre cuestiones tales
como si, en vigencia del CPACA, la figura procesal más adecuada era la declaratoria de
ineptitud sustancial de la demanda.
5.4. En lo relativo al cargo por desconocimiento del precedente, si bien esta Sala ha
reconocido la relevancia de dicha figura y la existencia tanto del precedente horizontal
(sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial),
como del vertical (lineamientos sentados por instancia superior que suele corresponder a
los órganos de cierre); se estima que el asunto bajo estudio se estructura a partir de dos
cuestiones concretas, tal como se desprende del análisis desarrollado por el a quo
constitucional: (i) la necesidad de motivación de los actos de retiro de servidores
vinculados en provisionalidad y (ii) la suficiencia, en sede del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, de demandar únicamente el oficio mediante el cual se
comunica el vencimiento del término de vinculación contenido en otro acto administrativo.
Nótese que la respuesta negativa del Tribunal accionado frente a este último aspecto
constituyó la tesis central que sustentó su decisión, en cuanto concluyó que la demanda
había sido inadecuadamente formulada, circunstancia que condujo a la negación de las
pretensiones.
Ahora bien, acogiendo el análisis efectuado por el a quo constitucional, las providencias
invocadas por la parte accionante corresponden, en términos generales, a
pronunciamientos judiciales que abordaron situaciones semejantes en algunos aspectos;
sin embargo, ello no implica, prima facie, la existencia de un precedente vinculante
aplicable al caso concreto.
En particular, no se advierte, en principio, la existencia de una ratio decidendi específica
relativa a la situación que condujo a la negación de las pretensiones de la demanda, esto
es, un aspecto de naturaleza predominantemente procesal relacionado con la indebida
estructuración del medio de control, por haberse demandado un acto considerado de
trámite y no el acto administrativo definitivo.
Asimismo, no resulta posible predicar el desconocimiento del precedente respecto de la
posición asumida por un inferior funcional, pues ello no corresponde ni al precedente
vertical, ni al horizontal. En otros términos, no resulta adecuado abordar bajo este cargo
un presunto desconocimiento del tribunal accionado de lo señalado por un inferior
funcional de su misma jurisdicción.
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Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un ejercicio argumentativo de
carácter metodológico y comparativo que permitiera establecer la identidad fáctica y
jurídica entre los asuntos invocados y el caso concreto, particularmente si se tiene en
cuenta, como lo expuso el Tribunal accionado, que la Registraduría Nacional del Estado
Civil cuenta con un régimen especial de carrera, ni explicó de qué manera se produjo la
inaplicación injustificada de una regla de unificación con capacidad de modificar el sentido
de la decisión cuestionada, conforme a la tesis principal que la sustentó.
En consecuencia, la Sala advierte una carga argumentativa insuficiente para habilitar un
análisis de fondo respecto del cargo formulado.
Ahora bien, en relación con la impugnación, debe señalarse que en esta se introducen
argumentos que no fueron puestos en conocimiento del a quo constitucional, lo cual
resulta improcedente en esta instancia. En todo caso, también se echa de menos el
cumplimiento de las cargas mínimas de suficiencia argumentativa antes referidas.
Adicionalmente, se observa que, en algunos eventos, la parte accionante citó
providencias de primera instancia que posteriormente fueron revocadas. Bajo las
consideraciones expuestas, la Sala se abstendrá de profundizar en el análisis del cargo.
Por otro lado, se advierte que la parte actora alegó la configuración de un perjuicio
irremediable; no obstante, dicha circunstancia tendría relevancia en el análisis del
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, aspecto que no resulta determinante en
el presente asunto.
Finalmente, se observa que el actor solicitó la remisión del expediente a la Corte
Constitucional, actuación que corresponde realizar de conformidad con lo previsto en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, ello no implica relevar a la parte
accionante de las cargas procesales que le corresponden, como la posibilidad de
presentar escrito ante la Corte Constitucional para efectos de una eventual selección del
asunto, ni supone, en modo alguno, impartir orden a dicha Corporación para que
seleccione el caso.
5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
5.6. En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
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Accionante: Juan Guillermo Valencia Aristizábal
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 21.
5.7. En este punto, la Sala precisa que los argumentos expuestos en el escrito
introductorio estuvieron orientados a cuestionar la sustentación de la sentencia
censurada, en concreto, el precedente y el defecto sustantivo, aspectos que se subsumen
dentro del estudio del requisito de relevancia constitucional, que, como se indicó en
precedencia, no se demostró superado. En tal sentido, se modificará la decisión
impugnada, en aras de declarar la improcedencia del amparo, por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección B y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Juan Guillermo Valencia Aristizábal
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por no superar el requisito de relevancia
constitucional, conforme la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
16
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