Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06982-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06982-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06982-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06982-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-01
Accionante: María del Carmen Álvarez Posada y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Desplazamiento
forzado. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, a través de la cual negó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
Los señores María del Carmen Álvarez Posada; Erika María Ortega Álvarez; Ardair
Ortega Álvarez; Luis Alfredo Ortega Álvarez, en nombre propio y representación de
su hijo menor; Eli Johana Ortega Álvarez, en nombre propio y representación de su
hijo menor; Carmen Alicia Posada Chavez; Silvestre Miguel Posada Chavez;
Carmen Ceclia Posada Chavez; Roberto Emiro Posada Chavez; Digna Luz Posada
Chavez; Luis Carlos Posada Chavez; Olimpo Saturnino Posada Chavez; María del
Fátima Posada Chavez; Katia Milena Posada Chávez; e Isidro José Álvarez Chávez,
como agente oficioso de Blanca Rosa Imbett Videz y otros1 pretenden que se
protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre con la sentencia del 9 de abril de
2025 proferida en el proceso de reparación directa, al que se le asignó el número
de radicado 77001-33-33-008-2015-00136-00/01.
1 Pedro Manuel Martínez Imbett; Yuranis Diaz Imbett; Félix Alfonso y Gabriel del Cristo Herazo Imbett; Leticia
Josefa Barrios Mendoza; Lourdes e Ivana María González Barrios; Oscar David Barboza Barrios; Rosalba del
Rosario Guerra Cárdenas; Ángel Luis y Kellys Johana González Guerra; Judith del Socorro Barrios Mendoza,
Irene Atencio Barrios; Irene María Mendis Mendoza; Manuel Francisco Benítez Álvarez; Pedro Manuel, Luis
Miguel, Manuel Francisco, Milagro del Carmen Benítez González y Maricela del Carmen González Guerra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Los accionantes narraron que son miembros de distintas familias oriundas de la
vereda El Empedrado-Empresa Colombia, corregimientos de la Ventura y de San
Roque, jurisdicción del municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre, lugar
del que fueron desplazados forzosamente y del cual fue desaparecido el señor
Gabriel Antonio Álvarez Posada, debido a la violencia generalizada causada por
grupos al margen de la ley.
Que por lo anterior instauraron demanda de reparación directa en contra de la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, de la Policía Nacional, del
departamento de Sucre, del municipio de San Benito Abad, de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV) y del
Departamento para la Prosperidad Social, para que se les declarara responsables
por los daños causados.
Que el 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Sincelejo accedió parcialmente a las pretensiones, por lo cual ambas partes
interpusieron recurso de apelación y el 28 de junio de 2023, el Tribunal
Administrativo de Sucre revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad.
Que el 19 de diciembre de 2023, instauraron acción de tutela y el 22 de febrero de
2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia del 28
de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre y ordenó a esa
autoridad judicial dictar una decisión de reemplazo, en la que tuviera en cuenta la
regla establecida en el numeral vigésimo cuarto de la Sentencia SU-254 de 2013 de
la Corte Constitucional sobre la contabilización del término de caducidad.
Que en cumplimiento de la orden de tutela, el 9 de abril de 2025, el Tribunal
Administrativo de Sucre revocó la sentencia proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Sincelejo y, en su lugar, negó las pretensiones.
Consideran que la autoridad judicial que decidió en segunda instancia el proceso de
reparación directa incurrió en las siguientes causales específicas de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales:
i) defecto fáctico porque no valoró debidamente los testimonios de los señores Félix
Rafael Villareal Ramos y Roque del Cristo Ombett Buelvas, quienes dieron cuenta
de la violencia padecida por la comunidad de la vereda, así como el testimonio del
señor Jorge Luis Martínez Urrutia, alcalde encargado del municipio de San Benito,
en la época de los hechos, quien dio cuenta de a) la presencia del grupo guerrillero
frente 35 de las FARC en el municipio; b) que informó oportunamente a la Policía
Nacional, al Ejército Nacional y al departamento de Sucre de la grave situación de
orden público que se presentaba cuando ocurrieron los hechos en la vereda, la cual,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
en todo caso, era de público conocimiento; y c) que dichas entidades convocaron a
Consejos de Seguridad, pero no brindaron una solución al problema de seguridad.
Además, no decretó pruebas de oficio para dilucidar las posibles dudas sobre las
pruebas que demostraban que habían advertido a las autoridades competentes
sobre los hechos que originaron su desplazamiento, ni invirtió la carga de la prueba,
para solicitar a las entidades demandadas que aportaran los elementos materiales
que constataran si tenían conocimiento del riesgo y la violencia padecida por la
región;
ii) desconocimiento del precedente judicial, pues a) no aplicó el control de
convencionalidad en relación con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad, puntualmente la sentencia proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, ni tuvo en cuenta
que el daño reclamado era continuado; b) desconoció la Sentencia SU-168/23, en
la que la Corte Constitucional sentó reglas sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado por desapariciones forzadas en zonas de conflicto, cuando, a pesar de que
los responsables directos sean grupos armados ilegales, existió una omisión de
protección o aquiescencia de los agentes estatales; c) inobservó la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según la cual la desaparición
forzada de una persona puede ser determinante de la responsabilidad estatal,
cuando esta genera el desplazamiento de sus familiares; d) desatendió las
sentencias de la Corte Constitucional, concretamente la SU-035/2018 (sobre los
indicios como medios probatorios), la T-117/22 (acerca de la situación de
vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado respecto a la carga probatoria),
y la T-014/15, la SU-129/21 y la T-926/14 (en cuanto a la flexibilidad probatoria en
casos de graves violaciones de derechos humanos), así como las sentencias del 28
de agosto de 2014 (rad. 05001-23-25-000-1999-01063-01), del 27 de septiembre de
2013 (rad. 19.939), del 3 de diciembre de 2014 (rad. 73001-23-31-000-2003-01736)
y 14 de julio de 2016 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
iv) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que a) formuló de manera
errónea el problema jurídico, en la medida que excluyó la desaparición forzada del
señor Gabriel Antonio Álvarez Posada y únicamente centró el debate en el
desplazamiento forzado, a pesar de que en la fijación de litigio definida en la
audiencia inicial ambos fueron incluidos; y b) aplicó de manera irreflexiva la carga
de la prueba; y
v) defecto sustantivo por desconocer el artículo 167 del Código General del Proceso,
en la medida que no tuvo en cuenta que la violencia padecida en la región no
requería prueba, al tratarse de un hecho notorio.
PRETENSIONES
Los accionantes solicitaron que se deje sin efecto la sentencia del 9 de abril de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre y, en consecuencia, se ordene a
esa autoridad judicial dictar una decisión de reemplazo, en la que valore
debidamente los testimonios y se aplique el precedente sobre la flexibilización en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
valoración probatoria, y al municipio de San Benito Abad y la Defensoría del Pueblo
para que alleguen las pruebas que solicitaron en la demanda de reparación directa
y que no fueron allegadas.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 12 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó al Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional y a la Policía Nacional, al departamento de Sucre, al
municipio de San Benito Abad, a la UARIV y al Departamento para la Prosperidad
Social, como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Sucre guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional manifestó su oposición a las
pretensiones y solicitó negar el amparo, pues, de un lado, los fundamentos de la
sentencia del 9 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre se
realizaron teniendo en cuenta los medios probatorios allegados, la jurisprudencia y
la ley, y, de otro, no se cumplen con los requisitos de procedencia de la tutela, en
tanto lo pretendido es reabrir un debate judicial que se encuentra definido y
superado.
Indicó que en el proceso de reparación directa no se demostró la responsabilidad
de las entidades demandadas respecto a los daños alegados y, en cambio, se probó
que fueron ocasionados por grupos armados al margen de la ley; que, además, los
demandantes no probaron su calidad de desplazados, en la medida que no
acreditaron que fueran residentes en los lugares de los hechos o que ejercieran
actividades económicas de manera habitual, así como tampoco existió prueba sobre
la supuesta afectación.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó declarar
improcedente la acción o, en su defecto negar el amparo, ya que no se demostró
que al profesional del derecho que dice actuar como apoderado de los accionantes,
se le hubiera concedido poder por la totalidad de los solicitantes del amparo; no
tiene legitimación en la causa por pasiva frente a la responsabilidad por la presunta
falla del servicio; y no se cumplieron los requisitos de inmediatez, pues se superaron
los 6 meses previstos como prudenciales para acudir a esta acción, y de
subsidiariedad, ya que no se agotó el recurso extraordinario de revisión ni se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
Que tampoco se configuró algún defecto que haga procedente la acción ni una
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, pues la autoridad
judicial accionada, en ejercicio del principio de autonomía, efectuó un análisis del
material probatorio, basó su decisión en las normas aplicables al caso y actuó
conforme al procedimiento establecido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
El Ministerio de Defensa-Policía Nacional adujo que las garantías fundamentales
de los actores fueron salvaguardadas en el proceso y no existen elementos de juicio
que den cuenta de vulneraciones a las reglas procedimentales y sustanciales
definidas en la ley, distinto es que en el proceso no se haya demostrado fáctica y
jurídicamente que el desplazamiento fuera consecuencia de actuaciones u
omisiones de esa entidad.
Señaló que la tutela es plenamente improcedente, pues no se presenta un perjuicio
irremediable ocasionado a los peticionarios de la salvaguarda constitucional,
derivado de la determinación adoptada por las autoridades judiciales, por lo cual
pidió negar las pretensiones.
El Departamento de Sucre afirmó que la tutela es improcedente porque carece de
legitimación en la causa por pasiva; no se cumple el requisito de relevancia
constitucional; la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre en
cumplimiento de una orden de tutela extinguió el debate jurídico planteado en esta
acción; y lo pretendido por el actor es convertir la tutela en una instancia adicional,
para reabrir controversias concluidas.
La UARIV solicitó declarar la improcedencia de la acción, por existir cosa juzgada
constitucional y debido a que la tutela no es el mecanismo idóneo para proteger los
derechos de los accionantes, en tanto ya se profirió sentencia que puso fin al medio
de control de reparación directa, en el cual se efectuaron las valoraciones
probatorias correspondientes, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y en la
cual no se incurrió en los defectos alegados.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
en primer lugar, consideró que se cumplía el requisito de legitimación en la causa
por activa, pues en el auto admisorio se reconoció al abogado Jaime de Jesús Mier
Guerrero como agente oficioso de varios de los accionantes, en atención a que no
fue posible su localización, debido a su condición de desplazados.
En cuanto al fondo del asunto, determinó que no se configuraron los defectos
invocados; frente al defecto fáctico, expresó que el Tribunal accionado valoró los
testimonios alegados como desconocidos, pero concluyó que, si bien evidenciaban
el desplazamiento sufrido por los demandantes, no resultaban suficientes para
inferir la falla en la prestación del servicio de vigilancia y control por parte de las
entidades demandadas.
Expuso que, si bien no se decretaron pruebas de oficio, ello no comportaba la
afectación constitucional alegada, pues para la autoridad judicial no existían dudas
sobre los supuestos fácticos, sino falta de pruebas sobre la situación particular de
los accionantes sobre la omisión del deber de protección estatal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
Que, aunque los actores alegaron que debió invertirse la carga de la prueba, no
señalaron qué elementos debía requerir a cada entidad y, en todo caso, en la
sentencia discutida no se desconoció la situación de orden público que vivía el
departamento de Sucre, pues la negativa se circunscribió a la falta de demostración
del nexo causal.
Que tampoco se presentó una irregularidad procesal respecto a la limitación del
problema jurídico, pues el análisis jurídico sobre el que se circunscribía el litigio fue
fijado respecto al desplazamiento forzado desde la primera instancia y no sobre la
desaparición forzada.
Indicó que no se especificó de qué forma los postulados contenidos en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado eran
aplicables al caso, en tanto no señaló cuáles indicios debían tenerse en cuenta, qué
situaciones impidieron aportar el material probatorio para acreditar el nexo causal y
de qué forma debía flexibilizarse la valoración probatoria.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que los testimonios de los
señores Jorge Luis Martínez Urrutia, Félix Rafael Villarreal Ramos y Roque del
Cristo Ombett Buelvas no fueron valoradas integralmente, pues el primero de los
mencionados dio cuenta de que el departamento de Sucre, la Policía Nacional y el
Ejército Nacional tenían conocimiento de la situación de orden público presentado
en el municipio de San Benito Abdad, por la presencia del Frente 35 de las FARC,
a pesar de lo cual no brindaron ninguna solución, mientras los otros acreditaron los
hechos ocurridos y la falta de presencia institucional.
Que los Consejos de Seguridad que se realizaban cada dos meses, según los
testigos, constituían indicios que permitían inferir que, si se hubiera actuado de
forma oportuna, el desplazamiento forzado al que fue sometida se hubiera evitado,
lo que exigía una valoración probatoria flexible, acorde con la jurisprudencia, sin que
resultara procedente exigirle pruebas imposibles y, en cambio, debía tenerse en
cuenta que el nexo causal se podía acreditar con indicios, como ocurrió en el caso,
pues el Estado conocía el riesgo, pero omitió su deber legal de protección, lo que
generó el desplazamiento.
Adujo que la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias SU-429/24,
T-014/25 y T-025/04 ha establecido que la responsabilidad estatal por
desplazamiento no siempre requiere denuncias formales previas ante las
autoridades penales, sino que basta demostrar el hecho victimizante y el daño
antijurídico.
Que el yerro sobre la formulación del problema jurídico por parte del Tribunal ha
sido reiterativo, pues en distintas oportunidades le solicitó que lo efectuara conforme
quedó estructurado en la audiencia inicial, esto es, con la inclusión de la
desaparición forzada del señor Gabriel Antonio Álvarez Posada, pero ello no ocurrió,
lo que conllevó la vulneración de su derecho al debido proceso, máxime si se tiene
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
en cuenta que en la sentencia de primera instancia se accedió parcialmente a las
pretensiones, incluyendo dicha desaparición.
Que en la Sentencia SU-168/23 la Corte Constitucional unificó y sentó reglas claras
sobre la responsabilidad patrimonial por desapariciones forzadas, cuando ha
omitido su deber de protección o cuando ha existido aquiescencia, así como
también ha señalado que la desaparición forzada de una persona puede ser
determinante de responsabilidad cuando sus familiares se ven obligados a
desplazarse, y que debe flexibilizarse la valoración probatoria y tenerse en cuenta
los indicios, ante la imposibilidad de las víctimas del conflicto armado de aportar un
material probatorio robusto (sentencias SU-035/18, T-117/22 y T-014/25).
Adujo que la sentencia discutida riñe con la verdad procesal, las normas existentes,
los precedentes jurisprudenciales y los convenios internacionales aplicables al caso,
por lo cual solicitó revocar la decisión recurrida y acceder al amparo pedido.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
2
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. [...]..
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. [...].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. [...].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...]. »
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...].
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...].
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»4
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.
[...]. “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”6. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, [...].. Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela 7»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
Esta Subsección encuentra cumplidos los requisitos generales de procedencia en
los mismos términos expuestos en la sentencia recurrida, con excepción del
requisito de subsidiariedad en relación con la irregularidad alegada, respecto a la
fijación del litigio, como se procede a explicar.
Los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la
sentencia del 9 de abril de 2025, incurrió en defecto procedimental porque excluyó
del litigio la desaparición forzada del señor Gabriel Antonio Álvarez Posada y
únicamente circunscribió el debate al desplazamiento forzado.
En esa medida, se observa que los solicitantes del amparo, en últimas, lo que
plantean es que en la providencia discutida se transgredió el principio de
congruencia por no decidirse sobre la totalidad de las pretensiones de la demanda,
para lo cual cuentan con el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en
la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
4
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-074 de 2022.
7
Sentencia SU-072 de 2018.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
consistente en la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, la cual resulta
procedente para alegar la supuesta vulneración al derecho fundamental al debido
proceso por la transgresión del principio de congruencia.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-026/21, luego de referirse a las
causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las
irregularidades que apunta a corregir, expresó que ello erige, en materia
contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«(…) De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la
innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión
cuando se busca proteger este derecho: “A través de ese medio [recurso
extraordinario especial de revisión] se plantearía la controversia sobre el
debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un
pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez
competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y el
de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta
claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos
judiciales concurrentes (…)»
De tal manera, ante la existencia de otro medio judicial para reclamar la protección
de los derechos que se invocan como conculcados por la transgresión del principio
de congruencia, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad en cuanto a la transgresión del principio de congruencia,
con mayor razón cuando no está demostrada la probable configuración de un
perjuicio irremediable.
Frente a los demás defectos se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad,
por lo cual se procederá a su estudio, previo análisis de los razonamientos que
sirvieron de fundamento al Tribunal Administrativo de Sucre para revocar la decisión
de acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa.
En la sentencia del 9 de abril de 2025, el Tribunal determinó que estaba demostrado
el desplazamiento forzado y que este se produjo debido a la desaparición forzada
del señor Gabriel Antonio Álvarez Posada, que los obligó a migrar de su lugar de
residencia en el corregimiento de San Roque, municipio de San Benito Abad, según
las pruebas documentales y los testimonios rendidos.
Sin embargo, evidenció que de las declaraciones y demás elementos probatorios
no se infería la falla en la prestación del servicio de vigilancia y control por parte de
las entidades demandadas, esto es, el nexo causal entre el daño y la supuesta
omisión de los órganos de seguridad a los que se les atribuyó aquel, a pesar de que
la carga probatoria recaía en los demandantes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
Al respecto, la autoridad judicial observó que no estaba acreditado que los actores
hubieran advertido a las autoridades competentes sobre los hechos que originaron
su desplazamiento o las circunstancias que generaron el temor por su integridad
física y llevaron a su huida, o hubieran formulado denuncia para activar los
mecanismos de seguridad del Estado y generar con ello la posición de garante,
dado que el «Estado no es omnímodo, ni omnipresente, pues ello configuraría un
imperativo de casi imposible cumplimiento y un análisis abstracto de
responsabilidad que conllevaría a (sic) convertir el juicio de responsabilidad en un
mecanismo de aseguramiento universal».
Efectuado el anterior recuento, esta Subsección encuentra que el Tribunal
Administrativo de Sucre valoró los testimonios de los señores Jorge Luis Martínez
Urrutia, Félix Rafael Villareal Ramos y Roque del Cristo Ombett Buelvas, pero
concluyó que ninguno de ellos daba cuenta de que los demandantes hubieran
informado de alguna situación de riesgo que generara el deber de las entidades de
adoptar medidas concretas de protección.
En ese entendido, si bien los actores hicieron especial énfasis en que el primero de
los señalados, quien, valga aclarar, afirmó desempeñar el cargo de secretario de
educación de la Alcaldía de San Benito Abad, informó que la Policía Nacional, el
Ejército Nacional y el departamento de Sucre tenían conocimiento de la situación
de violencia en el territorio, lo cierto es que la conclusión a la que se llegó en la
sentencia es que esas entidades no habían sido informadas por los accionantes de
la situación en la que se encontraban y hubieran solicitado protección, argumento
que no fue desvirtuado por los demandantes a través de dicha prueba ni de ninguna
otra.
Ahora, en cuanto al decreto de pruebas de oficio, resulta necesario precisar que
dicha facultad del juez procede cuando este advierte la necesidad de esclarecer los
hechos o dilucidar aspectos difusos, pero no para suplir la carga probatoria de las
partes. En todo caso, los accionantes se limitaron a afirmar que debió invertirse la
carga de la prueba para que las entidades demandadas aportaran los elementos de
convicción sobre el conocimiento del riesgo y la violencia padecida en la región, sin
precisar las pruebas puntuales que daban cuenta de esa situación, como hubiera
podido ser, por ejemplo, las denuncias echadas de menos por la autoridad judicial.
Lo expuesto desvirtúa la configuración del defecto fáctico alegado, así como el
defecto procedimental sobre la carga de la prueba, pues el Tribunal accionado
valoró los elementos probatorios, acorde con las reglas de la sana crítica y dentro
del marco de su autonomía e independencia judicial.
En cuanto al defecto sustantivo, se observa que en la sentencia discutida no se
desconoció la violencia padecida en la región de la que fueron desplazados los
accionantes, con base en las pruebas aportadas, por lo que no se encuentra
demostrada la transgresión del artículo 167 del Código General, en tanto el material
probatorio fue el que le permitió al Tribunal hallar demostrada esa situación, distinto
es que no encontró probado el nexo causal entre el desplazamiento y la omisión de
las entidades, elemento necesario para declarar la responsabilidad estatal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
Finalmente, respecto al desconocimiento del precedente judicial, se observa que los
accionantes aludieron a diversas sentencias tanto del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional sobre los indicios y la flexibilidad probatoria; sin embargo,
esta Sala evidencia que el Tribunal analizó cada una de las pruebas obrantes en el
expediente, pero no halló acreditada la omisión del deber de vigilancia y control de
las entidades demandadas, la cual, si bien podía hallarse probada a partir de
indicios, no podía ser presumida por la autoridad judicial ante la falta de pruebas
sobre el conocimiento puntual de las entidades en cuanto a la situación particular
de los accionantes.
Respecto a la Sentencia SU-168/23 proferida por el máximo tribunal constitucional,
debe aclararse que en la providencia no se desconoció que el desplazamiento
forzado ocurrió a raíz de la desaparición forzada del señor Gabriel Antonio Álvarez
Posada, pero no encontró que las autoridades demandadas hubieran desconocido
sus deberes y que ello hubiere generado el daño, lo que impidió acceder a las
pretensiones.
Por último, se observa que no resulta de recibo el reparo de los accionantes sobre
el desconocimiento de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile sobre la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ya que la caducidad no
constituyó la razón para negar las pretensiones.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto negó
el amparo, con excepción de la presunta transgresión del principio de congruencia,
respecto del cual se revocará, para, en su lugar, declarar improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto negó el
amparo, y REVOCARLA respecto a la presunta transgresión del principio de
congruencia, para, en su lugar, DECLARARLA improcedente, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 6 89 2- 0 1
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.