Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06989-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06989-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06989-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06989-00
Accionante: Lauren Vanessa Franco Guerrero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Tema: Derecho de petición. Entrega incompleta de información
relacionada con procesos judiciales- delito de feminicidio. NIEGA
AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Lauren Vanessa Franco
Guerrero, en nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura-
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE).
ANTECEDENTES
La accionante solicita se ampare su derecho fundamental de petición, que considera
vulnerado por la parte accionada.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 17 de julio de 2025 elevó ante el Consejo Superior de la Judicatura solicitud
de información relacionada con el número de procesos que se tramitaron por el
delito de feminicidio.
Que el 12 de septiembre de 2025 la entidad accionada contestó la petición de
manera incompleta porque: 1) la información que se pidió fue desde el año 2015,
pero la entidad dijo que solo la tiene desde el año 2020; 2) la información entregada
no permite desagregar los datos por ubicación, fecha de los hechos, edades y
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relación de las víctimas con los agresores y 3) la documentación que se- Archivo Central.
suministró
no permite identificar las decisiones judiciales por tipo de delito.
Considera que el argumento de la entidad accionada sobre las limitaciones del
sistema SIERJU impide un control social y periodístico sobre la actuación de las
instituciones encargadas de impartir justicia, teniendo en cuenta «la gran cantidad
de juzgados en el país y el alto número de feminicidios que se presentan en
Colombia, acudir a cada juzgado individualmente para obtener esta información
constituiría un impedimento claro a la labor periodística», pues Voces Francas
es un medio independiente con poco personal y recursos.
PRETENSIONES
La accionante pide que se le ordene al Consejo Superior de la Judicatura entregar
la información completa «tal como la solicité, cumpliendo los parámetros del derecho
de petición lo que me permitiría continuar en mi labor periodística».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 7 de noviembre de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a la
entidad accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Unidad de Desarrollo Análisis Estadístico (UDAE) del Consejo Superior de
la Judicatura señaló que mediante Oficio UDAEO25-3648 del 12 de septiembre de
2025 contestó de manera clara, precisa y congruente la petición del 17 de julio del
año en curso.
Adujo que es un órgano administrativo del poder judicial de Colombia que se
encarga del gobierno y administración integral de la Rama Judicial, ejerce funciones
netamente administrativas, conforme al marco normativo señalado principalmente
en la Constitución Política, la Ley 270 de 1996, la Ley 2430 de 2024 y demás que
regulen la materia.
El sistema de información estadística de la Rama Judicial tiene como propósito el
acopio, procesamiento y análisis de la información que contribuya a generar
indicadores de gestión de la Rama Judicial y el control de rendimiento de las
corporaciones y despachos judiciales, para calificar la eficiencia o rendimiento de
los funcionarios de carrera.
Por lo anterior, estima que en el caso concreto no existe obligación constitucional o
legal del Consejo Superior de la Judicatura de tener los datos solicitados por la
accionante; por lo que, pidió que se niegue el amparo invocado.
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Se decidirá previas las siguientes, - Archivo Central.
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición
y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido»1.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias
T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
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de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2. - Archivo Central.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Lauren Vanessa Franco Guerrero estima que el Consejo
Superior de la Judicatura le transgrede su derecho fundamental de petición, por no
contestar la solicitud realizada el 17 de julio de 2025 dentro del término que
consagra la Ley 1755 de 2015 y no suministrar completa la información.
Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente la Sala observa lo siguiente:
Petición del 17 de julio de Respuesta - Oficio UDAEO25-3648 del 12 de
2025 septiembre de 2025
Pregunta núm. 1: Número «el Sistema de Información Estadística de la Rama
total de procesos judiciales Judicial – SIERJU, acopia la información sobre el
registrados ante los despachos movimiento consolidado de procesos de los despachos
judiciales por el delito de del país por tipo de proceso, el cual permite conocer las
feminicidio. Por favor, entregar estadísticas para el delito de feminicidio, a partir del año
la información discriminada por 2020. En este sentido, me permito remitir un archivo en
departamento, ciudad y formato Excel que contiene el movimiento de procesos
municipio de los hechos, fecha por el delito de Feminicidio, conformado por ingresos y
de los hechos, edades de las egresos efectivos e inventario final, así como los
víctimas y relación del egresos por preclusiones para cada uno de los
señalado agresor con las despachos judiciales, detallando el distrito judicial,
víctimas. municipio, entre otras desagregaciones durante los
años 2020 a 2024 y enero a junio 2025.
En cuanto a los datos de ubicación y fecha de los
hechos, así como las edades y relación de los
agresores y víctimas, cordialmente le comunico que el
sistema SIERJU no permite desagregar de manera
detallada los datos que identifiquen los casos concretos
de su petición, toda vez que el sistema recauda la
estadística de gestión de procesos sin incluir
información individualizada de cada asunto que permita
conocer los datos de las partes involucradas, así como
información de ubicación y fecha de los procesos».
Pregunta núm. 2: De ese total, «le informo que no es dable catalogarlas como
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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Petición del 17 de julio de Respuesta - Oficio UDAEO25-3648 del - Archivo
12 de Central.
2025 septiembre de 2025
indicar cuántos procesos condenatorias o absolutorias, ya que estas pueden
llegaron efectivamente a juicio contener pluralidad de procesados con decisiones
oral y cuántos procesos diferentes, por lo cual se procede con la entrega de
continúan en trámite, el número cantidad de procesos terminados en sentencia y
de procesos que culminaron número de personas condenada (sic) por el delito de
en: sentencias condenatorias, Feminicidio en la hoja denominada “sentencias” del
sentencias absolutorias, archivo Excel, teniendo en cuenta las formas de
preclusión, cesación de condena por sexo y la ley por la cual se tramitaron los
procedimiento. Para los casos procesos».
de las sentencias absolutorias,
preclusión o cesación, anexar Precisó que las peticiones frente al Consejo Superior
copia de los documentos que de la Judicatura se entienden respecto de sus
expliquen las razones por las funciones consagradas en la Constitución Política y en
cuales se tomó dicha la Ley 270 de 1996 «en particular sobre los indicadores
determinación. Además, de gestión y desempeño de los despachos judiciales, el
indicar en qué juzgado se sistema de información estadística y los informes al
realizó cada una de las Congreso de la República, pero excluyen el contenido
audiencias. de las decisiones jurisdiccionales»; de ahí que, la
información pedida no está a cargo de esa entidad, sino
de cada uno de los despachos judiciales.
Pregunta núm. 3: Número de «el sistema SIERJU no permite identificar las
casos en los que el juez o decisiones judiciales por tipo de delito, con lo cual y
tribunal decretó libertad del dada la particularidad de la consulta no se dispone en
procesado por vencimiento de la estructura de las bases de datos. De igual manera, le
términos, especificando si el recuerdo que el sistema no permite detallar estadísticas
proceso continuó de las decisiones judiciales».
posteriormente y cuál fue el
resultado: condena,
absolución, archivo, sigue en
trámite. Anexar las copias de
las decisiones judiciales que
expliquen las razones por las
cuáles se dejó al acusado en
libertad por vencimiento de
términos.
Pregunta núm. 4: De los «no es posible detallar datos individualizados de cada
procesos en que el juez o el proceso que permitan identificar las etapas y estado de
tribunal decretó libertad por los procesos judiciales, con lo cual y dada la
vencimiento de términos, particularidad de la consulta no se dispone en la
especificar: ¿cuál es el estado estructura de las bases de datos».
actual del acusado (libre y
proceso cerrado, libre en
espera de decisión, absuelto,
condenado posteriormente,
fugitivo, sujeto a orden de
captura, otro (indicar cual))? Si
se encontraba sujeto a una
orden de captura o medida de
aseguramiento por favor
indicar si esta fue cumplida o
no y cuánto tiempo tomó la
captura o medida de
aseguramiento desde que se
dictó la misma.
Pregunta núm. 5: Sobre los «la información que reposa en las bases de datos del
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Petición del 17 de julio de Respuesta - Oficio UDAEO25-3648 del - Archivo
12 de Central.
2025 septiembre de 2025
tiempos procesales indicar: el sistema SIERJU no contemplan la identificación
promedio de duración de los proceso a proceso, ni se acopian las fechas que
procesos por feminicidio desde permitan caracterizar los tiempos procesales de los
la radicación de la imputación asuntos que llevan los despachos, por lo que no es
hasta la sentencia de primera dable proporcionar la información de los tiempos
instancia. Asimismo, desde la procesales.
sentencia de primera instancia Sin embargo, me permito dar a conocer la última
hasta la decisión de segunda medición de tiempos y costos procesales realizada,
instancia (si aplica). mediante el estudio aplicado con trabajo de campo
sobre expedientes terminados con representatividad
nacional y publicada en el año 2015, donde podrá
consultar según el tema de su interés más
detalladamente, los tiempos estimados de acuerdo con
la tipología del proceso».
Los artículos 2563 y 2574 de la Constitución Política y 755 de la Ley 2430 de 2024,
que modificó la Ley 270 de 1996, describen las atribuciones y funciones que tiene
el Consejo Superior de la Judicatura.
El Acuerdo PSAA16-10476 de 20166 reglamenta el Sistema de Información
Estadística de la Rama Judicial (SIERJU):
«ARTÍCULO 1°.- Definición. El Sistema de Información Estadística de la
3 ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según
el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:
1. Administrar la carrerá judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que
deba hacerla. Se exceptua la jurisdicción penal militar que se regira por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de
los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de
conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley.
(Artículo derogado por el artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante
Sentencias de la Corte Constitucional C-029 de 2018 y C-373 de 2016. Declarado INEXEQUIBLE, mediante
Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)
4 ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplira las siguientes funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el
Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto
global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los
trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos
por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y
procedimentales.
5. Las demás que señale la ley.
(Derogatoria tacita del artículo 257 por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015 declarada INEXEQUIBLE
mediante Sentencia de la Corte Constitucional)
5 «ARTÍCULO 75. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. El Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde al gobierno y la administración de la Rama Judicial, decidir y hacer seguimiento
permanente a la ejecución de las políticas, planes y programas que adopte con el fin de garantizar la autonomía
e independencia judicial, el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial y la tutela judicial efectiva».
6 «Por el cual se ajusta el Reglamento del Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial–
SIERJU»
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Rama Judicial-SIERJU, es un conjunto de datos, herramientas, - Archivo Central.
procedimientos y procesos, cuyo propósito es el acopio,
procesamiento y análisis de la información que contribuya a apoyar
la toma de decisiones por parte de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
ARTÍCULO 2°.- Importancia de la Información.- La información reportada
al Sistema de Información Estadística de la Rama judicial SIERJU,
permite la conservación de la memoria histórica de las cifras de la gestión
judicial y se constituye en el insumo básico para la toma de decisiones,
la generación de los indicadores de gestión de la Rama Judicial, el
control de rendimiento de las Corporaciones y Despachos judiciales
y el establecimiento de los indicadores requeridos para la
calificación del factor eficiencia o rendimiento de los funcionarios
de carrera.
ARTÍCULO 3°.- Alcance. El Sistema de Información Estadística de la
Rama Judicial SIERJU comprende la totalidad de despachos judiciales
de nivel municipal, circuito, tribunal y Altas Cortes, así como los Centros
de Servicios para los cuales se tenga definido el formulario de recolección
de información». (negrilla fuera de texto original)
La accionante argumenta que la información que el Consejo Superior de la
Judicatura le entregó es incompleta porque no le permite: 1) desagregar los datos
por departamento, ciudad, municipio, fecha de los hechos, edades de las víctimas y
relación de estas con sus agresores; 2) conocer cómo terminaron los procesos
penales, esto es, con sentencias condenatorias, absolutorias o preclusión de la
acción penal y 3) saber si el acusado se encuentra libre o privado de la libertad.
Sobre el particular, la Sala observa en primer lugar, que si bien la accionada excedió
el término de respuesta a la solicitud, lo cierto es que para cuando se presentó la
acción de tutela, 6 de noviembre de 2025, ya había dado respuesta a la solicitud
radicada por la actora el 17 de julio de 2025, pues esta fue suministrada el 12 de
septiembre del mismo año.
En segundo lugar, la información que le entregó la Unidad de Desarrollo Análisis
Estadístico (UDAE) del Consejo Superior de la Judicatura a la tutelante corresponde
a los insumos que estos recopilan para medir el rendimiento de las corporaciones y
los despachos judiciales y tener como referencia dichos indicadores para la toma de
decisiones, las cuales son netamente administrativas; de donde no puede
predicarse trasgresión al derecho de petición de la accionante ni impedimento para
el ejercicios de su labor periodística.
La exigencia de la entrega de información individualizada de los procesos judiciales
que se surten ante cada despacho judicial en relación con el delito de feminicidio,
escapa a las atribuciones y funciones que la Constitución y la ley le otorgó a la
entidad, por lo que esta no está obligada a brindar insumos de los cuales no tiene
conocimiento ni el deber de recopilarlos. En consecuencia, se negará el amparo
invocado.
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• Archivo Central.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela que interpuso la señora Lauren Vanessa
Franco Guerrero, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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