Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06996-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06996-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06996-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06996-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
12 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Accio de tutela por mora judicial. Requisitos de configuración
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Magda Marleny Cárdenas Suárez en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Magda Marleny Cárdenas Suárez, en nombre propio, presentó escrito de tutela mediante
el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la protección integral a la familia, a la igualdad y a la no
discriminación por género y a la tutela efectiva1, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B, con ocasión de la
demora injustificada en proferir sentencia al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 25000-23-41-000-2024-
02107-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. La señora Magda Marleny Cárdenas presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 22EB628084CD74A7 03712FB7FA393DA7 3480F6C56BE22406
A2CE353F43BC65C0.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
“1. Que se declare nulidad del Acto Administrativo bajo Resolución con Radicado No.
20243400000168061 proferido por el Instituto de Bienestar Familiar el 22 de mayo de
2024 por la Defensora de Familia con funciones de Secretaría del Comité de
Adopciones en el ICBF Regional Bogotá, Rosa Elvira Castro Riveros, mediante el
cual, se da por retira (sic) y se da por terminado el proceso de adopción iniciado desde
Diciembre de 2021 por MAGDA MARLENY CARDENAS SUAREZ bajo el asunto
“desistimiento tácito proceso de preparación evaluación para ser padres por la vía de
adopción SIM No 1762914597.
2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar revoque el acto administrativo y se continúe el trámite del proceso
de adopción adelantado por Magda Marleny Cárdenas Suárez en la fase en la que se
encontraba antes de proferido el acto administrativo mencionado en el punto anterior.
3. Se designe un equipo técnico e idóneo por parte del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para el acompañamiento al proceso de adopción adelantado por
Magda Marleny Cárdenas Suárez.”
2.2. El asunto fue asignado al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá,
autoridad que, mediante auto del 19 de noviembre de 2024, declaró su falta de
competencia, toda vez que (i) el proceso carecía de cuantía y (ii) el acto administrativo
demandado había sido proferido por una autoridad del orden nacional. En consecuencia,
ordenó remitir el expediente a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
2.3. El medio de control fue identificado con el radicado 25000-23-41-000-2024-02107-
00 y correspondió por reparto a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Dicha autoridad judicial, mediante proveído del 24 de
enero de 2025, inadmitió la demanda y ordenó a la accionante precisar los fundamentos
de derecho y el concepto de violación, “teniendo en cuenta los cargos de nulidad y la
técnica jurídica para su formulación, en los términos del ordinal 4.° del artículo 162 del
CPACA”. Para tal efecto, le concedió a la demandante un término de diez (10) días para
subsanar los yerros, so pena de rechazo.
2.4. Allegada la subsanación en término, el despacho sustanciador, con auto del 28 de
febrero de 2025, admitió la demanda y ordenó notificar al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF, entre otras cosas. La mencionada providencia se notificó el 8
de abril de 2025.
2.5. El ICBF contestó la demanda y propuso excepciones, por lo tanto, el 17 de junio de
2025, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
corrió traslado a las partes y fijó en lista desde el 18 de junio de 2025 hasta el 24 de junio
siguiente.
2.6. La parte actora indicó que la última actuación que registra SAMAI data del 25 de
junio de 2025 y que, desde entonces, han transcurrido más de cuatro meses sin que
hubiese emitido pronunciamiento alguno.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la protección familiar, a la
igualdad y a la tutela efectiva judicial. Como consecuencia de ello, pidió: (i) ordenar al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B que, dentro de
los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva de fondo la
solicitud de amparo, profiera sentencia de fondo al interior del proceso radicado 25000-
23-41-000-2024-02107-00; (ii) disponer que la autoridad judicial accionada evalúe la
procedencia de emitir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182 del
CPACA; (iii) reconocer el impacto diferenciado por razón de género y la familia y ordenar
medidas correctivas para evitar dilaciones similares; y (iv) remitir copia de la sentencia a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para lo de su competencia.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la mora en la
que ha incurrido la autoridad judicial ha vulnerado sus garantías fundamentales, pues ha
prolongado un estado de incertidumbre emocional y familiar, que afecta su estabilidad
psíquica y el vínculo con el menor involucrado.
3.3. Sostuvo que la demora judicial configuraba una forma de violencia institucional por
omisión, contraria al deber reforzado de protección hacia las mujeres y familias, conforme
a la señalado por la Corte Constitucional en las sentencias T-878/14 y SU-080/20.
3.4. Adujo que conforme a las sentencias T-212/12, T-698/04, T-1074/02, SU-961/99
emitidas por la Corte Constitucional, la mora judicial se encontraba configurada por:
“• Exceso temporal: más de cuatro meses sin actuación.
• Ausencia de complejidad: asunto de puro derecho sin pruebas pendientes.
• Inactividad del despacho: última actuación en junio de 2025.
• Afectación diferenciada: repercute en la integridad emocional y familiar de la
accionante”2.
3.5. Por otra parte, arguyó el artículo 42 de la Constitución “ordena proteger integralmente
la familia como núcleo esencial de la sociedad, y los artículos 13 y 43 imponen un deber
de protección reforzada a la mujer. En armonía con la Ley 1257 de 2008, la CEDAW y la
Recomendación General No. 33 del Comité CEDAW, los jueces deben aplicar un enfoque
de género y de familia en los casos donde las demoras judiciales agraven las cargas
emocionales y afectivas de las mujeres”3.
3.6. Finalmente, explicó que en el proceso objeto de amparo no había pruebas por
practicar y el asunto se trataba de pleno derecho, por lo que se ajustaba a lo dispuesto
en el artículo 182ª del CAPCA para dictar sentencia anticipada.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 22EB628084CD74A7 03712FB7FA393DA7 3480F6C56BE22406
A2CE353F43BC65C0.
3 Ibid.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
4. Trámite de tutela e intervenciones
El Despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 10 de noviembre de 20254,
admitió la acción de tutela, vinculó como tercero con interés al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF; requirió a la autoridad accionada para que aportara el
expediente objeto de amparo, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B5
remitió el expediente digital del proceso ordinario y se opuso a las pretensiones de
amparo. Puso de presente que desde la fecha que ingreso el expediente al despacho (25
de junio de 2025) habían transcurrido algo más de cuatro meses, para proveer sobre la
siguiente etapa procesal, que corresponde a “la solución de las excepciones previas
propuestas por la autoridad demandada en su contestación de la demanda”6. Por lo tanto,
consideró que no se advertía la existencia de un lapso irrazonable que permitiera concluir
la configuración de una mora judicial que haya generado la vulneración de las garantías
invocadas por la accionante.
Resaltó que el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la
Ley 2430 de 2024, establece el sistema legal de turnos para la tramitación y decisión de
los procesos judiciales. Sobre el particular, advirtió que la Corte Constitucional en
sentencia C-483 de 2008 señaló que las manifestaciones del derecho de acceso a la
administración de justicia consistían en que los asuntos fueran resueltos sin demoras
injustificadas.
No obstante, añadió que, no solo las decisiones de fondo deben esperar su turno, sino
también las providencias de trámite, con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los
usuarios de la administración de justicia y la transparencia en la gestión judicial.
Aunado a lo anterior, indicó que la norma citada contempla excepciones a la regla del
turno cronológico, las cuales solo pueden aplicarse en los casos expresamente
señalados por el legislador, cuando existan circunstancias extraordinarias que justifiquen
alterar dicho orden. Sin embargo, el ejercicio de esa facultad no corresponde a todos los
jueces, sino únicamente a determinados órganos judiciales de mayor jerarquía
De otra parte, manifestó que no se configuraba la vulneración alegada, dado que “todas
las actuaciones se han adelantado conforme al sistema legal de turnos previsto en la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, lo que garantiza la observancia del principio de
igualdad en la atención y decisión de los asuntos sometidos a conocimiento judicial”7
4 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado ECC21AC7F2B4EEF6 74EBFE3D08308EBA 8F79F401F2AD6505
858AA48B24CC1736.
5 Índices 00008 del aplicativo SAMAI,certificado F980ABA0B2DEEE0D AD2BC2C4099E1014 2B42308097A9929D
128C9762C8936EFC.
6 Ibid.
7 Ibid.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
Adicionalmente, señaló que la decisión de las excepciones previas, que se encuentra
pendiente de resolver, se hará con respeto de los turnos de los procesos que se
encuentran también pendientes de dicho trámite, en la medida de las posibilidades reales
de respuesta con que cuenta actualmente ese Despacho, en atención a las “condiciones
existentes de personal y el volumen de trabajo”.
Lo anterior, dada la “especificidad y especialidad de los procesos que se tramitan en la
Sección Primera de esta Corporación, los cuales, por mandatos expresos y perentorios
de la ley, tienen prelación de turnos para proferir la respectiva sentencia como lo son por
ejemplo: a) las acciones de tutela cuyo término para emitir fallo es de 10 días (artículo 29
del Decreto 2591 de 1991), b) las insistencias las cuales deben ser decididas en un lapso
de 10 días (artículo 26 de la Ley 1437 de 2011), c) las objeciones y observaciones que
deben ser falladas en un lapso de 10 días (numeral 3 del artículo 121 del decreto Ley 133
de 1986), d) las acciones de cumplimiento cuya sentencia debe ser emitida en 20 días
(artículo 13 de la Ley 393 de 1997), e) los medios de control electoral los cuales deben
ser fallados en 20 días (inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011), f) las
acciones populares cuya sentencia debe ser emitida en 20 días (artículo 34 de la Ley 472
de 1998) y, g) las acciones de grupo cuyo fallo debe ser proferido en el término de 20
días (artículo 64 de la Ley 472 de 1998)”8.
4.2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF9 a pesar de haber sido
notificado en debida forma, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Magda
Marleny Cárdenas Suárez al ser la titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dada su condición de demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho adelantado bajo el radicado número 25000-23-41-000-2024-02107-00.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B dado que es la
autoridad a quien se le atribuyó la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante, en relación con el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que tiene a su cargo.
8 Ibid.
9 Índices 00007 del aplicativo SAMAI, certificado 719806BD4581BB85 7E9A508D2B20340C 8C47E198D2F0D834
28B8179ED6A11021.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la presunta mora
judicial alegada en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley10.
Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4.1. Subsidiariedad.
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló
en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 199111.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial12.
10 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
11“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
12 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
La Corte Constitucional13 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.
4.2. Mora judicial
El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que
“[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán
perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 14 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.
No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara
que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de
diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del
proceso sea irrazonable”15. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios
judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es
injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el
cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia16.
Adicional, la jurisprudencia constitucional17 ha identificado eventos en los que se genera
mora judicial a pesar de la diligencia del funcionario, dentro de los que se encuentra i) la
complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el
legislador; ii) existen problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga
laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.
13 Sentencia C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una
justificación debidamente acreditada que explique la mora18. Lo anterior implica que, aun
cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una determinación,
dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una
decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se
advierte la existencia de un motivo válido que justifique el retraso, conforme al concepto
jurisprudencial de “mora judicial justificada” 19.
4.3. De la perspectiva de género
De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-311 del 30
de julio de 201820, “la tipificación de la violencia como delito en contra de la familia deviene
del imperativo establecido en el artículo 42 superior21, según el cual esta institución debe
asumirse como el núcleo fundamental y básico de la sociedad22, en esa medida, por
tratarse de uno de los bienes sociales más sensibles e importantes para asegurar una
vida en comunidad realmente pacífica, su respeto no solo está en cabeza del Estado,
sino que hace parte de los deberes ciudadanos. Esa premisa impone considerar que
cualquier daño y/o desequilibrio que sufra la familia irradia al resto de la sociedad y, a la
vez, su adecuado desarrollo redunda en beneficio del resto de la comunidad23 (…)”.
Si dicha violencia es ejercida específicamente en contra de las mujeres se ha entendido
que tiene una dimensión de género que suele tomar básicamente tres formas24: física,
sexual y psicológica, que acostumbra a concretarse en ámbitos de violencia intrafamiliar,
sexual, trata de personas y situaciones de desplazamiento forzado, entre otras.
En cualquiera de sus manifestaciones, diversos mecanismos internacionales han
reconocido que la violencia en contra de la mujer es “reconocida como una violación a
los derechos humanos y como una forma de discriminación” (Comité CEDAW,
Recomendación General n.º 19), en virtud de la cual se “menoscaba gravemente los
derechos de las mujeres e impide el goce efectivo de sus derechos” (Convención Belém
do Pará).
18 SU-179 de 2021.
19 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo
de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para ello ha
acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la
inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del
caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se
debaten en el trámite.”
20 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
21 Original de la cita: «La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables (…)».
22 Artículos 5 y 42 de la Constitución Política.
23 Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994, reiterada en la C-271 de 2003 y en la C-022 de 2005.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2014, rad. 20001-23-31-000-
2005-01640-01(40411), M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2015 estableció como premisas
del tratamiento judicial de las conductas de violencia contra la mujer a) el derecho a un
recurso judicial efectivo y b) la garantía de las víctimas a la no repetición y el deber del
Estado de evitar su revictimización, así:
“(…) De esta manera, la primera garantía que tiene la persona que ha sido víctima de
un delito es acudir a las autoridades para solicitar protección cuando su vida o su
integridad se encuentren amenazadas para evitar que se vuelva a cometer en su
contra un delito o que se presenten represalias por la denuncia, independientemente
de las medidas penales que se adopten en el proceso, pues en muchas ocasiones
éstas exigen aplicar procedimientos y requisitos que las pueden prolongar.25.
En esa misma línea, en la sentencia T-735 de 2017 la Corte Constitucional hizo referencia
a los deberes de las autoridades públicas cuando conozcan denuncias sobre actos de
violencia en contra de mujeres que se desarrollan en el marco de las obligaciones
estatales relativas a la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia
contra la mujer, ratificadas en diferentes tratados internacionales y desarrolladas en la
Ley 1257 de 2008, pronunciamiento en el que estableció que tales compromisos
constituyen un parámetro de interpretación y aplicación en relación con todas las medidas
de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra
las mujeres.
Por su parte, en la sentencia T-093 de 2019 la misma Corporación explicó que el deber
judicial de aplicar el enfoque diferencial con perspectiva de género en todos aquellos
casos en los cuales se tenga sospecha de una posible situación de violencia de género
es la expresión del derecho fundamental a una vida libre de violencias, en su dimensión
positiva, ya que dicha “obligación a su vez, vincula a todas las jurisdicciones y en todos
los procesos. Esto no significa, sin embargo, que el juez falle a favor de una mujer por el
hecho de serlo, sino que tiene que desplegar todas las acciones tendientes a comprobar
la existencia de una forma de violencia, como la doméstica en el presente caso.
Asimismo, la dimensión positiva implica el deber judicial de no caer en razonamientos
estereotipados.”.
Ahora bien, en la sentencia SU-080 de 2020 la Corte Constitucional enfatizó y delimitó el
asunto en el sentido de precisar que el analizar un caso con perspectiva de género de
mujeres afectadas o víctimas de violencia i) no conlleva una actuación parcializada del
juez en su favor sino, por el contrario, su independencia e imparcialidad, y que, además,
ii) ello comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe estereotipos de género
discriminatorios; por esta razón, entendió que “la actuación del juez al analizar una
problemática como la de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues,
el conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la temática en cuestión -
constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes necesarios al construir una
interpretación ‘pro fémina’, esto es, una consideración del caso concreto que involucre el
espectro sociológico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto
de la discriminación ejercida sobre la mujer. Se trata por tanto de, utilizar las fuentes del
25 Corte Constitucional, sentencia T-311 de 2018.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho interno, para buscar
la interpretación más favorable a la mujer víctima”.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que (i) declarará la improcedencia de la acción respecto de las
solicitudes de dictar sentencia anticipada y remitir copias de la actuación ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial por no superar el requisito de subsidiariedad y (ii) negará
el amparo solicitado respecto a la mora judicial alegada, por las razones que se exponen
a continuación:
5.1. Análisis del requisito de subsidiariedad
5.1.1. La Sala pone de presente que la parte accionante solicitó que se ordenara al juez
de la causa que estudiara la posibilidad de proferir una sentencia anticipada.
Al respecto, se observa que la ley faculta al juez para dictar sentencia anticipada cuando
se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 182A del CPACA. En
consecuencia, dicha decisión es de la órbita exclusiva del juez natural del proceso. Por
lo tanto, la intervención del juez constitucional resulta improcedente, en la medida en que
no le es dable interferir en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que aún se encuentra en curso.
5.1.2. Por otra parte, se observa que el solicitante de amparo pidió remitir copia de la
sentencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para lo de su competencia. Sobre
el particular, esta judicatura infiere que, lo que realmente pretende el accionante, es que
se compulsen copias ante la mencionada autoridad con el fin de que investigue
disciplinariamente al magistrado titular de la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En ese orden de ideas, se concluye que la pretensión formulada comporta un uso
indebido de la acción de tutela, en tanto desconoce su naturaleza excepcional y su
carácter eminentemente subsidiario. Ello conduce a la improcedencia del cargo. Tal como
se expuso, la acción de tutela únicamente procede cuando no existan otros medios de
defensa judicial idóneos para la protección del derecho invocado o cuando, aun
existiendo, resulten ineficaces en el caso concreto. En la presente actuación, el
accionante cuenta con el mecanismo disciplinario a su disposición, pudiendo presentar
la queja correspondiente si así lo estima pertinente.
Por último, la Sala advierte que del examen del material allegado no se desprende la
configuración de un perjuicio irremediable en favor de la accionante, toda vez que no obra
en el expediente evidencia, siquiera sumaria, que permita acreditarlo. En consecuencia,
los cargos planteados serán declarados improcedentes por no cumplirse el requisito de
subsidiariedad.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
5.2. Análisis sobre la mora judicial
5.2.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B incurrió en una
mora injustificada que conllevó a la vulneración de sus garantías fundamentales, al no
haberle impartido ningún trámite, desde el 25 de junio de 2025, al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que actúa como demandante.
Asimismo, sostuvo que se desconoció el precedente jurisprudencial establecido en las
sentencias T-716 de 2017 y T-159 de 2023 de la Corte Constitucional, en las cuales se
ha señalado que el Estado debe garantizar la subsistencia mínima de las personas que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, condición que, según afirmó, se configura
en su caso particular.
5.2.2. La Sala advierte que, de la revisión de las actuaciones procesales del referido
asunto, se constata la existencia de una dilación en el trámite posterior a la admisión de
la demanda. Sin embargo, la autoridad judicial informó el trámite impartido al proceso:
(i) El medio de control se identificó con el número radicado 25000-23-41-000-2024-
02107-00 y le correspondió por reparto a la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, a través de proveído del
24 de enero de 2025, inadmitió la demanda y ordenó a la accionante que precisara los
fundamentos de derecho y el concepto de la violación, “teniendo en cuenta los cargos de
nulidad y la técnica jurídica para su formulación, en los términos del ordinal 4.° del artículo
162 del CPACA”26. Para el efecto le concedió el término de 10 días a la demandante para
subsanar los yerros, so pena de rechazo.
(ii) Allegada la subsanación en término, el despacho sustanciador de la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con auto del 28 de
febrero de 2025, admitió la demanda y ordenó la notificar al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF, entre otras cosas. La mencionada providencia se notificó hasta
el 8 de abril de 2025.
(iii) El ICBF contestó la demanda y propuso excepciones, por lo tanto, el 17 de junio de
2025, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
corrió traslado a las partes y fijó en lista desde el 18 de junio de 2025 hasta el 24 de junio
siguiente.
(iv) El 25 de junio de 2025 el expediente ingresó al despacho para resolver sobre las
excepciones, con el siguiente informe secretarial:
26 Índice 00004 del aplicativo SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-41-000-
2024-02107-00, certificado 0B02251B880A28B8 D0DCA128DCA6B850 E27671D18CDD47A6 D9D14BB8A7A4181C.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
“Ingresa al despacho del Magistrado CÉSAR GIOVANNI CHAPARRO RINCÓN
Expediente Digital, vencido el término del traslado de la demanda.
Actuación Actuación
Notificación electrónica del 8 de abril de 2025
Auto Admisorio de la
demanda.
Término de 2 días previsto 9 y 10 de abril de 2025
en el artículo 199 (inciso 4º)
del CPACA:
Traslado de la demanda (30 11 de abril al 30 de mayo
días): de 2025
Término para reforma de la Del 3 de junio al 16 de junio
demanda (10 días) de 2025
Se allegó dentro del término legal contestación de demanda del apoderado del
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – INDICE 00017 DE SAMAI.
Por Secretaría se corrió traslado de las excepciones, del 19 al 24 de junio del año en
curso, como se aprecia en el índice 00018 de Samai. Sin pronunciamientos”27.
5.2.3. Ahora bien, al dar respuesta a la presente acción de tutela, la autoridad judicial
indicó que no solo las decisiones de fondo deben esperar su turno, sino también las
providencias de trámite, a fin de garantizar la igualdad de trato entre los usuarios de la
administración de justicia y asegurar la transparencia en la gestión judicial. Para sustentar
lo anterior, transcribió el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, según el cual únicamente
procede otorgar trámite preferencial cuando, por la naturaleza del asunto, concurran
circunstancias excepcionales tales como razones de seguridad nacional; amenaza al
patrimonio público; grave violación de derechos humanos; crímenes de lesa humanidad;
asuntos de especial trascendencia social; ausencia de precedentes jurisprudenciales
cuya solución sea de interés público con repercusión colectiva; o cuando se trate de
decisiones que impliquen la reiteración pura de jurisprudencia o que deban someterse a
un orden temático para su estudio preferente. Señaló que la situación expuesta por la
actora no se enmarcaba en ninguno de estos supuestos.
Adicionalmente, advirtió que la decisión de las excepciones previas, que se encuentra
pendiente de resolver, se haría con respeto de los turnos de los procesos que se
encuentran también pendientes de dicho trámite, en la medida de las posibilidades reales
de respuesta con que cuenta actualmente ese Despacho, en atención a las “condiciones
existentes de personal y el volumen de trabajo”.
Lo anterior, “especificidad y especialidad de los procesos que se tramitan en la Sección
Primera de esta Corporación, los cuales, por mandatos expresos y perentorios de la ley,
tienen prelación de turnos para proferir la respectiva sentencia como lo son por ejemplo:
a) las acciones de tutela cuyo término para emitir fallo es de 10 días (artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991), b) las insistencias las cuales deben ser decididas en un lapso de
10 días (artículo 26 de la Ley 1437 de 2011), c) las objeciones y observaciones que deben
ser falladas en un lapso de 10 días (numeral 3 del artículo 121 del decreto Ley 133 de
1986), d) las acciones de cumplimiento cuya sentencia debe ser emitida en 20 días
27 Índice 0019 del aplicativo SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-41-000-
2024-02107-00, certificado 0CE803277F1ABF63 FE3582A51F00B608 83A4BCBA9F36306C 9CF9EBA41E4E6B3D.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
(artículo 13 de la Ley 393 de 1997), e) los medios de control electoral los cuales deben
ser fallados en 20 días (inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011), f) las
acciones populares cuya sentencia debe ser emitida en 20 días (artículo 34 de la Ley 472
de 1998) y, g) las acciones de grupo cuyo fallo debe ser proferido en el término de 20
días (artículo 64 de la Ley 472 de 1998)” 28
5.2.4. A partir de lo expuesto, para la Subsección no se encuentra acreditada la existencia
de una mora injustificada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
resolución de las excepciones o en la determinación sobre la procedencia de dictar
sentencia anticipada. Ello, por cuanto —como se indicó en precedencia— las dilaciones
advertidas en el trámite obedecen a factores objetivos, y la autoridad judicial aportó
argumentos que permiten deducir la existencia de un motivo válido y razonable que
justifica la demora, tales como la excesiva carga de trabajo y el estado de congestión
judicial en que se encuentra.
En consecuencia, el punto de referencia para considerar si existe o no una vulneración a
las garantías del actor, por la alegada mora en que se emita pronunciamiento o en su
defecto se profiera sentencia anticipada, cobra importancia el ingreso que la secretaría
realizó el 25 de junio de 2025 al despacho del magistrado para adoptar la decisión de
fondo. En tal sentido, el plazo que ha transcurrido para este momento no puede
entenderse como irrazonable.
5.2.5. En este punto, la Sala no pasa por alto que la accionante solicitó en la acción de
tutela el reconocimiento de un impacto diferenciado por razón de género y de familia. Sin
embargo, a partir del acervo obrante en el expediente, no es posible colegir la
configuración de una vulneración derivada de su condición de mujer. Ello por cuanto su
planteamiento se limita a afirmar que el transcurso de más de cuatro meses implica, por
sí mismo, la vulneración de sus garantías fundamentales, sin considerar las
circunstancias propias de la congestión judicial ni el deber del juez natural de establecer
el orden en que se resuelven los asuntos sometidos a su conocimiento.
Bajo este contexto, esta Subsección recuerda que, si bien es deber de los jueces aplicar
la perspectiva de género en aquellos casos en los que resulte pertinente, en el presente
asunto no se acreditó vulneración alguna de las garantías de la accionante. Ello, por
cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ha limitado a observar el imperio
de la ley y a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme al orden de
turnos que le corresponde, actuando dentro de los márgenes razonables de su capacidad
operativa y de la congestión judicial existente.
Lo anterior no obsta para que la señora Cárdenas Suárez manifieste ante la autoridad
judicial accionada las circunstancias expuestas en la presente acción, y solicite que se
atienda su proceso con prontitud, es decir, que se le dé prelación de fallo, a fin de que el
juez natural de la causa estudie su procedencia.
28 Ibid.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00
Accionante: Magda Marleny Cárdenas Suárez
Así las cosas, la Sala considera que la actuación expuesta por la accionante como
constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales no está acreditada,
en consecuencia, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela deprecada por la señora
Magda Marleny Cárdenas Suárez en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B respecto de los cargos orientados a (i)
disponer que el despacho accionado evalúe la procedencia de dictar sentencia anticipada
y (ii) remitir copias de la actuación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Magda Marleny Cárdenas Suárez
en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B,
respecto del cargo por mora en el cumplimiento de los plazos procesales, de acuerdo a
las consideraciones desarrolladas en este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.