Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07003-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07003-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07003-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: DIANA JAHEL TORRES PEÑA
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA-Carácter subsidiario de la acción de tutela. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios
de defensa procedentes.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la solicitante contra el Tribunal
Administrativo de Arauca.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Diana Jahel Torres Peña, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad
ante la ley, al debido proceso; a la seguridad jurídica, a la confianza jurídica y a la
buena fe; a la prevalencia del derecho sustancial para no obstaculizar el acceso a
la administración de justicia; y al acceso de la administración de justicia. Consideró
que el Tribunal Administrativo de Arauca los vulneró al proferir el auto del 14 de julio
de 2025 que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 81001-
33-33-002-2017-00303-00/01.
En virtud del amparo, solicita que (se transcriben, incluso con errores):
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
«PRIMERA: Solicito respetuosamente, Amparar los derechos fundamentales
a la IGUALDAD ANTE LA LEY, ARTÍCULO 13 de la C.P; DEBIDO PROCESO,
ARTÍCULO 29 C.P; DERECHO A LA SEGURIDAD JURIDICA, A LA
CONFIANZA LEGITIMA Y, A LA BUENA FE, ARTS. 1, 2, 4, 5, 6, 83 C.P;
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ART 229 DE LA C.P,
invocados por el accionante.
SEGUNDA: Sírvase declarar que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA, en el auto de fecha 15 DE julio de 2025,
desconoció las reglas de competencia para el trámite del RECURSO
EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA,
DESCONOCIENDO el precedente de la Sección Quinta del consejo de estado
en sentencia de fecha 16 de agosto de 2016, expediente rad. N° 11001-03-28-
000-2016-00052-00, Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMUDEZ
BERMUDEZ, Actor: ENRIQUE ANTONIO CELIS DURÁN Demandado:
RAFAEL ENRIQUE LIZARAZU MONTOYA (RECURRENTE) Recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, al referirse a los requisitos para
la concesión del recurso extraordinario de unificación, expresó que, la
competencia del Tribunal Administrativo que profirió la sentencia recurrida, se
limita a determinar si su interposición fue oportuna, ello para efectos de
habilitar al recurrente para que proceda a sustentarlo en el término máximo de
20 días y a que, de haberse solicitado, se pronuncie sobre la suspensión de la
sentencia, previa prestación de la caución, cuandoquiera que ésta sea
necesaria.
TERCERA: Sírvase declarar que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA, en el auto de fecha 14 de julio de 2025,
vulneró al accionante, los Derechos a la IGUALDAD ANTE LA LEY; AL
DEBIDO PROCESO; DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
impidiendo que, el Consejo de Estado, conozca del referido Recurso
Extraordinario, Y, del error de la accionada, frente al efecto vinculante de las
sentencias de unificación, mencionadas en el Recurso Extraordinario de
Unificación de jurisprudencia, citadas en el acápite III del memorial contentivo
del Recurso, y, de contera, en razón a la vulneración, PROCEDA A DEJAR
SIN EFECTO EL REFERIDO AUTO, ORDENANDOLE AL TRIBUNAL
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
ACCIONADO, PROCEDA A CONCEDER EL RECURSO EXTRAORDINARIO
DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENIA, REMITIENDO EL EXPEDIENTE, AL
CONSEJO DE ESTADO, para que asuma la competencia, y, resuelva el
recurso extraordinario referido, dejando sin efectos las sentencias de primera
y segunda instancia, dictadas respectivamente por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE ARAUCA, adiada el 4 de octubre de 2023, mediante la
cual se denegaron las súplicas de la demanda, y, la sentencia de fecha, 15 DE
NOVIEMBRE DE 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ARAUCA, que, al resolver EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la
parte actora, confirmó la sentencia de primera instancia, dictando una nueva
sentencia, que, en derecho corresponda, conforme al PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL, en relación con la figura de modalidad contractual
mediante ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS, desarrolladas y,
consolidadas por el mismo Consejo de Estado, y, por la Corte Constitucional,
citadas expresamente en el RECURSO EXTRAORDINARIO DE
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA.»
2. Hechos relevantes
Diana Jahel Torres Peña presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho1 contra la ESE Jaime Alvarado y Castilla, con el fin de que se declarara la
nulidad del oficio que negó el reconocimiento de la relación laboral y del pago de
prestaciones sociales.
El 4 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Arauca negó las
pretensiones de la demanda. Como sustento de su decisión, señaló que si bien se
acreditó la prestación personal del servicio no se acreditó la subordinación.
El 15 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Arauca confirmó la
decisión de la sentencia de primera instancia. Concluyó nuevamente que tanto la
prestación personal del servicio como la contraprestación recibida por la
demandante fueron acreditadas en el proceso, pero la subordinación no.
1 Número de radicado 81001-33-33-002-2017-00303-00
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
El 22 de noviembre de 2024, la demandante interpuso recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia ante el Tribunal pues consideró que la sentencia del
15 de noviembre de 2024 desconoció el precedente jurisprudencial relacionado con
las contrataciones por prestación de servicios, cuando con ellas se encubre una
verdadera relación laboral subordinada. En el recurso identificó la sentencia del 25
de julio de 2019 del Consejo de Estado, la sentencia del 18 de julio de 2018 del
Consejo de Estado, la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021
proferida por la sección segunda del Consejo de Estado, y la sentencia C-614 de
2009 de la Corte Constitucional.
El 14 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de Arauca rechazó el recurso. Indicó
que aunque mencionó varias sentencias, no se identificó de manera precisa cuál se
había contrariado. Frente a la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
de número radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01, no se explicó claramente su
relación con el caso. Igualmente, indicó que el recurso no explicó por qué la
sentencia impugnada desconoció el precedente. Al contrario, se limitó a argumentar
por qué debía reconocerse la relación laboral.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante argumentó que el accionado desconoció lo establecido por el artículo
261 del CPACA, que ordena que, si el recurso se interpuso y sustentó en término,
el ponente lo concederá́ dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el
expediente al competente para resolverlo. Sin embargo, la magistrada ponente, se
abrogó la competencia de resolverlo y lo rechazó de plano, mediante providencia
de fecha 14 de julio de 2025, cuando su competencia estaba supeditada a la
verificación de los requisitos que fueron cumplidos a cabalidad. Indicó que de
acuerdo con el Acuerdo 080 de 2019, el trámite del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia le corresponde a cada una de las Secciones de la Sala
del Consejo de Estado, atendiendo al criterio de especialidad.
Al rechazar el recurso, bajo el argumento de que no se señaló de manera precisa
cual es la sentencia de unificación cuya aplicación pretermitió́ la accionada no le dio
la opción a la demandante de corregir los eventuales yerros. Así incurrió en un
exceso ritual manifiesto, y negó el acceso a la administración de justicia.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
También argumentó que en la etapa de concesión del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, no hace falta la verificación de las exigencias de que
trata el artículo 262 del CPACA, pues estas pueden satisfacerse por la parte
recurrente desde el momento mismo de la interposición o al momento de la
sustentación del recurso dentro del término de traslado de 20 días que debe
otorgarle el Tribunal Administrativo en el auto que lo conceda, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 261 ibidem, inciso 2, en concordancia con el 265, inciso
2.
Manifestó que el Tribunal Administrativo de Arauca incurrió en defecto por violar
directamente la constitución y defecto sustantivo por violación directa del artículo
267 del CPACA, que atribuye la competencia para admitir y decidir este recurso, al
Consejo de Estado. También incurrió en violación directa de la Constitución por
vulnerar los derechos fundamentales del demandante al debido proceso y a la
igualdad y por desconocer el precedente. Lo anterior al rechazar el recurso cuando
era imperativo concederlo.
Además, indicó que incurrió́ en un defecto procedimental al preferir la aplicación de
las formalidades procesales sobre la eficacia del derecho sustancial. Así mismo,
actuó por fuera de los postulados procesales aplicables al caso, desconociendo de
manera evidente los supuestos legales, para el trámite del Recurso Extraordinario
de Unificación de Jurisprudencia, y, en consecuencia, su actuación devino en una
denegación arbitraria de justicia, y, el desconocimiento de la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, a la accionante.
Finalmente, argumentó que desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado contenido en la sentencia del 28 de marzo de 2019 de radicado 15001-
23-33-000-2003-00605 01 (0288-15) de consejero ponente William Hernández
Gómez; en la sentencia T-308 de 2023 de la Corte Constitucional; en la sentencia
del 28 de marzo de 2019 del Consejo de Estado, de radicado 15001-23-33-000-
2003-00605-01; en la sentencia del 16 de agosto de 2016 del Consejo de Estado
de radicado 11001-03-28-000-2016-00052-00; y en la sentencia del 28 de marzo de
2019 de radicado 15001-23-33-000-2003-00605-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
Por otro lado, la accionante explicó que el auto de rechazo era inexistente y no nació
a la vida jurídica por haber sido expedido sin competencia. Por eso no se podía
presentar recurso de súplica. Igualmente indicó que no cuenta con ningún otro
medio idóneo, para hacer valer su derecho.
Adujo que no se trata de decisiones que no puedan ser controvertidas vía tutela
pues los reparos no se dirigen contra sentencias de esa misma naturaleza, no se
cuestiona una decisión de control abstracto de constitucionalidad, o, una sentencia
del Consejo de Estado de nulidad por inconstitucionalidad.
Finalmente, el apoderado indicó que estaba legitimado en causa para promover la
presente acción tutelar porque fue quien interpuso el recurso de unificación de
jurisprudencia rechazado por la accionada y porque la demandante le confirió poder
para interponer la acción.
4. Trámite procesal
El 24 de noviembre 2025 2, se admitió la acción de tutela. Se ordenó notificar a la
accionante y la autoridad judicial accionada, así como a la E.S.E. Jaime Alvarado y
Castilla como tercera interesada, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su cargo.
El 28 de noviembre de 20253, la E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla contestó la tutela.
Solicitó que se negara la acción por ser improcedente pues no se evidencia ninguna
vulneración de derechos fundamentales y porque el Tribunal Administrativo de
Arauca actuó conforme a las competencias y procedimientos establecidos en los
artículos 261 y 262 del CPACA.
2 Cfr. SAMAI, Índice 6.
3 Cfr. SAMAI, Índice 12.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
El 28 de noviembre de 20254, la Magistrada ponente del Tribunal Administrativo de
Arauca contestó la tutela. Solicitó que se declare improcedente la acción o que se
nieguen las pretensiones de la demanda. Argumentó que el recurso presentado no
cumplió con los requisitos legales. No era suficiente mencionar que se
desconocieron sentencias de unificación, sino que debía citarlas y explicar la
contradicción. Además, indicó que el despacho estaba en obligación de verificar el
cumplimiento de los requisitos formales señalados en el artículo 262 del CPACA.
Finalmente indicó que la accionante pudo haber interpuesto los recursos de ley en
contra del auto que rechazó, pero no lo hizo.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el auto del
14 de julio de 2025, en el marco de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
que la accionante fungió como parte demandante.
2. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental5. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
4 Cfr. SAMAI, Índice 13.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela6.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del
Decreto 2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los
medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados7.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así́, se ha establecido que los
6 Ibidem.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales8.
La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad
de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable9. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció́ las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió́ el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia (...). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego
estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de
acuerdo con la cual, una persona solo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman
un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan
afectarle.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre
otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José
Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas
Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce
el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para
advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa
juzgada y contra la seguridad jurídica».
Caso concreto
La accionante consideró que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al rechazar de plano el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Alegó que se configuró defecto por violación directa de la
constitución, defecto sustantivo y procedimental. El primero por desconocer los
derechos a la igualdad y al debido proceso. El segundo por arrogarse la
competencia del Consejo de Estado al rechazar el recurso. El tercero por privilegiar
la forma sobre el fondo, por desconocer el derecho sustancial, y negar
arbitrariamente la justicia.
Alegó que el Tribunal al rechazar el recuso extraordinario de unificación de
jurisprudencia se había arrogado una competencia que no tenía, había incurrido en
exceso ritual manifiesto pues al rechazar el recurso no había dado oportunidad a la
parte de subsanar yerros. Igualmente, argumentó que verificó unos requisitos en la
etapa de concesión del recurso que no correspondían pues tendría oportunidad de
subsanarlos en oportunidades posteriores. Finalmente, alegó que el auto que
rechazó desconoció el precedente judicial.
El artículo 246 del CPACA establece que el recurso de súplica procede contra los
autos que rechacen los recursos extraordinarios. Este se puede interponer
directamente o en subsidio del recurso de reposición. Sin embargo, la Sala advierte
a partir del estudio del expediente que no se evidencia que se hubieran interpuesto
dichos recursos en contra del auto. Así pues, no puede darse por cumplido el
requisito de subsidiariedad en el caso bajo examen.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07003-00
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud de lo anterior, la Sala advierte que la naturaleza subsidiaria de la acción
de tutela impone a la parte actora la obligación de desplegar todo su actuar dirigido
a poner en marcha los medios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico
para la protección de las garantías fundamentales que estima vulnerados. Así las
cosas, para acudir al recurso de amparo, la parte accionante debe actuar con suma
diligencia en tales procedimientos, pero también, que la falta injustificada de
agotamiento de los recursos ordinarios o extraordinarios a que haya lugar deviene
por completo en la improcedencia del mecanismo tuitivo establecido en el artículo
86 Superior10.
En virtud de lo anterior, la Sala considera que la solicitud de tutela es improcedente,
pues no satisface el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Diana Jahel Torres
Peña contra el Tribunal Administrativo de Arauca.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]
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