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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07003-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07003-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07003-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-07003-011
Accionante : Diana Jahel Torres Peña
Accionado : Tribunal Administrativo de Arauca
Vinculado : E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que rechaza recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
del 19 de enero de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C2, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 7 de noviembre de 2025, la señora Diana Jahel Torres Peña, quien actúa por

intermedio de apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
C. P. William Barrera Muñoz.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07003-01
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

acceso a la administración de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Arauca.

3. Por consiguiente, solicitó:

[…]
SEGUNDA: Sírvase declarar que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ARAUCA, en el auto de fecha 15 DE julio de 2025, desconoció las reglas
de competencia para el trámite del RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN
DE JURISPRUDENCIA, DESCONOCIENDO el precedente de la Sección Quinta del
consejo de estado en sentencia de fecha 16 de agosto de 2016, expediente rad. N°
11001-03-28-000-2016-00052-00 […]

TERCERA: Sírvase declarar que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ARAUCA, en el auto de fecha 14 de julio de 2025, vulneró al accionante,
los Derechos a la IGUALDAD ANTE LA LEY; AL DEBIDO PROCESO; DE ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, impidiendo que, el Consejo de Estado, conozca
del referido Recurso Extraordinario, Y, del error de la accionada, frente al efecto
vinculante de las sentencias de unificación, mencionadas en el Recurso Extraordinario
de Unificación de jurisprudencia, citadas en el acápite III del memorial contentivo del
Recurso, y, de contera, en razón a la vulneración, PROCEDA A DEJAR SIN EFECTO
EL REFERIDO AUTO, ORDENANDOLE AL TRIBUNAL ACCIONADO, PROCEDA A
CONCEDER EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENIA, REMITIENDO EL EXPEDIENTE, AL CONSEJO DE ESTADO, para
que asuma la competencia, y, resuelva el recurso extraordinario […] (sic)

1.3 Hechos3

4. La señora Diana Jahel Torres Peña, en ejercicio del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la E.S.E Jaime Alvarado
y Castilla, encaminada a obtener la nulidad del Oficio TRD - 500.17 - JUR -
501.17.69 del 6 de junio de 2017, por medio del cual dicha entidad negó el
reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales.

5. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Segundo Administrativo de Arauca 4

que, mediante sentencia del 4 de octubre de 2023, negó las pretensiones al
considerar que, si bien se acreditó la prestación personal del servicio, no se
encontró probada la subordinación.

6. Inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, desatado el 15 de

noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el sentido de
confirmarla, en similares términos a los expuestos por el a quo.

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
4
Proceso núm. 81001333300220170030300/01.

2

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Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

7. Posteriormente la tutelante interpuso recurso extraordinario de unificación de

jurisprudencia contra la referida providencia, al estimar que la sentencia de
segunda instancia desconoció el precedente judicial aplicable al caso, tanto del
Consejo de Estado5 como de la Corte Constitucional6.

8. Mediante auto del 14 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Arauca
rechazó el mencionado recurso, al considerar que, aunque en el escrito se citaron
distintas providencias, la recurrente no precisó de manera clara cuál era la
sentencia de unificación desconocida, ni explicó suficientemente la contradicción
entre el precedente invocado y la decisión cuestionada. Agregó que la
sustentación del recurso se dirigió, en esencia, a insistir en la existencia de la
relación laboral.

9. Sobre la precedente situación, la tutelante expone que la providencia objeto de

censura incurrió en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, no dio aplicación a los
«[…] ARTÍCULOS 261, 259 […] 265 INCISO SEGUNDO DEL CPACA y [267], que, confieren la
competencia para conocer del referido Recurso, al [C]onsejo de [E]stado, cuando el RECURSO
SE INTERPONE Y SUSTENTA EN TERMINO […]» ; (ii) violación directa de la Constitución,

por cuanto se vulneraron los derechos a la igualdad y debido proceso; (iii) defecto
procedimental «[…] al preferir la aplicación irreflexiva y excesiva de las formalidades procesales
sobre la eficacia del derecho sustancial; asimismo, actúo por fuera de los postulados procesales
aplicables al caso, desconociendo de manera evidente los supuestos legales, para el trámite del
[r]ecurso […]»; y (iv) desconocimiento del precedente, toda vez que, no dio aplicación

a la decisión del 28 de marzo de 2019 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso 15001-23-33-000-2003-00605-01 (0288 –
2015).

1.4 Contestación de la acción

10. 1.4.1 La E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla7 solicitó declarar improcedente la

tutela, por cuanto la accionante pretende convertirla en una instancia adicional.
Además, sostuvo que no se vulneró derecho fundamental alguno y que el Tribunal
actuó conforme a derecho.

5
Sentencia del 25 de julio de 2019, sentencia del 18 de julio de 2019 y sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.
6
Sentencia C-614 de 2009.
7
Índice 12 de SAMAI del expediente de primera instancia.

3

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Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

11. 1.4.2 El Tribunal Administrativo de Arauca8 precisó que la decisión que
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia obedeció a que
no se cumplió el requisito previsto en el artículo 262 del CPACA, pues, no bastaba
con afirmar el desconocimiento de sentencias de unificación, sino que era necesario
identificarlas con precisión y exponer las razones por las cuales la providencia
impugnada se apartaba de ellas. Finalmente, indicó que la accionante contaba con
los recursos de reposición y, en subsidio, el de súplica contra la providencia que
rechazó, pero no los ejerció, razón por la cual solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo.

1.5 Providencia impugnada9

12. Mediante sentencia del 19 de enero de 2026, el Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección C declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, al constatar que la accionante
contaba con el recurso de súplica, o en subsidio el de reposición, para controvertir
el auto del 14 de julio de 2025 que rechazó el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia y omitió interponerlos.

1.6 La impugnación10

13. Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que sí se satisfacía el requisito de subsidiariedad, toda vez que,
agotó los medios de defensa que tenía a su alcance al interponer, primero, el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y, luego, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra el fallo del Tribunal. En ese
sentido, afirmó que no estaba obligada a presentar el recurso de súplica contra el
auto del 14 de julio de 2025, dado que, en su criterio, dicha providencia fue proferida
por una autoridad sin competencia.

14. De otro lado, adujo que la autoridad judicial accionada excedió sus atribuciones

al rechazar de plano el recurso extraordinario, puesto que, a su juicio, conforme a
los artículos 261 y 265 del CPACA, si el recurso fue interpuesto y sustentado en
término, lo procedente era concederlo y remitir al Consejo de Estado para el
respectivo trámite. Finalmente, precisó que el recurso cumplía con las exigencias

8
Índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia.
9
Índice 17 de SAMAI del expediente de primera instancia.
10
Índice 20 de SAMAI del expediente de primera instancia.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07003-01
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

del artículo 262 ibidem y que el auto de rechazo vulneró sus derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

15. En virtud de los artículos 3211 del Decreto Ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico

17. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia
del 14 de julio de 2025, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Arauca
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, promovido por la
tutelante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente
81001-33-33-002-2017-00303-01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad invocados en la solicitud de amparo.

11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07003-01
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

2.4 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela

18. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de

la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos

de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
defensa previstos en la correspondiente regulación común15.

19. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de

buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico16. Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia17.

20. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de
los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de
conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la
función del juez de amparo18.

21. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos

del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia
de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los
postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia
excepcional de la tutela.

15
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
16
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
17
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
18
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07003-01
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

22. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la

respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la
luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de
los derechos sobre las consideraciones de índole formal19.

23. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso

concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado20.

24. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,

cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad21.

2.5 Caso concreto

25. En el asunto sub judice, la inconformidad de la actora radica en que, mediante

auto del 14 de julio de 2025, la autoridad judicial accionada rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo que, a su juicio, dicha
actuación vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad.

26. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no resulta

procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de

19
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
20
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
21
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de
tutela procede de manera transitoria22.

27. Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió

que las acciones de tutela dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben
cumplir una serie de requisitos de procedimiento generales y otros especiales23, que
ya fueron referidos en la parte considerativa de la presente actuación, sin embargo,
se observa que, la parte accionante no agotó todos los mecanismos judiciales que
ofrece el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia objeto de estudio.

28. En ese sentido, la demandante disponía del recurso de súplica consagrado en el

artículo 24624 del CPACA, el cual, establece que, el auto mediante el cual se
rechaza los recursos extraordinarios es susceptible de ser cuestionado a través de
la súplica, esto es, la posibilidad de acudir ante el superior jerárquico para estudiar
la decisión y determinar si se ajusta a derecho, o si, por el contrario, debe revocarse
lo decidido por el a quo. En esas condiciones, la accionante antes de haber acudido
a la tutela debió haber agotado el referido mecanismo el cual resulta idóneo para
cuestionar la providencia acá atacada.

29. De otro lado, para la Sala no es de recibo el argumento de la accionante según

el cual no estaba obligada a interponer recurso de súplica contra el auto del 14 de
julio de 2025 por estimar que fue proferido por una autoridad sin competencia.
Precisamente, debía acudir al mecanismo previsto en el ordenamiento para poder
controvertirla. Por ello, la alegada falta de competencia del Tribunal no excluía la
procedencia del mencionado recurso; por el contrario, hacía necesario su ejercicio.

30. La Corte Constitucional ha sido clara al determinar que la tutela no puede
utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los recursos ordinarios
cuando la parte afectada dejó vencer los términos para interponerlos sin una
justificación válida, al respecto indicó:

22
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24
«ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021.> El recurso de súplica procede
contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los rechace o declare desiertos.».

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07003-01
Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la
acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de
manera definitiva el agravio o lesión constitucional 25.

31. En ese mismo orden, no se puede pretender que a través de este medio se

reabran etapas procesales que se encuentren debidamente resueltas por no haber
presentado a tiempo el respectivo recurso en el desarrollo del proceso ordinario 26.

32. De otra parte, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable

que haga procedente la acción de tutela, pues, la demandante no sustentó alguna
condición de vulnerabilidad que hubiese posibilitado flexibilizar el análisis de
procedibilidad de la acción de tutela.

33. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la

preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial»27.

34. Finalmente, destaca la Sala que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al

juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en
ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al
debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide
asumir que el medio ordinario de defensa resulta ineficaz para proteger los derechos
de la accionante y evitar un daño inminente.

III. DECISIÓN

35. Por las razones expuestas, la Sala considera que, el presente asunto no cumple

con los requisitos de procedibilidad, por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado
que, declaró improcedente el amparo deprecado.

25
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27
Artículo 86 de la Carta Política.

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Accionante: Diana Jahel Torres Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección C
de esta Corporación y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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