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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07008-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07008-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 21 Ibid. 22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01 Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07008-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: MARÍA ROSMIRA VALENCIA BEDOYA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
11 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María Rosmira Valencia Bedoya solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 16 de octubre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de
Decisión, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 66001-33-33-001-2023-00218-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 66001-33-33-001-2023-
00218-00/01 contra el Aeropuerto Internacional Matecaña, con el fin de que se
declarara la nulidad del oficio núm. CE20220000320 del 2 de septiembre de 2022, por
medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la devolución de aportes
asumidos por ella para cotizar a pensión y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó a la entidad demandada efectuar la devolución de aportes a pensión “[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

desde el 1° de agosto de 2019 hasta el 17 de octubre de 2022, descontados a la
señora María Rosmira Valencia Bedoya en exceso de su aporte obligatorio […]”.

2.2. Señalóque, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pereira, autoridad judicial que, mediante providencia de
21 de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Sostuvoque la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la
providencia mencionada anteriormente y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

2.4. Expresó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente
judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Indicó respecto del defecto sustantivo que el Tribunal “[…] incurrió en este defecto
al aplicar el artículo 164 del CPACA—relativo a la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho— sin tener en cuenta la naturaleza del derecho
discutido, pues la controversia se refería a aportes al Sistema General de Seguridad
Social, materia en la que la jurisprudencia ha reconocido expresamente que no opera
la caducidad […] De esta forma, la autoridad judicial desconoció la especial protección
constitucional de la seguridad social y la regla según la cual la interpretación de las
normas procesales debe ser teleológica y pro homine, orientada a garantizar la
efectividad del derecho sustancial (arts. 48, 53 y 228 C.P.) […]”.

2.6. Manifestó respecto al desconocimiento del precedente judicial que el Tribunal “[…]
desconoció abiertamente el precedente fijado por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado en materia de seguridad social, que ha determinado que los derechos
pensionales y los aportes al sistema son imprescriptibles e incondicionados por el paso
del tiempo […] al apartarse de manera inmotivada de dicho precedente, violó el
principio de igualdad en la aplicación del derecho (art. 13 C.P.) y configuró el defecto
por desconocimiento del precedente reconocido por la Corte Constitucional en las
sentencias C-230 de 1998, T-527 de 2014, T-001 de 2020 […]”.

2.7. Advirtió que el Tribunal “[…] desconoció de forma directa los artículos 2, 13, 29, 48
y 53 de la Constitución Política, al privar a la actora de una decisión judicial de fondo
sobre un derecho de naturaleza social, aplicando una interpretación formal de la
caducidad que contradice los principios de favorabilidad, proporcionalidad y justicia
material […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y a la seguridad social de la señora MARÍA ROSMIRA VALENCIA BEDOYA,
vulnerados por la Sentencia proferida el 16 de octubre de 2025 por el

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado No. 66001-33-33-001-2023- 00218-00.

Como consecuencia de lo anterior:

2. Dejar sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia proferida el 16 de
octubre de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA,
mediante la cual se declaró la caducidad del medio de control.

3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA que emita una
nueva decisión de fondo, en la que se analicen integralmente los fundamentos
fácticos, el concepto de vulneración y las pruebas del proceso, atendiendo a la
naturaleza imprescriptible y de no caducidad de los aportes pensionales. […]”.
[negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 11 de noviembre de 2025, el Despacho de la Sección Quinta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira,
al Aeropuerto Internacional Matecaña y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. ElTribunal Administrativo de Risaralda solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, en la medida que “[…] NO denota relevancia constitucional;
además, es claro para este Magistrado que se está utilizando la acción
constitucional como un recurso e instancia adicional, en razón a que la parte
accionante si bien indica un desconocimiento al precedente, lo cierto es que en la
providencia cuestionada se realizaron las apreciaciones de las pruebas
documentales y se señalaron los fundamentos de hecho y derecho que soportaban
la decisión, así como el análisis del plazo razonable que las personas, en ejercicio
de un medio de control y con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan
a la estructura jurisdiccional del poder público con miras a que el respectivo litigio o
controversia sea resuelto con carácter definitivo […]”. [Negrilla original del texto]

5.2. El Aeropuerto Internacional Matecaña solicitó declarar improcedente la acción
de amparo y que se confirme la legalidad de la providencia, comoquiera que el
Tribunal “[…] resolvió una cuestión de oportunidad procesal sobre la base de hechos
probados y de la regulación procesal aplicable (art. 164 CPACA). La mera
consecuencia de valorar un recurso y modificar la decisión que antes fuere favorable
a la actora, no constituye una vulneración automática de los derechos
constitucionales citados; para ello la actora debía demostrar, con carga
argumentativa reforzada, cómo la decisión incorpora un vicio determinante de
inconstitucionalidad […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró que “[…] Para la Sala resulta evidente que lo pretendido por
la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera instancia.
Esto, debido a que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la autoridad
judicial accionada explicó con suficiencia las razones por las cuales en su caso sí
operaba el fenómeno de la caducidad. Lo anterior, debido a que, al no cuestionarse
el reconocimiento de la pensión o su respectiva reliquidación, sino pretender la
devolución de los aportes en exceso que realizó como consecuencia de haber sido
reconocida la mencionada prestación social, el tribunal accionado consideró que el
asunto objeto de estudio, pese a que tiene origen laboral, no trata sobre de una
acreencia periódica […]”.

8. Concluyó que “[…] de conformidad con la sentencia 18 de abril del 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la fecha a partir
de la cual inicia el conteo del término es a partir de la cual se le informó a la
trabajadora que el aeropuerto no asumiría el aporte del 12% al Sistema General de
Pensiones, es decir, el 12 de agosto del 2019, frente a lo cual no existió ninguna
manifestación de inconformidad por la parte demandante […] Por lo anterior,
concluyó que, al no tratarse de una prestación periódica y al no existir oposición
frente a la manifestación hecha por el empleador, operó la caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho debido a que la demanda fue presentada
el 2 de junio de 2023 […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

“[…] El asunto sometido a consideración del Honorable Consejo de Estado en
sede de tutela no corresponde a una simple inconformidad con la decisión
adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, sino a la
revisión constitucional de una Sentencia de Segunda Instancia que revocó una
decisión judicial favorable a la señora MARÍA ROSMIRA VALENCIA BEDOYA,
decisión que había reconocido la ilegalidad del actuar del empleador y ordenado
el restablecimiento de su derecho mediante la devolución de aportes
pensionales indebidamente asumidos. Este elemento resulta central, pues la
providencia cuestionada no solo modificó el sentido del fallo, sino que cerró
definitivamente el acceso a una decisión de fondo mediante la declaratoria de
la caducidad, con efectos directos y actuales sobre derechos fundamentales
[…]”.

[…]

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

“[…] Por estas razones, la decisión impugnada, al declarar improcedente la
acción de tutela, no logra abarcar de manera plena la dimensión constitucional
del problema sometido a consideración, ni ponderar adecuadamente los efectos
reales que la sentencia de segunda instancia produjo sobre los derechos
fundamentales de la señora MARÍA ROSMIRA VALENCIA BEDOYA. Esta
afectación, además, trasciende su situación particular, pues impacta de forma
directa a todos aquellos ciudadanos que acuden a la jurisdicción contenciosa
administrativa en procura de la devolución de aportes que fueron descontados
sin justificación legal. En efecto, el fallo cuestionado consolida un precedente
judicial en el Distrito Judicial de Risaralda que resulta desproporcionado y
constitucionalmente problemático, en la medida en que admite la aplicación de
la caducidad para el ciudadano común, mientras que excluye de dicho límite
temporal a las entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social,
generando un tratamiento desigual frente a situaciones jurídicamente
equivalentes.

Por otra parte, como se explicó en el escrito de tutela, los aportes al Sistema
General de Pensiones no constituyen simples sumas de dinero ni pueden ser
equiparados a acreencias ordinarias. Se trata de recursos de destinación
específica que integran el contenido del derecho fundamental a la seguridad
social y que materializan principios constitucionales como la solidaridad, la
equidad y la protección frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

Desde esta perspectiva, cuando una autoridad judicial se abstiene de estudiar
el fondo de una controversia relacionada con aportes pensionales, no está
resolviendo únicamente un asunto patrimonial, sino que está incidiendo
directamente en la posibilidad de restablecer un derecho fundamental. En el
caso concreto, la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
impidió que se analizara si el traslado de la carga contributiva al trabajador se
ajustó o no al marco constitucional y legal, con lo cual se consolidó una
afectación que trasciende el plano meramente económico […]”.

[…]

“[…] Así mismo, se explicó cómo la decisión judicial priorizó una interpretación
estrictamente procesal, sacrificando el derecho sustancial y desconociendo los
principios constitucionales de favorabilidad, acceso efectivo a la justicia y
prevalencia del derecho sustancial. Estos planteamientos no fueron formulados
de manera abstracta, sino directamente vinculados a los efectos concretos de
la providencia judicial cuestionada […]”.

[…]

“[…] lo que se somete a consideración del juez constitucional es si la aplicación
de la figura de la caducidad, en un asunto de naturaleza pensional, produjo un
trato desigual e injustificado en perjuicio del afiliado frente a las entidades del
Sistema General de la Seguridad Social, y si dicha aplicación resultó compatible
con el mandato de protección reforzada que la Constitución impone en materia
de seguridad social. Por ello, la tutela no opera como una tercera instancia ni
como un recurso adicional, sino como el único mecanismo constitucional idóneo
para examinar una posible vulneración de derechos fundamentales […]”.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. La señora María Rosmira Valencia Bedoya solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 16 de octubre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de
Decisión, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 66001-33-33-001-2023-00218-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,

12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha

17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, por
haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento
del precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.

29. Sostuvo respecto del defecto sustantivo que el Tribunal “[…] incurrió en este
defecto al aplicar el artículo 164 del CPACA—relativo a la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho— sin tener en cuenta la naturaleza
del derecho discutido, pues la controversia se refería a aportes al Sistema General
de Seguridad Social, materia en la que la jurisprudencia ha reconocido
expresamente que no opera la caducidad […] De esta forma, la autoridad judicial
desconoció la especial protección constitucional de la seguridad social y la regla
según la cual la interpretación de las normas procesales debe ser teleológica y pro
homine, orientada a garantizar la efectividad del derecho sustancial (arts. 48, 53 y
228 C.P.) […]”.

30. Señaló respecto al desconocimiento del precedente judicial que el Tribunal, “[…]
desconoció abiertamente el precedente fijado por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado en materia de seguridad social, que ha determinado que los derechos
pensionales y los aportes al sistema son imprescriptibles e incondicionados por el paso
del tiempo […] al apartarse de manera inmotivada de dicho precedente, violó el

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

principio de igualdad en la aplicación del derecho (art. 13 C.P.) y configuró el defecto
por desconocimiento del precedente reconocido por la Corte Constitucional en las
sentencias C-230 de 1998, T-527 de 2014, T-001 de 2020 […]”.

31. Advirtió que el Tribunal “[…] desconoció de forma directa los artículos 2, 13, 29, 48
y 53 de la Constitución Política, al privar a la actora de una decisión judicial de fondo
sobre un derecho de naturaleza social, aplicando una interpretación formal de la
caducidad que contradice los principios de favorabilidad, proporcionalidad y justicia
material […]”.

32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y iii) la
parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que la accionante
no está exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que el juez
de segunda instancia revocó la decisión adoptada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pereira y, en su lugar, declaró probada la excepción
de caducidad del medio de control cuestionado.

35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la providencia cuestionada
así:

“[…] Esta Magistratura advierte, desde este momento, que le asiste razón a la
entidad demandada en lo atinente a la configuración del fenómeno de la
caducidad […]”.

[…]

“[…] Advierte esta sala de decisión tal y como lo sostuvo el Consejo de Estado
en reciente providencia del año 2024 —cuyo precedente resulta plenamente
aplicable al sub judice—, la fecha que se debe tener en cuenta, es aquella en
la que la entidad demandada le informó a la señora María Rosmira; esto es,
desde el 12 de agosto de 2019, que no asumiría en adelante el pago de
aportes a pensión y allí le indican que en adelante le correspondía a ella
continuar con las cotizaciones, frente a lo cual, no existió manifestación alguna
por parte de la empleada, pues según la sentencia C- 529-10, es la decisión del
afiliado de continuar voluntariamente cotizando la que resulta vinculante para
su empleador, quien debe seguir haciendo los aportes correspondientes, se

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Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

itera, si esa es la voluntad del afiliado, pero de aquella no se tiene evidencia;
adicionalmente, debe resaltarse que sólo hasta el once (11) de agosto de 2022;
es decir, tres años después, la demandante manifestó su inconformidad,
solicitando tanto la suspensión de la obligación de cubrir el 100% de la
cotización como la devolución de lo ya aportado.

En suma, aun cuando la demandante mantuvo vínculo laboral con la
entidad hasta el 17 de octubre de 2022, lo cierto es que aceptó durante tres
años asumir la totalidad de los aportes sin objeción alguna; esto es, sin
manifestar su voluntad en sentido contrario, y tardíamente manifestó su
inconformidad; así entonces, por tratarse de un asunto laboral económico; pero
no de una prestación periódica, resulta ineludible aplicar el fenómeno de la
caducidad, lo que impide cualquier pronunciamiento de fondo sobre la
devolución de los aportes solicitada.

Ahora bien, aun si se toma la respuesta a la petición efectuada en el año 2022
entendiendo que allí pide algo diferente a lo ya informado el 12 de agosto de
2019, como es la devolución y el pago, ya operó la caducidad, consta en el
expediente que la solicitud de la señora María Rosmira Valencia Bedoya de
devolución de aportes efectuada a su empleador y suspensión de descuentos,
fue presentada el once (11) de agosto de 2022 y resuelta mediante oficio
CE20220000320 del dos (02) de septiembre de 2022 tal como se afirma en el
hecho 15 de la demanda. En consecuencia, en el escenario descrito, el término
para interponer la demanda, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, vencía el dos (02) de enero de 2023, época de
vacancia judicial y en dicha hipótesis, la fecha de reanudación de labores (11
de enero de 2023) era el último día con que contaba para incoar la demanda.
No obstante, aquella sólo fue radicada el dos (02) de junio de 2023; esto es,
varios meses después de haber operado la caducidad.

Finalmente, ubicados en la hipótesis, que la controversia es de origen laboral,
lo cierto es que el vínculo finalizó el 17 de octubre de 2022, lo que significa
que la demandante tenía hasta el 17 de febrero de 2023 para presentar la
demanda y no lo hizo, lo que significa que aún bajo dicha perspectiva ha
operado el fenómeno jurídico de la caducidad, porque la demanda fue radicada
el dos (02) de junio de 2023; esto es, varios meses después de haber operado
la caducidad.

9. Conclusiones: De conformidad con lo expuesto esta Sala concluye que lo
pretendido corresponde a la devolución por parte del demandado, de aportes
ya incorporados al Sistema General de Pensiones; que en términos del derecho
de petición que da origen al acto demandado, el debate se plantea como un
pago de lo no debido que desemboca en un enriquecimiento sin justa causa,
asunto que el contexto detallado, es de naturaleza laboral económica, pero
sujeto a al término de caducidad. Verificado el expediente, se constató en todas
las hipótesis analizadas, que dichos términos se encontraban vencidos al
momento de presentación de la demanda, razón por la cual opera en este caso
el fenómeno de la caducidad, lo que corresponde REVOCAR la sentencia de
primera instancia apelada y en su lugar, declarar la caducidad en el sub lite […]”.
[Negrilla original del texto]

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

37. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar que
el vínculo laboral del accionante finalizó el 17 de octubre de 2022, este tenía hasta
el 17 de febrero de 2023, y dado a que la demanda fue presentada el 2 de junio de
2023, ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.

39. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará la sentencia de 11 de
diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07008-01
Accionante: María Rosmira Valencia Bedoya

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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