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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07011-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07011-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Mauricio Edwar Posso Marín contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07011-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

22 de enero de 2026

Demandante: Mauricio Edwar Posso Marín
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07011-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07011-00
Demandante: MAURICIO EDWAR POSSO MARÍN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 7 de noviembre de 2025, el señor Mauricio Edwar Posso Marín, actuando a través
de apoderado judicial1, instauró acción de tutela contra el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca2, a efectos de que le fuera amparado su derecho fundamental al debido
proceso.

La trasgresión de la aludida garantía constitucional, la atribuyó a las sentencias de
primera y segunda instancia, dictadas por las autoridades judiciales accionadas el
21 de abril de 2021 y el 26 de septiembre de 2024, respectivamente, a través de las
cuales, se negaron las pretensiones elevadas al interior del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 76111-33-33-003-2017-00143-00/01,
adelantado contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, cuestionó el auto del 7 de mayo de 2025 proferido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y a través del cual se rechazó el recurso

1 Mandato conferido al abogado Jassan Jair Saa Díaz, para promover la presente acción y que cuenta con la

respectiva constancia de presentación personal ante notario, conforme lo exige el artículo 74 del C.G.P.
2 En virtud de decisión suscrita por los magistrados Luz Elena Sierra Valencia, Patricia Feuillet Palomares y

Oscar Alonso Valero Nisimblat.

1
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Demandante: Mauricio Edwar Posso Marín
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07011-00

extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra el fallo de segunda
instancia al que se ha hecho referencia, y que se tramitó bajo el radicado 11001-03-
26-000-2025-00038-00 (72.576).

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió que:

[…] se NULITE, la Sentencia Judicial de Primera Instancia No. 030 del 21 de abril
de 2021, proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA – VALLE DEL CAUCA, dentro del Radicado No.
761113333003-2017-00143-00, y Sentencia Judicial de Segunda Instancia del 26
de septiembre de 2024 bajo el Radicado No. 761113333003-2017-00143-01,
proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
en la cual CONFIRMÓ la multicitada Sentencia de Primera Instancia No. 030 del
21 de abril de 2021, con la que muy respetuosamente, se le vulnero el Debido
Proceso, e incurriendo en otros derechos fundamentales y humanos conexos y
devenidos del derecho fundamental al derecho a la libertad del cual, fue privado el
señor MAURICIO EDWAR POSSO MARÍN, junto con su hermando MIGUEL ÁNGEL
POSSO MARÍN, durante el tiempo de la Privación Injusta de la Libertad.

SEGUNDO: Qué, una vez revocadas las multicitadas sentencias judiciales, el señor
Juez Constitucional, profiera Fallo Constitucional que ordene el pago y
reconocimiento de las indemnizaciones perseguidas en la Demanda de Reparación
Directa, como consecuencia de la vulneración a los Derechos Fundamentales y
Humanos conexos, causados a los hermanos POSSO MARÍN y a su grupo familiar
más cercano como lo relacionaba la demanda o en su defecto le ordene al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, proferir nuevo fallo que supla las pretensiones de
la demanda de Reparación Directa, como consecuencia de la falla en el servicio que
conllevo a la vulneración de ese derecho fundamental tan importante en la persona
como el derecho a la libertad, a la honra, al buen nombre, al libre desarrollo de la
personalidad, donde también se vio afectado el derecho al Mínimo Vital, entre otros.3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

De acuerdo con la situación fáctica narrada al interior del proceso ordinario, el señor
Evaristo Sierra Ramírez señaló al señor Mauricio Edwar Posso Marín, de hacer
parte de la organización de delincuencia denominada «Los Rastrojos», cuya función
era servir de campaneros, atentando de manera posterior contra la humanidad de
las personas que dialogaran o tuvieran contacto con algún miembro de la Policía o
del Ejército Nacional.

Por lo expuesto, el 25 de octubre de 2012, el señor Posso Marín fue presentando
ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
del Municipio de Roldanillo, donde después de haberse legalizado su captura por
solicitud del ente acusador, le fueron imputados los delitos de concierto para
delinquir agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico,

3 Transcripción original del texto con posibles errores.

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porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, conductas
respecto de las cuales no aceptó los cargos, y ante el pedimento de la Fiscalía, se
le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, profiriéndose de
manera posterior sentencia absolutoria por parte del Juez Primero Penal del Circuito
Especializado de Buga.

El 28 de abril de 2017 y en ejercicio del medio de control de reparación directa, los
señores Mauricio Edwar Posso Marín, Rubiela Marín Uribe, Miguel Ángel Posso
Márquez, Blanca Edilia Jaramillo Marín, y Esperanza Jaramillo Marín instauraron
demanda contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se declararan
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios que de manera
presunta le fueron causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad
a la fue sometido el señor Mauricio Edward Posso Marín.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Buga que, mediante sentencia del 21 de abril de 2021, negó las
pretensiones de la demanda.

Ello, al considerar que, si bien el proceso penal adelantado contra el señor Mauricio
Edward Posso culminó con sentencia absolutoria, al momento en el que se dispuso
su vinculación al referido trámite, la Fiscalía General de La Nación, contaba con el
pleno convencimiento de tener las pruebas suficientes para solicitar la medida de
aseguramiento que le fue impuesta, más allá de no haberse logrado recaudar los
suficientes elementos de juicio para impartir una condena por razones ajenas a sus
funciones.

Por lo anterior, concluyó que, el Juez de Control de Garantías no actuó de manera
ilegal o arbitraria, ya que las pruebas que le fueron puestas a consideración eran
suficientes para actuar de dicha manera, lo que condujo a la exoneración de las
entidades demandadas con relación a los cargos formulados.

Dicha providencia fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 26 de septiembre de 2024.

Como sustento de la decisión, la corporación refirió que, la medida de
aseguramiento de detención preventiva dictada contra el señor Mauricio Edwar
Posso Marín, cumplió con los presupuestos subjetivos establecidos en el artículo
308 del Código de Procedimiento Penal, pues conforme quedó demostrado en el
plenario, para la fecha de su imposición existían elementos materiales probatorios
e información legalmente obtenida que permitían a la Juez de Control de Garantías,
inferir razonablemente que el imputado había sido autor de las conductas punibles
investigadas, en razón a que el señor Evaristo Sierra Ramírez, indicó que los
hermanos Posso Marín pertenecían a la banda delincuencial «Los Rastrojos», cuya
función era la de campaneros, y que fueron éstos quienes previo seguimiento,
realizaron el atentado en su contra.

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Por lo expuesto, concluyó que, la medida de aseguramiento impuesta al señor
Mauricio Edwar Posso Marín estuvo precedida de una valoración adecuada de los
elementos de convicción de acuerdo al momento procesal en el que se encontraba
la actuación penal y con el tipo de delito investigado, circunstancias que en principio,
permitía inferir, al menos de manera probable y conforme a los estándares de
prueba que para ese momento establecía la ley, que el procesado podía estar
comprometido con los delitos imputados.

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 27
de septiembre de 20244.

El 2 de octubre de 2024, la parte demandante presentó recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, al considerar que la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contraría la sentencia de
unificación dictada el 18 de julio de 2019 por la Sección Tercera de esta Corporación
al interior del proceso con radicado 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572).

El referido trámite correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B5 que mediante auto del 7 de mayo de 2025 rechazó de plano el recurso al estimar
que las razones de inconformidad contenidas en el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia no correspondían a lo discutido en la sentencia de
unificación que se invocó.

Así mismo, precisó que, no basta con hacer mención de la sentencia de unificación
jurisprudencial que se estima contrariada, sino que, las razones que le sirven de
fundamento deben guardar absoluta relación con el caso puesto en consideración;
es decir, dicha sentencia debe ser aplicable; no obstante, en el presente asunto la
parte actora pretendió controvertir la sentencia de 26 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a partir de
cuestionamientos que no guardan ninguna identidad con lo estudiado en la
sentencia de unificación jurisprudencial previamente mencionada.

El anterior proveído fu notificado a las partes el 2 de julio de 20256.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante manifestó que, revisadas en su integridad las sentencias acusadas,
se evidencia el gran error en el que incurrieron los jueces de primera y de segunda
instancia, ya que en las mismas no se tuvo en cuenta el hecho de que el señor
Mauricio Edwar Posso Marín, hubiere sido privado de manera injusta de la libertad
junto con su hermano Miguel Ángel Posso Marín, por más de tres (3) años en centro
penitenciario, circunstancia por la que no solo se vio afectado el accionante de
manera integral, sino la totalidad de su grupo familiar más cercano.

4 Índice 15 de Samai
5 Radicado 11001-03-26-000-2025-00038-00 (72.576)
6 Índice 13 de Samai.

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Refirió que, al momento en que la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición
de la medida de aseguramiento en contra de los hermanos Posso Marín, aseveró
contar con todos los elementos materiales probatorios para demostrar la
culpabilidad de los hechos impetrados contra la integridad del señor Evaristo Sierra,
y la cual radicaba de manera presunta, en cabeza de los hermanos Miguel Ángel y
Mauricio Edwar; no obstante, previo a la lectura del fallo, el ente acusador solicitó la
absolución de los mismos por no contar con los elementos materiales probatorios
suficientes para demostrar su culpabilidad.

Reiteró que, al haberse emitido sentencia absolutoria en favor del actor por parte
del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, se prueba la vulneración
de sus derechos fundamentales en conexidad con la falla en el servicio, en la que
incurrieron las entidades demandadas al interior del proceso ordinario, por la
privación injusta de la libertad de la que fue objeto por más de tres (3) años, sin que
se hubiese lugar a ello.

Lo anterior, como quiera que al interior del proceso penal no se logró demostrar su
participación en el atentado realizado contra la humanidad del señor Evaristo Sierra,
como tampoco se logró acreditar que el mismo perteneciera al grupo delincuencial
los rastrojos.

Por lo aludido consideró que, tanto la actuación desplegada por la Fiscalía General
de la Nación, como los fallos de primera y de segunda instancia proferidos al interior
del proceso de reparación directa, y el auto del 7 de mayo de 2025, proferido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, generaron gran afectación a
sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana, al
libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso, al derecho de defensa, de
acceso a la administración de la justicia, y a no ser privado injustamente de la
libertad.

Conforme a lo analizado concluyó que, al momento de determinar la responsabilidad
de las entidades demandadas, los jueces naturales faltaron a la sana critica, y al
principio de congruencia, toda vez que no valoraron si efectivamente las personas
que fueron privadas de la libertad habían dado lugar o no a la investigación penal a
la que fueron vinculados, insistiendo que para el caso concreto, el ente acusador no
contaba con las pruebas suficientes que probara lo contrario, máxime cuando la
Fiscalía solicitó la absolución de los acusados.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 13 de noviembre de 2025, la magistrada ponente de esta
decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga7 y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca8, magistrados Luz Elena Sierra Valencia9,

7 Notificación realizada a: j03adtivobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Notificación realizada a: s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 Notificación realizada a: lsierrav@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Patricia Feuillet Palomares10 y Oscar Alonso Valero Nisimblat11, como autoridades
judiciales accionadas.

Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a los
señores Rubiela Marín Uribe, Miguel Ángel Posso Márquez, Blanca Edilia Jaramillo
Marín y Esperanza Jaramillo Marín12, al igual que a la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial13 y a la Fiscalía General de la
Nación14, quienes fungieron como demandantes y demandadas, respectivamente,
al interior del proceso de reparación directa objeto de controversia.

Posteriormente, se observó que era necesario15 ordenar la notificación de la
presente acción a los magistrados que integran la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado, toda vez que, revisados los fundamentos de la vulneración,
se evidenció que la parte actora también elevó reparos contra el auto del 7 de mayo
de 2025, a través del cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia16 interpuesto contra la sentencia dictada en segunda instancia al
interior del proceso ordinario que se cuestiona.

1.6. Intervenciones.

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del medio de control de reparación
directa identificado con el radicado 76111-33-33-003-2017-00143-00/01, sin
pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto
de los cuáles se predica la vulneración a los derechos fundamentales del
accionante.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

Manifestó que, dicha entidad carece de legitimación en la causa por pasiva para
comparecer al presente asunto, al no existir una relación de causalidad de acción u
omisión con las pretensiones invocadas por la parte actora.

Aunado a lo anterior, refirió que el asunto debatido no goza de relevancia
constitucional, como tampoco cumple con el requisito de inmediatez.

Por lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha entidad.

10 Notificación realizada a: pfeuillp@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Notificación realizada a: ovaleron@cendoj.ramajudicial.gov.co
12 Notificación realizada a: jassanjair@hotmail.com
13 Notificación realizada a: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
14Notificación realizada a: juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co
15 Mediante providencia del 2 de diciembre de 2025- Índice 20 de Samai
16 Tramitado bajo el radicado 11001-03-26-000-2025-00038-00 (72.576).

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1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

Allegó escrito en el que señaló que no participó en el proceso de reparación directa
promovido por el actor, en tanto que la autoridad judicial que ejerció la
representación de la Rama Judicial dentro del proceso de reparación directa fue la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali.

No obstante, refirió que, los argumentos expuestos por el actor a lo largo del escrito
de amparo no tienen vocación de prosperidad, toda vez que analizadas las
consideraciones realizadas por el Tribunal accionado no se observa que este
hubiere incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales
invocadas.

Por el contrario, considera que la presente acción fue formulada con el fin de revivir
un debate ya definido por el juez natural y para modificar una decisión adoptada por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual se encuentra debidamente
ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada, máxime cuando este mecanismo está
previsto para la protección de derechos fundamentales y no como una instancia
adicional de los procesos ordinarios.

De acuerdo con lo expuesto, solicitó que se disponga su desvinculación de la
presente acción y se nieguen las pretensiones elevadas, al no existir vulneración de
los derechos fundamentales invocados por el actor.

1.6.4. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga

El titular del Despacho allegó escrito en el que manifestó que, en el presente asunto,
no existe vulneración del derecho al debido proceso, a la sana crítica y al principio
de congruencia invocados en el escrito de amparo, toda vez que lo pretendido por
la parte actora es cuestionar, a través de esta vía constitucional, decisiones que se
encuentran en firme y refutar la valoración probatoria realizada al momento de
proferirse las sentencias de primera y segunda instancia.

Refirió que, en el presente asunto, no se debe obviar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, o reabrir debates meramente legales, toda vez que la
competencia del juez constitucional se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales, los cuales
en el sub examine no han sido vulnerados.

Por lo expuesto concluyó que, las decisiones reprochadas no se fundamentaron en
actuaciones ostensiblemente arbitrarias o ilegítimas, y menos aún, violatorias de las
garantías básicas o derecho fundamental alguno, por lo que se considera
improcedente la solicitud de amparo al no cumplir con los requisitos o causales
específicas de procedibilidad para discutir por esta vía providencias judiciales.

1.6.5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y las señoras
Rubiela Marín Uribe, Blanca Edilia Jaramillo Marín y Esperanza Jaramillo

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Marín, pese a ser debidamente notificados de la existencia del presente asunto, no
se pronunciaron sobre la acción de tutela, aunque estos últimos allegaron poderes
especiales otorgados al abogado Jassan Jair Saa Diaz17.

Así mismo, se evidencia que, mediante memorial del 21 de noviembre de 2025, el
referido profesional del derecho puso en conocimiento que el señor Miguel Ángel
Posso Márquez, vinculado en calidad de tercero con interés al presente asunto,
falleció el 24 de diciembre de 2024, para lo cual aportó el respectivo Registro Civil
de Defunción18.

1.7. Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez, mediante escrito del 21 de enero de
202619, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional al
considerar que estaba inmerso en la causal 1º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, en razón a que su cónyuge se encuentra vinculada en carrera
como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación,
entidad que fue demandada en el proceso dentro del cual se profirieron las
sentencias a las cuales la parte actora les atribuye la presunta vulneración de sus
derechos y fue vinculada en la acción de tutela de la referencia.

Sin embargo, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante auto de la fecha declararon infundada la manifestación, pues
no encontraron acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma para
su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el señor Mauricio Edwar Posso Marín, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige entre otros, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación
solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que,
carecen de legitimación para soportar las pretensiones invocadas por los
accionantes, al no haber desplegado por su parte una acción u omisión que ponga
en evidencia la vulneración de sus derechos fundamentales; sin embargo, la Sala
no accederá a tales solicitudes, comoquiera que su vinculación al proceso obedeció

17 Índices 14 y 17 de Samai.
18 Índice 18 de Samai.
19 Índice 26 Samai

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a que ambas entidades integran la parte demandada al interior del medio de control
de control de reparación directa con radicado 76111-33-33-003-2017-00143-00/01,
y que fue instaurado por los hoy accionantes.

Así mismo, y si bien, la primera de las entidades mencionadas fue enfática en
precisar que no participó en el proceso de reparación directa promovido por el actor,
en tanto que la autoridad judicial que ejerció la representación de la Rama Judicial
al interior del referido mecanismo fue la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali; lo cierto es que la representación de la Rama
Judicial la ejerce la DEAJ, y por ende, se torna menester mantener su integración a
la acción de la referencia.

2.3. Problema jurídico

La Sala advierte que, si bien la parte actora también le atribuye la presunta
vulneración de su derecho fundamental al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Buga, el estudio del presente asunto se abordará a partir de los
argumentos contenidos en la providencia dictada el 26 de septiembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, comoquiera que fue la que puso fin
al proceso objeto de debate.

En este orden, y, conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones
invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado y las
intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema
jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del accionante con ocasión de la sentencia
proferida el 26 de septiembre de 2024, que confirmó el fallo dictado por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga el 21 de abril
de 2021 al interior del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 76111-33-33-003-2017-00143-00/01, y por medio del cual se
negaron las pretensiones de la demanda?

• Así mismo, se determinará si con ocasión a lo decido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 7 de mayo de
2025 y a través del cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto por la parte actora contra la providencia anterior
se trasgredió la garantía constitucional a la que se ha hecho referencia.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra

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Demandante: Mauricio Edwar Posso Marín
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providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) el estudio
del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 20
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema21 y declaró su
procedencia.22

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La accionante expuso que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda Jurisdiccional de Decisión, en la providencia del 26 de septiembre de
2024, incurrió en una violación directa a la constitución y desconocimiento del
precedente.
De manera preliminar, la Sala adelanta que el estudio de los yerros será separado
en atención a que el presente requisito no se encuentra satisfecho en uno de ellos;

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
22 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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para lo cual, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 202223, en cuanto a la procedencia de la
acción constitucional de cara a este presupuesto.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal24 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico25; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional26.

23 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.

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[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal27”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales28”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto29, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal30. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

Revisado el escrito de amparo, y si bien la parte actora no le atribuye algún defecto
específico a las providencias acusadas, de los argumentos expuestos en el sustento
de la vulneración, se evidencia que los reparos realizados podrían enmarcarse en
los defectos sustantivo y fáctico.

Lo anterior, por cuanto la misma es reiterativa en señalar que, al haberse dictado
sentencia absolutoria en favor del actor dentro del proceso penal adelantado en su
contra, se encontraba acreditada la obligación jurídica de resarcir el daño causado
en cabeza del Estado, como quiera que al interior del proceso penal no se logró
demostrar su participación en el atentado realizado contra la humanidad del señor
Evaristo Sierra, como tampoco se logró acreditar que el mismo perteneciera al grupo
delincuencial los rastrojos, como de manera inicial había sido señalado.

Así mismo, refirió que, al momento de determinar la responsabilidad de las
entidades demandadas, los jueces naturales faltaron a la sana critica, y al principio
de congruencia, toda vez que no valoraron si efectivamente las personas que fueron
privadas de la libertad habían dado lugar o no a la investigación penal a la que
fueron vinculadas, insistiendo que, para el caso concreto, el ente acusador no
contaba con las pruebas suficientes que diera cuenta de su participación en los
delitos que les fueron imputados; máxime porque la Fiscalía solicitó la absolución

27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-128 de 2021.
29 Sentencia SU-573 de 2019.
30 Ib.

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de los acusados luego de haber transcurrido 4 años.

Sin embargo, considera la Sala que el presente asunto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por cuanto, no se avizora un argumento sólido
que demuestre la transgresión de sus garantías constitucionales que permitan
superar el referido presupuesto tratándose de acción de tutela contra providencia
judicial; ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal y, (ii) no se observan afectaciones a derechos fundamentales
como el debido proceso, pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de
defensa y contradicción dentro del trámite adelantado al interior del medio de control
de reparación directa instaurado.

Así mismo, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la entidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, ya
que la discusión planteada por la parte accionante pone en evidencia una
inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda instancia.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se evidencia
prima facie la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada.

Pues revisado el escrito de amparo, se evidencia que el accionante reitera los
argumentos que fueron estudiados a lo largo del proceso ordinario, y que además
fueron planteados en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de
primera instancia. Lo anterior desnaturaliza el carácter residual de la acción de tutela
al pretender que ésta se constituya en una instancia adicional.

En este orden, y si bien el accionante es insistente en señar que la autoridad judicial
accionada no valoró si efectivamente las personas que fueron privadas de la libertad
habían dado lugar o no a la investigación penal a la que fueron vinculados,
aseverando además que para el caso concreto, el ente acusador no contaba con
las pruebas suficientes que diera cuenta de su participación en los delitos que le
fueron imputados; revisada la motivación desplegada por el ad quem en la sentencia
censurada, se evidencia que en la misma se indicó que:

[…] la medida de aseguramiento de detención preventiva dictada contra el señor
Mauricio Edwar Posso Marín, cumplió con los presupuestos subjetivos establecidos
en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, pues conforme quedó
demostrado en el plenario, para la fecha de su imposición existían elementos
materiales probatorios e información legalmente obtenida que permitían a la
Juez de Control de Garantías, inferir razonablemente que el imputado había sido
autor de las conductas punibles investigadas, en razón a que el señor Evaristo
Sierra Ramírez, indicó que los hermanos Posso Marín pertenecían a la banda
delincuencial “Los Rastrojos” cuya función era la de campaneros, y que fueron éstos
quienes previo seguimiento, le hicieron el atentado; adicionalmente, la señora María
Elena Cardona Gallego, ex colaboradora del grupo al margen de la ley, informó que
el señor Mauricio Edwar Posso Marín pertenecía a la organización, y que según los

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rumores que habían en el pueblo, participó en el atentado contra el señor Evaristo
Sierra, por ser el presunto informante de la Policía y el Ejército.

En este punto debe precisar la Sala que, para proceder a imponer la medida de
aseguramiento restrictiva de la libertad no se requiere prueba irrefutable de
autoría en el punible, en la medida que, la inferencia razonable de que trata el
artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, por lo menos debe poner al
imputado en un plano de probabilidades de posible autoría o participación, y es
allí donde se puede concluir que los elementos materiales probatorios que
fueron recolectados en su momento por la Fiscalía, eran suficientes para
construir esa inferencia razonable.

Así pues, en este caso la Juez de Control de Garantías consideró que la medida
cautelar resultaba adecuada, proporcional y razonable, como quiera que por las
conductas investigadas el investigado generaba un peligro para la sociedad y para la
seguridad pública, máxime cuando se utilizan armas de fuego – artículo 310 del
C.P.P.-, haciendo la aclaración de que en esa oportunidad no se estaban
haciendo juicios de responsabilidad, sino que apenas se estaba dando inicio a
la investigación, oportunidad en la cual era suficiente con que los elementos
materiales probatorios permitieran llegar a una inferencia razonable de
presunta autoría o participación del imputado en la conducta delictiva.
[…]

Así las cosas, considera la Sala que la medida de aseguramiento impuesta al señor
Mauricio Edwar Posso Marín estuvo precedida de una valoración adecuada de los
elementos de convicción de acuerdo al momento procesal en el que se encontraba la
actuación penal y con el tipo de delito investigado, que en principio, permitía inferir, al
menos de manera probable y conforme a los estándares de prueba que para ese
momento establecía la ley, que el procesado podía estar comprometido con los delitos
imputados.

Por lo anterior, se considera que la privación de la libertad del señor Mauricio Edwar
Posso Marín no fue injusta, pues cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 906 de
2004 […] (negrillas de fuera del texto original)

Lo anterior, permite concluir que, si bien la parte actora intenta exponer las razones
por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en realidad lo
que se evidencia es una simple inconformidad con lo dispuesto por el ad quem en
la sentencia censurada, y las conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no
implica una trasgresión de la garantía constitucional mencionada.

En ese sentido, se resalta que el servicio de administración de justicia goza de
autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar esta vía acción de tutela; máxime cuando se
advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por los accionantes
busca mutar el amparo constitucional en una tercera instancia.

Aunado a lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador.

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De igual forma, se advierte que los reparos formulados al enmarcarse en una tutela
contra providencia judicial, exige con mayor énfasis que se ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden
objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en
su núcleo esencial, sin que dicha exigencia se evidencie en el sub examine.

Por último, y si bien la parte actora también manifestó estar inconforme con la
decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
mediante el auto del 7 de mayo de 2025, y a través del cual se rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra el fallo de segunda
instancia proferido al interior del proceso ordinario, lo cierto es que revisado el
escrito de amparo no se evidencian las razones por las cuales el accionante
considera que con dicha decisión le fue vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso; situación frente a la cual resulta menester reiterar que, una simple
inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, y las conclusiones a
las cuales arribó, no implica, per se, una trasgresión a las garantías constituciones
que se aducen desconocidas.

A partir de lo señalado, debe tenerse en cuenta que constituye un deber para el
accionante exponer con suficiencia los motivos de inconformidad o las actuaciones
vulneradoras de sus derechos fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas
ejercidas contra providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por
parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual
se acentúa cuando la decisión proviene de una alta Corte.

Lo anterior revela el propósito de la parte actora con el ejercicio de este mecanismo
constitucional, el cual se orienta a cuestionar o impugnar los fundamentos de la
sentencia que le fue adversa a sus intereses, respecto de una discusión que orbita
en aspectos de interpretación de orden meramente legal, en procura de obtener una
decisión que favorezca sus pretensiones, más no propugna por plantear un debate
sobre sus garantías fundamentales en relación con las decisiones cuestionadas que
goce de relevancia constitucional y que implique la intervención de este juez de
tutela.

Conforme a lo expuesto, se evidencia que lo que pretende el tutelante es que el juez
constitucional realice un nuevo estudio de los planteamientos y pruebas ya
examinadas en el medio de control de reparación directa adelantado en segunda
instancia ante esta corporación, pretendiendo que se adopte una decisión diferente
a la ya analizada.

Acorde con lo analizado, la Sala concluye que la discusión planteada en la acción
de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone
declarar la improcedencia de ésta.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

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III. FALLA

PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Mauricio Edwar Posso Marín contra el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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