Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07011-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07011-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07011-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07011-01
Demandante: Mauricio Edwar Posso Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Privación de la libertad. Debido proceso.
Decisión: Confirma improcedencia de la acción, pero por las razones aquí
consignadas.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora contra la Sentencia
proferida el 22 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 7 de noviembre de 2025, Mauricio Edwar Posso Marín, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 3 Administrativo
de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, tras considerar que en las
Sentencias de 21 de abril de 2021 y 26 de septiembre de 2024 expedidas dentro
del proceso de reparación directa No. 76111-33-33-003-2017-00143-00/01,
vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos las mencionadas
providencias y, en su lugar, se profiriera una decisión de remplazo en la que se
acceda a las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamentos fácticos, el accionante relató que instauró una
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación, orientada a obtener la indemnización de los perjuicios derivados de la
privación de su libertad1.
1 El señor Posso Marín, junto con su hermano, Miguel Ángel Posso Marín, fueron sindicados como autores de
los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado en grado de tentativa. La privación de la libertad se
dio entre el 24 de octubre de 2012 y el 12 de mayo de 2016, fecha en la que fueron absueltos.
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Demandante: Mauricio Edwar Posso Marín
4. Mediante Sentencia de 21 de abril de 2021, el Juzgado 3 Administrativo de
Buga negó las pretensiones de la demanda2.
5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sentencia de 26 de
septiembre de 2024, confirmó la decisión adoptada en primera instancia3.
6. El 2 de octubre de 2024, los demandantes presentaron recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, al considerar que la sentencia de
segunda instancia contrarió la Sentencia de Unificación dictada el 18 de julio de
2019 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Rad. 73001-23-31-000-2009-
00133-01 (44.572).
7. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por Auto de
7 de mayo de 2025, rechazó de plano el recurso4. Para ello, señaló que la sentencia
de unificación invocada tuvo por objeto y alcance unificar los parámetros de tasación
de los montos de indemnización del daño emergente derivado del pago de
honorarios profesionales y del lucro cesante, en procesos en los que se condene
por privación injusta de la libertad, más no tuvo por finalidad fijar criterios o
elementos sobre ese tipo de responsabilidad extracontractual, la antijuricidad del
daño o el título de imputación. Por lo anterior, concluyó que la sentencia de
unificación no era aplicable al caso del accionante.
8. Como fundamentos de vulneración de la solicitud de amparo, el
accionante sostuvo que las sentencias enjuiciadas vulneraron sus derechos como
víctima directa de la privación de la libertad, sino también a su grupo familiar.
9. Señaló que la Fiscalía General de la Nación, al solicitar la imposición de la
medida de aseguramiento, señaló que contaba con los elementos probatorios
suficientes para demostrar la culpabilidad de los hermanos Posso Marín, quienes
pertenecían al grupo delincuencial de «los rastrojos». Sin embargo, posteriormente,
al no contar con dichas pruebas, fue la misma Fiscalía la que solicitó la absolución
de los acusados. Adujo que los jueces de la responsabilidad faltaron a los criterios
de valoración probatoria de la sana crítica y el principio de congruencia.
10. Invocó la Sentencia T-577 de 2017 de la Corte Constitucional, para indicar
que la acción de tutela debía ser entendida bajo el principio según el cual el juez
conoce el derecho.
11. Finalmente, respecto del presupuesto de inmediatez, manifestó que, si bien
habían pasado más de 6 meses desde la expedición de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, existía de por medio un «hecho nuevo» como lo
fue la presentación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
2 Rad. 76111-33-33-003-2017-00143-00.
3 Rad. 76111-33-33-003-2017-00143-01.
4 Rad. 11001-03-26-000-2025-00038-00 (72.576).
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Intervenciones5
12. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela por falta de los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez. Alegó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
no participó en las actuaciones judiciales cuestionadas ni tiene la facultad legal para
modificar las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. En su defensa, sostuvo que su actuar se ajustó estrictamente al marco legal,
sin que exista un nexo causal entre su conducta y los defectos procesales alegados
por el accionante.
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) solicitó su
desvinculación del trámite constitucional. indicó que, dadas sus funciones
administrativas y presupuestales, carece de competencia para intervenir sobre el
trámite y decisión en los procesos judiciales. Señaló que no existe un nexo causal
entre sus funciones y la presunta vulneración de sus derechos fundamentales del
accionante, por lo que solicita que la responsabilidad procesal sea trasladada a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, por ser esta la dependencia
que gestiona los asuntos locales relacionados con el proceso origen de la
controversia. Solicitó que se nieguen las súplicas de amparo porque no existió
vulneración de derechos.
14. El Juzgado 3 Administrativo de Buga manifestó que no incurrió en ninguna
arbitrariedad y/o vulneración al derecho fundamental al debido proceso. Argumentó
que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que no se configuran los
requisitos excepcionales de procedibilidad necesarios para cuestionar una
providencia judicial, pues la decisión original estuvo debidamente fundamentada en
derecho y no fue el resultado de un actuar ilegitimo. En consecuencia, solicitó que
se mantenga la firmeza de su decisión.
Sentencia impugnada
15. El 22 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por falta de requisito de la relevancia constitucional.
Indicó que la controversia planteada por el accionante carece del presupuesto en
comento, toda vez que no se presentó un argumento sólido que demuestre la
transgresión de sus garantías constitucionales, pues reiteró los reparos que fueron
estudiados a lo largo del proceso ordinario. Precisó que la acción de tutela no puede
ser utilizada como una tercera instancia para rebatir debates ya resueltos, pues de
lo contrario se desnaturaliza la autonomía judicial y el carácter excepcional del
mecanismo de amparo contra providencias judiciales.
5Mediante Auto del 13 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 3 Administrativo de
Buga y vinculó en calidad de terceros con interés a los señores Rubiela Marín Uribe, Miguel Ángel Posso
Márquez, Blanca Edilia Jaramillo Marín y Esperanza Jaramillo Marín, así como a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.
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Impugnación
16. El accionante presentó escrito de impugnación en el que argumentó que la
sentencia de primera instancia incurrió en un error al declarar la improcedencia por
falta de relevancia constitucional, pues el asunto no se limita a una simple
discrepancia probatoria, sino que involucra una vulneración directa al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico al omitir la valoración integral
de las pruebas que acreditaban la falla del servicio, lo que derivó en la negativa de
sus pretensiones de reparación directa. Por ello, solicitó que se revoque la decisión
impugnada y, en su lugar, se realice un estudio de fondo que permita restablecer
las garantías constitucionales que considera vulneradas.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
18. La Sala advierte que los reparos del accionante estuvieron dirigidos a dejar
sin efectos las Sentencias de 21 de abril de 2021 del Juzgado 3 Administrativo de
Buga y 26 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
sin embargo, el análisis de la presunta vulneración se centrará en la providencia de
segunda instancia, por cuanto fue esta la que resolvió el pleito.
Problema jurídico
19. Corresponde determinar si la presente acción de tutela cumplió con los
requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 26 de
septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y, de ser así,
establecer si dicha autoridad vulneró el derecho al debido proceso del hoy
accionante, tras negar las pretensiones de la demanda de reparación directa por no
encontrar probados los elementos de la responsabilidad para el caso concreto.
Procedibilidad de la acción de tutela
20. La Sala confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela,
pero por las razones que pasan a exponerse:
21. Revisadas cada una de las actuaciones judiciales adelantadas en el
proceso de reparación directa, la Sala observa que 26 de septiembre de 2024, el
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Tribunal Administrativo de Valle del Cauca confirmó la sentencia proferida por el
Juzgado 3 Administrativo de Buga. Decisión que fue notificada a las partes el 1 de
octubre de 20256.
22. Ahora, si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir
del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, lo que
desnaturalizaría su finalidad7.
23. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20148, el Consejo de Estado, Sala
Plena, acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
24. En ese orden de ideas, el término para presentar la acción de tutela
finalizaba el 2 de abril de 2025; sin embargo, la solicitud de amparo, según la
información que reposa en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, fue instaurada
hasta el 7 de noviembre de 2025, por lo que el accionante superó el término
prudencial de 6 meses establecidos jurisprudencialmente para cuestionar a través
de este mecanismo una providencia judicial.
25. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse
si la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una
causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable. Por
tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión9.
26. Al respecto, la Sala advierte que la parte accionante, en el escrito de tutela,
afirmó que el requisito de inmediatez debe flexibilizarse por cuanto se había
presentado un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Sin embargo,
este argumento no está llamado a prosperar, comoquiera que el mismo fue
6 A través de mensaje de datos enviado el 27 de septiembre de 2024.
7 Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.
8 Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9 Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017.
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rechazado de plano porque la sentencia de unificación invocada no era aplicable al
caso del accionante. En otras palabras, no se acreditó justificación de tardanza.
27. Si en gracia de discusión se tomara como referente el auto que rechazó el
recurso, lo cierto es que contra el mismo no se presentó reparo alguno, no se agotó
en debida forma el recurso de súplica, al tenor del artículo 246.3 del CPACA y, en
todo caso, contra la Sentencia de 26 de septiembre de 2024 no se formuló un reparo
concreto, más allá de señalar meras inconformidades con el sentido del juicio
valorativo que llevó a cabo la autoridad judicial accionada sobre las pruebas del
proceso.
28. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la Sentencia proferida el 22 de
enero de 2026 por la Sección Quinta de esta corporación, al no haberse satisfecho
el requisito general de procedencia aquí estudiado ni acreditado siquiera
sumariamente alguna circunstancia que justificará su inactividad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela, pero por las razones aquí anotadas
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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