Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07030-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07030-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07030-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07030-00
Demandante: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 22 de enero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07030-00
Demandante: RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Tema: Contra providencia que denegó una solicitud de levantamiento de un
embargo. Improcedente. Proceso ejecutivo en trámite
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva contra el Tribunal Administrativo del
Caquetá y el Banco Popular.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 6 de noviembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, la demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la «seguridad social».
A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva (i) del
embargo de su cuenta bancaria 110-390-06xxx-x del Banco Popular, realizado en
cumplimiento de la medida cautelar decretada el 3 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, dentro del proceso ejecutivo 18001-23-31-000-2008-00162-
00, y (ii) de la decisión de esa corporación judicial de no levantar el referido embargo.
2. Pretensiones
La demandante formuló las siguientes pretensiones:
I. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social invocados en
esta acción, los cuales han sido vulnerados por el Banco Popular S.A., al mantener la medida de
embargo sobre una cuenta que administra recursos de naturaleza inembargable pertenecientes a la
Rama Judicial.
II. Que se ordene al Banco Popular S.A. levantar de manera inmediata la medida cautelar de embargo
registrada sobre la cuenta corriente No. 390-06xxx-x, correspondiente a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá), por tratarse de
una cuenta que maneja recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación destinados al pago
de gastos de personal y aportes al sistema de seguridad social de los servidores judiciales.
1 La acción de tutela fue asignada al Juzgado 8º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia,
que el 6 de noviembre de 2025 la remitió al Consejo de Estado en virtud de las reglas de reparto previstas en el Decreto
333 de 2021, donde arribó el 7 de noviembre de 2025.
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III. Que se ordene al Banco Popular S.A. abstenerse de realizar en el futuro cualquier retención,
embargo o restricción sobre cuentas que administren recursos de igual naturaleza, sin previa
verificación de su destinación legal y presupuestal.
IV. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá dejar sin efecto la medida de embargo sobre
las cuentas pertenecientes a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva – Coordinación
Administrativa de Florencia, por recaer sobre recursos de naturaleza inembargable, y en consecuencia
abstenerse de emitir nuevas órdenes de embargo sobre dichos fondos.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Proceso de reparación directa
El señor Yonier Narváez Meneses fue capturado el 18 de mayo de 2003 por presuntamente
integrar un grupo guerrillero que operaba en el departamento del Caquetá. El 3 de junio de
2003, la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de Florencia le impuso al aprehendido la medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
Con sentencia del 17 de enero de 2006, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de
Florencia condenó a Yonier Narváez Meneses a 72 meses de prisión por incurrir en el delito
de rebelión; no obstante, el Tribunal Superior de esa ciudad (Sala Penal), con fallo del 8 de
octubre de 2007, revocó dicha decisión y absolvió al procesado, al estimar que no se probó
que haya incurrido en el ilícito que se le atribuyó.
El señor Yonier Narváez Meneses, junto con algunos familiares (dentro de los que se
encontraba su hermando Javier Ferney Narváez Meneses), promovieron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación (a
la que se le asignó el número de radicación 18001-23-31-000-2008-00162-00/01), con la
finalidad de que se les declarara responsables por la privación de la libertad de aquel y se
les ordenara indemnizarles los correspondientes perjuicios, pretensiones a las que accedió
el Tribunal Administrativo del Caquetá, con sentencia del 13 de diciembre de 20122.
La anterior determinación fue apelada por las partes y modificada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, a través de fallo del 30 de agosto de 2017, para
incrementar el lucro cesante otorgado a la víctima directa; sin embargo, se mantuvo la
suma reconocida al señor Javier Ferney Narváez Meneses.
3.2. Proceso ejecutivo
En razón a que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación no le cancelaron al
señor Javier Ferney Narváez Meneses la suma concedida en el proceso de reparación
directa 18001-23-31-000-2008-00162-00/01, promovió demanda ejecutiva contra esos
organismos en aras de obtener el pago de la obligación. Allí pidió decretar como medida
cautelar el embargo de los dineros de las ejecutadas.
El asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Caquetá, que (i) el 25 de mayo de 2023
libró mandamiento de pago por $18´442.295 contra las demandadas y (ii) el 3 de
septiembre de 2024 decretó el embargo de los dineros de estas «limitado a la suma de»
$36´885.850, determinación que apeló la Fiscalía General de la Nación, con el argumento
de que los recursos sobre los cuales recaía la medida cautelar eran inembargables, y que
confirmó el 4 de abril de 2025 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al
estimar que el embargo procedía sobre esos dineros cuando se reclamaba el pago de
2 Al señor Javier Ferney Narváez Meneses se le concedieron 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv),
por concepto de perjuicios morales.
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sentencias condenatorias, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional3.
Por otra parte, el Banco Popular, con Oficio del 21 de febrero de 2025, le informó a la
autoridad judicial que en las cuentas de las ejecutadas estaban depositados recursos del
Presupuesto General de la Nación y que eran inembargables, por lo que resultaba
necesario que le indicara si procedía a ejecutar la medida cautelar decretada el 3 de
septiembre de 2024. Como ese requerimiento no fue contestado, la parte ejecutante solicitó
que se emitiera un pronunciamiento sobre el particular.
Con auto del 9 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá «ratific[ó] la orden de
embargo […] LIMITÁNDOLA conforme ordena el artículo 593 del Código General del Proceso en
valor de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
($78.123.087) M/CTE» (valor que correspondía a la liquidación del crédito aprobada el 5 de
mayo de 2025). Esa decisión fue aclarada el 26 de agosto de 2025, en el sentido de indicar
que el embargo era procedente «siempre y cuando estos dineros no correspondan a cuentas
abiertas a favor de la Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro
establecimiento de crédito, así como las pertenecientes a los rubros del presupuesto, destinados al
pago de sentencias, conciliaciones y al Fondo de Contingencias».
A través de Oficio IQV002500000361783 del 28 de octubre de 2025 el Banco Popular le
informó al Tribunal Administrativo del Caquetá lo siguiente: «Se realiz[ó] el registro de la
medida cautelar de la referencia ordenada por su despacho, en los parámetros y valor establecido,
de acuerdo con lo informado por ustedes dentro de su comunicado. No obstante, respetuosamente
le informamos que, dada la no disponibilidad de recursos y/o concurrencia de embargos, no se han
generado depósitos a favor de este proceso». Allí se identificó como cuenta de la tutelante la
110-390-06051-5.
El 28 de octubre de 2025 la tutelante le pidió al Tribunal Administrativo del Caquetá que
levantara el embargo de la cuenta 110-390-06051-5 y que requiriera al Banco Popular para
que se abstuviera de cumplirlo.
4. Fundamentos de la tutela
La parte demandante adujo en la tutela que sus dineros depositados en la cuenta
corriente 110-390-06051-5 del Banco Popular eran inembargables por integrar el
Presupuesto General de la Nación y estar destinados a pagar la seguridad social de los
servidores judiciales del Huila y del Caquetá, de acuerdo con los artículos 63 de la
Constitución Política, 19 del Decreto 111 de 1996 y 594 del Código General del Proceso
(CGP).
Asimismo, el apoderado de la parte accionante señaló en la subsanación de tutela que el
embargo que recayó sobre la cuenta bancaria 110-390-06051-5 del Banco Popular era
contrario al ordenamiento jurídico.
En memorial del 26 de noviembre de 2025, en el que la demandante indicó que
«ampliaba» la solicitud de amparo, se puso de presente que el Tribunal Administrativo del
Caquetá, con auto del 25 de noviembre de 2025, «mant[uvo] incólume la medida cautelar de
embargo decretada en el asunto de la referencia, conforme a los autos del 03 de septiembre de
2024 y 26 de agosto de 2025», en desconocimiento de que los dineros sobre los cuales
recayó el embargo eran inembargables por estar destinados al pago de la seguridad social.
Allí también se indicó que «no [se] controvierte la orden judicial de embargo decretada por el
Tribunal, ni se cuestiona la competencia, validez o razonabilidad de dicha medida cautelar».
5. Trámite procesal
Por auto del 14 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador inadmitió la acción de
tutela y le ordenó al abogado Delio Andrés Artunduaga Losada que indicara el interés
3 Sentencia C-539 de 2010.
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que le asistía en controvertir la ejecución de la orden de embargo decretada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá en el proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-
00162-00.
En atención al anterior requerimiento, el mencionado profesional del derecho allegó
memorial en el que afirmó que actuaba en este trámite constitucional «en condición de
apoderado judicial de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial» y que
el embargo ejecutado por el Banco Popular sobre la cuenta bancaria 110-390-06051-5
era improcedente porque allí estaban depositados dineros inembargables destinados al
pago de la seguridad social de los servidores de la Rama Judicial del Huila y del Caquetá.
Con auto del 2 de diciembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela
y denegó la medida provisional formulada, consistente en ordenar el desembargo de la
cuenta bancaria 110-390-06051-5, al considerar que no se acreditó alguna situación que
involucrara una seria y real violación de derechos fundamentales. Asimismo, en ese
proveído se ordenó, entre otras cosas, notificar como terceros con interés (i) al Fiscal
General de la Nación, porque también era parte demandada en el proceso ejecutivo
18001-23-33-000-2008-00162-00, (ii) a los magistrados del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que confirmaron la orden de embargo decretada en dicho
expediente por el Tribunal Administrativo del Caquetá, y (iii) al señor Javier Ferney
Narváez Meneses, quien fue el ejecutante en el referido proceso.
En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 5 de
diciembre de 2025 y por aviso publicado el 10 de ese mes en la página electrónica de
esta Corporación.
6. Intervenciones
La Fiscalía General de la Nación, por conducto de su Dirección de Asuntos Jurídicos,
aseveró que carecía de legitimación en la causa por pasiva dado que sus funciones no
se relacionaban con las pretensiones de la tutelante ni emitió la orden de embargo cuya
ejecución se reprochaba en este trámite constitucional.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través del ponente del auto
del 4 de abril de 2025, que confirmó el embargo decretado por el Tribunal Administrativo
del Caquetá en el proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00, pidió su
desvinculación de este trámite constitucional en razón a que la inconformidad de la
tutelante no se relacionaba con esa medida cautelar, sino con su ejecución por parte del
Banco Popular, por tanto, no era dable atribuirle vulneración de los derechos
fundamentales invocados en la solicitud de amparo.
El Tribunal Administrativo del Caquetá adujo que las actuaciones surtidas en el
proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00 se ajustaron al ordenamiento jurídico
y que la tutela no es procedente para cuestionar aspectos que debían ser debatidos al
interior del mencionado expediente.
Asimismo, señaló que la orden de embargo que la demandante reprochaba atendió la
postura de la Corte Constitucional según la cual los dineros públicos son embargables
cuando la obligación exigida correspondiera a una condena judicial, de ahí que no fuera
posible atribuirle vulneración de derechos fundamentales, máxime cuando no se acreditó
que los dineros que reposaban en la cuenta bancaria 110-390-06051-5 del Banco Popular
estuvieren destinados a pagar la seguridad social de los servidores judiciales del Huila y
del Caquetá.
El señor Javier Ferney Narváez Meneses y el Banco Popular guardaron silencio a
pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.
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II. CONSIDERACIONES
1. Cuestiones preliminares.
1.1 Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y la Fiscalía
General de la Nación afirmaron en las contestaciones de la tutela que carecían de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no eran las autoridades que presuntamente
vulneraban los derechos fundamentales de la accionante; por tanto, debían ser
desvinculadas de este trámite constitucional.
Sobre el particular, la Sala evidencia que la controversia en ese asunto constitucional
atañe a la ejecución del embargo decretado en el proceso ejecutivo 18001-23-33-000-
2008-00162-00 y al auto del 25 de noviembre de 2025, con el que el Tribunal
Administrativo del Caquetá «mant[uvo] incólume la medida cautelar de embargo decretada en
el asunto de la referencia, conforme a los autos del 03 de septiembre de 2024 y 26 de agosto de
2025», y desestimó la petición de desembargo de la cuenta bancaria 110-390-06051-5 del
Banco Popular.
En ese orden de ideas, como la Fiscalía General de la Nación es parte en el proceso
ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00, se constata que le concierne lo que se decida
en este trámite constitucional, de ahí que se deba denegar su desvinculación, máxime
cuando ese organismo fue vinculado como tercero y no como demandado, aspecto en
virtud del cual tampoco es dable desvincular al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, pues fue convocado a esta acción como tercero.
1.2 Delimitación de la controversia
En el escrito de tutela, en su subsanación y en el memorial de ampliación de la solicitud de
amparo, la actora expuso 2 inconformidades, a saber, (i) que el Banco Popular embargó
su cuenta bancaria 110-390-06051-5, donde, según dice, estaban depositados dineros
para el pago de la seguridad social de los servidores de la Rama Judicial del Huila y del
Caquetá; y (ii) que en el auto del 25 de noviembre de 2025 el Tribunal Administrativo del
Caquetá negó la solicitud de levantamiento de la medida cautelar frente a dicha cuenta
bancaria, dentro del proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00.
No obstante, de los argumentos expuestos por la demandante se infiere que está en
desacuerdo con la orden de embargo decretada en el expediente 18001-23-33-000-2008-
00162-00 y sus ratificaciones, de manera que la tutela se analizará bajo la mencionada
inconformidad.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante para cuestionar la orden de embargo emitida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá en el marco del proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00, junto
con sus ratificaciones.
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La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque el proceso
ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00 está en curso y el Tribunal Administrativo del
Caquetá aún no se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos contra el auto del 25
de noviembre de 2025.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela
cuando el proceso judicial se encuentra en curso y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso
En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de
la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».
Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual «no
se ha proferido ningún fallo definitivo» y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.
5. Análisis del caso concreto
A juicio de la parte actora, el embargo ordenado por el Tribunal Administrativo del Caquetá
en el proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00 contrarió el ordenamiento
jurídico porque no advirtió que los recursos del Presupuesto General de la Nación son
inembargables, omisión que vulneró sus derechos fundamentales.
De la revisión de las pruebas allegadas a este trámite constitucional, la Sala evidencia
que el señor Javier Ferney Narváez Meneses promovió acción ejecutiva contra la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
con el fin de exigir el pago de la condena impuesta en el proceso de reparación directa
adelantado por la privación injusta de la libertad de su hermano Yonier Narváez Meneses.
Con auto del 25 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Caquetá libró
mandamiento de pago por $18´442.295 contra las demandadas y, mediante proveído del
3 de septiembre de 2024, decretó el embargo de los dineros de las ejecutadas «limitado a
la suma de» $36´885.850, determinación que apeló la Fiscalía General de la Nación y que
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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confirmó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través de auto del 4 de
abril de 2025.
Mediante proveído de 9 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá «ratific[ó]
la orden de embargo […] LIMITÁNDOLA conforme ordena el artículo 593 del Código General del
Proceso en valor de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y
SIETE PESOS ($78.123.087) M/CTE» , decisión aclarada el 26 de agosto de 2025, para
indicar que el embargo era procedente «siempre y cuando estos dineros no correspondan a
cuentas abiertas a favor de la Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro
establecimiento de crédito, así como las pertenecientes a los rubros del presupuesto, destinados al
pago de sentencias, conciliaciones y al Fondo de Contingencias».
Con oficio IQV002500000361783 del 28 de octubre de 2025, el Banco Popular le informó
al Tribunal Administrativo del Caquetá que embargó la cuenta de la tutelante 110-390-
06051-5 y que «dada la no disponibilidad de recursos y/o concurrencia de embargos, no se han
generado depósitos a favor de este proceso».
El 28 de octubre de 2025 la tutelante le pidió al Tribunal Administrativo del Caquetá que
levantara el embargo respecto de la cuenta bancaria 110-390-06051-5, dado que allí
estaban depositados dineros inembargables, solicitud que desestimó la Corporación,
mediante auto del 25 de noviembre de 2025, al considerar que el embargo era procedente
porque una de las excepciones para que procediera frente a dineros públicos es que se
exigiera el pago de una condena judicial, como la pedida en el proceso ejecutivo 18001-
23-33-000-2008-00162-00.
Contra esta determinación, el 3 de diciembre de 2025 la aquí demandante interpuso
recursos de reposición y en subsidio de apelación, respecto de los cuales no se ha
pronunciado el Tribunal Administrativo del Caquetá, conforme se constata en el aplicativo
de gestión judicial Samai y en las pruebas allegadas a este asunto constitucional.
Así las cosas, la Sala encuentra que mediante la tutela de la referencia se cuestiona un
embargo decretado en un proceso ejecutivo en curso, en el cual no se había desatado la
petición de levantamiento de la medida cautelar cuando se presentó la solicitud de
amparo, pues fue durante el trámite de la acción que el Tribunal Administrativo del
Caquetá, con auto del 25 de noviembre de 2025, negó la solicitud de descongelar la cuenta
bancaria 110-390-06051-5 del Banco Popular, proveído contra el cual la demandante
interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, sobre los cuales la aludida
Corporación no se ha pronunciado, de acuerdo con lo corroborado en el sistema de gestión
judicial Samai.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela, pues se evidencia que, si bien se aplicó
el embargo decretado en el proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00 sobre la
cuenta bancaria 110-390-06051-5, el Banco Popular indicó en el Oficio
IQV002500000361783 del 28 de octubre de 2025 lo siguiente: «Se realiz[ó] el registro de la
medida cautelar de la referencia ordenada por su despacho, en los parámetros y valor establecido,
de acuerdo con lo informado por ustedes dentro de su comunicado. No obstante, respetuosamente
le informamos que, dada la no disponibilidad de recursos y/o concurrencia de embargos, no se han
generado depósitos a favor de este proceso».
De la referida comunicación se evidencia que no se congeló dinero alguno en virtud de la
orden de embargo emitida en el proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00, pues
en la cuenta del Banco Popular 110-390-06051-5 no había disponibilidad de recursos
porque ya habían sido embargados en otros procesos, de manera que no se observa que
esa medida involucre un perjuicio irremediable porque no congeló dineros que impidieran
cubrir la seguridad social de los servidores de la Rama Judicial del Huila y del Caquetá,
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máxime cuando la demandante tampoco acreditó que esos recursos estaban orientados a
ello.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho6:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta,
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que
sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las-particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable.
Para la Sala, en el sub lite, se reitera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela, máxime si
se tiene en cuenta que el proceso ejecutivo 18001-23-33-000-2008-00162-00 aún se
encuentra en trámite y el Tribunal Administrativo del Caquetá no se ha pronunciado sobre
los recursos interpuestos contra el auto cuestionado.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la solicitud de amparo.
Por último, la Sala estima pertinente ordenar que por Secretaría General del Consejo de
Estado se corrija en el aplicativo de gestión judicial Samai el nombre de la accionante,
dado que es la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva y no el señor Delirio Andrés Adtunduaga Lozada, quien es el apoderado de la
tutelante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General de la Nación
y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, conforme a la motivación.
2. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, de acuerdo con la parte
motiva.
3. Corregir, por Secretaría General, en el aplicativo de gestión judicial Samai el nombre
de la accionante, dado que es la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07030-00
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6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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