Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07034-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07034-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07034-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07034-00
Accionante: OMAR SEGUNDO RODRÍGUEZ AYALA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra tutela. Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Santander. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 10 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Omar Segundo Rodríguez Ayala, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander. Con
la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y a los principios de seguridad social
«cumplimiento de fallos judiciales» y «protección reforzada del adulto mayor».
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la
sentencia del 23 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander que confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el
Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga mediante la cual se
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. En la referida providencia se dispuso la notificación del Tribunal
Administrativo de Santander y la vinculación como terceros con interés de la Administradora
Colombiana de Colpensiones (Colpensiones), el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Bucaramanga y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo
610 del Código General del Proceso.
1
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Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00
declaró la improcedencia de la acción de tutela3 promovida por el actor contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
Señor Juez, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión inmediata de la acción
perturbadora de mi derecho, ordenando al El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER revocar o anular el fallo de tutela de Segunda Instancia de fecha
23 de Septiembre de 2025, en su lugar se me amparen mis derechos
fundamentales como son: El derecho al DEBIDO PROCESO, derecho al
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, derecho A LA SEGURIDAD SOCIAL, derecho al
CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES, derecho a la PROTECCIÓN
REFORZADA DEL ADULTO MAYOR, derecho a la vida digna, derecho al
principio de la Buena Fe, confianza legítima, y demás derechos conexos y
complementarios, para el cumplimiento de la providencia del JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, de
fecha trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025) correspondiente al
proceso ejecutivo para el cumplimiento del proceso ordinario para obtener el pago
por concepto del incremento de la pensión de vejez. [Sic a toda la cita].
1.2. Hechos
4. El señor Omar Segundo Rodríguez Ayala ejerció acción de tutela en contra
de Colpensiones, con el fin de que protegieran sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, seguridad social, vida digna y dignidad humana por
parte de tal actividad.
5. En concreto, el señor Rodríguez Ayala perseguía que se le ordenara a la
autoridad tutelada el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la providencia
del 13 de febrero de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga al interior del proceso ejecutivo 68001-33-33-013-2018-00375-00,
mediante la cual se dispuso la actualización del crédito a su favor. Además,
estimó vulnerado su derecho de petición, con ocasión a la falta de respuesta a la
solicitud elevada del 10 de junio del presente año ante Colpensiones y
relacionada con los mismos hechos.
6. El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado 14 Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga, que mediante providencia del 1 de
septiembre de 2025 declaró la improcedencia de la tutela y negó la pretensión de
amparo relacionada con el derecho fundamental de petición.
7. Ello, tras advertir que el mecanismo de amparo no superaba el requisito
de subsidiariedad frente a la pretensión de cumplimiento de la providencia del 13
de febrero de 2025, comoquiera que para ello podía ejercer incidentes de
desacato o solicitudes de adopción de medidas coercitivas para asegurar su
cumplimiento. De otro lado, estimó que no se vulneró el derecho de petición, por
cuando Colpensiones le dio trámite de fondo a la solicitud, mediante oficio
BZ2025_12055013-1844418 del 16 de junio de 2025.
3
Proceso identificado con el radicado 68001-33-33-014-2025-00175-00/01.
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8. Inconforme con lo resuelto en primer grado, el accionante impugnó la
decisión. Al respecto, señaló que ya habían fenecido los términos judiciales
establecidos en el auto del 13 de febrero de 2025 para que se actualizara el
crédito y, en todo caso, la respuesta que le había proporcionado la entidad
tutelada a su petición no era de fondo, clara, ni congruente.
9. La alzada fue desatada mediante providencia del 23 de septiembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Santander. Allí se confirmó en integridad
lo resuelto por el a quo, por las mismas razones.
1.3. Sustento de la vulneración
10. El accionante señaló que con la tutela se amenazaron sus derechos
fundamentales, pues el operador judicial había incurrido en error al considerar
que aquel cuenta con otro mecanismo judicial de defensa. Aspecto que, en su
sentir, es errado porque se trata de un proceso ejecutivo y allí no tiene ninguna
otra instancia.
11. Acto seguido, hizo breves referencias a los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al principio de legalidad.
1.4. Intervenciones
12. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga remitió copia digital del proceso ejecutivo 68001-33-33-013-2018-
00375-00.
13. El Tribunal Administrativo del Santander afirmó que la tutela es
improcedente porque pretende controvertir una decisión de la misma naturaleza.
Al respecto, trajo a colación la sentencia SU-627 de 2015 mediante la cual la
Corte Constitucional unificó el asunto, para solicitar que se despache de manera
desfavorable el presente mecanismo por cuanto no se configura ninguno de los
vicios establecidos jurisprudencialmente para su procedencia.
14. El Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del expediente de tutela en el que se emitieron las decisiones aquí
controvertidas. En seguida, resaltó que dicha autoridad actuó dentro del marco
de sus competencias legales y constitucionales y, con ello, solicitó que se
declarara la improcedencia de tutela o en su defecto, se negaran las
pretensiones.
15. Finalmente, Colpensiones solicitó la declaratoria de improcedencia del
vocativo de la referencia, al estar encaminado a cuestionar una decisión de igual
naturaleza, sin que se configure ninguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia. Además, destacó que la providencia reprochada no incurrió en un
defecto que hubiese vulnerado las garantías fundamentales del accionante.
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II. CONSIDERACIONES
16. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. En tal
sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza.
2.1. Caso Concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
17. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
18. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
19. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
7
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
4
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21. La Sala advierte que el señor Omar Segundo Rodríguez Ayala está
legitimado en la causa por activa. Esto, teniendo en cuenta que fungió como
tutelante al interior del expediente 68001-33-33-014-2025-00175-00/01.
22. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander
se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que
profirió la decisión controvertida.
23. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.
24. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:
[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo
de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia8
25. Lo anterior admite tan solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta.
Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el
proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros
y atentan contra el bien social de la administración de justicia»9. Sin embargo, la
carga de la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de
«aportar medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es
decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente” que las decisiones
cuestionadas son fraudulentas»10.
26. En el sub judice, como viene de verse, la parte tutelante cuestiona la
providencia del 23 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó la decisión proferida por el Juzgado 14
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga el 1 de septiembre de 2025,
mediante la cual se declaró la improcedencia de la tutela y se negó la protección
del derecho fundamental de petición.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
10
Id.
5
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27. En su sentir, la autoridad judicial incurrió en un yerro al haber afirmado que
la solicitud de amparo era improcedente por subsidiariedad, al tener a su
disposición otros mecanismos para pedir el acatamiento de la providencia del 13
de febrero de 2025 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
judicial de Bucaramanga al interior de proceso ejecutivo 68001-33-33-013-2018-
00375-00.
28. Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la
excepción a la procedencia de la tutela contra una decisión de la misma
naturaleza. Esto, no solo porque la parte actora no alegó —y mucho menos
probó— la existencia de una situación de fraude, sino porque la argumentación
del escrito de tutela se funda en simple desacuerdo con la decisión adoptada por
el juez y, en todo caso, no contiene ningún ejercicio hermeneútico del cual se
pueda desprender alguna transgresión iusfundamental.
29. Ciertamente, el yerro propuesto solo busca reabrir el debate ya zanjado
por la autoridad judicial accionada, a saber: la procedibilidad de la primera acción
de tutela interpuesta. Sin embargo, no elevó ningún planteamiento que, directa o
indirectamente, esté encaminado a comprobar una actuación fraudulenta por
parte del operador judicial accionado, que torne procedente la acción sub
examine.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
6
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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